Washington propone impuesto sobre criptominería por alto consumo energético

El gobierno de Estados Unidos presentó una nueva propuesta para el presupuesto de 2024 que buscaría imponer una tasa impositiva de hasta el 30 por ciento sobre el costo de la electricidad utilizada para actividades de minería de criptoactivos, que también serviría para atender los costos económicos y ambientales de esta práctica.

El impuesto sobre el consumo de energía de minería de activos digitales (DAME), propuesto por el presidente Joe Biden, pretende compensar las externalidades negativas provenientes de la minería de criptomonedas, tales como contaminación ambiental local, precios más altos de la energía y los impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima.

Según la Casa Blanca, se busca que el impuesto DAME haga “que los criptomineros paguen su parte justa de los costos impuestos a las comunidades locales y al medio ambiente“ y “animar a las empresas a empezar a tener más en cuenta los daños que imponen a la sociedad”. Se estima que este impuesto aportará cerca de 3.5 mil millones de dólares a las arcas públicas durante 10 años.

La criptominería es un proceso para validar transacciones entre titulares de criptoactivos, que permite el registro y transferencia de activos asegurados criptográficamente en un libro mayor distribuido (Blockchain). Al tratarse de complejos algoritmos matemáticos, este proceso implica un importante consumo energético de las computadoras involucradas, el cual ha ido incrementándose en línea con la adopción de estos criptoactivos y la aparición de nuevas plataformas (Bitcoin, Dogecon, Ethereum, etc.)

Se estima que tan sólo Bitcoin consume 131 teravatios-hora (TWh) al año, según el Índice de consumo energético de la Universidad de Cambridge, lo que incluso supera el consumo anual de países como Noruega.

De acuerdo con información del gobierno estadounidense, la cantidad de electricidad utilizada en la criptominería en Estados Unidos en 2022 fue similar a la que se usa para alimentar todas las computadoras domésticas o la iluminación residencial del país.

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En ese sentido, la Casa Blanca advierte que este alto consumo de electricidad tiene importantes consecuencias negativas sobre el medio ambiente y sobre la economía en general. En los Estados Unidos, se estima que la actividad de las criptomonedas emite entre 25 y 50 millones de toneladas de CO2 cada año, a la par de las emisiones anuales del combustible diésel utilizado por los ferrocarriles estadounidenses, advierte el Rocky Mountain Institute.

Aun cuando utilizan fuentes de energía limpia (como hidroeléctricas), la demanda para criptominería puede elevarse tanto, que eventualmente reduce la disponibilidad de este recurso para el resto de la comunidad, obligando a usar otras fuentes de energía basadas en combustibles fósiles.

Adicionalmente, existen también impactos económicos, como hacer subir los precios de la electricidad para los consumidores, derivado del consumo volátil de la criptominería; a la vez que existen riesgos para las redes eléctricas locales, como sobrecargar los equipos, provocar interrupciones del servicio y peligros para la seguridad.

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En ese sentido, el gobierno también advierte que debido a que la criptominería es geográficamente móvil y la estabilidad del modelo comercial sigue sin estar clara, las empresas de servicios públicos locales también enfrentan incertidumbre respecto a la financiación de mayor capacidad, ya que esta puede no ser necesaria si la actividad se muda o desaparece.

Por ello, la propuesta del gobierno implica que el DAME se imponga a nivel nacional, para evitar que las operaciones de criptominería se muden de una comunidad a otra.

En la propuesta impositiva, el gobierno también cuestiona los beneficios sociales de la criptominería, ya que existe poca evidencia de que generen empleo u oportunidades económicas para las comunidades donde operan.

China prohibió por completo cualquier actividad relacionada a las criptomonedas en 2021, al igual que otros ocho países, mientras que tres provincias canadienses también han anunciado o promulgado moratorias de criptominería.