65 países firman primer tratado global contra la ciberdelincuencia
Los países suscribieron un criticado acuerdo internacional contra la delincuencia. Aunque se califica como histórico, organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales advierten que puede convertirse en un arma de doble filo.
Entre esperanza y críticas, 65 países, incluido Brasil, firmaron el primer tratado internacional de la ONU destinado a combatir la ciberdelincuencia.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia busca establecer un marco global para prevenir, investigar y sancionar delitos cometidos mediante el uso de tecnologías digitales.
En una ceremonia celebrada en Hanoi, Vietnam, los países sellaron su unión al acuerdo que plantea un marco de cooperación internacional para combatir la ciberdelincuencia.
Particularmente, el documento propone armonizar las leyes nacionales, crear redes de contacto permanentes entre autoridades judiciales y policiales, y facilitar la preservación y el intercambio de pruebas electrónicas en casos transfronterizos.
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Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata de un avance significativo frente al auge de las amenazas cibernéticas que afectan a gobiernos, empresas y ciudadanos en todo el mundo.
Sin embargo, el entusiasmo por este acuerdo histórico se da en medio de una ola de críticas sobre sus posibles implicaciones en los derechos humanos y las libertades digitales.
Organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales, incluyendo a Human Rights Watch, Access Now, Amnistía Internacional, Fundación Karisma y Wikimedia Foundation, entre otras, advierten que el tratado puede convertirse en un arma de doble filo.
En especial, las definiciones amplias de ciberdelito y las facultades de vigilancia que otorga a los Estados despertaron preocupación por el potencial uso abusivo de las herramientas legales contra periodistas, activistas o investigadores de ciberseguridad.
Marco global con retos locales
Entre los objetivos principales del tratado se encuentran la tipificación del acceso ilegal a sistemas informáticos, la interceptación no autorizada de comunicaciones, el fraude digital, la manipulación de datos y la distribución de contenido sexual infantil.
Además, busca facilitar la cooperación internacional a través del intercambio de información en tiempo real, la incautación de evidencia electrónica y la creación de una red global de contacto operativo.
El texto hace referencia explícita a la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales al aplicar sus disposiciones, en particular la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.
Por un lado, el convenio ofrece un marco de colaboración global para enfrentar delitos cibernéticos que superan las fronteras, como el fraude financiero, el ransomware o el tráfico de datos personales. Por otro, exige una rápida adaptación institucional, con capacidades técnicas, jurídicas y operativas que en muchos países aún son limitadas.
Críticas y controversias
A pesar de su propósito legítimo, el tratado ha sido blanco de severas críticas. Varios observadores temen que las disposiciones del texto permitan ampliar el control estatal sobre la información y criminalizar actividades legítimas en línea.
La vaguedad en algunas definiciones, advierten, podría abrir la puerta a que gobiernos con antecedentes de censura o represión digital utilicen el marco del tratado para justificar la vigilancia o el castigo de disidencias.
El contexto de la firma también ha generado controversia. Vietnam, anfitrión del evento, ha sido señalado por organizaciones internacionales por la detención de decenas de personas debido a publicaciones en redes sociales consideradas críticas al Estado.
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Para muchos analistas, este hecho refleja la tensión entre el ideal de cooperación global y las prácticas restrictivas que persisten en varios países firmantes.
Antes de la firma, Tech Accord, una coalición que incluye a empresas como Meta y Microsoft, advirtió que el tratado podría facilitar el intercambio de datos entre gobiernos con bajos estándares de transparencia o con sistemas judiciales débiles.
También se ha alertado que podría complicar la labor de los investigadores de seguridad y los llamados “hackers éticos”, al criminalizar la exploración de vulnerabilidades sin fines delictivos.