Chile llega a esta década con avances indiscutibles en conectividad y digitalización. Hoy, 93% de los hogares tiene acceso a Internet, un nivel comparable al de economías desarrolladas como Alemania. Nuestro país lidera la velocidad de Internet fijo a nivel mundial, superando a Singapur y Hong Kong, y fue pionero regional en redes móviles. La economía digital representa entre 12% y 15% del PIB chileno, y los servicios digitales exportables superan a industrias tradicionales como el vino. 

Sin embargo, el país enfrenta hoy un punto de inflexión digital, el riesgo de que el liderazgo alcanzado se vea erosionado por un marco regulatorio y económico que ya no dialoga con los desafíos tecnológicos del siglo XXI. El país enfrenta hoy una encrucijada estratégica, el riesgo de confundir liderazgo pasado con sostenibilidad futura.

El problema ya no es tecnológico, sino financiero, regulatorio y estructural. Mientras el tráfico de datos móviles crece a tasas superiores a 25% anual, los ingresos promedio por usuario (ARPU) del sector telecomunicaciones han caído de forma sostenida durante la última década. 

Al mismo tiempo, las exigencias de inversión se multiplican, más y mejores redes avanzadas, fibra óptica al hogar, Data Centers, ciberseguridad, resiliencia energética y continuidad operativa frente a emergencias y cambio climático.

El modelo que permitió masificar el acceso, basado en la atomización del mercado, la maximización del número de actores y la acumulación progresiva de cargas regulatorias, muestra señales de agotamiento frente a los desafíos de la sociedad actual.

Chile perdió terreno en 5G no por falta de capacidades técnicas, sino por una industria fragmentada, ingresos a la baja y reglas que no reconocen el carácter estratégico de las telecomunicaciones, hoy tan esenciales como la energía o el agua. 

Sin sostenibilidad financiera no hay redes modernas, ni innovación, ni inversión continua. La pregunta relevante no es qué operador entra o sale del mercado, sino cómo aseguramos la infraestructura digital que habilita el crecimiento, la productividad y la cohesión territorial del país.

Desde esta constatación, organizaciones, expertas y gremios coordinados por la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) han propuesto el Plan CHILEBYTE 2030 que, en su premisa, asume que el desarrollo digital debe incorporarse explícitamente en la estrategia de crecimiento y desarrollo del país, dejando atrás la lógica de política sectorial aislada. Lo digital es capacidad nacional, infraestructura habilitante, productividad, seguridad, cohesión territorial y soberanía tecnológica.

Medidas estructurales del Plan CHILEBYTE 2030

Para enfrentar este punto de inflexión, el Plan propone un nuevo pacto digital donde el país transite hacia una sociedad y economía plenamente digitales, donde la tecnología sea motor de productividad, inclusión social, fortalecimiento democrático y soberanía sobre siete pilares con medidas concretas.

Esto implica avanzar hacia una regulación moderna que fomente la innovación en un ambiente de IA, simplifique cargas, armonice permisos, reduzca asimetrías entre operadores y plataformas digitales, promueva compartición de infraestructura y redes mayoristas, asegure acceso a espectro a costos razonables y promueva operadores con escala suficiente para invertir, innovar y competir dinámicamente, incluido un rol claro y justo para los operadores móviles virtuales.

1. Sostenibilidad e inversión en infraestructura digital

Chile invierte hoy menos de 1.5% del PIB en telecomunicaciones, la inversión del sector privado es cerca de 95% del total, mientras economías líderes digitales superan 2.5% del PIB. 

En 2027 Chile invertía US$90 por usuario, hoy sólo US$45. El eje de Banda Ancha Nacional plantea reconocer formalmente la conectividad como infraestructura estratégica crítica, reformulando el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, crear la red nacional de comunicación para emergencias, ensanchar la conectividad universal haciendo uso del subsidio a la demanda a través de INDAP y los Gobiernos Regionales; ampliar las redes y cables submarinos siendo Chile el Puente digital Asia-Pacífico; más redes de banda ancha terrestres especialmente hacia el mundo rural y campesino, incluida Rapa Nui, Juan Fernández y la Antártica; acelerar el uso productivo de Internet. 

Esto implica certeza regulatoria, simplificación de permisos, uso flexible y eficiente del espectro, compartición de infraestructura, redes neutrales y mayoristas y reglas que promuevan operadores con escala suficiente para sostener ciclos continuos de inversión, sin sacrificar competencia ni acceso asequible. La competencia sana no se mide por la cantidad de actores, sino por la calidad, cobertura y resiliencia de las redes.

2. Regulación moderna y convergente

Hoy, más de 70% del tráfico que circula por las redes proviene de grandes plataformas digitales globales, que no enfrentan las mismas obligaciones regulatorias, de inversión ni de continuidad operativa que los operadores de telecomunicaciones. 

