La Comisión de Futuro y Ciencias de la Cámara de Diputados de Chile optó por no avanzar con la votación en particular del proyecto de ley de neuroderechos. La propuesta se trataba con moción de urgente, pero distintas asociaciones, entre ellas la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), pidieron dar mayor tiempo al debate, solicitud que en los últimos días fue adoptada por los representantes de la cámara baja.
“La comisión escuchó a la invitada –la analista de las ONG Derechos Digitales, Michelle Bordachar Benoit–, continuó con la discusión del proyecto y acordó no votarlo en particular”, señala la orden del día en que se tomó la decisión; participaron de la sesión ocho diputados. ALAI celebró la determinación y volvió a subrayar la “necesidad de discutir con más detenimiento sus implicancias y consecuencias”.
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En enero, mientras se trataba el tema, el Director Ejecutivo de ALAI, Raúl Echeberría, dijo a DPL News que el objetivo de la propuesta era “loable”; sin embargo, merecía una mayor discusión para “fortalecer el liderazgo” que Chile mostró en el tema. Por otro lado, consideró que era “difícil sostener que los neuroderechos sean un tema para debate urgente. Es bueno ser pionero, pero aún más es serlo por un buen producto”.
El proyecto, ingresado en octubre de 2020, fue iniciado en moción del senador Guido Girardi con el ojo puesto en “regular satisfactoriamente el contenido de la reforma constitucional que consagra la protección de la integridad y la indemnidad mental en relación al avance de las neurotecnologías”. Presentaba objetivos como protección de la integridad física/psíquica de las personas, respaldar principios éticos en este ecosistema y garantizar la información a usuarios sobre posibles efectos negativos.
Para Echeberría, la propuesta tenía algunos puntos flacos, como la presunción de “que la tecnología evolucionará en un sentido específico”. Además, no se contempló en la discusión a todos los actores potencialmente afectados y las definiciones y alcances eran “demasiado amplios”. El texto presentaba “atribuciones para agentes por fuera de su alcance” y no contemplaba “la variedad de leyes que existen”. Quizás una o todas estas razones fueron las tomadas en cuenta para frenar, al menos momentáneamente, el proyecto.