Brasil avanza en inclusión de cooperativas en el sector telco; operadores están en contra
La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado Federal de Brasil aprobó este martes 10 de diciembre el Proyecto de Ley 1303/2022, que busca garantizar la prestación de servicios de telecomunicaciones, como Internet, a través de cooperativas, pese a la oposición de las empresas privadas del sector. La propuesta, ya aprobada por la Cámara de Diputados, ahora avanza sin modificaciones para una votación final.
Originalmente, el proyecto iba a ser evaluado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCT), pero, debido a cambios en las atribuciones de las comisiones temáticas, se espera que sea remitido a la Comisión de Comunicación y Derecho Digital (CCDD), presidida por el senador Eduardo Gomes (PL-TO).
El proyecto modifica la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) para incluir a las cooperativas como posibles proveedoras de servicios de telecomunicaciones y beneficiarias de incentivos específicos. Según el relator Eduardo Gomes, la propuesta puede ampliar el acceso a internet de banda ancha, principalmente en regiones rurales y áreas remotas, sin causar perjuicio a las empresas del sector ya existentes.
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Esta es una práctica común en países vecinos como Argentina, donde muchas surgieron como extensiones de cooperativas eléctricas o de servicios públicos, aprovechando la infraestructura ya existente.
Allí, desempeñan un papel fundamental en la expansión del acceso a Internet, telefonía y televisión, especialmente en áreas rurales o pequeñas localidades donde las grandes operadoras comerciales generalmente no operan debido a la baja rentabilidad.
Sin embargo, las operadoras de telecomunicaciones se oponen al proyecto, argumentando que la entrada de cooperativas podría generar desequilibrios en el mercado regulado, especialmente debido al régimen fiscal diferenciado que beneficia a las cooperativas.
De acuerdo con las empresas, esto podría impactar la sostenibilidad económica del sector, afectando la calidad y disponibilidad de los servicios para los usuarios finales. El sector esperaba audiencias públicas antes de la aprobación, pero estas no se llevaron a cabo.