Se ha cumplido un año desde que Telefónica Colombia decidió devolver al Estado una licencia de espectro en la banda de 2.5 GHz debido a los altos costos del recurso; desde entonces el escenario ha cambiado pero no tan significativamente.
Fue en octubre de 2022 cuando Telefónica presentó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) su renuncia a un permiso que tenía para explotar frecuencias en dicha banda, la cual le fue otorgada mediante la resolución 1728 de 2022 y modificada por la resolución 2808 de 2022.
Telefónica Colombia tomó la decisión de devolver el espectro radioeléctrico porque el precio establecido por el gobierno resultaba muy oneroso y prohibitivo, tomando en cuenta, además, que se trata de una asignación temporal de frecuencias.
El espectro caro ha sido uno de los reclamos constantes de los operadores de telecomunicaciones en el país; también una realidad que se vive en casi toda América Latina y el Caribe.
Las tarifas por el espectro en Colombia pueden ser hasta tres veces más caras en comparación con la media de la región.
De acuerdo con un estudio de la GSMA, la banda de 700 MHz se licitó en la última subasta de 2019 a un costo tres veces por encima del promedio.
Un precio muy alto, por encima de los valores del mercado, impacta directamente en los bolsillos de los operadores y, por supuesto, en su capacidad para invertir en el despliegue de infraestructura y el desarrollo de nuevos servicios de mayor calidad, incluidas las redes 5G.
Sin embargo, el impacto más importante se refleja en la población.
El reporte de la GSMA resalta que el espectro caro ocasionó un retraso en la conectividad, equivalente a que alrededor de 2 millones de colombianos no se sumaran al acceso a Internet en ese tiempo.
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Por las mismas fechas de su renuncia a la licencia, Telefónica Colombia también envió al Ministerio TIC una solicitud de revocatoria directa sobre las resoluciones mediante las cuales el gobierno estableció la contraprestación económica que la empresa debía pagar por la renovación de su permiso de uso del espectro de 1.9 GHz.
El recurso promovido por la compañía española pedía al gobierno reducir el valor de dicha contraprestación conforme a los comparativos de precios internacionales.
Telefónica advertía que dicho valor en el país había incrementado 11.6 por ciento año con año de forma injustificada.
Tanto en Colombia, como en otros países con un escenario similar en cuanto al encarecimiento del espectro, se ha identificado que los precios elevados no se corresponden con la realidad del mercado.
Mientras las tarifas por las licencias de este recurso suben, los ingresos de los operadores son menores y se ven afectados por la inflación, las caídas del ARPU móvil (ingreso promedio por usuario) y otras distorsiones de mercado.
Un análisis de la GSMA explica cómo los costos totales del espectro aumentaron 40 por ciento entre 2010 y 2022, en tendencia contraria a los ingresos recurrentes de los operadores en América Latina, que se contrajeron 50 por ciento en ese mismo periodo.
En el caso colombiano, Telefónica sostiene que “la diferencia entre pagar precios muy altos o muy bajos significaría una pérdida de rentabilidad anual de 67 por ciento” y una menor capacidad de inversión.
Sin incentivos, los operadores dejan de invertir o disminuyen sus presupuestos considerablemente.
La subasta 5G trajo consigo una oportunidad para cambiar la lógica recaudatoria que ha tenido Colombia al menos desde 2014.
Las bases del concurso que definió el MinTIC en octubre apuntan a un valor de reserva de 74 millones 734 mil dólares.
El Ministerio ha hecho modificaciones para paliar las cargas financieras que pesan sobre el sector, como ajustar el precio del espectro, las condiciones de garantía y priorizar el intercambio de la contraprestación económica por obligaciones de cobertura.
En todo caso, los resultados de la licitación 5G darán cuenta de si estos ajustes fueron suficientes para revertir el ánimo recaudatorio que ha caracterizado la asignación de espectro en el país y de qué tanto las empresas de telecomunicaciones pueden seguir solventando estas tarifas.
Por lo pronto, Telefónica ya optó por devolver espectro, el cual probablemente no necesitará más adelante, y tejer alianzas para asumir las grandes inversiones que exige la implementación de la tecnología 5G.
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Telefónica firmó un acuerdo con Tigo para compartir sus redes en Colombia, incluidos los activos de espectro.
Las empresas están creando una Unión Temporal (UT) en la que cada una tendrá una participación de 50 por ciento.
Según lo que han dejado ver hasta ahora, los operadores planean participar de forma conjunta en la subasta 5G, porque además las bases del concurso público lo permiten y contemplan esta figura asociativa.
Con este paso, Telefónica está haciendo un movimiento similar al que realizó en el mercado mexicano cuando devolvió toda su cartera de espectro.
La empresa se deshizo de las frecuencias debido a que mantenerlas era muy oneroso y, en su lugar, se montó a la red de AT&T para seguir brindando servicio a sus usuarios en la última milla.
En esta ocasión en Colombia, la alianza de Telefónica se dirige a una empresa conjunta y no sólo a un acuerdo de arrendamiento, dado que Tigo también ha presentado dificultades para costear los altos precios del espectro en medio de la crisis financiera que atraviesa.
Es decir, en esta transacción ambos necesitaban de una mano.
No obstante, este acuerdo cambia las reglas del juego para el resto de competidores.
Especialmente, Claro considera que las condiciones podrían darle ventajas a la UT y generar distorsiones de mercado para los operadores que van solos, pues estas empresas podrían tener acceso a más espectro en conjunto.