El Economista Jorge Bravo
En este mismo espacio defendí al grupo editorial Nexos y a Letras Libres de la saña declarativa e institucional con la que actúa el gobierno de la Cuarta Transformación contra quienes considera sus adversarios. Ahora voy a defender a la periodista Carmen Aristegui, a quien atacaron en redes sociales y publicaciones por haber recibido contratos de publicidad oficial de la 4T.
Durante la conferencia matutina del 8 de septiembre de 2020, el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, reveló que entre 2006 y 2018 la empresa que publica Nexos tuvo ingresos del gobierno federal por 140.5 millones de pesos, de los cuales 87 millones fueron por publicidad oficial.
Los datos y montos son públicos y los contratos se pueden consultar en Compranet y en los gastos de comunicación social de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, la 4T selecciona a ciertos proveedores para desacreditar a empresas editoriales, líderes de opinión y periodistas que cuestionan las políticas y cifras del gobierno y quemarlos en leña verde. Esa selectividad atenta contra la libertad de expresión.
Previamente, la SFP publicó en el Diario Oficial de la Federación un procedimiento que inhabilitaba por dos años a la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura S.A. de C.V. para prestar servicios publicitarios y editoriales a dependencias gubernamentales, incluida la venta de libros. Le impuso una multa de 999 mil 440 pesos por supuestamente presentar información falsa en una adjudicación, lo cual no fue aceptado por la empresa.
Nexos se ha defendido y va ganando en el terreno legal, pero le fue mal en el juicio mediático y sociodigital, objetivo de la 4T. El 3 de marzo de 2021, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa notificómedidas cautelares definitivas contra la resolución de la SFP. Mientras se resuelve el fondo del asunto, Nexos podrá celebrar contratos con dependencias del gobierno; debe ser removida del padrón de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SFP y la multa está suspendida. Nexos va ganando a la SFP y a la 4T por una sanción más política que administrativa.
La conferencia matutina ha sido un arma para mencionar nombres de conocidos columnistas quienes recibieron asignaciones de publicidad oficial de gobiernos anteriores. A esos articulistas-empresarios se les ha tildado de corruptos y chayoteros.
El 21 de marzo, en la cuenta de Twitter @ALEPHBIO y en el sitio QuiénEsQuién.Wiki se reveló que la empresa SAIO Servicios S.A. de C.V., de la periodista Carmen Aristegui, recibió 19 contratos de publicidad oficial vía adjudicación directa durante 2019 y 2020, por más de 8.3 millones de pesos. ¿Qué tiene de malo? Ahora los adversarios de AMLO y la 4T encontraron en esa revelación una oportunidad para cuestionar la integridad y línea editorial de Aristegui.
Las contrataciones a SAIO Servicios fueron por la difusión de mensajes gubernamentales y campañas sobre el Primer Informe de Gobierno, adiciones, patrimonio artístico y literario, el Tren Maya, reactivación económica de la SHCP, Banco del Bienestar, Pronósticos para la Asistencia Pública, Imcine y Fonacot. Nada que no veamos o escuchemos en infinidad de medios de comunicación. Pero el plan era pegarle a Aristegui y exhibir las contradicciones de la 4T.
De los casos Nexos y Aristegui se deduce lo que todos sabemos: la publicidad oficial es una fuente de ingresos de los medios impresos, electrónicos y digitales. Éstos aceptan esas pautas como parte de sus negocios. El gasto en comunicación social podría utilizarse para premiar o castigar la línea editorial de medios y periodistas y con ello comprometer la libertad de expresión. En esto último, la 4T no es diferente de los gobiernos neoliberales a los que tanto vilipendia.
Las empresas editoriales y periodísticas como Nexos y Aristegui aceptan dinero de los gobiernos porque se puede, es legal, es el principal comprador y porque el pastel publicitario se ha reducido. En general, los anunciantes privados en México son timoratos y no destinan presupuestos a medios culturales, independientes o de periodismo crítico; ese es un problema de nuestra élite empresarial que teme o no quiere invertir en contenidos científicos, culturales o de periodismo independiente.
El gobierno de AMLO no ha modificado ni las reglas ni la discrecionalidad con las cuales asigna recursos públicos para la difusión de mensajes oficiales en radio, televisión, medios impresos y digitales. Sólo ha cambiado a los destinatarios de esos presupuestos pero no la política de comunicación social. Sí se han reducido los montos, pero su asignación sigue siendo arbitraria. Cambiar de beneficiarios es una decisión política de a qué empresas quiere la 4T darle dinero, pero no ha desaparecido la facultad de hacerlo.
Por haber recibido dinero “neoliberal” lincharon mediática, en redes sociales e institucionalmente a Nexos. Por haber recibido dinero “4T” le ocurre lo mismo a Aristegui. En ambos casos se cuestiona la moralidad, congruencia y vínculos de esas empresas con los gobiernos en turno. Pero el común denominador es que el modelo de comunicación social del Estado mexicano está agotado y debe desaparecer.
La pregunta relevante es: ¿el dinero de comunicación social siempre modifica en algo la línea editorial de medios, periodistas o columnistas? En el caso de Aristegui, se le señala una postura editorial menos severa e imparcial contra la 4T como sí la tuvo contra los gobiernos de Peña, Calderón o Fox. Y sí, a Aristegui se le identifica más del bando de la 4T.
La diferencia es que la sociedad ha salido a la calle a defender a Carmen Aristegui, cuya libertad de expresión ha sido amenazada y vulnerada en varias ocasiones. Se le reconoce como una periodista antisistema, incorruptible, crítica, que a veces comete excesos pero arremete parejo y es implacable al interpelar a los personajes públicos y privados. Esa Aristegui es la que respetamos aún con discrepancias, aunque su empresa legítimamente reciba contratos de un modelo de comunicación social larvado, que mancha a todos por igual sin importar el gobierno en turno.
* El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Twitter: @beltmondi
