La decisión del Juzgado de Guardia del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), que suspendió la liberación de R$ 517 millones (US$ 97 millones) vinculados a la recuperación judicial de Oi, provocó una fuerte reacción de las entidades sindicales del sector de telecomunicaciones. Las federaciones Fenattel, Fitratelp y Fitt Livres, que representan a 28 sindicatos y a más de 1 millón de trabajadores, difundieron una nota conjunta este lunes 1 de diciembre, calificando el despacho como de “máxima indignación y repudio”.

Para las federaciones, la medida tiene un impacto inmediato y grave. Según la nota, el bloqueo de los recursos “inviabiliza la continuidad operativa de las empresas”, ya que impide el pago de salarios y de compromisos laborales esenciales, pudiendo precipitar la quiebra práctica de la compañía.

El manifiesto también critica lo que denomina “inversión de prioridades”, al afirmar que la garantía creada para asegurar una prestación futura en caso de incapacidad no estaría siendo aplicada para preservar la propia continuidad de la operación en el presente.

El texto describe la decisión como equivalente a “matar la vaca para condenar al parásito a la inanición”, al sacrificar la prestación de servicios esenciales en nombre de la preservación formal del depósito judicial.

Las entidades advierten aún que la situación expone a miles de empleados y a sus familias a condiciones de extrema vulnerabilidad, con riesgo de ruptura caótica de los contratos de trabajo sin el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Al final, las entidades exigen providencias urgentes del Poder Judicial y de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), con tres pedidos principales:

• Prioridad absoluta para solucionar la crisis de liquidez, a fin de preservar la empresa y aproximadamente 20 mil empleos directos e indirectos;
• Utilización inmediata de la garantía, con autorización judicial para liberar los US$ 97 millones al pago de las obligaciones laborales;
• Desbloqueo de recursos discutidos en arbitraje, alegando que la morosidad de esos procedimientos mantiene a la compañía bajo asfixia financiera.

Los recursos habían sido autorizados para su utilización la semana pasada por la jueza de la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro, Simone Gastesi Chevrand, con posterior confirmación de la desembargadora Mônica Maria Costa, para el pago emergencial de la nómina salarial, el 13º sueldo (Aguinaldo), beneficios y rescisiones de empleados de Oi y de Serede. La liberación contemplaba valores depositados como garantía ante la Anatel, originalmente vinculados al mantenimiento de la prestación de servicios esenciales.

No obstante, en una decisión dictada durante el turno del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), el desembargador Geraldo Batista Júnior determinó la suspensión del levantamiento de la garantía, atendiendo a un pedido presentado en el proceso (asociado a la manifestación de la Anatel) bajo el argumento de preservación de las garantías regulatorias.

Oi había informado, antes de la reversión judicial, que los recursos ya estaban disponibles en función de las decisiones de primera instancia y serían destinados exclusivamente a la regularización de los pagos laborales.

Las principales federaciones de trabajadores del sector de telecomunicaciones –FENATTEL, FITRATELP y FITT/Livre– intensificaron las críticas a la conducción del proceso de recuperación judicial de Oi y a la postura de la administración judicial.

En comunicados, las entidades expresaron indignación por las decisiones de la 7ª Sala Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), que podrían llevar a la liquidación del operador a partir del 1º de noviembre, advirtiendo sobre el riesgo de despidos masivos.

Además de denunciar el “silencio” de la administración y de los interventores judiciales –Tatiana Binato (Serede y Tahto) y Bruno Resende (Oi S.A.)– ante las solicitudes formales de diálogo, las federaciones afirman que los trabajadores viven un clima de inseguridad e incertidumbre respecto al futuro de la empresa y de sus empleos.

Las entidades también acusan a Oi de haber roto, por primera vez, un acuerdo colectivo al no pagar la cuota del Programa de Participación en los Resultados (PPR) de 2024, prevista para el 21 de octubre.

Paralelamente, la Comisión de Negociación de Fenattel informó haber rechazado, en una reunión celebrada el 22 de octubre, una propuesta de Oi que mantenía la fecha base pero sin reajuste de salarios y beneficios, además de proponer cambios en la cláusula de transición profesional y el fin del PMUC (Programa de Medicamento de Uso Continuo).

La federación reafirmó la necesidad de mantener íntegramente el Acuerdo Colectivo de Trabajo y exigió una nueva ronda de negociaciones, aún sin respuesta por parte de la empresa.

Los sindicatos insisten en que el operador posee activos suficientes para recuperarse sin recurrir a la liquidación, citando la participación del 27% en V.tal, más de 7,000 inmuebles propios y créditos en disputa con la Unión.

