El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso cambios en las reglas que aplican para la provisión de telefonía pública en Argentina. En concreto, se modificó el Plan Nacional de Telefonía Social Pública, en atención a la “marcada merma en la demanda” de teléfonos públicos en el país. Se mantendrán ciertas obligaciones para los licenciatarios Telecom Argentina y Telefónica.
La normativa vigente hasta el momento establecía que el servicio debía prestarse mediante la conexión de aparatos telefónicos de uso público en zonas con importante densidad poblacional de bajos recursos económicos y entidades de interés; la autoridad podía determinar la ubicación de hasta un 5 por ciento del total de aparatos a ser instalados por cada operador. Desde ahora, sólo deberán garantizar la permanencia de teléfonos públicos en lugares de interés público determinados por el regulador.
Los cambios no aplicarán, por ejemplo, al ámbito de servicios penitenciarios, por entenderse que en estos sitios los aparatos “cumplen un rol relevante en el resguardo del derecho de comunicación de las personas privadas de su libertad”. También se considera necesario garantizar la subsistencia de terminales de este tipo en centros de salud, palacios de Justicia, terminales de transporte y comisarías, entre otros.
El nuevo texto señala como argumento que las redes de comunicaciones móviles han alcanzado un alto grado de penetración en todo el territorio, además de que buena parte del parque de teléfonos públicos ya fue retirado por falta de demanda y hechos de vandalismo.