Cada vez es más cercano el escenario en el cual las decisiones presupuestales para servicios públicos se tomarán considerando los datos recopilados por medio de la llamada “huella digital” de la población.
Es decir, cada vez que una persona, una familia, un hogar realice un acto de consumo o haga uso de servicios tales como educación, salud, el uso de medios de pago electrónicos, disponer de efectivo en un cajero automático o la recepción de remesas o transferencias procedentes del extranjero, crea datos asociados a cada uno de estos actos (anonimizados o no anonimizados) en un caudal de datos que se almacenan en la Nube.
Todo ello es un ejemplo del advenimiento de la Big Data que forma la “huella digital” de millones de personas y que, por lo tanto, es susceptible de analizarse por algoritmos de Inteligencia Artificial.
Lo anterior con el objetivo de pronosticar la demanda por múltiples bienes y servicios que ofrecen los agentes económicos privados y públicos y que se traduce en decisiones de inversión por tales entidades.
Tucker (2023) ha introducido el concepto de “exclusión algorítmica” como el fenómeno a través del cual cierto subconjunto de la población es excluido del procesamiento de algoritmos debido a la ausencia o errores en sus datos, lo cual puede tener como efecto una mayor o persistente desigualdad.
Tucker analiza los efectos de la regulación sobre la privacidad en el tratamiento de los datos generados por la población.
En los países como México y el resto de América Latina la mayor causa de “exclusión algorítmica” sería la brecha de conectividad entre la población, sea por causa de ausencia de infraestructura dada su ubicación geográfica o por una brecha de ingreso incluso en áreas con infraestructura de conectividad existente.
El efecto es cada vez mayor dada la creciente digitalización de los insumos e instrumentos en la toma de decisiones privadas y públicas.
La brecha de conectividad ahora causa una nueva brecha que es la exclusión algorítmica, que retroalimenta y hace persistente la desigualdad.
Llegará a significar que la población sin conectividad, sin una huella digital mínima suficiente, llegue a ser inexistente en la toma de decisiones de inversión y/o producción.
Lo anterior es evidente cuando se consideran los efectos de la ausencia de conectividad para algunos núcleos poblacionales.
La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, expresó lo siguiente durante el 54 periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en Nueva York: “el uso de Big Data y registros administrativos pueden ayudarnos a acercarnos más a las necesidades de nuestros usuarios”.
Las estadísticas nacionales son utilizadas por entidades tanto públicas para sus decisiones de gasto o presupuestales, como por las privadas para sus decisiones de producción, distribución e inversión.
Los gobiernos necesitan estadísticas e indicadores oportunos y útiles para establecer prioridades, tomar decisiones y aplicar políticas.
La revolución de la ciencia de datos deberá sofisticar la producción estadística a través de tecnologías y fuentes de datos provenientes de Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial.
Al incorporar instrumentos de Inteligencia Artificial para la proyección de la demanda por bienes y servicios, la huella digital de la población es cómo las preferencias y la situación sociodemográfica y económica de la población se hacen presentes en tales algoritmos.
La ausencia de conectividad o de una huella digital incompleta o insuficiente por ausencia de acceso a la digitalización va a difuminar tales grupos poblacionales hasta hacerlos irrelevantes, y su persistencia en la exclusión digital los tenga por inexistentes.
Cabe recordar que la infraestructura digital incluye todos los activos electrónicos y no electrónicos utilizados para proporcionar servicios de banda ancha a los usuarios.
Invertir en una infraestructura digital universal es esencial para la adopción de Internet y es un factor clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecido en el Objetivo 9.1 (Naciones Unidas 2019).
A unos meses del décimo aniversario de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, es necesario resaltar que los grandes ausentes de tal legislación son no haber dado un marco jurídico a los instrumentos para avanzar en la cobertura universal de banda ancha por medio de instrumentos económicos como fondos de cobertura y penetración de banda ancha, subsidios dirigidos o estímulos a la inversión en áreas de elevado costo
A cambio se privilegió la regulación asimétrica que ahora resulta obsoleta y es un fardo para la inversión ante la intensa competencia efectiva en redes fijas y móviles.
Por lo anterior, se perdió la oportunidad de ubicar la inversión en infraestructura digital en el centro de una agenda de política económica equilibrada y proactiva en telecomunicaciones cuando se tenían tasas de interés anormalmente bajas.
