Senado de Chile

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, junto al senador Rojo Edwards, presidente del Grupo Interparlamentario Chile–Estados Unidos y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, se reunieron con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Chile, Richard Yoneoka, para manifestar formalmente su preocupación por el reciente anuncio del presidente Donald Trump, quien oficializó un aumento del 50 % en los aranceles al cobre chileno.

Tras conocerse las denuncias que afectan a integrantes de la Fuerza Aérea (FACh) y anteriormente, del Ejército, los y las integrantes de las comisiones de Defensa Nacional y Constitución han comenzado a analizar el caso con las autoridades competentes. De esta forma, la instancia de Defensa Nacional se dedicó esta semana, exclusivamente a revisar el tema en dos sesiones reservadas, mientras que el próximo martes será el turno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En tanto, a un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad, el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias entre ambas ramas del Congreso.

A su vez, la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades encabezada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, se reunió con la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador, José Pilo Durana, con la finalidad de entregarle un documento con indicaciones al proyecto de ley de Seguridad Municipal que se discute actualmente en el Congreso.

Por su parte, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, presidida por la senadora Paulina Vodanovic, conoció los alcances del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, que ingresó con suma urgencia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde entregó detalles de la propuesta.

En condiciones de ser promulgado como ley, está el proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna (SAI) del Gobierno. Esto luego que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta respectivo. La norma permitirá que dicha instancia ejerza su accionar sobre todos los organismos del Estado incluyendo a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Fortalecer los lazos bilaterales y potenciar las políticas económicas entre ambas partes, fue el objetivo principal de la 29° reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile realizada esta semana en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y en la que participaron los senadores Kenneth Pugh y Jaime Quintana, además de diputados chilenos.

Pisapapeles

Chile está a punto de implementar un cargador universal para dispositivos electrónicos, tras la aprobación del segundo trámite legislativo en el Senado. La normativa, que podría convertirse en ley la próxima semana, obligará a que todos los celulares, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles utilicen un cargador estándar.

El objetivo principal de este proyecto es reducir la «basura electrónica» en el país, donde hay más de 26 millones de líneas telefónicas activas, buscando simplificar el uso de dispositivos electrónicos, permitiendo la interoperabilidad entre diferentes marcas y modelos. Esto beneficiará a los consumidores al reducir los costos asociados con la compra de cargadores.

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Infobae – Efe

Chile avanzó este martes en la discusión de un proyecto de ley pionero en el mundo que busca regular el uso de las neurotecnologías, una iniciativa que han seguido con lupa académicos, organismos internacionales y grandes compañías tecnológicas.

El Senado aprobó por unanimidad la norma, que todavía está pendiente de ver luz en la Cámara de los Diputados, y que busca impedir que se intervengan los cerebros sin consentimiento para protegerlos ante los avances de la neurociencia y la inteligencia artificial.

“Con esto se comienza a materializar la regulación a nivel legal de la protección de las personas respecto a estos avances científicos y tecnológicos”, señaló Andrés Couve, ministro de Ciencias.

El pasado septiembre Chile se convirtió en el primer país del mundo que contempla los neuroderechos en su Constitución gracias a una enmienda a la ley fundamental.

Tanto esta reforma como el proyecto de ley forman parte de una agenda que se comenzó a impulsar en 2019 gracias a las ideas del Grupo Morningside, un colectivo estadounidense de prestigiosos académicos que lleva años advirtiendo a los Gobiernos sobre la necesidad de proteger la integridad mental.

Para muchos expertos, los rápidos avances de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, IBM o Neuralink (del magnate Elon Musk) en materia de inteligencia artificial entrañan oportunidades científicas, pero también posibles riesgos ante la posibilidad de alterar cognitivamente la mente humana.

“Hoy día ya se están industrializando tecnologías como las interfaces cerebro-cerebro que permiten leer el inconsciente, las emociones o aumentar las capacidades intelectuales”, señaló el senador Guido Girardi (izquierda), el principal impulsor de la propuesta.

Estas tecnologías, agregó, pueden ayudar a tratar enfermedades como parkinson o depresión, pero al mismo tiempo son “tan potentes que pueden afectar a la libertad, el pensamiento y libre albedrío de las personas”.

