Perfil del comercio digital y tratamiento de la IA en los tratados comerciales

Las cifras cuentan una historia sin necesidad de discurso. 

Una de ellas es la balanza de servicios de telecomunicaciones, informática e información que publica el Banco de México en la balanza de pagos. En tales cifras se muestra lo que el país le vende al mundo en estos rubros (las exportaciones o créditos) frente a lo que le compra al resto del mundo (las importaciones o débitos). 

Detrás de esas dos líneas está nuestra relación con la Nube, con el software, con los servicios digitales y, desde hace algunos años, con la Inteligencia Artificial.

México es un importador neto de servicios digitales y la brecha no ha hecho más que ensancharse.

Gráfico 1: niveles de exportaciones e importaciones.

En 2002, al inicio de la serie, las dos líneas casi eran convergentes e incluso México registraba un pequeño superávit: alrededor de 877 millones de dólares exportados contra 626 importados en el año. 

Hacia mediados de la década de 2000 las importaciones se despegan de forma sostenida y dejan las exportaciones muy por debajo. Para 2013 el saldo anual ya era deficitario en más de 1,100 millones de dólares; para 2025, el déficit rondaba los 3,800 millones, con importaciones (≈6,500 mdd) que casi triplican las exportaciones (≈2,700 mdd).

El patrón de fondo es claro: el país consume mucho más servicios digitales del que produce para vender afuera. El área sombreada entre ambas líneas —cada vez más ancha— es, en esencia, el costo de la mayor demanda por servicios digitales en el exterior, es decir, demandar servicios de infraestructura, plataformas y servicios que se diseñan y operan en el resto del mundo.

Por otro lado, la Organización Mundial de Comercio publica, junto con el Handbook on Measuring Digital Trade (FMI, OCDE, UNCTAD y OMC), una base de servicios entregados digitalmente que estima —aplicando el modelo de asignación Eurostat-OMC a la balanza de pagos— la porción del comercio de servicios suministrada de forma transfronteriza (Modo 1). 

Es una medición más amplia que la del Banxico (incluye seguros, servicios financieros, cargos por propiedad intelectual y, sobre todo, “otros servicios empresariales”) y de naturaleza distinta: una estimación modelada, no un registro directo. Que dos fuentes independientes apunten en la misma dirección refuerza las conclusiones.

El panorama agregado reproduce con nitidez el hallazgo central: México es un importador neto estructural de servicios digitales en todo el período 2005-2025. 

El déficit pasó de unos 5,000 millones de dólares en 2005 a un máximo cercano a 17,100 millones en 2022, para estrecharse a unos 14,100 millones en 2025. 

Ese estrechamiento reciente no se debe a que se compre menos, sino a que se vende más: las exportaciones se aceleran de forma notable desde 2020 (de ~11,100 a ~19,500 millones), con tasas de crecimiento interanual que en varios años recientes superan a las importaciones.

Gráfico 3: México, total de servicios entregados digitalmente (Modo 1) — valor absoluto y variación anual.

El desglose de las exportaciones añade un matiz que da fuerza a la hipótesis de los Centros de Datos y la IA: aunque la categoría dominante son los “otros servicios empresariales” (alrededor de la mitad del total en 2025), el componente más dinámico es la informática, con saltos interanuales extraordinarios entre 2021 y 2024 (del orden de +90% y hasta cerca de +160% en algún año). 

Dicho de otro modo, lo que más rápido crece del lado vendedor es el cómputo y los servicios informáticos —el tipo de actividad que un Centros de Datos exporta cuando factura capacidad o procesamiento a clientes del exterior.

Gráfico 4: composición de las exportaciones de servicios entregados digitalmente de México por tipo de servicio.

Gráfico 5: composición de las importaciones de servicios entregados digitalmente de México por tipo de servicio.

Por último, el desglose de las importaciones confirma la otra cara de la dependencia. 

Las compras al exterior se concentran en seguros y pensiones (~28%), otros servicios empresariales (~22%), cargos por uso de propiedad intelectual (~21%) e informática (~17%). 

La relevancia de los cargos por propiedad intelectual del lado importador es elocuente: es, en buena medida, lo que México paga por licencias, software y modelos diseñados fuera del país. 

