La Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley (PL) el 31 de mayo, que determina que los celulares fabricados o ensamblados en el país tengan los recursos para recibir la señal de radio FM. El PL 8,438/17 fue aprobado en forma conclusiva y pasará a la Cámara de Senadores, si no hubiera recurso de apelación para que se lleve el asunto al pleno.
El texto requiere que la función de recepción de señal esté habilitada antes de que los dispositivos sean distribuidos y vendidos.
En su propuesta, el diputado Sandro Alex (PSD-PR) dice que aproximadamente 97 por ciento de los teléfonos producidos en el mundo ya están equipados con un receptor interno para recibir transmisiones de FM, pero sólo 34 por ciento tiene esa función activada.
Según el autor, esto hace que los consumidores tengan que comprar paquetes de datos para acceder a las transmisiones en streaming, que son más susceptibles a la inestabilidad de la transmisión y más costosas para el usuario.
La medida es similar a la Ordenanza del Ministerio de Comunicaciones 2,523, de 2021. El Ministro Fábio Faria firmó el documento el año pasado determinando que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones adopte medidas para garantizar que los fabricantes de teléfonos celulares en Brasil activen la funcionalidad en los dispositivos.
Otro lado
En la ocasión, la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica (Abinee) emitió una nota defendiendo la ordenanza y criticando el PL 8,438/2017. El primero busca que los dispositivos que ya tienen recepción de radio FM tengan la función desbloqueada o habilitada, mientras que el segundo exigiría que todos los celulares fabricados en Brasil tengan la funcionalidad, lo que representa una “interferencia con el principio de libertad económica”.
El diputado Gilson Marques (Novo-SC) se opuso a la propuesta en la CCJ. Cree que esta obligación penalizará a las personas que no quieren recepción de radio.
“La oferta de cualquier producto o servicio tiene que ser un diferenciador de mercado y no una obligación legal que genera costos, aumenta la burocracia, reduce la competencia y eleva los precios. Esta interferencia negativa perjudica precisamente a los más pobres, que no podrán importar productos”, dijo.