Costa Rica | 5G: Este es el estado del proceso de la banda de 2600 MHz

CRHOY Erick Murillo

Actualmente, la banda de 2600 MHz del espectro radioeléctrico se encuentra en medio de un proceso administrativo.

Dicha banda es una de las más codiciadas por los operadores para desarrollar tecnología de telecomunicaciones de quinta generación.

Cabe recordar que la administración Alvarado Quesada se ordenó la apertura de un proceso contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa) por subutilización o no utilización del todo de segmentos del espectro radioeléctrico.

Posteriormente, el actual gobierno anunció el pasado 7 de setiembre un rescate parcial de bandas del espectro, pero por el apetecido segmento de 2600 MHz no se pudo llegar a un acuerdo mutuo y más bien su destino incluso podría llegar hasta a judicializarse.

2 días después del anuncio se dio a conocer quelos segmentos de frecuencias recuperados eran los de 3400 MHz a 3500 MHz y de 3600 MHz a 3625 MHz, los cuales si bien son indispensables para implementar futuras redes 5G, no son las únicas, ya que quedan al menos 3 más que deberían devolverse al Estado costarricense, legítimo dueño del espectro radioeléctrico.

Micitt explica

Al respecto, el ente rector, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), explicó la situación actual de la banda de 2.6 GHz.

“En el caso la banda 2600 MHz (segmento de frecuencias de 2500 MHz a 2690 MHz), el Poder Ejecutivo instauró un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio en contra del Instituto Costarricense de Electricidad por el presunto incumplimiento contractual y de las obligaciones legalmente dispuestas, el cual se encuentra en curso por parte del Órgano Director de Procedimiento Administrativo.

Una vez dicho Órgano lleve a cabo la notificación a la empresa, se debe terminar el procedimiento en el plazo de dos meses, según lo establecido en el ordenamiento jurídico”, indicó el Ministerio, sin especificar cuando se notificaría al ICE.

La cartera tecnológica agregó que “a la Contraloría General de la República, durante la elaboración del informe No. DFOE-CIU-IF-00008-2022 se le hizo ver las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades dispuestas por el ordenamiento jurídico, y que se han realizado acciones simultáneas para lograr la devolución por acuerdo mutuo de segmentos de frecuencias.

No obstante, de igual manera, el Poder Ejecutivo determinó este año la procedencia de instaurar los procedimientos administrativos que permitan, mediante una resolución final en firme, la determinación de la verdad real de los hechos investigados, para la satisfacción del interés público”.

Micitt se refiere al informe de auditoría de la Contraloría que ordenaba con carácter de obligatoriedad la devolución de frecuencias necesarias para el desarrollo de tecnología de quinta generación, así como establecer de una vez por todas el plazo para dar inicio al proceso de licitación con el fin de subastar dichas frecuencias.

Largos procesos

Pese a los intentos por rescatar el recurso escaso ocioso en materia de conectividad, lo cierto del caso es que la apertura de procesos administrativos en materia de espectro radioeléctrico -a cargo del Micitt- tardan hasta 8 años.

Este tipo de retratos causa inquietud en el sector telecomunicaciones, al que le preocupa que los largos plazos para resolver también se extiendan a la banda de 2600 MHz.

Sobre este tema en particular, el ministro de la cartera de Ciencia y Tecnología, Carlos Enrique Alvarado, dijo que esperará hasta que finalice el proceso administrativo para proceder a “tomar decisiones”.

“Sobre la banda de 2600 MHz hay un proceso abierto, un órgano director que como administración queremos que culmine ese proceso independientemente para que a partir de ahí, con base en la evidencia técnica que tengamos en conjunto con el ente regulador, con Sutel, podamos tener los elementos necesarios para tomar las medidas administrativas correspondientes”, dijo Alvarado Briceño el pasado 10 de octubre durante una actividad legislativa.



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