Luego del fallo judicial que detuvo la ejecución del reglamento de ciberseguridad 5G, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) de Costa Rica respondió que defenderá ante los tribunales la permanencia de su normativa.
Esta semana, el Tribunal Contencioso Administrativo emitió una medida cautelar que suspende temporalmente la aplicación del reglamento de ciberseguridad 5G que el gobierno publicó en septiembre de 2023.
Dicha normativa prohíbe la participación de empresas chinas como proveedores de equipos y tecnología para la construcción de la tecnología de quinta generación, incluyendo a Huawei, por considerar que comprometen la seguridad de las redes.
Tomando en cuenta que se trata de una medida provisional, el Ministerio tiene el derecho de presentar al tribunal sus argumentos a favor del reglamento.
Al respecto, el Micitt dijo que ejercerá oportunamente sus derechos procesales, “a fin de que el juzgador pueda contar con todos los elementos para revocar la medida dispuesta”.
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La dependencia confía en que la presentación de todos sus argumentos técnicos y jurídicos servirán para convencer al tribunal de dar marcha atrás a la suspensión, ya que considera que el reglamento de ciberseguridad 5G vela por los intereses públicos.
Se espera que, “en el transcurso del proceso judicial, se considerarán debidamente todos los aspectos pertinentes para garantizar un resultado justo y equitativo, en línea con los intereses nacionales que conlleva el desarrollo de redes 5G en materia de seguridad nacional”, resaltó la institución.
Además, el Ministerio advirtió que el Tribunal Contencioso Administrativo no dio oportunidad al gobierno de defender su normativa. La medida cautelar, señaló, se otorgó sin que antes se hubiera consultado a la dependencia.
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La institución también prevé que puedan derivarse consecuencias negativas por la suspensión del reglamento de ciberseguridad 5G, aunque no detalló de cuáles se trataban.
Por el contrario, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional estima que la exclusión de empresas como Huawei exigiría una inversión adicional de mil 400 millones de dólares en 5G.
La institución académica advierte que el reglamento de ciberseguridad 5G provocará un retraso de cuatro años en el despliegue de esta tecnología e incrementos de las tarifas de los servicios para usuarios finales de hasta un 40 por ciento.
