Esta semana, el juez federal en Texas, Amos Mazzant, rechazó el desafío constitucional de Huawei a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que restringía su capacidad de hacer negocios con agencias federales y sus contratistas. El fallo a favor del gobierno estadounidense concluyó que el Congreso actuó dentro de sus poderes.
Un portavoz de Huawei indicó que la compañía estaba decepcionada por la decisión: “Entendemos la importancia primordial de la seguridad nacional, pero el enfoque del gobierno estadounidense en la NDAA de 2019 proporciona una falsa sensación de protección y socava los derechos constitucionales de Huawei, así que consideremos otras opciones legales”, declaró.
El fabricante tecnológico chino presentó la demanda en marzo del año pasado, impugnando la Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que prohíbe a las agencias federales y sus contratistas adquirir equipos y servicios de Huawei, el cual argumentó que la NDAA era demasiado amplia para restringir sus ventas y violó el debido proceso.
El juez Mazzant no estuvo de acuerdo con ambos cargos e indicó que la NDAA estaba “adaptada adecuadamente a las cargas impuestas”, por lo que no estuvo convencido de que la ley menoscabe los contratos existentes y futuros del proveedor.
Huawei ha recalcado que “su equipo y servicios están sujetos a procedimientos de seguridad avanzados, y no se han documentado puertas traseras, implantes u otras vulnerabilidades de seguridad intencionales en ninguno de los más de 170 países del mundo donde se utilizan”.
No obstante, la administración Trump está considerando cambiar las regulaciones de Estados Unidos con la finalidad de bloquear envíos de chips a Huawei por parte de compañías como Taiwán Semiconductor, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, aseguraron fuentes familiarizadas con el asunto.