“Oi es una empresa gigante y tiene patrimonio para salir de la crisis. Falta voluntad y coraje para decidir a favor de los trabajadores”, afirmaron las entidades, pidiendo que la Justicia garantice la continuidad de las operaciones y la preservación de los empleos.

La jueza Simone Gastesi Chevrand, del 7º Juzgado Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, suspendió hasta el 31 de agosto de 2025 la exigibilidad de las obligaciones que Oi pretende incluir en la adición al Plan de Recuperación Judicial (PRJ), presentada el 1 de julio de este año. La decisión también prohíbe la imposición de restricciones sobre el patrimonio de la compañía durante este periodo, que podrá ser prorrogado.

El auto reconoce el incumplimiento, por parte de la operadora, de compromisos previstos en el Plan de Recuperación homologado en mayo de 2024, además de deudas extraconcursales, incluso en el extranjero, situación que la magistrada calificó como de “probable situación preconcursal”. Incluso ya existen solicitudes de quiebra presentadas en el expediente.

La jueza ponderó, sin embargo, que Oi mantiene la prestación de servicios públicos esenciales, como la red de telefonía fija, atenciones de urgencia (SAMU, soporte policial y otros servicios de “tres dígitos”) y cerca del 70% de la infraestructura del sistema de control del espacio aéreo (CINDACTA), lo que exige cautela para evitar la interrupción.

La adición al plan de recuperación está paralizada hasta que el denominado watchdog, un interventor designado por la Justicia, presente un informe sobre la real viabilidad económico-financiera de la empresa. Además, Oi deberá presentar un plan de transición para garantizar la continuidad de los servicios en caso de interrupción. La Anatel y el Tribunal de Cuentas de la Unión fueron intimados a pronunciarse sobre la propuesta.

Entre las medidas complementarias, la Justicia suspendió el pago de bonificaciones a la alta administración y determinó que cualquier venta o gravamen de activos sea previamente autorizado por el juzgado. El watchdog también fue encargado de auditar de inmediato las cuentas de la compañía.

El Ministerio Público (MP) y la administración judicial cuestionan la solidez del informe económico-financiero que respalda la adición, señalando debilidades y dependencia de datos proporcionados por la propia Oi.

En paralelo, la jueza reconoció que la empresa puede buscar protección contra acreedores en Estados Unidos, vía Capítulo 11, siempre que eventuales conflictos de jurisdicción sean evaluados durante el proceso. La magistrada también advirtió a la acreedora V.Tal contra el exceso de peticiones, solicitando moderación para no entorpecer el expediente.

La decisión es un capítulo más en el tercer proceso de recuperación judicial de la operadora, que busca renegociar deudas y mantener sus operaciones en medio de una fuerte presión financiera y jurídica.

La Justicia de Río de Janeiro, Brasil, rechazó la solicitud de V.tal para impedir que Oi iniciara un proceso de recuperación judicial en Estados Unidos. La decisión fue emitida por la jueza Simone Gastesi Chevrand, del 7º Juzgado Empresarial de la Comarca de la Capital del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro.

La magistrada consideró que no corresponde a la justicia brasileña impedir que una empresa presente una acción en otra jurisdicción, como EE. UU., y que este tipo de medida no viola el plan de recuperación judicial aprobado en Brasil.

V.tal, empresa de red neutra controlada por BTG y principal socia de Oi en el suministro de infraestructura de fibra, argumentaba que una nueva recuperación judicial mediante el Capítulo 11 en Estados Unidos podría perjudicar sus derechos contractuales y financieros, ya que una parte relevante de la deuda de Oi con V.tal no fue contemplada en el plan de recuperación judicial aprobado en Brasil en 2024. Aun así, la Justicia entendió que el movimiento de Oi no infringe el acuerdo homologado en el país.

El operador ya había presentado en julio la solicitud de cierre del mecanismo que solamente reconoce en EE. UU. la recuperación judicial brasileña, denominado Capítulo 15. Enseguida abrió el camino para solicitar el Capítulo 11, que trata efectivamente de la reestructuración de deudas ante acreedores en territorio estadounidense.

La decisión forma parte de la estrategia de Oi para buscar alivio financiero y protección legal en múltiples jurisdicciones, frente a una deuda total que inicialmente superaba los R$ 44,000 millones cuando presentó su segundo proceso de recuperación judicial, en 2023.

Oi, en recuperación judicial, solicitó el 7 de julio a la Corte de Quiebras de Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, el cierre del proceso que tramitaba bajo el Capítulo 15, un mecanismo que reconocía los efectos de su recuperación judicial brasileña en EE. UU.

