Chile | Diputados aprueban creación de un polémico padrón de usuarios de telefonía prepago
La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que crea un registro con los datos personales de usuarios de telefonía prepago, con la justificación de que “el anonimato de los números prepago es la principal herramienta para delinquir” desde las penitenciarias.
Chile está reviviendo una problemática iniciativa que se ha implementado en otros países con resultados contraproducentes. La evidencia internacional muestra que este tipo de registros no funcionan, terminan siendo vendidos en el mercado negro y ponen riesgo a los ciudadanos.
El proyecto de ley chileno contempla que los operadores deberán recopilar los datos de todas las personas (mayores de edad) que usen teléfonos prepago, como el nombre, domicilio, número de cédula o pasaporte, los datos técnicos de su celular e IMEI (identidad internacional del equipo móvil) y otros requisitos.
Quienes no se registren en el padrón podrían quedar desconectados del servicio, pues el documento señala que las empresas bloquearían todos los equipos o tarjetas SIM prepago que no tengan a un usuario asociado registrado.
Dicho proyecto busca modificar la Ley General de Telecomunicaciones para crear el padrón de usuarios de telefonía prepago. Originalmente, ingresó a la Cámara de Diputados en agosto de 2018, pero no avanzó en la tramitación. Los diputados revivieron la iniciativa en mayo de este año y avanzó rápidamente hasta obtener la luz verde.
Otros países del mundo han implementado leyes como la que se promueve en Chile y con el mismo objetivo de detener los delitos; entre ellos, Colombia, Argentina, México y Uruguay. El caso más reciente y polémico es el de México, donde en 2008 se aprobó un registro nacional de usuarios prepago; entró en vigor al año siguiente y sólo vivió dos años, pues se derogó en 2011 tras comprobar los fallidos resultados.
El Senado mexicano desapareció dicho padrón debido a que las estadísticas señalaron que, contrario a lo que se buscaba, las llamadas de extorsión aumentaron un 40 por ciento durante el tiempo en que estuvo vigente. La propia evaluación del órgano legislativo advirtió que la medida se había basado en la idea errónea de que los delincuentes usaban tarjetas SIM a su nombre para cometer actos delictivos.
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Pese a la evidencia, México sacó del archivo el registro de usuarios prepago y llevó más allá la recolección de datos personales, incluyendo los biométricos. En este 2021, el Senado dio luz verde al nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Sin embargo, diversas organizaciones, instituciones y la sociedad civil están luchando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenda los efectos del decreto que crea el Panaut. El argumento aglutinador es que vulnera los derechos humanos, el acceso a la información, a la protección de datos personales y el derecho de acceso a las TIC de las personas.
Mirando el contexto internacional, especialistas y organizaciones en Chile han recurrido a la Cámara de Diputados para explicar los riesgos de la iniciativa de ley. Daniel Álvarez Valenzuela, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, expuso a los diputados que el proyecto serviría para todo lo contrario a combatir los delitos mediante celulares, sería inconstitucional y desproporcional.
Tras la aprobación en el Senado, el especialista dijo en su cuenta de Twitter que la iniciativa “constituye un mecanismo de control social en un país donde se violan derechos humanos” y que carece de una autoridad encargada de la protección de los datos personales.
La Cámara de Diputados sólo rechazó parcialmente la disposición que permitiría al Ministerio Público acceder a los datos personales del registro de telefonía prepago sin una orden judicial, pero de todas formas podrá pedir esa información a los concesionarios cuando realice investigaciones penales. Ahora será el Senado el que estudie el documento.
