“Las condiciones de la licitación no son adecuadas para la llegada de 5G a Argentina”: Asiet
Tras el pronunciamiento de los tres operadores móviles con red propia, Asiet respaldó la necesidad de cambios en las condiciones del pliego.
Casi inmediatamente después de que los Claro, Telecom y Telefónica enviaran un comunicado conjunto señalando que bajo las condiciones descritas en el pliego resulta “difícil” participar de la subasta 5G en Argentina, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) respaldó el reclamo y profundizó sobre los problemas de coyuntura y para el negocio que presenta el país. “Para maximizar los beneficios de la digitalización, la extensión de servicios y la llegada de la nueva generación 5G, se requieren políticas públicas que promuevan los objetivos de conectividad y la sostenibilidad de la industria”, disparó.
Para la entidad, el precio base fijado en 350 millones de dólares por bloque —se pondrán en juego tres bloques de 100 MHz— “excede el resultado del benchmark de Asiet con AETHA, que considera la media de las licitaciones realizadas en esta banda y se ajusta por población y riqueza”. Se debe considerar que altos costos de espectro se asocian con, agrega: retrasos en el despliegue, distorsión de los retornos esperados de inversión, servicios más costosos para usuarios y afectación del servicio y adopción reducida de tecnologías para la conectividad.
La realidad local es otra variante que debería considerar la autoridad de aplicación. Es que, detalla Asiet, en 2022 los ingresos de los operadores argentinos muestran una caida del 17 por ciento en términos reales, con una tendencia continúa este año. Además, el ARPU cayó de 14 dólares en 2013 a menos de cinco dólares en la actualidad, hay problemas para importar equipos y los ingresos son en pesos mientras que las inversiones en dólares, en un contexto de “sobrerregulación, devaluación y alta inflación”.
Asiet también reclamó por la asignación directa de espectro a Arsat, al considerar que “vulnera los principios básicos de competencia y el marco de garantías sobre las inversiones” y planteó dudas sobre el establecimiento de una futura tarifa social, que a su criterio “ahonda en la fracasada política de control de precios, generando incertidumbre en el mercado al tiempo que no mejora las condiciones de acceso y uso de los servicios para la población”.
Como cierre, la asociación hace un punteo de las necesidades “para alcanzar los objetivos de conectividad de Argentina y lograr una licitación 5G exitosa”: certidumbre jurídica, con una propuesta de solución al DNU 690 y a los problemas de importación de equipos; mejora y simplificación regulatoria, de la mano de un regulador técnico; promoción a la inversión y el despliegue de infraestructura; valoración adecuada de espectro y, por último, políticas efectivas para el uso productivo de las TIC.