Con 100 votos a favor, el Pleno del Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, mediante la cual busca combatir las amenazas cibernéticas y mejorar la protección de los datos personales.
La ley actualiza la legislación nacional para abordar los desafíos de los delitos que se cometen en el ciberespacio, como el robo de datos financieros; el fraude y la extorsión por medios digitales; el acoso sexual y la violencia digital; la venta de información personal o corporativa; los delitos y faltas relacionados con la propiedad intelectual.
El nuevo marco normativo define el ciberdelito como “la acción u omisión típica, antijurídica, ilícita, dolosa o culposa, imputable, continua o aislada de carácter penal, cometida contra personas individuales o jurídicas, que utilicen las Tecnologías de la Información para perjudicar a una víctima”.
Para castigar este tipo de delitos, la regulación recién aprobada establece sanciones de entre seis a 10 años de prisión y multas económicas equivalentes a 100 mil salarios mínimos.
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Además, la ley crea un Centro de Seguridad Institucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos, cuyo objetivo será crear alertas para detectar y atender los casos de emergencia en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, y fomentar la prevención ante ataques cibernéticos.
La nueva normativa tipifica el ciberdelito y estipula reglas procesales para incorporar los medios digitales que permitan obtener evidencias, pruebas electrónicas en el proceso penal y la creación de órganos competentes que aprovechen las tecnologías en la investigación.
“Con esta nueva ley se perseguirá de manera integral la ciberdelincuencia, la cual es considerada como actividades delictivas de alcance nacional o transnacional, realizadas por medio de sistemas informáticos que tienen como objeto lesionar bienes jurídicos, personales, patrimoniales o informáticos de la víctima”, destacó el Congreso.
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Guatemala se convierte así en el tercer país de la región en contar con una ley contra la ciberdelincuencia, después de El Salvador y Costa Rica, resaltó el Congreso. En años anteriores, el gobierno había implementado una estrategia nacional de ciberseguridad, pero carecía de un marco legal en la materia.
Sólo en el mes de junio, el Departamento de Investigaciones de Ciberdelitos e Información Forense, de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, detectó 203 casos de ciberdelitos en el país y en el primer semestre del año contabilizó 639.
El número de ciberdelitos registrados ha ido en aumento en el último año, e incluso la problemática se agravó durante la pandemia de la Covid-19, pues aceleró la digitalización de las organizaciones y el gobierno.