El Subsecretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de México, Ricardo Mejía Berdeja, criticó al juez que otorgó un amparo provisional a un ciudadano que no quiere entregar sus datos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el funcionario público arremetió contra quien otorgó el amparo.
El martes, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió un amparo provisional a un ciudadano, ya que consideró que la entrega de datos biométricos podría no ser idónea para perseguir los delitos de secuestro y extorsión.
Incluso, el funcionario de Seguridad Ciudadana aseveró que el juez confunde términos sobre la geolocalización.
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“(Es) un juez a modo, un juez de contentillo, sin todavía publicarse los lineamientos del IFT ya otorgó de manera frívola una suspensión. Por quedabien [SIC] confunde la geolocalización de la llamada con el sitio donde se encuentra el usuario. Este padrón es por la seguridad; es un juez a modo el que estamos señalando”, advirtió Ricardo Mejía Berdeja.
El subsecretario insistió en que el sistema de prepago es anónimo y ello ha hecho que los delincuentes lo utilicen para resguardarse de sus actividades delictivas. Advirtió que nueve de cada 10 llamadas de extorsión son hechas desde SIMs de prepago.
“En algunos casos de secuestro se han identificado 20 números de prepago. Es común encontrar las tarjetas SIM card que son usadas para comunicarse entre ellos. En un caso reciente: en Jalisco se aseguraron SIM cards de prepago (en un operativo antisecuestro)”, comentó.
Respecto a la recolección de datos biométricos, el funcionario adelantó que lo que recopilarán será la huella dactilar de los usuarios.
“En el tema de los datos personales y biométricos, nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente; esto ya se usa en documentos oficiales, también en los bancos, aplicaciones y tiendas departamentales.
“Las compañías telefónicas piden esos datos para la renta fija. ¿Por qué esa oposición?, porque tienen un modelo de ventas; nosotros tenemos un modelo de seguridad”, insistió Ricardo Mejía.
Aseguró que actualmente 155 países tienen registro obligatorio de teléfonos móviles, entre ellos India y Japón.