Este proceso se había iniciado el 8 de febrero de 2023, con el objetivo de proteger activos en el extranjero y replicar una tutela cautelar obtenida en Brasil, que suspendía cobros por cerca de R$ 600 millones (alrededor de 110 millones de dólares) en títulos internacionales.

La empresa indicó que el cierre del Capítulo 15 se debió a que esta estrategia se volvió menos relevante, ante los avances en la recuperación judicial en Brasil, y señaló que está evaluando otras alternativas en EE. UU., incluyendo la posibilidad de iniciar un proceso bajo el Capítulo 11, el mecanismo estándar de recuperación judicial para empresas que operan directamente en Estados Unidos.

En la práctica, vincular los procesos brasileño y estadounidense significa que los acreedores en cualquier jurisdicción quedan sujetos a las decisiones de la Justicia brasileña, protegiendo activos de la empresa y de sus subsidiarias (como Portugal Telecom y Oi Brasil Holdings) contra cobros en el exterior.

También en la primera semana de julio, Oi presentó en la 7ª Vara Empresarial de Río de Janeiro solicitudes de recuperación judicial para sus subsidiarias Serede y Tahto, y además presentó una adición a su plan de recuperación (para flexibilizar plazos y quitas).

Oi S.A. presentó este martes 1 de julio una adición a su segundo plan de recuperación judicial. La propuesta contempla cambios en las condiciones de pago a los acreedores laborales (Clase I) y quirografarios (Clase III), con el objetivo de reajustar los compromisos a la generación de caja del grupo, reducir el pasivo y “garantizar un respiro” a la nueva gestión para reorganizar la estructura de capital de la compañía.

Simultáneamente, la empresa solicitó a la Justicia una tutela anticipada con validez de 180 días, pidiendo la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del plan actual, la prohibición de ejecuciones y embargos judiciales, y la prohibición de pedidos de quiebra o vencimiento anticipado de deudas mientras se analiza la nueva adición. El objetivo es evitar colapsos durante el periodo de deliberación de la propuesta.

La petición detalla las nuevas opciones de pago a los acreedores, como la oferta de hasta R$ 9,000 en 180 días tras la homologación, limitada a un monto global de R$ 30 millones, además de la extensión de plazos y mantenimiento de descuentos para proveedores, con pagos vinculados a la venta de activos hasta 2038.

La empresa también propone utilizar parte de los depósitos recursales laborales como capital de trabajo o pago, y crear un vehículo para gestionar y enajenar los cerca de 7,000 inmuebles del grupo.

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Oi concluyó la venta del 100 por ciento de las acciones de SPE Imóveis e Torres Selecionados a SBA Torres Brasil, por un valor de R$ 40 millones (aproximadamente US$ 6.44 millones), como parte de su proceso de Recuperación Judicial.

En la práctica, Oi utilizó un conjunto de torres e inmuebles (los “Acervo Torres Selecionadas” y “Acervo Imóveis Selecionados”) para pagar parte de la deuda que tenía con SBA bajo el modelo Take or Pay sin garantía.

Esta transacción fue formalizada dentro del plan de recuperación judicial de la empresa y del contrato de compra y venta firmado entre las partes en noviembre de 2024. Sin embargo, un contrato similar fue celebrado con IHS Brasil en diciembre, pero, al parecer, no fue aprobado, ya que en ambos casos la enajenación de las acciones es del 100 por ciento.

Oi anunció la venta del 100% de las acciones de SPE Imóveis e Torres Selecionados a IHS Brasil, como parte de su plan de reestructuración financiera. El acuerdo, que utiliza el mecanismo de dação em pagamento o take or pay sin garantía, permite que parte de los créditos que IHS posee contra la empresa sean liquidados, contribuyendo a la reducción del pasivo de Oi. Actualmente, la compañía acumula R$ 44.3 mil millones en deudas (aproximadamente US$ 7.13 mil millones a la cotización actual).  

En un hecho relevante, la operadora comunicó que la conclusión de la venta aún depende del cumplimiento de las condiciones previas especificadas en el contrato, pero representa un paso significativo en la reorganización de sus actividades. El valor no fue divulgado.  

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Recientemente, en noviembre, Oi también vendió activos a SBA Torres Brasil por un valor de R$ 40 millones (aproximadamente US$ 6.44 millones). A diferencia del acuerdo con IHS, la transacción involucra el pago total a través de la reducción de pasivos financieros.

Por su parte, IHS ha realizado diversas adquisiciones en Brasil como parte de su estrategia para aumentar la eficiencia operativa y ofrecer más soluciones a sus clientes. Una de las adquisiciones más importantes, según la empresa, fue la asociación con I-Systems, especializada en redes de fibra óptica compartidas. Las dos empresas han trabajado juntas para desarrollar soluciones convergentes, con la mirada puesta en la expansión del 5G en el país.