Incorporar en la agenda regulatoria el acceso al mercado secundario de espectro; la renovación de concesiones con ciertas obligaciones, la revisión de los caps de espectro, el silencio positivo para el despliegue de infraestructura digital, disminuir por parte del Estado el valor del arriendo del suelo para colocar infraestructura de telecomunicaciones; el uso compartido y dinámico del espectro, compartición de redes, espacio para los operadores móviles virtuales y menos lomos de toro para el acceso mayorista. Todas estas herramientas aumentan la competencia real sin dañar la confianza regulatoria.

También superar las asimetrías regulatorias entre operadores de telecomunicaciones y grandes plataformas digitales, incorporando principios de corresponsabilidad en el uso intensivo de redes, estándares exigibles de ciberseguridad y resiliencia y una regulación pro-inversión, convergente y tecnológicamente neutral. 

La regulación de la IA debe transitar desde los riesgos a los usos, del control ex post hacia una lógica estratégica, pro-inversión y pro-innovación, así como revisar la neutralidad de Internet para frenar el negocio ilícito que conlleva la piratería digital que hoy afecta el patrimonio de la propiedad intelectual.

3. Economía digital y Data Centers como motor exportador 

El Plan consolida la economía digital como eje productivo, promoviendo la exportación de servicios digitales y tecnológicos, la digitalización de mipymes y el despliegue del Plan Nacional de Data Centers con capacidad de almacenamiento, procesamiento y entrenamiento de algoritmos con estándares de sostenibilidad, aceleración de permisos y seguridad jurídica para la inversión. 

Aquí se juega buena parte de la competitividad futura del país. Será clave una mejor arquitectura para promover servicios digitales y tecnológicos que hoy ya superan las exportaciones de vino. 

Lograr 80% de adopción tecnológica y de uso y desarrollo de Inteligencia Artificial en el sector productivo. Mejorar el Plan Nacional de Data Centers para promover la inversión en capacidad de cómputo con estándares de sostenibilidad, acelerando permisos y asegurando capacidades para el entrenamiento avanzado de algoritmos. Crear un gran centro de entrenamiento de algoritmos para enfrentar los diversos tipos de delitos y sistemas de integración de cámaras de vigilancia públicas y privadas.

4. Incentivos tributarios estratégicos

Siguiendo experiencias internacionales exitosas, CHILEBYTE 2030 incorpora explícitamente incentivos tributarios a la inversión tecnológica y en telecomunicaciones, tomando como referencia el caso de Irlanda, que logró posicionarse como hub digital europeo mediante una combinación de estabilidad regulatoria, impuestos corporativos competitivos, incentivos a la I+D, atracción de centros tecnológicos globales y desarrollo de talento local. 

Chile debe avanzar hacia un esquema de incentivos tributarios selectivos y temporales para infraestructura digital, Data Centers, I+D en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y servicios tecnológicos exportables, alineando política fiscal con estrategia de desarrollo digital. 

Algunas de las medidas son crear impuestos de sociedades “tech” para empresas TIC y telco, reemplazando el actual Impuesto de Primera Categoría (IDPC), fomentar incentivos tributarios para desplegar infraestructura digital en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso y crear créditos fiscales por sobre gasto en I+D hasta 30% del gasto elegible en dichas actividades.

Siguiendo en materia de contenidos, países como Corea del Sur y Turquía apostaron por el desarrollo de la industria de contenidos locales como parte del modelo de productos y servicios de exportación, siendo la inversión e incentivos por parte del Estado determinante para su expansión.

5. Talento, apropiación tecnológica y empleo digital

Más de 60% de los empleos actuales requerirá habilidades digitales avanzadas antes de 2030. El plan impulsa una estrategia nacional de habilidades digitales con un millón de capacitaciones y la ampliación del Programa Talento Digital 2030, reformando los curricula análogos de la enseñanza escolar, integrando programación y pensamiento crítico y fortaleciendo la ciudadanía digital, la alfabetización mediática y la confianza tecnológica como activos democráticos. 

Asegurar que los trabajadores actualicen su formación y competencias con nuevas habilidades para la economía digital que permita cerrar las brechas digitales en el mercado laboral. 

Ampliar el Programa Talento Digital 2030, que incorpora programación desde la educación básica y formar 500,000 profesionales TIC. Avanzar en un sistema educativo digital que permita actualizar los currícula escolares desde lo análogo a lo digital con valores democráticos.

6. Estado digital interoperable y gobernanza avanzada 

La digitalización del Estado puede generar ahorros equivalentes a entre 1% y 2% del PIB, mejorando eficiencia, transparencia y experiencia ciudadana. 

CHILEBYTE 2030 propone un Estado digital cercano, interoperable y eficiente, basado en identidad digital única y segura, ventanilla centralizada con el principio que el trámite se hace “una sola vez” y gobernanza robusta de datos, tecnologías e Inteligencia Artificial al servicio del interés público. Entre las medidas, asegurar que cada ciudadano cuente con su ficha médica digital, estés donde estés, la ficha es del ciudadano para ser atendido en el sector público o privado, desde el consultorio hasta una clínica.

