A nivel nacional e internacional, el plebiscito constitucional en Chile dejó un sabor agridulce. En una elección democrática, 62 por ciento de la ciudadanía rechazó la propuesta para crear una nueva Carta Magna, que dejaría atrás el sistema jurídico heredado por la dictadura de Augusto Pinochet.
Casi 13 millones de personas se volcaron a las urnas el domingo 4 de septiembre. La participación fue histórica, en parte debido a que se implementó el voto obligatorio. En las 16 regiones que conforman el país, ganó el ‘rechazo’, y sólo en el extranjero la mayoría aprobó el texto elaborado por la Convención Constitucional.
Fuente: Servicio Electoral de Chile
El borrador planteaba reconocer que Chile es un Estado “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”; garantizar la libre determinación de los pueblos y su coexistencia en un plano de igualdad; velar por la paridad de género en las instituciones y garantizar el derecho de las mujeres al aborto y una vida libre de violencia; así como proteger la biodiversidad y combatir la crisis climática, entre un amplio abánico de derechos sociales.
Por ello, el espíritu de la propuesta constitucional era calificado como plurinacional, ecológico y feminista. Además de esos tres elementos, otro de sus rasgos destacados era el de ser una iniciativa vanguardista en materia de derechos digitales, pues incluía más de una decena de artículos que buscaban garantizar, entre otras cosas, la conectividad universal, la protección de datos personales, la seguridad digital y la educación digital.
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La propuesta constitucional tenía elementos innovadores y de avanzada que incluso fueron destacados por especialistas a nivel internacional. Previo al plebiscito, un grupo de especialistas, científicos sociales, constitucionalistas y académicos publicaron una carta de apoyo al texto.
“Nosotros, economistas y cientistas sociales de alrededor del mundo, respaldamos el visionario documento que la Convención Constitucional ha producido para asegurar crecimiento sustentable y prosperidad compartida para Chile”, señala el documento.
Sin embargo, también hubo importantes críticas al texto, a los procesos, a los representantes constituyentes, desinformación y otros factores que influyeron en que la sociedad chilena diera un abrumador rechazo a la iniciativa.
Qué influyó en el rechazo
Uno de los elementos de mayor discrepancia fue el reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional, pues para muchos eso daba demasiada preeminencia a los pueblos indígenas, incluso una situación de “privilegio” y representaba el riesgo de dividir al país. Mientras que quienes apoyaban el carácter plurinacional argumentaban que era una necesidad, dada la exclusión histórica que han vivido los pueblos originarios.
También se criticó la intención de eliminar el Senado y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones, “un órgano deliberativo, paritario y plurinacional”. Algunos legisladores señalaron que esa propuesta buscaba favorecer al gobierno de Gabriel Boric, ya que en la actualidad carece de mayoría en el Senado.
Y otros elementos que generaron preocupación y rechazó fueron que se contemplaba la reelección presidencial inmediata (la reelección diferida ya existe en el país); el poder de veto de los pueblos indígenas acerca de temas de participación territorial que les afecten, y la despenalización del aborto, por ejemplo.
En cuanto a los procesos, de manera gradual fue mermando el apoyo de la ciudadanía a la Convención Constitucional, un organismo que fue creado especialmente para redactar la propuesta de una nueva Carga Magna. Las encuestas mostraron que, conforme se acercaba el momento de presentar la iniciativa final, crecía la desconfianza hacia esta asamblea.
Al interior de la Convención, también se observó falta de acuerdos, polarización, diálogos estancados, e incluso mentiras por parte de algunos representantes –el constituyente Rodrigo Rojas Vade, por ejemplo, inventó que padecía cáncer–, lo cual afectó la percepción de credibilidad entre la población.
Y otro de los factores que llevaron al rechazo fue el alto grado de desinformación que se registró alrededor de la nueva Constitución. El debate público en las calles y en el entorno digital estuvo contaminado por noticias falsas y engañosas difundidas de manera masiva, especialmente por la derecha chilena.
La organización Derechos Digitales y Datavoz realizó una encuesta que mostraba que un 58 por ciento de las personas había consumido información falsa acerca del trabajo constituyente, la cual provenía principalmente de las redes sociales (48%).
Tres de cada 10 personas inclusive reconocieron haber compartido alguna información falsa sobre la propuesta constitucional. La desinformación se originó desde diferentes frentes. Por ejemplo, la exsenadora Ena Von Baer dijo que la Convención Constitucional quería cambiar el himno, la bandera y el nombre de Chile.
En las redes sociales, también circulaba la supuesta idea de que se permitiría el aborto hasta los nueve meses de embarazo; que el texto no protegía la propiedad privada; o que en el plebiscito también participarían personas migrantes provenientes de Venezuela u otros países a pesar de tener muy poco tiempo en el país.
Si bien diferentes organizaciones y medios de comunicación llevaron a cabo una ardua labor para verificar la información y desmentir las noticias falsas, no fue suficiente para detener el acelerado ritmo de la viralidad en el entorno digital. Chile se enfrentó al desafío de crear y votar un nuevo texto constitucional en la era de las fake news.
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Qué sigue ahora
“Chile ha demostrado ser exigente y confiar en la democracia. Tenemos todos y todas que estar a la altura de este mandato. Por esto, llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la decisión que haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro, porque es un futuro esplendor el que nos espera”, dijo el presidente Gabriel Boric tras conocer los resultados del plebiscito.
Con el triunfo del rechazo, la Constitución actual de Chile seguirá vigente aunque no es el fin del debate. El mandatario anunció que impulsará un nuevo proceso constitucional, lo cual implicaría obtener la aprobación del Congreso para instaurar una segunda Convención Constituyente que redacte una nueva propuesta.
Además, Gabriel Boric anunció que hará cambios en su Gabinete, mediante lo cual buscará hacer frente a los desafíos de crear un nuevo camino constitucional y atender todas las demandas de la población.
También existe la posibilidad de reformar el sistema constitucional actual. La coalición de derecha, Chile Vamos, se comprometió a modificar la Carta Magna vigente. En adelante, las negociaciones y los consensos políticos serán complejos, pues, mientras el gobierno lo tiene la izquierda, la derecha detenta la mayoría en el Congreso.
Cualquiera que sea el camino a seguir, las y los especialistas esperan que los postulados sobre derechos digitales sobrevivan y se incluyan en un nuevo proyecto constitucional, e incluso sean un referente para América Latina, debido a que, en medio de la polarización, fueron de las propuestas que ganaron más consenso.