Con estos avances, Chile se encuentra a la cabeza en materia de neuroderechos en todo el mundo, incluso por delante de Estados Unidos, donde el Grupo Morningside también presentó la iniciativa al entorno del presidente Joe Biden.
En paralelo, el Parlamento también analiza un proyecto de ley enfocado a evitar que las grandes plataformas como Google, Facebook o Instagram manipulen el comportamiento de sus usuarios con la información que extraen de ellos.

Semanas atrás, la Cámara de Senadores de Chile aprobó el proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. ¿Cómo fue el recorrido del proyecto y qué implicancias tiene la iniciativa?

El proyecto de ley fue patrocinado por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Fue el último proyecto de su mandato.

“En su diseño, este proyecto es convergente con el proyecto del senador Girardi que presenta reforma constitucional, que incorpora un numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al acceso a Internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales. Reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones va en esa dirección, elevando con ello su estatus y permitiendo el ejercicio de los derechos asociados como son, la obligatoriedad en la prestación en las zonas de servicios de las concesionarias, así como tener una garantía respecto de su prestación continua, de calidad y en las condiciones contratadas siendo aplicable las obligación de un restablecimiento oportuno y la procedencia de descuentos e indemnización a los suscriptores, en caso de no cumplir con esta garantía, siendo necesaria la modificación de la normativa sectorial”, explicó a DPL News, Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital.

Ramírez Pino fue uno de los impulsores del proyecto cuando era subsecretario de Telecomunicaciones. “Junto a la expresidenta Bachelet trabajamos en profundizar en esta propuesta, donde el Estado tuviera mayor injerencia en la promoción del acceso”.

De acuerdo con Rodríguez Pino, el servicio deberá otorgarse, tratándose de concesionario de servicio público de telecomunicaciones, en el plazo de seis meses. Hoy la ley sólo contempla esta obligación para el telefónico fijo y las concesionarias pueden responder al ciudadano en dos años si hay factibilidad técnica o no.

Con la declaración de servicio público se facilita el acceso a los servicios de telecomunicaciones a la ciudadanía, en todo el territorio nacional, tendiendo a disminuir las barreras que aparezcan, buscando soluciones regulatorias que faciliten el desarrollo y despliegue de las redes de servicios de telecomunicaciones, velando porque los concesionarios puedan asegurar un servicio continuo y de calidad, incluso bajo circunstancias de criticidad, explicó el especialista.

Los cambios que aportaron en Comisiones

El proyecto había comenzado a discutirse el año pasado en las comisiones debido a la relevancia que le dio la pandemia de la Covid-19 a la conectividad universal. Ya había conseguido en 2020 media sanción de la Cámara de Senadores en primer trámite constitucional, pero se remitió para segundo informe a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y a la de Hacienda.

“Además en la discusión del proyecto abordamos y plasmamos una arquitectura legislativa de vanguardia y que será de referencia en la región”, comentó Rodríguez Pino.

Principalmente, los cambios que se agregaron en las Comisiones se basaron en que la instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones se regirán por los principios de:

– Neutralidad tecnológica: consistente en la libertad de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones para elegir cualquier tipo de tecnología que sea apta para la prestación del servicio.

– Universalidad: relativo al acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente la conectividad a Internet, para toda la población, independiente de su ubicación geográfica, bajo condiciones no discriminatorias, a precios asequibles y de calidad que permitan una efectiva inclusión digital.

– Continuidad: referido a la regular y permanente prestación del servicio de telecomunicaciones, cuya infracción acarrea las sanciones legales previstas para ello.

– Uso compartido de infraestructura: referente a que el despliegue de las redes de telecomunicaciones se haga de forma eficiente, aprovechando adecuadamente el uso de infraestructura ya habilitada y resiliente, fomentando así su uso compartido, independiente de su propiedad o destinación original.

– Transparencia, igualdad y eficiencia en la asignación de recursos: los procedimientos de asignación de recursos serán de público acceso, en conformidad a la ley, no pudiendo existir discriminaciones arbitrarias en su estructura ni respecto de los interesados en participar de aquellos.