Coincide exactamente con la advertencia de que en los Centros de Datos —buena parte del valor (el modelo, los chips, la propiedad intelectual, etc.) sigue acreditándose a empresas radicadas en otras economías del resto del mundo.

En suma, con una fuente internacional multilateral, con una cobertura más amplia y una metodología distinta a la de Banxico en sus cifras de la balanza de pagos, el diagnóstico no cambia: México consume mucho más servicio digital del que vende, la brecha es estructural y el incipiente repunte exportador se concentra justamente en los servicios informáticos asociados a lo que es y será la nueva economía de la IA.

¿Tuvo la reforma en materia telecomunicaciones de 2013–2014 algún efecto en el comercio digital?

La franja gris del gráfico marca la reforma en materia telecomunicaciones: la reforma constitucional de 2013 —que creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora extinto— y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2014.

A pesar de sus promesas y de toda la avalancha de regulaciones que implementó en su supuesto objetivo de la “competencia efectiva”, su huella tal vez fue en su efecto en un mayor número de usuarios de banda ancha (correlación no significa causalidad) en incrementar la demanda por servicios digitales importados del exterior. 

Las importaciones se aceleraron a pocos años tras la reforma, y siguieron su ascenso al aumentar la oferta de servicios digitales del exterior. 

Dicho de otro modo: si la reforma en alguna medida fue factor de conectar al país a la banda ancha, conectarse significó, en buena medida, comprar más servicios digitales del exterior.

¿Hubo algún punto de inflexión por la IA?

La línea punteada naranja marca noviembre de 2022, el lanzamiento de ChatGPT y el inicio de la oleada de plataformas de IA Generativa. Aquí la lectura conviene mirarla en dos tiempos.

Gráfico 2: variaciones porcentuales anuales por trimestre.

En los tres primeros trimestres de 2023 las exportaciones se desplomaron frente al año anterior (caídas cercanas a ‑40%, ‑37% y ‑37%), mientras las importaciones brincaban: el primer trimestre de 2023 marcó un máximo histórico de la serie (más de 1,800 mdd, +80% interanual). 

Es la imagen de una economía que, en el primer año de la IA, absorbe servicios digitales del exterior —cómputo en la Nube, suscripciones, capacidad de procesamiento— más rápido de lo que logra venderlos.

Respecto de 2024–2025 sobreviene el rebote exportador. Aquí viene el dato notable. A partir de mediados de 2024 las exportaciones se aceleran de forma notable: el tercer trimestre de 2024 creció casi +100% interanual y el primer trimestre de 2025 llegó a un sorprendente +199%. 

Las exportaciones pasaron de niveles de 250–450 mdd por trimestre a superar los 700 mdd. Es tentador leerlo como la otra cara de la moneda: si 2023 fue el año de comprar IA, 2024–2025 podría reflejar a México empezando a vender servicios digitales vía relocalización de servicios de TI, Centros de Datos o exportación de servicios habilitados por estas tecnologías.

Cuando un Centros de Datos instalado en un país vende capacidad de cómputo, almacenamiento, alojamiento (hosting), entrenamiento de modelos o inferencia a clientes ubicados en el extranjero, está prestando un servicio transfronterizo: la entrega cruza la frontera por vía electrónica aunque el servidor permanezca físicamente en el territorio. 

En la lógica de la balanza de pagos (MBP6), esa operación se registra como una exportación —un crédito— de servicios de telecomunicaciones, informática e información del país donde reside el proveedor, siempre que el comprador sea un no residente. 

Por eso, a medida que la demanda de capacidad para IA atrae inversión en infraestructura de cómputo, un país puede ver crecer sus exportaciones de servicios digitales sin “embarcar” nada tangible: basta con que sus Centros de Datos facturen a clientes del exterior. 

El registro depende de quién sea la entidad residente que factura y de que el cliente sea efectivamente una entidad no residente —un Centros de Datos que sólo atiende al mercado interno no genera exportación—, y buena parte del valor (el modelo, los chips, la propiedad intelectual) puede seguir acreditándose a empresas radicadas en otros países. 

