Oi busca aprobación de su nuevo Plan de Recuperación Judicial

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Duró todo el día (25 de marzo) la Asamblea General de Acreedores de Oi, en la cual la empresa presentó su nuevo Plan de Recuperación Judicial para su deliberación.

La Asamblea ocurre después de haber sido pospuesta el pasado 5 de marzo, y bajo nuevas perspectivas en el ámbito de las negociaciones sobre telefonía fija con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

En un pronunciamiento, la Anatel confirmó la conclusión de la negociación con el TCU y destacó los esfuerzos de las partes involucradas para lograr los mejores términos. 

El acuerdo será sometido a evaluación por un plazo de 15 días y deberá pasar por el Ministerio Público del Tribunal de Cuentas de la Unión (MPTCU), dependiendo de la aprobación del órgano para la efectivización de sus condiciones.

El preacuerdo entre la compañía y la Anatel puede reducir la presión sobre el flujo de caja de Oi, ya que libera a la empresa de algunas obligaciones onerosas asociadas al régimen de concesión de la telefonía fija (previsto para finalizar en diciembre de 2025), como el mantenimiento de cabinas telefónicas (conocidos en Brasil como orelhões), por ejemplo.

También permite a Oi cambiar al régimen de autorización, pero con la condición de realizar inversiones. Según el periódico O Estado de S. Paulo, estas inversiones pueden llegar a los 10.4 mil millones de reales (2 mil millones de dólares), destinados a conectar escuelas públicas e infraestructura.

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Razones de la nueva crisis de Oi

A pesar de afirmar haber cumplido con todas sus obligaciones durante la primera Recuperación Judicial, lo que resultó en pagos por un total de R$ 25 mil millones y habiendo pagado sus créditos a 35 mil acreedores, Oi menciona varias razones que dificultaron su restablecimiento y retrasaron su proceso de recuperación.

Entre ellas, el “atraso regulatorio” (en sus palabras) para aprobar la venta de los activos móviles e infraestructura, y la consiguiente frustración de no recibir una importante entrada de efectivo esperada en 2022 debido a la disputa sobre el valor retenido de una parte del precio de venta de estos activos.

Después del proceso de arbitraje, Oi recibió R$ 821.4 millones, lo que representó la mitad del valor originalmente esperado por la compañía.

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Otro revés fue la desistencia de Sky de adquirir la base de clientes de TV por suscripción de Oi, según lo acordado en aproximadamente R$ 737 millones. Con esto, Oi tuvo que hacerse cargo de los costos de adquisición de contenido y provisión de capacidad satelital para mantener a los clientes que esperaba transferir a Sky.

Entre otras razones, también menciona la presión que el mercado de suministro de fibra óptica de alta velocidad ha experimentado en los últimos años, además de la crisis macroeconómica de Brasil.

Nuevo Plan de Recuperación Judicial

El nuevo Plan de Recuperación Judicial de Oi busca ajustar su estructura de capital para reflejar su nueva realidad operativa (con la expansión de los servicios de fibra óptica) e incluye la renegociación de las obligaciones de “take or pay”, que, según alega la empresa en el documento, tienen la mayoría de los contratos desfasados y con costos onerosos.

En resumen, los principales objetivos del plan prevén la reducción del valor de la deuda, la extensión de los plazos de vencimiento y la garantía de inyección de capital en la empresa para soportar las inversiones necesarias, incluida la venta de Unidades Productivas Aisladas (UPIs), entre ellas V.tal, inicialmente valorada en R$ 8 mil millones.

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