GSMA propone 10 medidas para orientar la política digital del próximo gobierno de Brasil
Los brasileños acudirán a las urnas en octubre para elegir al presidente del próximo cuatrienio. Lula da Silva aspira a un cuarto mandato y se enfrenta al hijo del expresidente Bolsonaro como principal opositor.
São Paulo, Brasil. A las puertas de la campaña electoral, la GSMA presentó un conjunto de 10 propuestas para orientar la política digital de Brasil entre 2027 y 2030.
El informe Brasil 2030: Conectividad, Innovación y Soberanía plantea que la conectividad debe ser tratada como una política de Estado, con coordinación entre distintos ministerios, además de otras medidas como la reducción de la carga tributaria sobre los servicios móviles, la preservación del modelo no recaudatorio de las subastas de espectro, el fortalecimiento del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST), una estrategia nacional de ciberseguridad y una gobernanza para la Inteligencia Artificial basada en el riesgo.
Para la entidad, el principal desafío de la conectividad en Brasil ha dejado de ser la expansión de la cobertura para convertirse en la inclusión digital. En la actualidad, 94% de la población ya está cubierta por redes móviles de cuarta generación o superiores, mientras que sólo 6% vive en zonas sin cobertura.
En contraste, 26% de los brasileños no utiliza Internet móvil, pese a residir en zonas con cobertura. Un dato relacionado es que más de 20 millones de brasileños no poseen teléfono celular. De ellos, 52% afirma que no sabe utilizar el dispositivo o que no lo necesita, mientras que menos del 1% señala la falta de cobertura como motivo para permanecer desconectado.
Para la GSMA, este escenario demuestra que las políticas públicas deben concentrar sus esfuerzos en ampliar el uso de la conectividad y no únicamente la expansión de las redes.
En ese sentido, la asociación recomienda que la conectividad sea reconocida como una política de Estado y defiende el uso estratégico del FUST para reducir las brechas de cobertura y de uso.
El informe sostiene que llevar cobertura a los últimos puntos aún desconectados exige inversiones cada vez mayores: elevar la cobertura del 95% al 96% de la población requiere el doble de torres que expandirla del 93% al 95%, lo que hace indispensable la intervención de políticas públicas en regiones de baja viabilidad económica, como las zonas rurales y las carreteras.
Brasil, campeón en carga tributaria
Otra de las prioridades es la revisión de la carga tributaria sobre las telecomunicaciones. Durante el evento organizado por la propia GSMA en São Paulo, donde se presentaron las propuestas, el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Carlos Baigorri, afirmó que el principal obstáculo para la adopción del 5G es el costo de los dispositivos.
Según la GSMA, los impuestos representan alrededor del 29% del precio final de los servicios móviles en Brasil, más del doble del promedio mundial, de aproximadamente el 12%. “Brasil es el campeón regional en carga tributaria”, afirmó Lucas Gallitto, director de la GSMA para América Latina y el Caribe.
La entidad sostiene que esta estructura limita el acceso a la conectividad, especialmente entre la población de menores ingresos, y reduce la capacidad de inversión del sector. Un estudio citado en el informe estima que la reducción de impuestos específicos podría hacer que los servicios móviles fueran accesibles para más de 30 millones de personas en América Latina y generar un impacto económico positivo de alrededor de 7,600 millones de dólares anuales en Brasil.
En el ámbito regulatorio, la asociación también pide preservar el modelo adoptado en la subasta de 5G, basado en compromisos de inversión y no en la maximización de la recaudación. El informe afirma que esta estrategia convirtió a Brasil en una referencia internacional al preservar la seguridad jurídica y la previsibilidad para las inversiones.
Entre las demás recomendaciones figuran la creación de una estrategia nacional de ciberseguridad basada en la cooperación entre el gobierno y el sector privado, una gobernanza para la Inteligencia Artificial flexible y basada en el riesgo, políticas permanentes de alfabetización digital y la integración de la agenda de transformación digital con la transición energética mediante incentivos a la infraestructura de telecomunicaciones alimentada por fuentes renovables.
El documento también defiende un entorno regulatorio que fomente negociaciones entre las operadoras y las grandes plataformas digitales, ante la expectativa de que el tráfico móvil se triplique hacia 2030, impulsado por aplicaciones de Inteligencia Artificial, videos de alta definición y juegos en línea.