Brasil redefine responsabilidad de las plataformas digitales sobre contenidos
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declarará inconstitucional el Artículo 19 del Marco Civil de Internet, uno de los pilares jurídicos que desde 2014 ha regulado la responsabilidad de las plataformas digitales frente a contenidos de terceros.
Con seis votos a favor de su invalidación el pasado miércoles 11 de junio, el máximo tribunal abrió paso a un cambio profundo en la forma como redes sociales, buscadores y plataformas de video deben actuar frente a contenidos ilegales o nocivos. Pero aún se desconoce el reglamento.
Hasta ahora, el artículo 19 del Marco Civil de Internet establecía que las plataformas sólo eran civilmente responsables si no acataban una orden judicial para remover contenido. La lógica era preservar la libertad de expresión y evitar que empresas privadas asumieran el rol de jueces.
Sin embargo, con la mayoría en el STF —con votos de los magistrados Flávio Dino, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes— se abre la puerta para que plataformas de servicios sobre Internet sean responsabilizadas directamente, incluso sin intervención previa de un juez, en casos de contenidos claramente ilegales como fraude, pornografía infantil o incitación a la violencia.
La judicialización del artículo 19 surgió a partir del caso en 2009 de una profesora de Minas Gerais que fue blanco de una comunidad ofensiva en la extinta red social Orkut, titulada “Eu odeio a Aliandra”. Aunque solicitó reiteradamente su eliminación, Google sólo actuó tras recibir una orden judicial. La Justicia local falló a su favor y condenó a Google a pagar una indemnización por daños morales.
El caso llegó, junto con otros, al STF con el argumento de que forzar a las plataformas a monitorear contenidos equivaldría a imponerles una forma de censura previa.
El debate toca una fibra sensible del ecosistema digital brasileño. Los defensores del artículo 19 insisten en que su mantenimiento protege la libertad de expresión y evita que las plataformas adopten posturas de censura preventiva. Argumentan que el Poder Judicial es la única instancia que puede determinar la ilegalidad de un contenido.
Por su parte, quienes impulsan su reforma consideran que ese modelo es lento y poco efectivo frente a los riesgos reales de daño inmediato, especialmente en temas sensibles como la desinformación, la violencia o el abuso infantil, ello considerando los cambios en el ecosistema digital desde 2014.
Un nuevo paradigma por definir
Aunque se alcanzó la mayoría, el STF aún no ha establecido con claridad cuáles serán las nuevas reglas para la rendición de cuentas de las plataformas. El presidente de la Corte, Luís Roberto Barroso, ha sugerido que el Congreso Nacional debe asumir el liderazgo en esta transición, creando una legislación específica que establezca sanciones, procedimientos ágiles y eventualmente un organismo regulador con facultades claras sobre las plataformas.
El caso se conecta con el creciente debate en el país sobre la regulación de las grandes plataformas digitales, incluido el frenado Proyecto de Ley de Fake News (PL 2630/2020) y otras iniciativas enfocadas en contenido nocivo o moderación de contenidos. Todos estos esfuerzos buscan una redefinición del equilibrio entre libertad, seguridad y responsabilidad en línea.
La decisión del STF no sólo tendrá impacto en el sistema jurídico brasileño, también en la forma como operan las grandes plataformas tecnológicas en la región. En ausencia de una legislación nueva, se abre un periodo de incertidumbre regulatoria. Las plataformas que dominan la conversación pública en línea deberán adaptarse a un escenario en el cual podrán ser demandadas y sancionadas sin intervención judicial previa, lo que podría motivar políticas internas más estrictas de moderación de contenido.
A la espera de una definición completa, el mensaje es claro: Brasil se mueve hacia un modelo más proactivo de control de contenidos en línea, en el cual las plataformas ya no podrán escudarse exclusivamente en la neutralidad de red para evitar su responsabilidad sobre los contenidos que alojan.
Marco Civil de Internet: de su apogeo al cuestionamiento
El Marco Civil de Internet de Brasil, sancionado en 2014, fue una legislación pionera en América Latina y el mundo al establecer principios fundamentales para el uso de Internet, como la neutralidad de la red, la protección de datos personales y la libertad de expresión.
Considerado por muchos como una “Constitución de Internet”, el marco sentó las bases de una regulación equilibrada que garantizaba derechos tanto a los usuarios como a los proveedores de servicios, y definía responsabilidades claras para las plataformas digitales.
Su proceso de construcción fue inédito: abierto a la participación ciudadana, con consultas públicas en línea y un debate plural que incluyó sociedad civil, academia, empresas y gobierno.
Su influencia trascendió las fronteras de Brasil. Países como Chile, México, Colombia y Argentina tomaron elementos del Marco Civil en sus propias discusiones regulatorias, especialmente en lo relacionado con la responsabilidad de intermediarios y la protección de derechos digitales.
El reglamento también cosechó numerosas críticas de sectores que veían en la ley una sobrerregulación del entorno digital. Los opositores más firmes a la neutralidad de la red sostenían que esta obligación podría frenar inversiones en infraestructura, ya que limitaba los incentivos económicos para gestionar el tráfico de manera más eficiente, y que sólo beneficiaba y creaba privilegios comerciales para las empresas estadounidenses.
Similitudes con el modelo europeo
La decisión del STF acerca a Brasil a un enfoque más similar al del modelo europeo establecido por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La DSA establece un sistema de obligaciones más proactivas para que las plataformas gestionen riesgos y actúen frente a contenidos ilegales sin necesidad de intervención judicial inmediata. La aproximación europea impone deberes de diligencia, transparencia algorítmica y respuesta ágil ante reportes de usuarios, lo que refleja una visión más preventiva en la rendición de cuentas digital, un marco hacia el cual Brasil ahora parece encaminarse junto con otras iniciativas con las que avanza en gobierno de Lula, como el anteproyecto de ley de Mercados Digitales.