OEA propone marco regional para frenar la violencia digital contra las mujeres
La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, un instrumento que busca orientar a los Estados de la región en la actualización de sus marcos legales frente a una de las expresiones más extendidas y complejas de la violencia de género en la era digital.
Esta ley fue desarrollada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), y se inspiró en la llamada Ley Olimpia de México y en el movimiento feminista a su alrededor que ha luchado contra la violencia en línea.
Su objetivo es reconocer que la violencia contra las mujeres no se limita al ámbito físico, sino que se ha expandido, amplificado y sofisticado mediante el uso de las tecnologías, plataformas digitales y sistemas algorítmicos.
En este sentido, la ley reconoce que los entornos digitales son espacios esenciales para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información, por lo que garantizar su seguridad es una condición básica del Estado de Derecho.
Violencia digital como fenómeno estructural
El documento define la violencia digital contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en género que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o político y que sea cometida, instigada o agravada mediante tecnologías digitales.
A partir de esta definición, la violencia digital se entiende como parte de un continuum de violencia, que transita entre lo digital y lo físico. También se puntualiza que afecta de manera desproporcionada a mujeres periodistas, políticas, defensoras de derechos humanos, activistas, mujeres indígenas, afrodescendientes y jóvenes.
Te recomendamos: La violencia digital es real: iniciativas en América Latina que luchan por Internet seguro para las mujeres
Entre las manifestaciones identificadas de la violencia digital se encuentran la difusión no consentida de imágenes íntimas —incluidas aquellas generadas o manipuladas con Inteligencia Artificial—, el acoso sexual en línea, la vigilancia digital, la suplantación de identidad, las campañas de desinformación de género y los ataques coordinados para silenciar voces femeninas en el espacio público.
Derechos digitales y enfoque interseccional
Uno de los aportes clave de la Ley Modelo es el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia digital, lo cual requiere de la protección de la privacidad, los datos personales, la identidad digital, la autonomía sobre la imagen propia y la participación plena en espacios digitales sin temor a represalias.
El texto incorpora un enfoque interseccional, ya que parte de la premisa de que los impactos de la violencia digital se agravan cuando se entrecruzan diversos factores como la etnia, la edad, la discapacidad, la migración o la orientación sexual.
Además, subraya la situación de especial vulnerabilidad de niñas y adolescentes, quienes enfrentan riesgos asociados a la explotación sexual, la trata y el acoso en línea desde etapas tempranas de socialización digital.
Obligaciones para los Estados
La Ley Modelo establece un conjunto amplio de obligaciones para los Estados, que van más allá de la sanción punitiva contra los agresores.
Así, señala que los gobiernos no deben limitarse a castigar con cárcel a los victimarios. También tienen que impulsar medidas de prevención, educación, atención integral, protección urgente, reparación transformadora y garantías de no repetición.
Por ejemplo, se establece la capacitación obligatoria de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; la creación de mecanismos ágiles de denuncia; la atención psicológica y legal gratuita para víctimas; la producción de estadísticas oficiales sobre violencia digital; así como la cooperación internacional.
Asimismo, la ley propone la creación de mecanismos interinstitucionales y multiactor de gobernanza digital, con participación del Estado, la sociedad civil, la academia y el sector tecnológico, para supervisar la implementación de las políticas y mecanismos de rendición de cuentas.
Plataformas digitales, corresponsables de la violencia digital
Otro eje relevante de la Ley Modelo es que es un modelo de corregulación respecto a los intermediarios de Internet, en el que el Estado fija obligaciones mínimas y las plataformas deben implementar políticas internas de prevención, moderación de contenidos, evaluación de riesgos y mecanismos de denuncia y apelación.
Te recomendamos: 8M | Internet seguro, condición necesaria para la autonomía digital de niñas y mujeres: Angie Contreras
El texto pone la lupa en problemáticas como los sesgos algorítmicos, la monetización de contenidos misóginos y la responsabilidad de las plataformas en la amplificación de la violencia digital, las cuales deben ser abordadas sin perder de vista la necesidad de proteger la libertad de expresión y evitar medidas de censura arbitraria.
Se propone implementar un sistema escalonado de medidas en las plataformas digitales, que van desde la eliminación de contenido hasta la suspensión de cuentas, respetando las garantías de debido proceso y control judicial.
Ley Olimpia, inspiración regional
La Ley Modelo se inspiró en la Ley Olimpia mexicana y en el movimiento feminista que ha impulsado el reconocimiento de la violencia digital desde mucho antes de su incorporación en marcos legales.
La Secretaría de las Mujeres de México destacó que la propuesta del país para aterrizar esta Ley Modelo incluye cuatro rutas: homologar tipos penales ante riesgos como los deepfakes; transitar de la autorregulación a la corresponsabilidad tecnológica; profesionalizar a policías y fiscalías, y consolidar sistemas de datos interoperables.
“Este hito (…) va más allá de un logro diplomático; es el reconocimiento al liderazgo del movimiento feminista mexicano que logró elevar la seguridad digital a rango de política de Estado”, afirmó la Secretaría.
Si bien no es de aplicación obligatoria, el instrumento se perfila como un estándar regional de referencia para armonizar legislaciones, cerrar vacíos normativos y enfrentar un fenómeno que desafía las fronteras nacionales y los modelos tradicionales de regulación.