7. Nueva institucionalidad digital 

Finalmente, se propone la creación de una Agencia Nacional para la Transformación Digital, dependiente de la Presidencia de la República, con presupuesto plurianual y capacidad real de coordinación, superando la fragmentación actual entre múltiples organismos y asegurando liderazgo estratégico del Estado.

Este es el punto de inflexión que enfrenta Chile. Pasar de un país exitoso en adopción digital a un país líder en capacidades digitales avanzadas, con infraestructura de clase mundial, reglas que incentiven la inversión, talento preparado y una institucionalidad capaz de anticipar el futuro.
CHILEBYTE 2030 no propone partir de cero, sino dar el siguiente salto, aprendiendo de lo ya realizado por el país y de las mejores experiencias internacionales y asumiendo que sin sostenibilidad, escala e incentivos adecuados, no hay desarrollo digital posible.

Por ello, el Plan CHILEBYTE 2030 propone construir un proyecto de soberanía tecnológica, productividad y gobernanza algorítmica capaz de hablarle al Chile real del siglo XXI a través de un nuevo pacto digital, donde el Estado, las industrias y la sociedad reconozcan que la conectividad, los datos, las redes y la infraestructura digital son activos estratégicos para el desarrollo, y donde la regulación deje de obsesionarse por el siglo pasado y se enfoque en mayor eficiencia, inversión, resiliencia y valor público.

Ciudad de México. Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), ahondó sobre los aspectos que deben estar en el centro de la agenda digital del próximo gobierno de Chile: trasladar lo digital desde lo sectorial al corazón de la estrategia de desarrollo, revisar la institucionalidad y contar con una estrategia que interprete que la regulación puede afectar la innovación.

“Lo digital al centro es una condición. Revisar la institucionalidad es necesario porque viene bastante golpeada últimamente y hay puntos que resolver, como que creamos el subsidio a la demanda y por segundo año consecutivo no hay dinero. Hay una fatiga que amerita una nueva arquitectura. Sobre lo tercero, la política de data center o la inversión en fibra no tuvo un marco regulatorio para avanzar: eso demuestra que la no regulación funciona”, desarrolló en diálogo con DPL News.

En el marco de México Digital Summit, el ejecutivo señaló que Chile ha logrado buenos resultados en materia TIC por distintas razones, entre las que destacó que “no ha sido un sitio sobre ideologizado, el Estado participa hasta donde debe y da garantías y respaldo a las inversiones”. 

El país que se presenta como hub digital de la región tiene buen futuro: “En el corto plazo veo a Chile cumpliendo” los objetivos que se presenten y “avanzando en desafíos apremiantes como el entrenamiento de la Inteligencia Artificial, el garantizar de una infraestructura de cómputo a nivel mundial, buenos niveles de conectividad y resiliencia”.

Sobre la realidad de México, dijo que ese país está “en un punto de inflexión por tener oportunidades que también van de la mano con la capacidad de poder gestionar los riesgos”. Es que, a criterio de Ramírez Pino, “lo que se escucha regulatoriamente en México como en Colombia luce como un ambiente perfecto, pero cuesta ver la relación entre eso y la realidad. ¿Qué ha pasado con la red neutral?, ¿qué pasa con toda la arquitectura de IFT?, ¿la agencia o la nueva arquitectura va a ser capaz de asumir todas esas responsabilidades normativas, regulatorias que tenía ese organismo autónomo?”.

¿En qué etapa está la idea de América Latina en una única voz para cumplir los desafíos por delante en materia sectorial? “A diferencia de Europa no hay organismo que genere directrices para todos, en general solo surgen orientaciones de una industria presente en todos los países de la región: eso genera un ambiente que, aunque con matices, no es estructuralmente distinto. Creo que debe haber una conversación más fluida para que la experiencia sea trasladable y cada país avance más rápido, más todavía con cuestiones que otros ya resolvieron”.

El reciente acuerdo alcanzado entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y WOM, visado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), constituye un error institucional y un pésimo precedente para el futuro de la política pública en telecomunicaciones en Chile. Más allá de los beneficios inmediatos que se esgrimen para la empresa, el país ha retrocedido en materia de certeza regulatoria y de respeto a las reglas de las convocatorias y de los contratos públicos.

El caso es grave por donde se le mire. Por un lado, la manifiesta omisión por el incumplimiento de la compañía en tres ocasiones reiteradas, sin sanciones cuando correspondía y en los términos establecidos.

