Paraguay emite ley de conservación de datos para combatir la pornografía infantil
Una nueva ley ordena a los operadores conservar información de tráfico de usuarios para apoyar las investigaciones sobre delitos relacionados con la pornografía infantil.
El gobierno de Paraguay promulgó una nueva ley sobre conservación de datos que busca reforzar el combate contra la pornografía infantil en el entorno digital.
La Ley N° 7.549 obliga a los proveedores de servicios de acceso a Internet y telecomunicaciones a conservar los datos de tráfico generados o tratados y datos relacionados que pueden servir a las autoridades investigar a los responsables del delito de pornografía infantil.
Por lo tanto, las empresas deberán mantener registros técnicos de conexión y uso de redes —como direcciones IP, fechas y horas de acceso— durante un periodo determinado, de modo que puedan ser utilizados como prueba en investigaciones judiciales o fiscales.
De acuerdo con el documento, esta obligación busca proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital, en un contexto en el que han crecido los registros de pornografía infantil a nivel global.
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En Paraguay, el Ministerio Público de Paraguay reportó 22,540 atenciones o denuncias en 2024 por hechos punibles contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo la pornografía, el abuso sexual por medios tecnológicos, maltrato, estupro y otras categorías.
Con la nueva ley, también se espera fortalecer la cooperación entre el sector de telecomunicaciones y las autoridades en la persecución de delitos informáticos.
La Ley N° 7.549 también armoniza la legislación nacional con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay, especialmente en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, instrumentos que promueven la colaboración internacional para combatir la explotación sexual infantil en línea.
La ley determina que el Ministerio Público podrá acceder a los datos recopilados y resguardados por los operadores únicamente con una orden judicial en el contexto de una investigación penal.
Si bien esta medida podría mejorar la trazabilidad de los delitos cometidos mediante redes digitales, también se necesitan establecer mecanismos de resguardo para proteger la privacidad de los usuarios y evitar el uso indebido de los datos almacenados.