Lula endurece regulación en Brasil para combatir violencia digital contra las mujeres
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un paquete de medidas para combatir la violencia digital contra las mujeres y establecer mayor responsabilidad sobre las plataformas.
Brasil dio un nuevo paso en la regulación de plataformas digitales y la protección de derechos en línea. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un paquete de medidas para reforzar la seguridad digital y combatir la violencia contra las mujeres en el espacio digital.
Anunciadas durante la conmemoración de los primeros 100 días del Pacto Nacional Brasil contra el Feminicidio, las iniciativas buscan acelerar la eliminación de contenido violento o íntimo no consentido, ampliar las facultades regulatorias del Estado y fortalecer los mecanismos de protección para víctimas de violencia física y digital.
En medio de una creciente presión global sobre las Big Tech para asumir mayor responsabilidad frente a contenidos dañinos y agresiones digitales, el gobierno de Brasil está impulsando el debate latinoamericano sobre gobernanza digital, moderación de contenidos y responsabilidad de las plataformas tecnológicas.
Medidas para reducir la revictimización
Uno de los ejes centrales del paquete firmado por Lula es la creación de mecanismos más rápidos para retirar contenidos vinculados con violencia digital de género, especialmente la difusión no autorizada de imágenes íntimas, amenazas, acoso, extorsión y campañas de odio en redes sociales.
Las nuevas reglas obligarán a las plataformas digitales a contar con canales ágiles de denuncia y protocolos de respuesta acelerada.
En casos relacionados con la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento, las empresas deberán remover el material en un plazo de hasta dos horas después de recibir la notificación oficial y preservar las pruebas e información necesarias para la investigación y el enjuiciamiento de los responsables.
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Esta medida responde al aumento de delitos digitales dirigidos contra mujeres y adolescentes en Brasil, ya que organizaciones civiles y autoridades han alertado sobre el impacto psicológico, social y económico de la violencia en línea.
De acuerdo con el gobierno brasileño, las medidas buscan reducir la revictimización de las mujeres y evitar que contenidos violentos permanezcan durante horas o días circulando masivamente en Internet.
Más presión sobre Big Tech y redes sociales
El paquete firmado por Lula también fortalece el papel de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), la cual asumirá nuevas facultades de fiscalización sobre plataformas digitales y redes sociales.
La ANPD podrá supervisar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la protección de datos, moderación de contenido y mecanismos de respuesta frente a delitos digitales.
Esta decisión se alinea con los recientes fallos del Supremo Tribunal Federal (STF) en la materia. En junio de 2025, el STF resolvió que las plataformas deben asumir mayores responsabilidades respecto a publicaciones ilícitas y desinformación.
Brasil ha intensificado, en los últimos años, el escrutinio sobre empresas tecnológicas, especialmente en temas relacionados con la desinformación electoral, los discursos de odio, la protección infantil y la privacidad digital.
Violencia digital, un problema creciente
La violencia digital contra las mujeres se ha convertido en una de las principales preocupaciones de derechos humanos y seguridad digital en la región.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas y observatorios de violencia de género contra las mujeres han advertido que las agresiones en línea afectan desproporcionadamente a mujeres periodistas, activistas, políticas y creadoras de contenido.
De acuerdo con Naciones Unidas, al menos cada cuatro de cada 10 mujeres han vivido violencia digital. Y en América Latina, 9 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología.
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En Brasil, el problema ha ganado mayor visibilidad tras múltiples casos de filtración de contenido íntimo, ciberacoso y campañas coordinadas de ataques digitales en redes sociales.
Por ello, el gobierno de Lula busca que las nuevas medidas funcionen como complemento a otras políticas de protección física y judicial. Entre ellas, destaca la creación de un Registro Nacional de Agresores, la ampliación de medidas cautelares inmediatas y la agilización de órdenes de protección para víctimas.
Según cifras oficiales, la Operación Mujer Segura ya funciona en los 27 estados brasileños y más de 2,600 municipios. El programa ha derivado en más de 6,300 detenciones y el seguimiento de más de 30,000 medidas de protección para mujeres en situación de riesgo.