Por otro, porque rompe con la lógica de las garantías, aquél instrumento público que el Estado tiene para proteger los recursos públicos, permitiendo que se “fraccionen” o “negocien” debilitando la herramienta y abriendo la puerta a prácticas oportunistas como ofertar agresivamente en las licitaciones, incumplir y luego renegociar; mientras que, por otro lado, este incumplimiento dejó indefensos a varios pequeños proveedores de infraestructura que vieron impagos las obligaciones contraídas.

El CDE, al validar este camino, se extralimitó en sus facultades, ya que la caducidad de concesiones está regulada en la Ley General de Telecomunicaciones y no puede ser modificada por acuerdos administrativos. 

Dicha normativa establece los criterios de extinción y las sanciones aplicables y ningún organismo del Estado está facultado para redefinir o alterar tales disposiciones. 

Al validar un acuerdo que introduce condiciones distintas a las previstas en la ley, se genera un precedente riesgoso: la idea de que los marcos contractuales y legales pueden ser renegociados discrecionalmente, debilitando la certeza jurídica que debe primar en un sector estratégico como el de las telecomunicaciones.

Más allá de los números, el acuerdo daña la confianza en la institucionalidad chilena. Si el Estado no hace cumplir íntegramente los contratos, se erosiona la certeza regulatoria y se arriesga un costo reputacional en futuras licitaciones. ¿Qué incentivo tendrán las empresas para cumplir estrictamente si saben que la sanción puede renegociarse?

El caso puntual daña el fortalecimiento estructural de las políticas públicas en materia de infraestructura digital. En este escenario, queda en evidencia el debilitamiento institucional en los sistemas de seguimiento y control de avances de proyectos adjudicados; la ausencia de la autonomía técnica y capacidad de reacción oportuna; y la carencia de los mecanismos contractuales para corregir a tiempo y no sólo sancionar a posteriori.

Es urgente observar la estructura de competencia del mercado de las telecomunicaciones. Incluso abordar los procesos de reorganización judicial, ante la posibilidad de que puedan utilizarse maniobras deliberadas para evitar sanciones y reestructurar una operación sin consecuencias, con el fin de mantener artificialmente una posición de mercado. 

No puede permitirse un modus operandi reiterado en los sectores regulados, donde utilizan los procesos de reorganización judicial como una estrategia para reestructurar operaciones, evadir sanciones y mantener posiciones de mercado que de otro modo se verían comprometidas. Los que incumplen finalmente obtienen ventajas indebidas frente a quienes cumplen rigurosamente con la normativa. 

No es posible que se le pierda el respeto a la arquitectura normativa que por años ha sido la columna vertebral del desarrollo digital del país. No se puede vanagloriarse por haber comprado tiempo, si con ello se perdió parte del valor público comprometido.

No está en duda la intención del regulador nacional, pero lo cierto es que el país necesita reglas claras, cumplimiento efectivo y un marco institucional que combine certezas jurídicas con exigencia de resultados. Y esa tarea exige un Estado firme, ágil y confiable. Ese era nuestro gran valor como país, ahí estaba nuestro reconocimiento internacional, ahí estaba nuestro talento.

Hace unos días, la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), contenida en el Informe N° 37/2025, marca un punto de inflexión. 

Este fallo reconoce expresamente que la infraestructura pasiva, como la ofrecida por redes neutras de fibra óptica o concesionarios intermedios, no está sujeta a regulación tarifaria por parte del Estado. 

El TDLC fue claro: la libertad tarifaria como regla general, salvo excepciones justificadas en los servicios activos de conmutación o transmisión de señales que pueden ser objeto de tarificación, y no así la mera disposición de infraestructura física, como ductos, postes, fibras o gabinetes.

Para el Presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y ex Subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramirez, “este pronunciamiento es clave porque marca un freno a la tendencia por la sobrerregulación de un mercado que ha funcionado adecuadamente con la actual estructura normativa, legitimando el modelo mayorista abierto y neutral, despejando dudas para quienes están invirtiendo o quieren invertir en estas redes. La sentencia aporta certeza jurídica, desacopla la infraestructura del servicio y permite seguir por la ruta de una transformación digital para el desarrollo”. 

“Se ha logrado confirmar que los operadores que actúan como concesionarios intermedios o que administran redes neutras de fibra óptica, generalmente entregando acceso mayorista o infraestructura pasiva, no están sujetos a tarificación obligatoria. Esto implica que esa parte del mercado (la infraestructura física neutral) no se regula mediante tarifas impuestas, lo cual podría incentivar modelos más flexibles, eficientes y privados de despliegue de redes.”

El cambio de paradigma en la industria es evidente. La convergencia de servicios, la compartición de infraestructura y la neutralidad de redes contribuye directamente a alcanzar la brecha digital cero, haciendo posible que las compañías accedan a la red, para que sus clientes finales cuenten de manera inmediata y a lo largo de todo el país con los beneficios de la banda ancha. 