El operador brasileño Oi puede transferir torres e inmuebles a American Tower (ATC) como parte de un pago parcial de créditos que posee con la torrera, que a su vez aceptó esta forma de pago. La transacción forma parte del plan de recuperación judicial de Oi y fue aprobada por la Superintendencia General del CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica), en una aprobación publicada el martes 17 de septiembre.

La transacción implica la creación de una Sociedad de Propósito Específico (SPE) que asumirá la propiedad de los activos de Oi, incluyendo torres que ya eran explotadas por ATC desde 2013 y algunos inmuebles seleccionados. El valor total de los activos transferidos puede alcanzar hasta 40 millones de reales (alrededor de 7.2 millones de dólares).

Además de ATC, otras empresas de torres, como SBA e IHS, también están involucradas en acuerdos similares con Oi. El plan de recuperación prevé que el operador puede usar estos activos para pagar deudas hasta 2027, cuando los contratos serán rescindidos. La entrega de activos para pagar deudas estaba prevista en el plan de recuperación judicial aprobado en abril.

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Duró todo el día (25 de marzo) la Asamblea General de Acreedores de Oi, en la cual la empresa presentó su nuevo Plan de Recuperación Judicial para su deliberación.

La Asamblea ocurre después de haber sido pospuesta el pasado 5 de marzo, y bajo nuevas perspectivas en el ámbito de las negociaciones sobre telefonía fija con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

En un pronunciamiento, la Anatel confirmó la conclusión de la negociación con el TCU y destacó los esfuerzos de las partes involucradas para lograr los mejores términos. 

El acuerdo será sometido a evaluación por un plazo de 15 días y deberá pasar por el Ministerio Público del Tribunal de Cuentas de la Unión (MPTCU), dependiendo de la aprobación del órgano para la efectivización de sus condiciones.

El preacuerdo entre la compañía y la Anatel puede reducir la presión sobre el flujo de caja de Oi, ya que libera a la empresa de algunas obligaciones onerosas asociadas al régimen de concesión de la telefonía fija (previsto para finalizar en diciembre de 2025), como el mantenimiento de cabinas telefónicas (conocidos en Brasil como orelhões), por ejemplo.

También permite a Oi cambiar al régimen de autorización, pero con la condición de realizar inversiones. Según el periódico O Estado de S. Paulo, estas inversiones pueden llegar a los 10.4 mil millones de reales (2 mil millones de dólares), destinados a conectar escuelas públicas e infraestructura.

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Razones de la nueva crisis de Oi

A pesar de afirmar haber cumplido con todas sus obligaciones durante la primera Recuperación Judicial, lo que resultó en pagos por un total de R$ 25 mil millones y habiendo pagado sus créditos a 35 mil acreedores, Oi menciona varias razones que dificultaron su restablecimiento y retrasaron su proceso de recuperación.

Entre ellas, el “atraso regulatorio” (en sus palabras) para aprobar la venta de los activos móviles e infraestructura, y la consiguiente frustración de no recibir una importante entrada de efectivo esperada en 2022 debido a la disputa sobre el valor retenido de una parte del precio de venta de estos activos.

Después del proceso de arbitraje, Oi recibió R$ 821.4 millones, lo que representó la mitad del valor originalmente esperado por la compañía.

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Otro revés fue la desistencia de Sky de adquirir la base de clientes de TV por suscripción de Oi, según lo acordado en aproximadamente R$ 737 millones. Con esto, Oi tuvo que hacerse cargo de los costos de adquisición de contenido y provisión de capacidad satelital para mantener a los clientes que esperaba transferir a Sky.

Entre otras razones, también menciona la presión que el mercado de suministro de fibra óptica de alta velocidad ha experimentado en los últimos años, además de la crisis macroeconómica de Brasil.

Nuevo Plan de Recuperación Judicial

El nuevo Plan de Recuperación Judicial de Oi busca ajustar su estructura de capital para reflejar su nueva realidad operativa (con la expansión de los servicios de fibra óptica) e incluye la renegociación de las obligaciones de “take or pay”, que, según alega la empresa en el documento, tienen la mayoría de los contratos desfasados y con costos onerosos.

En resumen, los principales objetivos del plan prevén la reducción del valor de la deuda, la extensión de los plazos de vencimiento y la garantía de inyección de capital en la empresa para soportar las inversiones necesarias, incluida la venta de Unidades Productivas Aisladas (UPIs), entre ellas V.tal, inicialmente valorada en R$ 8 mil millones.