El operador ha estado perdiendo ingresos en los servicios relacionados con la concesión, como voz y banda ancha.
Christian Gebara, presidente de Telefónica Brasil, operadora de Vivo, afirmó en una teleconferencia que la empresa espera encontrar una solución para resolver los conflictos regulatorios relacionados con sus concesiones de servicios de telefonía fija, tanto en el ámbito de la justicia arbitral como en la migración del régimen de concesión a autorización.
La semana pasada, tanto Vivo como Oi solicitaron la suspensión de los procedimientos abiertos contra la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para discutir la sostenibilidad y el equilibrio financiero de estas concesiones. El plazo para una decisión en este sentido comenzó oficialmente a partir del 25 de julio, según lo publicado por el regulador en el Diario Oficial de la Unión.
Gebara afirma que Telefónica ya ha tenido su solicitud atendida y ahora tiene la oportunidad de abordar ambas cuestiones simultáneamente, lo que “nos deja optimistas de que encontraremos una solución en breve”, declaró. “En lugar de discutir cada cuestión por separado, estamos concentrando nuestros esfuerzos en encontrar una solución que una estos dos puntos, permitiendo la migración”.
Aumento en las concesiones y pérdida de ingresos
Recientemente, la Anatel revisó los valores de las inversiones necesarias para que las concesionarias realicen la transición al régimen de autorización. Para Telefónica, el valor aumentó de 7.7 mil millones de reales a 8.71 mil millones, mientras que para Oi el aumento fue del 64 por ciento, pasando de 12.17 mil millones de reales a 19.92 mil millones.
En el reciente informe financiero de Vivo con los resultados del segundo trimestre de 2023, se percibe una disminución de ingresos en los servicios de voz y banda ancha, que representan actualmente sólo el 6 por ciento de los ingresos totales del operador.
Telefónica espera alcanzar una solución consensuada con la Anatel mediante la mediación del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), después de la suspensión del procedimiento arbitral. El TCU creó en enero una Secretaría de Control Externo de Solución Consensuada y Prevención de Conflictos, con el objetivo de resolver disputas entre el sector privado y la administración pública.