La convergencia, la compartición y la neutralidad son principios que se han vuelto fundamentales, permitiendo una masiva adopción tecnológica, estimulando la sana competencia para que ingresen nuevos actores al mercado digital y habilitando migraciones hacia nuevos servicios digitales.

Estamos presenciando la transición de redes especializadas a redes multifuncionales, donde la voz, los datos, la televisión, las aplicaciones y servicios van convergiendo. 

Esto desafía al ambiente regulatorio a entender y pararse desde este nuevo marco y generar las condiciones regulatorias propicias para incentivar e intensificar la inversión y crecimiento de esta industria independiente. La apertura, neutralidad y agnosticismo de estas redes son claves para maximizar los beneficios de la sociedad digital.

El modelo de redes mayoristas no sólo promueve la competencia y la expansión, también aporta a la economía y consolida un ecosistema más amplio y diverso de proveedores de servicios finales, sobre todo en regiones, donde pueden ingresar de manera rápida y eficiente a la capacidad que ofrecen las redes de fibra óptica, sin necesidad de realizar altas inversiones en infraestructura, lo que se traduce en una mayor oferta y mayores beneficios para los usuarios.

De esta manera, las redes mayoristas abren las puertas hacia un panorama de telecomunicaciones más competitivo y con mayores beneficios para los ciudadanos, impulsando la expansión de servicios y tecnologías, fomentando la compartición y la convergencia, permitiendo así incentivar inversiones en el sector y, con ello, acelerar la conectividad y acceso a internet en todo el país. 

La apuesta por estas redes no sólo está marcando un cambio en la industria, también está posicionando a nuestro país como líder en la región, forjando un camino hacia un futuro más conectado y próspero para todo el territorio nacional.

En el Salón Verde del Club de la Unión se concretó la firma de un Convenio de Colaboración entre la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios Rurales y la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (IDICAM), con el objetivo de coordinar acciones en la implementación del Decreto Supremo Nº176, que establece el plan de gestión de líneas aéreas y subterráneas de telecomunicaciones.

El acuerdo, firmado por Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM; Jaime Escudero, presidente de la AMUR; y Rodrigo Ramírez Pino, presidente de IDICAM, busca avanzar en la identificación, ordenamiento, traslado y retiro de cables aéreos y subterráneos, promoviendo así ciudades más limpias y libres de contaminación visual.

Este acuerdo está en línea con la imprecisa Ley “Chao Cables”, la cual establece que las empresas de telecomunicaciones son responsables de la instalación, mantención, modificación y retiro de su cableado, tanto aéreo como subterráneo. 

Además, obliga a las compañías a retirar los cables en desuso dentro de un plazo de cinco meses, una vez que estos hayan sido declarados como tales por el municipio correspondiente. El incumplimiento puede implicar multas a beneficio municipal.

Para el Presidente de IDICAM, el ex subsecretario Rodrigo Ramirez, “estamos ante un acuerdo histórico, quizás el más importante que ha firmado la industria de telecomunicaciones, ya que esto implica definir una estrategia compartida con los territorios que aseguren una eficiente articulación para cumplir el mandato del reglamento; de hacerlo mal, de manera poco sostenible, podemos poner en riesgo todo lo avanzado hasta ahora en el despliegue de infraestructura digital”.

La ACHM y la AMUR representan en conjunto a los 345 municipios del país, mientras que IDICAM agrupa 14 empresas del sector de infraestructura digital y telecomunicaciones, entre ellas Ufinet, Cmet, American Tower, Claro VTR, Huawei, Mundo Telecomunicaciones, On Net Fibra, Silica Datco, Copelec, a las que se suma Entel PCS como colaborador en esta iniciativa.

Intervención del Presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y ex Viceministro de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez Pino, durante el CLTD 2025 en la Ciudad de México, el 31 de mayo. Este texto se reproduce con la autorización del autor.

Hace unas semanas, el apagón eléctrico en España dejó al desnudo la debilidad de la autonomía de las redes de telecomunicaciones . El servicio caía en conjunto con el corte de la energía eléctrica.

Mientras tanto en Chile, ante la misma situación, los servíos de voz y datos permanecieron operativos y sostuvieron la continuidad operacional entre 4 y 72 horas. Esto gracias a la normativa que establece una clasificación por niveles de criticidad para la infraestructura de telecomunicaciones, y donde se asocia a cada nivel un requerimiento mínimo de autonomía energética.

Chile avanza hacia una matriz energética más limpia y diversificada, hoy más del 66% de la capacidad instalada proviene de fuentes renovables, con la energía solar liderando el sector. Sin embargo, existe una omisión cada vez más preocupante: el sector eléctrico aún no comprende del todo a uno de sus principales aliados en la transición verde y en la continuidad operativa de los servicios estratégicos: la industria de las telecomunicaciones.