Además, la aplicación y desarrollo de estos principios se establecerá en un instrumento denominado Plan Nacional Digital, el cual deberá contener, a lo menos, el desarrollo de los siguientes aspectos:

a) Política de uso del espectro radioeléctrico, velando por su uso eficiente.

b) Política nacional de inversiones, fomentando, en alianzas público–privadas, la cobertura de los servicios a nivel nacional.

c) Política de conectividad, velando por promover la conectividad digital progresiva, en condiciones de calidad, a todos los habitantes del territorio nacional.

d) Política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones.

e) Política de accesibilidad universal, estableciendo mecanismos de promoción o subsidios, a fin de proveer, progresivamente, a todos los habitantes del territorio, los servicios de telecomunicaciones.

f) Política de calidad de servicios, fijando estándares de calidad para la prestación de los servicios para todo el territorio nacional.

g) Política de promoción e investigación, fomentando en el sector la investigación, innovación y la formación de capital humano especializado.

“Un proyecto simple, pero que en su discusión permitió fijar un propósito común, que es convergente con el derecho al acceso a Internet y mantener, promover y garantizar la Inclusión Digital”, puntualizó Rodríguez Pino.

Iniciativas complementarias

El amplio consenso que tuvo en la Cámara de Senadores la iniciativa (se votó con 40 votos a favor y ninguno en contra) se debió a la necesidad de conectividad que provocó la crisis de la Covid-19. Pero expertos en materia digital coinciden en que el debate sobre el derecho a Internet es más trascendente. Por eso aún sigue latente la idea de que el acceso a Internet se declare como un derecho en la nueva Constitución chilena.

“Una nueva Constitución deberá definir el tipo de Estado que necesita Chile para los próximos años, y ese debe apuntar a un Estado de Bienestar, donde existan derechos sociales garantizados, y uno de ellos es sin duda el acceso a Internet (…) bienestar digital digno”, agregó Rodríguez Pino.

“Estamos, como país, avanzado muy rápidamente para disminuir al máximo la brecha digital que quedó manifiesta en la pandemia. Tanto en acceso, por lo que se han aprobado presupuestos para avanzar con tendidos de fibra óptica y ya se licitó el espectro para 5G, sino además de dispositivos, pero lo más importante, una cultura digital de uso responsable en el ciberespacio”, sostuvo a DPL News, el senador Kenneth Pugh.

Para el legislador, la declaración de servicio público “es una tremenda iniciativa, punto de partida para garantizar nuevos derechos y deberes digitales”. Y para complementarla, el año pasado propuso el “Proyecto de reforma constitucional que incorpora el derecho a relacionarse digitalmente con el Estado”.

Con 40 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Senadores de Chile aprobó el proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Ahora el proyecto se enviará a la Cámara de Diputados para ser tratado.

El proyecto había comenzado a discutirse el año pasado en las comisiones debido a la relevancia que le dio la pandemia de la Covid-19 a la conectividad universal. Ya había conseguido en 2020 media sanción de la Cámara de Senadores en primer trámite constitucional, pero se remitió para segundo informe a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y a la de Hacienda.

En el debate de hoy, el Senador de la región O’Higgins, Juan Pablo Letelier, quien además es uno de los promotores del proyecto de ley, dijo que esta propuesta “reconoce al acceso a Internet como servicio público, administrado por privados, pero cumple una función pública de importancia.

“La brecha digital es lo que determinará los problemas estructurales de nuestra sociedad a futuro. La posibilidad de acceder o no acceder a Internet es de tal importancia que muchas naciones hoy tienen el derecho de conexión como un derecho constitucional”, sostuvo.

Al entender a Internet como un servicio básico, como la energía eléctrica o el agua, éste se encontrará sujeto a la regulación de dicho tipo de concesión y servicio, por lo que los proveedores deberán garantizar una prestación continua y de calidad. Además, reconocerlo así obligará al Estado a promover políticas públicas para asegurar la disponibilidad de Internet en las zonas desconectadas.

Tras el paso por comisiones, el proyecto incluyó la definición de los principios que tienen que guiar este derecho como la instalación y explotación de servicios públicos de telecomunicaciones, que se rigen por los principios de neutralidad tecnológica, universalidad, continuidad, uso compartido de infraestructura, transparencia e igualdad en la asignación de los recursos.

También se establece la obligación de que exista un plan nacional digital, establecer una política de uso del espectro, una política nacional de inversiones para fomentar las alianzas público-privadas, y política de conectividad y ciberseguridad.

Agrega el uso de bienes nacionales de uso público para la instalación de infraestructura de comunicaciones, para usar la infraestructura del país en el despliegue de redes. “Esto es importante, porque para 5G la cantidad de antenas que se van a utilizar son cinco veces más de lo que ha sido 4G”, afirmó Letelier.

