Uno de los efectos de la pandemia mundial son las medidas tan estrictas como mantener distancia social, cuarentenas obligatorias y limitación de reuniones tanto en actos públicos como privados.
Se suma a esto la suspensión de clases para estudiantes y la implementación del teletrabajo para aquellas labores que son posibles de realizar con medios tecnológicos.
Esta situación ha demostrado cómo la necesidad de mantener las comunicaciones, de informarse constantemente y de seguir realizando labores productivas y educativas tiene como pilar la conectividad digital, especialmente el acceso a Internet.
Chile se ha destacado por tener en la región una tasa de conectividad elevada, donde más de 95 por ciento de la población tiene la posibilidad de contar con algún servicio de conectividad. Sin embargo, por diversas razones (como precio, interés de uso, etcétera) son menos los conectados, y si hablamos de conectividad fija al hogar (ADSL, cable, fibra óptica), ésta baja casi a 50 por ciento.
Por el contrario, el aumento del tráfico de Internet en Chile, que naturalmente aumenta año con año, por efecto de la pandemia de Covid-19 y el confinamiento en hogares ha aumentado entre 30 a 40 por ciento, aunque proyecciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) visualizan un alza de 60 por ciento para 2020.
El principal motivo de este aumento de tráfico es porque se utilizan en mayor medida aplicaciones y servicios de audio y video (Netflix, YouTube, juegos en línea, videoconferencias como Zoom, etcétera). Esto ha generado como efecto que en determinados horarios, zonas y circunstancias la calidad del servicio de Internet haya generado problemas para muchos usuarios.
De hecho, ha aumentado considerablemente la tasa de reclamos por personas a través de redes sociales contra empresas de telecomunicaciones, lo que ha obligado a la Subtel a iniciar procedimientos de cargos contra algunas de ellas.
Sin embargo, lamentablemente la autoridad regulatoria no está cumpliendo su labor en relación con tener un reglamento de calidad de servicio que permitiría directamente a las personas saber si la calidad de su servicio es insuficiente y solicitar indemnizaciones por ello.
Sólo debemos recordar que este reglamento es una obligación que surge de la Ley de velocidad mínima a Internet aprobada hace más de dos años, por lo que no tenerlo vigente en un momento como éste, va en directo perjuicio de los usuarios. Incluso la última información al respecto es que se ingresó un borrador ante la Contraloría y que la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) lo estaría impugnando por su inadecuada formulación.
Sin embargo, la discusión sobre la importancia de Internet debería centrarse en lo que el estallido social nos mostró y que el coronavirus reforzó: que la desigualdad en todo ámbito, en especial el acceso a las tecnologías como Internet, debe ser considerada y debemos tener un Estado que se preocupe por el bienestar de todos los chilenos.
Es por eso que el inicio de la discusión en el Senado del proyecto de ley que establece a Internet como un servicio público es fundamental para tener una mirada de país integradora y de futuro, donde no debiésemos tener, como hasta ahora, personas desconectadas o con capacidades muy limitadas para acceder a Internet.
Estudiantes sin capacidad de acceder a contenido educativo en línea, trámites que sólo es posible realizar por Internet (como sacar salvoconductos en comisaría virtual), que por costos muchos no pueden acceder, adultos mayores y personas sin competencias para utilizar plataformas, siguen un patrón común.
El mercado de las telecomunicaciones y su expansión no sólo debe quedar en manos del libre mercado y los privados, deben existir políticas públicas integradoras, buscando eliminar las desigualdades y en las que leyes como el proyecto de Internet como servicio básico deben ser promovidas, incluso a nivel constitucional.
Lo que trata de establecer este proyecto, iniciado por mensaje de la Presidenta Bachelet en el Boletín 11632-15 (cuya propuesta se basa en una moción presentada por los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón, que busca incorporar un numeral en el artículo 19 de la Carta Fundamental para consagrar el derecho al acceso a Internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales, cuyo proyecto disponible en el Boletín N° 11037-07 no ha avanzado), y que sólo ahora, a más de 2 años de presentado se analiza, es cómo se establece un principio para tener a Internet como un servicio público o básico, obligando finalmente al Estado a promover políticas, regulaciones y en la práctica destinando financiamiento para que un Internet de calidad y alta velocidad esté disponible para cualquier ciudadano, sin importar el lugar geográfico en el cual se encuentre.
Es por ello que llama la atención cómo las actuales autoridades del gobierno, encabezadas por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, en sesión virtual de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, haya manifestado sus reparos al proyecto y dijo estar en contra de la forma como se plantea. Incluso fue respaldada por la actual Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien incluso erróneamente señaló que la palabra “Internet” no está ni siquiera considerada en la Ley de Telecomunicaciones (lo que es completamente falso).
Viendo la sesión en cuestión, cualquiera se da cuenta del error de la ministra al confundir el acceso a Internet como servicio público (es decir, como servicio básico, como el agua, la luz, el transporte público), creyendo que lo que se buscaba es que el Estado tuviera una empresa estatal de telecomunicaciones (o un organismo público). Este tipo de errores conceptuales no son aceptables en quienes conducen las políticas públicas y debemos reflexionar sobre la importancia que se tiene en el gobierno del derecho de acceder a Internet.
Lo curioso de esta situación es que incluso parlamentarios del gobierno, como el senador Chahuán, se han manifestado abiertamente a favor de este proyecto. Y otros como el senador Letelier han publicado columnas llamando a una discusión sobre el punto, a pesar de que el gobierno ha insistido que medidas como su Plan Solidario de Conectividad (el cual es absolutamente limitado en cuanto a beneficiarios como a calidad de Internet ofrecida) va en la dirección a reducir esta brecha, lo que claramente es insuficiente.
Es relevante que este tipo de iniciativas legales se vean acompañadas por acciones concretas que vayan en esa dirección. No tan sólo con aquellas que pueden beneficiar a la industria, incluso a tecnologías que aún no están presentes en Chile como 5G (como la noticia de que la Subtel realizó cambios para acelerar la construcción de antenas), mientras que otras medidas prioritarias para los usuarios como el mismo reglamento de calidad de servicio a Internet, la postergación del fin del roaming con Argentina, no avanzar hacia que ciertos trayectos de fibra óptica sean considerados infraestructura crítica o la puesta en marcha real de la fibra óptica austral, entre otras iniciativas, no sean adecuadamente impulsadas por la autoridad.
Llamamos desde acá a una discusión y acción. La transformación digital, el teletrabajo, el e-learning o educación a distancia, la telemedicina, un gobierno digital y trámites de todo orden en línea ya están presentes. Existen chilenos que no están siendo considerados, muchas veces por el mercado, pero tampoco por el gobierno. Estamos en el momento preciso de fijar prioridades, porque si pasa más tiempo se sumará otro elemento de desigualdad aún más absoluta y que serán los conectados y los desconectados. Los informados y los desinformados, los incluidos y los excluidos de la red.