Durante años, el sector telco ha sido percibido solo como un usuario intensivo de energía. Sin embargo, esta mirada reduccionista ignora una realidad mucho más compleja y proactiva. Las telecomunicaciones no solo dependen de la energía; también la optimizan, la democratizan y la hacen más eficiente.

La dependencia al sistema eléctrico es evidente e insoslayable. Las redes móviles, las estaciones base, las torres de telecomunicaciones, los nodos de fibra óptica y los centros de datos requieren a todo evento de una fuente de energía constante y confiable. Los sistemas de telecomunicaciones colapsan o se interrumpen cuando la energía desaparece, lo que es más evidente de cara al usuario durante apagones masivos si no cuentan con respaldo energético autónomo.

Acá el problema es la cantidad de barreras y lomos de toro que impone el sector eléctrico para el despliegue eficiente de las redes de telecomunicaciones, en su mantenimiento y uso; y en la recuperación del servicio ante afectaciones e imprevistos. A esto hay que sumarle que las tarifas eléctricas impactan directamente en los márgenes operativos, especialmente en entornos de alta inflación energética. En Chile, el alza proyectada de las tarifas eléctricas para 2025-2026 podría aumentar en un 15-25% los costos energéticos del sector telco si no se aplica eficiencia energética.

Las empresas de telecomunicaciones saben de eficiencia energética para ampliar las capacidades y extensiones de las redes. Es una práctica que muchas ya están avanzando en planes de migración a energías renovables, virtualización de redes [menos hardware físico], aplicabilidad de soluciones edge computing para reducir el tráfico energético en el core; despliegue de arquitecturas RAN inteligentes y uso de IA para reducir el consumo en tiempo real.

Algunos operadores de infraestructuras están instalando paneles solares en torres rurales, utilizando baterías de litio de respaldo, promoviendo el apagado inteligente de generaciones de redes que implican un alto consumo de energía y promoviendo la compartición de infraestructura fijas y móviles, lo que reduce el número total de instalaciones y su consumo energético. Esto no es discurso: es inversión concreta.

¿Puede decir lo mismo toda la cadena eléctrica? Es tiempo de que el sector energético mire a las telecomunicaciones no como una carga en su demanda o como un insignificante usuario, sino como un aliado clave para sostener los servicios esenciales y en la ruta hacia la sostenibilidad.

Urge una coordinación estratégica real para atender situaciones complejas, compartir datos, desarrollar infraestructura conjunta, habilitar incentivos cruzados y hacer planes de emergencias conjuntos.

Los desafíos energéticos de la industria de telecomunicaciones están en el corazón de su sostenibilidad futura. El equilibrio entre expansión de capacidad, resiliencia operativa y eficiencia energética será clave para enfrentar un escenario de mayor demanda de datos, digitalización de sectores de la economía y exigencias climáticas. La transición hacia un modelo más verde, distribuido e inteligente es urgente y estratégica.

La digitalización y la energía verde no avanzarán si se caminan por separado. Si queremos una transición energética de verdad, debemos incluir a quienes ya están contribuyendo a ella, no solo con discursos, sino con acción tecnológica, cobertura territorial y visión de largo plazo.

El sector eléctrico tiene una deuda de comprensión con las telecomunicaciones que ya es hora de saldar teniendo el desafío de mantener el flujo energético suficiente, a costo adecuado y con garantías en la infraestructura de telecomunicaciones.

Chile tiene mucho que contar en materia digital, inició Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, su participación en México Digital Summit. El ejecutivo repasó números de ese mercado y también habló del marco regulatorio para explicar los beneficios que trae consigo que en Chile la digitalización sea “materia de Estado”.

En el país sudamericano, la cobertura móvil es del 98 por ciento y el 67 por ciento tiene acceso a Internet de banda ancha fija. Además, comparte podio con Israel como el país que más invirtió en fibra óptica al hogar en los últimos cuatro años, en los que se han construido más de 200 mil kilómetros de fibra óptica. Esto principalmente de la mano de la inversión privada, amplió Ramirez.

La subasta 5G fue argumento para posicionar al país como hub digital de la región. “Hay más de 4.8 millones de usuarios únicos de redes 5G y el plan de datos es más barato que en 4G por lo competitivo que es el mercado”, dijo el ejecutivo y agregó que el consumo es de 17 GB per capita en la red móvil.

Unos 27 centros de datos, y 28 en cartera; el cable submarino Humboldt y la incorporación de conceptos como la convergencia tecnológica a la normativa vigente —a través de la legislación que definición a Internet como Servicio Público— son otras de las iniciativas que marcó Ramirez, quien lidera un proyecto para un sistema integrado de IA para seguridad en el país.

“Tenemos más necesidades; que la velocidad de la digitalización no nos limite la visión”, cerró el también exsubsecretario de Telecomunicaciones.