Aun así, este mecanismo de inversión extranjera y exportación de servicios digitales ofrece una explicación plausible para parte del repunte exportador que muestran los gráficos: la posibilidad de que México empiece a vender, y no sólo a importar, los servicios que hacen funcionar la IA. 

El potencial exportador de los Centros de Datos que se ubiquen en México es de considerarse, toda vez que el Artificial Intelligence Index de 2026 reporta que México tiene 173 Centros de Datos, ocupando el lugar 12, por lo que Brasil y México son los hubs en la región de latinoamérica.

Antes de declarar una tendencia, es necesario las tres notas cautelares debidas:

1. Correlación no es causalidad. Que dos cosas ocurran cerca en el tiempo —la reforma de telecomunicaciones, respecto al crecimiento de los accesos a banda ancha y/o el lanzamiento de ChatGPT y un movimiento en la balanza— no prueba que una cause la otra. Conviven aquí muchos factores: el ciclo económico global, el tipo de cambio, cambios contables y metodológicos en el registro de servicios digitales.
2. Es una sola categoría, y tiene “ruido” por los servicios que incluye. Estos son flujos trimestrales de un rubro específico de la balanza de pagos. Saltos de +100% o +200% suelen reflejar también bases de comparación bajas y volatilidad estadística, no sólo cambios de fondo. De hecho, el primer trimestre de 2026 muestra un enfriamiento en ambas series lo cual puede ser estacional.
3. El déficit es estructural y previo a la IA. La importación neta de servicios digitales venía creciendo mucho antes de 2022. La IA puede estar cambiando su ritmo y, quizás, abriendo una vía nueva por el lado exportador vía los servicios de Centros de Datos que se establezcan en México y se relacionen al aprovechamiento de procesamiento para IA.

Los tratados comerciales que incluyen la IA como factor en el comercio

Hasta aquí hemos visto los flujos —cuánto compra y vende México de servicios digitales. Pero detrás de esos flujos existe una política comercial al respecto y ¿quién escribe las reglas del comercio digital y qué dicen esas reglas sobre la Inteligencia Artificial? 

Un informe de marzo de 2026 de la Hinrich Foundation “Why Digital Is Different”, ofrece el primer inventario sistemático de estos compromisos. 

Existen 2,587 disposiciones de comercio digital repartidas en 163 acuerdos entre 163 jurisdicciones y más de la mitad negociadas apenas en los últimos cuatro años. La IA es, en ese mapa, un tema todavía “nuevo”, que aparece por primera vez alrededor de 2020.

Si uno abre los acuerdos que sí incluyen un artículo dedicado a la Inteligencia Artificial, encuentra un patrón sorprendentemente uniforme y, sobre todo, inocuo o superficial. 

Según el informe, existen apenas doce disposiciones de IA en doce acuerdos, entre 29 jurisdicciones y todas giran en torno a la cooperación más que a obligaciones exigibles. Casi sin excepción, el lenguaje es de “reconocer” o “procurar” (shall endeavour), no de “deberá” (shall).

Casi todas comparten la misma arquitectura de cuatro piezas: primero, reconocen que la IA es cada vez más importante y trae beneficios sociales y económicos; segundo, asumen un compromiso de cooperar en IA (compartir investigación, buenas prácticas, promover un uso responsable); tercero, reconocen la necesidad de marcos éticos de gobernanza; y cuarto, se comprometen a colaborar en el desarrollo de esos marcos en foros regionales e internacionales, tomando en cuenta principios reconocidos como la transparencia, la equidad y los valores centrados en el ser humano. 

En la práctica, son cláusulas de intención: trazan una dirección común, pero no obligan a nadie a hacer nada concreto en la adopción y uso de la IA por particulares o por entidades de gobierno.

