Dictamen de AGU no resuelve el conflicto entre eléctricas y telcos sobre el uso compartido de postes en Brasil: industria
El dictamen de la Abogacía General de la Unión (AGU), que reconoció la obligatoriedad de la cesión del espacio en postes entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones, no puso fin a la disputa en torno al uso compartido de la infraestructura en Brasil.
Incluso después de que el entendimiento jurídico desbloqueara la interpretación de la nueva resolución conjunta elaborada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), entidades del sector continúan defendiendo la aprobación del PL 3220/2019, que tramita en régimen de urgencia en la Cámara de Diputados.
Conexis Brasil Digital calificó el texto aprobado por el Senado como un “avance en favor de una solución estructural” para el uso desordenado de los postes, un problema que, según la entidad, afecta el paisaje urbano, aumenta los riesgos para la población y compromete la calidad de los servicios prestados por los operadores regulares.
La asociación defendió la preservación de puntos considerados consensuales en el Senado, como la libertad para que las distribuidoras definan si la gestión de la infraestructura será realizada directamente o por terceros, la previsión de un periodo transitorio de regularización con precio máximo, la prohibición de subsidios cruzados entre energía y telecomunicaciones y la prohibición de que el eventual “gestor de postes” también actúe como prestador de servicios de telecomunicaciones.
Al mismo tiempo, Conexis afirmó que el proyecto aún requiere “mejoras” durante su tramitación legislativa y regulatoria, especialmente en la definición de directrices objetivas para precios basados en costos, mecanismos de financiamiento y plazos adecuados para la regularización de la infraestructura.
Por su parte, la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint) afirmó que el dictamen de la AGU representa un paso importante para reducir la inseguridad jurídica del sector, al reconocer la obligatoriedad de la cesión del espacio en infraestructura de distribución.
Para la entidad, este entendimiento refuerza que los postes son activos esenciales para la expansión de la conectividad y que su uso compartido no puede depender de interpretaciones facultativas.
Sin embargo, Abrint sostuvo que el dictamen no sustituye la necesidad de una solución regulatoria y legislativa más amplia. Según la asociación, la obligatoriedad de la cesión debe ir acompañada de reglas claras de gobernanza, responsabilidades objetivas entre los agentes, mecanismos efectivos de ordenamiento, fiscalización proporcional, plazos ejecutables y una metodología de precios orientada a costos.
La entidad también afirmó que sigue de cerca la tramitación del PL 3220/2019 y defendió la aprobación de la propuesta con ajustes que garanticen el equilibrio entre los sectores eléctrico y de telecomunicaciones, reduzcan los litigios y eviten costos desproporcionados para los proveedores.
Aunque parten de preocupaciones distintas, las posiciones muestran que el debate sobre los postes ha pasado del ámbito jurídico al económico y operativo.
El dictamen de la AGU redujo la divergencia sobre la posibilidad de cesión obligatoria de la infraestructura, pero no eliminó la disputa en torno a la implementación del modelo, la gobernanza de la entidad gestora, la definición tarifaria y la distribución de responsabilidades entre distribuidoras, operadoras y proveedores regionales.