Fast Session 

Chile Digital: un modelo para América Latina de política pública y regulación eficientes para un futuro conectado, innovador, competitivo y ciberseguro

Modera

Marcela González

Market Manager de Chile y Argentina de InterNexa

Participan

Pamela Gidi 

Ex Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile

Jorge Atton

Director Ejecutivo en Attsons Consulting SpA y ex Subsecretario de Telecomunicaciones

Pedro Huichalaf Roa

Docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex Subsecretario de Telecomunicaciones

Rodrigo Ramírez Pino

Presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam)

Relacionado: Chile como ejemplo de transformación digital, en voz de extitulares de la Subtel

Organizaron “Chile Digital. Inversión, infraestructura y fibra para liderar América Latina”, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (ELAC) de la CEPAL, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), DPL Group y DPL Live, en colaboración con la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos) y Global Gateway Alianza Digital UE-ALC.

El pasado martes 19 de marzo, se realizó en las dependencias de la CEPAL, el evento Chile Digital. La actividad comenzó a las 9 de la mañana y contó con la presencia del Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y de la participación de manera telemática del ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz.

Además, participaron importantes exponentes del mundo de las telecomunicaciones, quienes fueron organizados en distintos paneles de discusión que le fueron dando vida a la cumbre durante toda la jornada.

Dentro de las distintas discusiones guiadas en Chile Digital, se destacó por distintos actores de la industria, que el país se encuentra a la vanguardia en materia de infraestructura digital, ocupando una posición de privilegio en Latinoamérica.

Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM, afirma que “Chile ha sido capaz de sostener su promesa de convertirse en el HUB digital del Cono Sur y ello se debe en gran parte a la consolidación de la industria de  infraestructura digital, donde irrumpe con fuerza los operadores de infraestructura fija y móvil, neutros, abiertos, agnósticos, que en sus hombros ha recaído el desafío de sostener la inversión en una industria que está apretada; más la infraestructura de datos (data center, capacidad de cómputo, cloud, nube) que ha sido capaz de gestionar la gran demanda de datos; y otras nuevas verticales como la economía espacial, donde Chile lidera también el desarrollo espacial, con capacidades tecnológicas, de investigación y de un sistema robusto de comunicaciones. A esta ruta hay que agregarle nuevos servicios y capacidades para impulsar un ecosistema para el diseño y uso de la Inteligencia artificial y las tecnologías emergentes con propósito, como un asunto estratégico y diferenciador”

El ex Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, continúa “hemos tenido la capacidad de incorporar en la agenda que la infraestructura digital es la gran habilitante para la actividad económica, social, productiva y para los derechos de las personas. Además de liderar el debate sobre internet como un servicio esencial, del bienestar digital digno, la canasta básica digital, de la conectividad rural, de la permisología y la modernización del Estado, entre varios otros asuntos”.

Daniela Castillo, Vicepresidenta de IDICAM,, señaló que “Es un orgullo organizar junto a DPL un evento de esta envergadura, creemos que es súper necesario tener este tipo de conversaciones y discusiones en torno a distintos temas, como por ejemplo, la brecha digital y cómo las regulaciones pueden impactar en su reducción. Sin duda creemos que es un evento muy valioso que le hace muy bien a la industria y esperamos que en Chile sigan habiendo eventos de esta naturaleza”.

Hoy existen varios desafíos para el país, “Chile debe dar garantías para que exista en plenitud un ambiente convergente e integrador de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que es fundamental para expandir más servicios, nuevas aplicaciones, mejores prestaciones y una inclusión digital efectiva. Es necesario una política clara sobre uso y asignación de espectro, la que hasta ahora ha dejado más incertezas que seguridades. Ampliar y robustecer la arquitectura institucional de la política de transformación digital del país, entender el nuevo ambiente de la industria de las telecomunicaciones que está viviendo una etapa de estrangulación, los malos números de los operadores, no son una buena señal en momentos en que la industria en su conjunto se encuentra ante el desafío inversor que implica la transición del cobre a la fibra en redes fijas, el inicio del despliegue de 5G independiente en redes móviles”. “Ambas situaciones exigen de importantes inversiones que hoy, más que nunca, es necesario optimizar. Asimismo, Chile debe impulsar disminuir los costos para la interconexión industrial, permitiendo que la tecnología inalámbrica se integre completamente en el aparato productivo nacional, lo que debe traducirse en la digitalización y la transformación inteligente de las fábricas, pymes e industrias”, sentencia Rodrigo Ramírez.

Hay que consolidar los casos de Usos, ya no como pilotos, sino como modelos de negocios sostenibles. Se debe tomar en serio los instrumentos para facilitar y potenciar las inversiones requeridas, que todavía son muchas. Aquí entran en consideración desde subsidios e instrumentos de apoyo a la demanda, incentivos a la compartición de infraestructura, que permite optimizar inversiones al tiempo que propicia la competencia, el fin de la permisología, la homogenización y armonización de la regulación, facilidad para el despliegue de infraestructura que abarata costos y reduce tiempos.