Aunque comparten plantilla, conviene recorrerlos porque revelan quién está liderando este terreno. Se ordenan en unas pocas familias:

• El modelo pionero y más ambicioso (Australia-Singapur). El Acuerdo de Economía Digital Australia-Singapur (agosto de 2020, art. 31) fue el primero e introdujo la fórmula más fuerte: un compromiso vinculante de cooperar (“shall cooperate“) más un “procurar” colaborar en la gobernanza. Australia repitió esa ambición en su instrumento con Emiratos Árabes Unidos (EAU) de noviembre de 2024 (art. 12.24) que reincorpora el “deberá cooperar”.
• El Acuerdo de Asociación de Economía Digital entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur —luego ampliado a Corea— (art. 8.2) se queda sólo en el “procurar” promover marcos de gobernanza, sin compromiso de cooperación. Es la base que siguieron varios acuerdos posteriores: el TLC entre el Consejo de Cooperación del Golfo y Corea (diciembre de 2023) y los instrumentos de Corea-EAU (mayo de 2024) y Chile-EAU (julio de 2024), estas últimas añadiendo el diálogo e intercambio de experiencias regulatorias.
• Singapur es el verdadero motor de este tema. Su acuerdo digital con Reino Unido (febrero de 2022, art. 8.61-R) es el más amplio de todos: cubre no sólo la IA sino “tecnologías emergentes” (registros distribuidos, gemelos digitales, Internet de las Cosas), apuesta por enfoques basados en riesgo y por la interoperabilidad y menciona la participación en foros como la Global Partnership on AI. Su acuerdo con Corea (noviembre de 2022, art. 14.28) sigue la línea del Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) con diálogo regulatorio.
• Emiratos Árabes Unidos. EAU ha sido el negociador más prolífico, sumando cláusulas de IA en sus acuerdos con Turquía (marzo de 2023), Georgia (octubre de 2023), Corea y Chile (2024) y Australia (2024). Todos comparten “procurar cooperar” y “procurar” desarrollar marcos éticos de gobernanza, con flexibilidad para adaptarse al socio de turno.
• Los más recientes y, paradójicamente, menos vinculantes. En 2025, ya con el sistema comercial sacudido por la inestabilidad de origen estadounidense, aparecieron fórmulas aún más suaves: el acuerdo European Free Trade Association (EFTA)-Singapur (septiembre de 2025, art. 36-W) bajó el compromiso a un “podrá cooperar” (“may cooperate“), y el Protocolo de Actualización del TLC ASEAN-China 3.0 (octubre de 2025, art. 9.18), que abarca los once países de la ASEAN más China, diluye las actividades concretas de cooperación a un simple “alentar”.

Junto a las cláusulas de IA, el informe sitúa en el mismo bloque tecnológico un tema de mayor relevancia de lo que parece para la Inteligencia Artificial: el código fuente. 

Existen unas cuarenta disposiciones, en 36 acuerdos entre 108 jurisdicciones (2015–2025), que prohíben exigir la transferencia o el acceso al código fuente de un programa como condición para venderlo en un mercado. 

¿Por qué importa para la IA?, porque cada vez más de estas cláusulas se extienden hacia la prohibición de los algoritmos expresados en ese código —el corazón de un sistema de IA— y porque definen las excepciones que permiten a un regulador o juez exigir ese acceso para investigaciones, evaluaciones de conformidad o la defensa de la competencia. 

Ahí se centra buena parte de lo que se denomina con, incluso, ligereza, sobre la “transparencia algorítmica”.

En el T-MEC (USMCA) de 2018, existen algunas disposiciones a ser robustecidas, dado que incluye explícitamente los algoritmos y abre excepciones para investigaciones regulatorias y judiciales. 

La Unión Europea desarrolló su propio modelo que reserva el acceso para autoridades de competencia y de evaluación de conformidad —coherente con las facultades que su Reglamento de IA (AI Act) otorga a los reguladores sobre los sistemas de IA de “alto riesgo”.

Lo más relevante de todo lo anterior son las ausencias. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea han suscrito compromiso alguno sobre IA en sus tratados comerciales con el resto del mundo, sea bilateral o multilateral. 

La IA se ha vuelto un terreno de rivalidad geopolítica: la UE optó por regular en casa con su AI Act de 2024, mientras Estados Unidos derogó la orden ejecutiva de la era Biden y publicó un “Plan de Acción en IA” centrado en acelerar la innovación y la infraestructura propias.

