Durante el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital, especialistas presentaron sus definiciones del concepto de derecho digital, su alcance y los desafíos para que las reglas que se apliquen no funcionen como ancla del desarrollo tecnológico. Aunque con distintas variables, los oradores coincidieron en la importancia de aplicar normas que sean flexibles y sean resultado de un diálogo constante entre los distintos actores del ecosistema.
“La aproximación que muchos hacemos cuando abordamos derechos digitales es, ni más ni menos, asegurar que los derechos consagrados en el mundo análogo también se encuentren presentes en el plano digital”, inició Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital.
“Chile entendió bien que parte de su desarrollo tiene que ver con transformación digital”, dijo el ejecutivo al hablar del nuevo proceso constituyente que se está desarrollando en el país. También habló de algunos hitos locales, como la promulgación de la primera ley del mundo en neuroderechos, sancionada bajo principios de no alteración de conciencia, respeto de la privacidad e impedimento de lógicas segregadoras, entre otros.
Para José Daniel López, director Ejecutivo de Alianza In Colombia, el primer reto en la materia es la vigencia, pues “los Estados son más lentos en sus normas que la tecnología en sus avances”. En este contexto, consideró que las reglas deben ser flexibles y dinámicas al tiempo de “potenciar derechos ya consagrados”, amplió coincidiendo con su antecesor.
Relacionado: Se debe incentivar la autorregulación de los mercados digitales en América Latina: Lucía Ojeda
Respecto de la realidad de Colombia, López enfatizó que las empresas deben ser autocríticas en el proceso de transformación e hizo hincapié en que “la llegada de una tendencia de izquierda al gobierno genera preocupaciones naturales al empresariado” y pidió seguridad jurídica y protección de lo ya logrado. “Las plataformas de movilidad y reparto generamos 150 mil empleos en Colombia”, expresó.
En su alocución, Patricia Falconi, directora Ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel), dijo que “hay que tomar el derecho digital como paradigma”, porque eso permite a los involucrados “estar preparados y buscar constantemente nuevas definiciones”. El rol de los abogados, amplió Falconi, también cambió, pues deben dejar de pensar “sólo en la ley e ir más allá y ser esa parte conciliadora que considere el todo”.
Wilma Arellano, profesora e investigadora en la materia, habló de la realidad en Europa y definió al derecho digital como “heredero de otras ramas” y conjunto de normas que regulan el ámbito digital. Aunque en todas las acepciones es “difícil decir desde dónde se parte”, la también consultora sostuvo que sí tiene que ver con todas los ramos, sí debe ser multidisciplinar y sí los que hacen leyes deben nutrirse de la experiencia y conocimiento de otras áreas.
A pesar de las dificultades, los oradores coincidieron en que América Latina “tiene mucho para aportar” a la conversación global en materia de derechos digitales. “Hay que levantar la voz y posicionar a la región”, concluyó Arellano. La conversación contó con la moderación de la abogada Cinthya Gómez, socia de Propiedad Intelectual en Novus Concilium.