“La industria requiere de una nueva regulación que contemple la sustentabilidad financiera, tanto desde una perspectiva coyuntural, donde la industria local debe lidiar con una macroeconomía compleja, como estructural, donde las tasas de crecimiento actuales y futuras son muy distintas a las del pasado. Una regulación más basada en incentivos y simplificaciones que permita agregar, entre otras cosas, redes de alta velocidad, más y mejores servicios al alcance de todos” concluye el Presidente de la Cámara de Infraestructura Digital.

Nos encontramos en plena evolución de la industria de las telecomunicaciones, siendo sin ninguna discusión la gran habilitante para el desarrollo de las naciones y el avance de la economía digital. 

En este contexto, estamos innovando en nuevos modelos cooperativos que fomenten la eficiencia, la competencia, la compartición y la expansión de más y mejores servicios. 

Un ejemplo de esto son las redes de fibra óptica mayoristas, abiertas y neutrales, las cuales están emergiendo como pilares cruciales para llevar a cabo esta transformación y así responder a las crecientes demandas de conectividad digital en un mundo cada vez más interconectado.

El cambio de paradigma en la industria es evidente. La convergencia de servicios, la compartición de infraestructura y la neutralidad de redes contribuyen directamente a alcanzar la brecha digital cero, haciendo posible que las compañías accedan a la red para que sus clientes finales cuenten de manera inmediata y a lo largo de todo el país con los beneficios de la banda ancha. 

La convergencia, compartición y neutralidad son principios que se han vuelto fundamentales, permitiendo una masiva adopción tecnológica, estimulando la sana competencia para que ingresen nuevos actores al mercado digital y habilitando migraciones hacia nuevos servicios digitales. 

Estamos presenciando la transición de redes de telecomunicaciones especializadas a redes multifuncionales, donde la voz, los datos, la televisión, las aplicaciones y los servicios van confluyendo, lo que desafía el ambiente regulatorio a entender sus atribuciones y pararse desde este nuevo marco y generar las condiciones propicias para incentivar e intensificar la inversión y crecimiento de esta industria independiente. 

La apertura, neutralidad y agnosticismo de estas redes son claves para maximizar los beneficios de la sociedad digital.

El despliegue y la expansión de tecnologías como 5G y fibra óptica son ejemplos tangibles de este cambio. 

A medida que la demanda de ancho de banda sigue creciendo, las redes mayoristas de fibra ofrecen eficiencias sistémicas que se traducen en beneficios directos para los consumidores. 

Las redes compartidas y neutrales no sólo reducen los costos de inversión para los proveedores, también permiten una mayor competencia de los concesionarios por brindar mayores servicios y asegurar mejores experiencias a los usuarios finales.

El modelo mayorista abierto y neutral no sólo es una teoría; este innovador modelo de negocio y pionero en la industria ya cuenta con casos exitosos en Alemania, Brasil, Colombia, Italia e incluso en Chile, donde existen ejemplos que respaldan esta premisa. 

La puesta en marcha de redes operativas de fibra óptica ha permitido a las empresas de telecomunicaciones ofrecer conectividad eficiente, rápida, con calidad y a un menor costo, para satisfacer las necesidades de conectividad digital que tiene el país y sus habitantes. 

Los modelos mayoristas, junto con otras iniciativas públicas y privadas, han influido de manera concreta en la expansión de las redes de fibra óptica en Chile instalando al país con liderazgo en esta materia, según la OCDE.

Los números hablan por sí mismos, subrayando el impacto innegable de las redes mayoristas.

El 62 por ciento de los hogares conectados con fibra óptica en Chile durante el último año se debe a los proveedores mayoristas. Esta realidad ha tenido un efecto directo en la expansión de la cobertura de banda ancha de alta velocidad, que en un lapso de tres años ha alcanzado de 60 a 86 por ciento de las comunas chilenas.

El modelo de redes mayoristas no sólo promueve la competencia y la expansión, también aporta a la economía y consolida un ecosistema más amplio y diverso de proveedores de servicios finales, sobre todo en regiones, donde pueden ingresar de manera rápida y eficiente a la capacidad que ofrecen las redes de fibra óptica, sin necesidad de realizar altas inversiones en infraestructura, lo que se traduce en una mayor oferta y mayores beneficios para los usuarios. 

De esta manera, las redes mayoristas abren las puertas hacia un panorama de telecomunicaciones más competitivo y con mayor beneficios para los ciudadanos, impulsando la expansión de servicios y tecnologías, fomentando la compartición y la convergencia, permitiendo incentivar inversiones en el sector y con ello acelerar la conectividad y acceso a Internet en todo el país. 

La apuesta por estas redes no sólo está marcando un cambio en la industria, sino que también está posicionando a nuestro país como líder en la región, forjando un camino hacia un futuro más conectado y próspero para todo el territorio nacional.