Un grupo de 22 senadores solicitó formalmente al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que disponga “una profunda revisión” de las bases de la licitación de espectro para 5G ―por las bandas de 700 MHz, AWS, 3.5 GHz y 26 GHz―, y ahora se establezcan obligaciones de cobertura de servicio móvil y se adopte un modelo de subasta.

Mediante un proyecto de acuerdo, los integrantes del Senado pidieron fijar contraprestaciones de cobertura y calidad de servicio, a fin de aminorar la brecha digital; replantear el modelo de obligaciones en polígonos industriales y carreteras estratégicas y, en su lugar, priorizar la cobertura en zonas de mayor rezago geográfico o socioeconómico.

Los senadores buscan que se establezcan obligaciones de inversión en fibra óptica de última milla, para que hogares e instituciones públicas cuenten con Internet de alta velocidad, y quieren que la adjudicación del espectro se haga bajo un esquema de subasta, con el fin de recaudar recursos que se puedan destinar a la conectividad.

El modelo actual adoptado es un beauty contest, en el que se otorga el recurso radioeléctrico a los candidatos que mejor cumplan con los criterios de la convocatoria.

Además, plantearon que todas las bandas licitadas sean para 5G, pues únicamente las de 3.5 GHz y 26 GHz se definen para uso exclusivo de la nueva tecnología o superiores, mientras en las otras se permite el despliegue de 4G. Y señalaron que las bandas de 700 MHz y AWS se deben asignar “en bloques de 10 MHz para generar más competencia”.

También quieren que la Subsecretaría de Telecomunicaciones lleve a cabo el ordenamiento de la banda de 3.5 GHz para disponer de bloques continuos, incluyendo las frecuencias que deben devolver los operadores para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre los antiguos topes de tenencia de espectro. Y pidieron que dichos límites y las medidas complementarias determinadas por el máximo tribunal se encuentren explícitas en las bases de la licitación.

Para los senadores, el rediseño de la licitación tiene que hacerse entendiendo que Internet es un servicio público, y a la luz de que el Internet de las cosas que detonará 5G “debe ser un proceso universal, inclusivo y en el que no se verifiquen diferencias arbitrarias”.

En agosto, los legisladores tuvieron reuniones con la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, para expresarles su desacuerdo con el diseño del proceso de asignación de frecuencias e hicieron un llamado a corregirlo.

Hutt y Gidi defendieron en cada momento las bases de la licitación y señalaron que el cierre de la brecha digital es una problemática que se debe resolver tomando en cuenta diferentes elementos, como la cobertura, la alfabetización digital y la asequibilidad. Ambas consideraron que existen otras tecnologías más eficientes para llegar a los desconectados, en las cuales ya está trabajando el gobierno.

El proyecto de Roaming Automático Nacional (RAN) ya cuenta con todas las autorizaciones legislativas para ser promulgado en Chile. De manera unánime, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó este lunes la iniciativa, la cual establece que los operadores deben compartir sus redes para ampliar la conectividad en el país.

Cuando algún usuario se encuentre en una zona donde sólo existe cobertura de una compañía, a la que no pertenece, podrá utilizar esa red para conectarse con voz, datos y mensajes. Así se podrá reducir la brecha digital que afecta especialmente a unas 3 mil 200 localidades rurales o aisladas del país, dijo la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

La Cámara de Diputados y antes también el Senado ya dieron su visto bueno al documento sobre el RAN, que fue firmado como proyecto de ley en agosto del año pasado por el Presidente Sebastián Piñera.

Pamela Gidi, titular de la Subtel, afirmó que “la aprobación de esta iniciativa es un hito para el sector de las telecomunicaciones del país, comparable en su impacto como política pública a lo que significó para los usuarios la implementación de la portabilidad numérica. Este proyecto se convertirá en un movilizador social digital, puesto que ya no existirán amarras geográficas para acceder a la conectividad”.

En tanto, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, resaltó la importancia de que la iniciativa obtenga luz verde para terminar con el aislamiento que viven las personas al no poder conectarse a Internet debido a una cobertura deficiente.

Para que los operadores móviles apliquen las disposiciones del proyecto de Roaming Automático Nacional, el Ministerio regulará las normas y plazos para definir las condiciones técnicas, económicas, operativas y comerciales bajo las cuales las empresas deberán pactar contratos y ofertas de facilidades para compartir sus redes.