Ahora observamos cómo la era del “dinero barato” o el “crédito fácil” ha terminado.
La opción de postergar la inversión será de mayor valor que la de realizar inversión en el presente.
Asimismo, es necesario recordar que la población en el margen, todavía sin conectividad, tiene mayores costos y barreras de adopción que el resto de la población que se encuentra conectada.
En otras palabras, la implementación y/o expansión de infraestructura digital se vuelve más difícil y compleja en términos de viabilidad económica para atender los últimos deciles de la población respecto de densidad poblacional y/o los primeros deciles de ingreso que aún no están conectados.
El factor de densidad poblacional es crucial, los costos de proporcionar infraestructura digital están determinados fundamentalmente por la densidad de población.
Las áreas con baja densidad de población tendrán deseconomías de escala o costos crecientes de infraestructura porque los costos de inversión fija deben distribuirse entre un relativamente pequeño número de usuarios potenciales.
En ocasiones se leen notas con afirmaciones temerarias por su simplismo como la siguiente:
“Si estas ganancias extraordinarias [refiriéndose a una empresa considerada como preponderante] se hubieran dedicado a expandir la conectividad, muy probablemente nos aproximaríamos a la mitad del camino en tiempo o inversión requerida para erradicar la brecha digital en nuestro país”.
Por lo tanto, es necesario dar realidad a tales afirmaciones que son meros juicios de valor o errores en la interpretación de conceptos financieros básicos (EBITDA vs. utilidad operativa), ignorando el costo financiero. La utilidad de operación de la empresa que citan fue de 95.6 mil millones de pesos mexicanos.
Respecto al costo para expandir la conectividad, es necesario contrastar con el documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional que estima el costo de la inversión necesaria para infraestructura digital en varias áreas de globo, mediante el modelo “Digital Infrastructure Costing Estimator (DICE)”.
Los autores afirman que tal modelo es el único, porque considera la tendencia de pronóstico demográfico de cada país, la densidad de población subyacente y las características económicas esperadas.
El estudio de referencia concluye que, para lograr una banda ancha universal basada en supuestos básicos, la inversión total estimada requerida es de 418 mil millones de dólares (servicio universal 4G con 40 a 50 GB de datos por mes y 95% de confiabilidad), aproximadamente 0.45 por ciento del PIB mundial.
Esta estimación incluye 305 mil millones de dólares para economías de mercados emergentes (alrededor de 0.73% de sus respectivos PIB) para conectar a mil 500 millones de personas sin conexión.
Las necesidades de inversión adicionales en las economías avanzadas son mínimas; ascienden a 11 mil millones de dólares (alrededor de 0.02% del PIB) para conectar a 32 millones actualmente sin conexión.
Para el caso de los países de América Latina y el Caribe, señalan un costo promedio de casi 1 por ciento del PIB anual.
A continuación de reproduce el gráfico del documento citado anteriormente:
México, por su extensión respecto al resto de los países de la región, es el tercero de mayor extensión, superado por Brasil y Argentina, y por su asimetría en la densidad poblacional estaría por encima del promedio estimado y, por ambos factores, sería cercano al 2.5 por ciento del PIB.
El hecho es que ha sido socialmente costoso haber ignorado mecanismos de obligaciones de cobertura social, fondos de inversión en infraestructura digital, estímulos fiscales (subsidios directos) o incentivos a la inversión en zonas de elevado costo o baja rentabilidad para operadores en la reforma de hace una década y sus subsecuentes instrumentos legales y jurídicos.
Cuando el costo del capital era históricamente bajo con tasas de referencia internacionales cercanas a cero desde la crisis financiera de 2008-09, situación que se prolongó hasta 2016 cuando inició su alza (excepto los años de la pandemia 2020-2022 que regresó a cerca de cero), para llegar a los niveles actuales cercanos a 5 por ciento en el caso de Estados Unidos.
En México, en 2013 la tasa de referencia de Banxico era de 4 por ciento, ahora es de 11 por ciento. Sólo durante cuatro meses de 2021 regresó a 4 por ciento para volver a subir desde entonces.
Actualmente, toda inversión tiene un mayor costo de oportunidad. No veremos tasas como las observadas en 2013 por algunos años.
Los errores y omisiones legislativas cuestan tal vez más de lo que hayan beneficiado en el corto plazo.