A pocos días de que se instale la nueva Legislatura en el Congreso Nacional y el nuevo gobierno, en Honduras circula información sobre una posible reforma a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.
Entre la industria y los medios de comunicación locales ―como el Canal 5 Televicentro―, se ha tenido conocimiento de que en estos días se presentará un proyecto de ley para promover diferentes cambios a la normativa actual.
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) advirtió que cualquier iniciativa de ley debe estudiarse detalladamente, “para cumplir con las mejores prácticas y otorgar la seguridad jurídica que la conectividad inclusiva requiere”.
También la organización de operadores móviles GSMA se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter, y alertó que “no incluir a la industria en procesos de estudio y diálogo previos genera incertidumbre jurídica y podría afectar negativamente las inversiones”.
Poco se sabe acerca del contenido de las posibles reformas que se presentarán en el Congreso. DPL News pudo conocer un dictamen que se debatió de manera preliminar, en el cual se plantean cambios al artículo 24-C y al 25 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.
En específico, el documento apunta a un cambio de definición en los actores que deben aportar el 1 por ciento de sus ingresos brutos al Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (FITT).
Se propone establecer que los obligados a sustentar el FITT sean “los operadores concesionarios” de servicios públicos de telecomunicaciones, y no “los operadores de servicios públicos” como lo señala la normativa vigente.
Esto implicaría que sólo Claro, Tigo y Hondutel aporten recursos al Fondo, dejando fuera a otros proveedores como los de servicio de Internet, servicios audiovisuales y de transmisión y conmutación de datos, lo cual reduciría las aportaciones con las que el FITT contaría para financiar proyectos de conectividad universal.
Además, se plantea adherir un párrafo al artículo 25 para que las empresas de telefonía catalogadas como sub-operadoras (como los Operadores Móviles Virtuales y proveedores de telefonía fija) puedan obtener un título habilitante sin la necesidad de una concesión, siempre y cuando exista espectro disponible.
Y brindar al Congreso Nacional la facultad de otorgar vía decreto los títulos habilitantes y las licencias asociadas para la prestación de la telefonía móvil. Las implicaciones del cambio al artículo 25 podrían ser una disminución del espectro disponible para la banda ancha móvil (4G y 5G), un impacto en las tarifas de interconexión móvil y un menor tiempo para las licencias de espectro.
Sin embargo, el dictamen aún no es público y los planteamientos podrían cambiar o descartarse en absoluto.
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En los próximos días y meses, también es posible que se presenten proyectos de ley para reformar la ley sectorial, vinculando la visión que plasmó en su plan de gobierno la presidenta electa, Xiomara Castro, quien tomará el poder el 27 de enero.
“La política de telecomunicaciones ha sido nula durante la última década, entregando al sector privado la administración y operación del espectro radioeléctrico y las frecuencias en general, y para su mayor beneficio, abandonando el espacio público de esos servicios, lo que ha venido a encarecer las tarifas telefónicas y limitar el acceso a Internet”, se lee en el documento.
En el programa de Xiomara Castro, se advierte que buscará impulsar una “Reforma de Energía y Telecomunicaciones”, para sanear y reestructurar a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), y darle un nuevo giro comercial. Hondutel se ha visto inmersa en una crisis financiera y laboral, pues acumula millonarias deudas con otras entidades y sobre los salarios de los trabajadores.
Las diputadas y los diputados se reunirán este jueves para debatir las modificaciones a la ley de telecomunicaciones, así como propuestas relacionadas con otros sectores. Y la nueva Legislatura se conformará el 25 de enero.