En su lugar, Washington introdujo la IA por una puerta nueva y polémica: los “acuerdos arancelarios” bilaterales. Los llamados Technology Prosperity Deals con Japón, Corea y Reino Unido incluyen lenguaje sobre acelerar la adopción de IA bajo marcos “proinnovación”. 

El pacto con Japón llegó a contemplar una inversión de 550 mil millones de dólares en proyectos —incluidos IA y semiconductores— elegidos por la presidencia estadounidense. 

Todo ello mientras la actividad regulatoria doméstica se dispara: Digital Policy Alert contabiliza más de 1,600 medidas y acciones de cumplimiento dirigidas a proveedores de IA desde enero de 2020, con un salto marcado justo después del lanzamiento de ChatGPT.

El episodio más revelador de esta lógica unilateral llegó en junio de 2026. Apenas días después de promulgar una amplia orden ejecutiva sobre IA —que, entre otras cosas, pide a las empresas líderes compartir sus modelos de frontera con el gobierno para una revisión de ciberseguridad—, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio emitió una directiva de control de exportaciones, invocando la seguridad nacional, que suspendía el acceso de cualquier persona extranjera —dentro o fuera de Estados Unidos e incluso empleados extranjeros de la propia compañía— a dos modelos recién lanzados por Anthropic: Fable 5 y Mythos 5. 

Como la empresa no podía filtrar a sus usuarios por nacionalidad, optó por desactivarlos para todos sus clientes. La novedad no fue el desencuentro entre la Casa Blanca y un laboratorio de IA, sino el instrumento: por primera vez, Washington trató un servicio de IA —no un chip ni a una pieza de hardware— como tecnología sujeta a control de exportación, asimilando de hecho los modelos de frontera como si fuera algo semejante a una “munición” dentro de un teatro de conflicto geoestratégico. 

Para el comercio digital, el mensaje es elocuente: mientras se mantiene fuera de todo compromiso multilateral sobre IA, Estados Unidos se reserva la palanca para abrir o cerrar el grifo de los servicios de IA de forma discrecional y soportado por el argumento de la seguridad nacional.

¿Y México?

México no aparece en ninguno de los doce acuerdos con capítulo de IA: no ha suscrito todavía un compromiso comercial dedicado a la Inteligencia Artificial. 

Sí participa, en cambio, en las reglas técnicas vecinas: tiene compromisos de código fuente a través del CPTPP del T-MEC y del TLC Alianza del Pacífico-Singapur. 

Dicho de otro modo, México ya aceptó no exigir el código de los programas que importa, pero no se ha sentado a escribir las reglas de la IA que está consumiendo.

Es un reflejo casi perfecto de lo que mostraban los gráficos: un país que participa con entusiasmo del lado del consumo y de las reglas que facilitan importar tecnología, pero que aún no toma asiento en la mesa donde se diseña la gobernanza de la tecnología que define esta década.

Si uno se aleja del gráfico, la historia es la de un país profundamente integrado al consumo digital global pero que apenas empieza a disputar el lado de la oferta. 

La pregunta de política pública que dejan estas líneas es directa: ¿logrará México convertir esa incipiente aceleración exportadora en una tendencia —produciendo y vendiendo servicios digitales y de IA mediante los Centros de Datos que logre atraer a territorio nacional— o seguirá siendo, sobre todo, un gran consumidor de IA proveniente del exterior, en cuyo caso es deseable que impulse la productividad de la economía dado su efecto transversal en todos los sectores de la economía formal. 

Sólo los próximos años y nuestra disposición al cambio tecnológico de la IA darán parte de la respuesta.

Fuentes

(1) Banco de México, Balanza de pagos (MBP6), Cuenta corriente, Servicios de telecomunicaciones, informática e información (series SE46318, crédito; y SE46331, débito); cifras trimestrales en millones de dólares, ene-mar 2002 a ene-mar 2026; gráficos de elaboración propia. 

(2) Hinrich Foundation y Digital Policy Alert, “Why Digital Is Different: Making Digital Trade Policy for the 21st Century” (marzo de 2026), y su conjunto de datos asociado (hojas A.1 Inteligencia Artificial y A.2 Código Fuente). Los compromisos descritos corresponden al texto de los tratados; varios de los acuerdos más recientes están firmados pero aún no han entrado en vigor.