El gobierno de Costa Rica defendió su reglamento sobre ciberseguridad para 5G en medio de las acciones judiciales promovidas en su contra por trabajadores del ICE.
El gobierno de Costa Rica reafirmó este miércoles su compromiso con la ‘seguridad y la privacidad de los ciudadanos’ en la implementación de 5G, en medio de las acciones judiciales que enfrenta por su reglamento sobre ciberseguridad en las redes de quinta generación.
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“El gobierno de Costa Rica mantiene su posición de que el decreto es fundamental para garantizar la seguridad de los servicios prestados mediante redes móviles 5G y proteger los derechos de los ciudadanos a la privacidad y la confidencialidad de sus datos”, declaró la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.
El desafío de 5G
En agosto de 2023, el Gobierno promulgó el decreto ejecutivo N°44196-MSP-MICITT con el objetivo de ‘equilibrar los beneficios de la conectividad 5G con las medidas de ciberseguridad necesarias para proteger a empresas y usuarios’.
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Sin embargo, desde un inicio el decreto fue objeto de críticas y cuestionamientos por parte de diversas organizaciones, como cámaras empresariales, proveedores, fabricantes de equipos y sindicatos, los cuales argumentan que incumple la neutralidad tecnológica y restringen el acceso a tecnologías en función de su país de origen —y específicamente de China— bajo el pretexto de la seguridad.
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Entre los argumentos que esgrimen se encuentran que la limitación del acceso a proveedores por parte de los operadores podría mermar la factibilidad de los proyectos, retrasar aún más el despliegue de 5G en Costa Rica y, en última instancia, menguar la competitividad internacional del país.
Varias de ellas, incluyendo al sindicato Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han interpuesto recursos legales, como un amparo y una acción de inconstitucionalidad, que fueron rechazados por la Sala Constitucional bajo el argumento de que “lo relativo a la tecnología de la red de telecomunicaciones, así como los requisitos y estándares de ciberseguridad en Costa Rica, son aspectos técnicos, en principio, propios de políticas públicas de Estado que, salvo que entrañen alguna afectación al núcleo esencial de derechos fundamentales o transgredan manifiestamente el bloque de constitucionalidad, constituyen materia de gobierno”.
Pese a estos reveses judiciales, el FIT del ICE ha persistido con su oposición y solicitó medidas cautelares para suspender la aplicación del decreto (2024-001014-2027-CA) en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Esta fue admitida provisionalmente, pero aún no ha sido resuelta, lo que ha derivado en un embrollo legal que involucra a múltiples actores y repercute directamente en el proceso de Contratación Pública del ICE (SICOP-Nov 2023) para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la red 5G del operador estatal.
El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, explicó que el procedimiento para que el operador adquiera la red masiva móvil se encuentra suspendido por la medida cautelar emitida por el tribunal y ya han pasado más de cinco meses de espera, por lo que exhortó al juez a resolver la medida y continuar con el despliegue de la red 5G.
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Finalmente, la ministra Paula Bogantes, informó que, pese a estos procesos judiciales, el gobierno trabaja en paralelo para que la licitación de las frecuencias para el despliegue de la red 5G se lleve a cabo durante el segundo semestre de 2024.