El Financiero

El registro de usuarios de telefonía móvil, que entró en vigor este primero de octubre de 2025, obligará a los operadores a vincular las líneas celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP), como parte de una medida gubernamental para prevenir fraudes y extorsiones; sin embargo, la medida podría resultar más sencilla de implementar para Telcel, pero más costosa para los operadores móviles virtuales (OMVs) y para operadores con una base de clientes reducida como AT&T y Telefónica Movistar.

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El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que recopilaría datos biométricos de los usuarios mexicanos fue desechado de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Pleno de la Corte resolvió este lunes 25 de abril las acciones de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y una minoría del Senado.

Con nueve votos a favor, la Corte declaró la invalidez del decreto, pues consideró que violaba derechos como la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

La semana pasada, la Ministra Norma Piña elaboró un proyecto de sentencia en donde advirtió de las violaciones a los derechos que recaería el Panaut en caso de aprobarse e implementarse.

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La Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D) celebró la sentencia del Pleno de la Corte y dijo que “los ministros resaltaron diversos puntos críticos del Padrón, como no contemplar el requisito de autorización judicial para el acceso a datos, su falta de proporcionalidad respecto de otras medidas menos invasivas o los impactos de la creación de bases de datos biométricos en posesión del Estado en los derechos humanos”.

Luis Fernando García, director Ejecutivo de R3D, señaló que la decisión que tomó la corte deriva de la defensa que diversas organizaciones civiles realizaron en favor de sus derechos.

“Se reivindica el activismo que muchas personas realizan desde distintas trincheras; el valor que tuvieron las personas en visibilizar un tema que les importa, que afecta a muchas, fue fundamental para incidir ante el Poder Judicial”, señaló Luis Fernando García.

El Panaut fue apoyado por diversos personajes de la vida pública y política de México como el senador Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

Dicho padrón contemplaba recopilar datos personales y biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil de México, que son alrededor de 125 millones, y en caso de no registrarse, se suspendería la línea de forma automática.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe hacer públicos los proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) en México, exigieron diversas organizaciones civiles en una carta enviada al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Se trata de los Proyectos de Resolución de las acciones de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, y de la Controversia Constitucional 71/2021 promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por diversos senadores integrantes de la LXIV Legislatura y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), respectivamente, exige la carta.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, es urgente transparentar dichos documentos, ya que se trata de un tema con “graves, inminentes y potencialmente irreversibles riesgos” si se crea un padrón celular que contempla la recopilación de datos biométricos.

“Sin perjuicio de que quienes suscribimos esta carta no tenemos ningún elemento para dudar de la integridad y honestidad de los impartidores de justicia que han resuelto y resolverán las demandas relacionadas al Panaut, no se puede soslayar el impacto, real o percibido, de estos actos de intimidación, como los que han emprendido el Presidente de la República y otros funcionarios para minar la independencia y autonomía de la judicatura, lo cual obliga a este PJF (Poder Judicial Federal) a privilegiar la transparencia de sus deliberaciones y decisiones en este asunto.

“Por ello, las organizaciones que suscribimos esta carta reiteramos nuestra solicitud de que los proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional mencionadas sean publicadas con suficiente anticipación a su discusión por parte del Pleno, de manera que los argumentos presentados por organizaciones de la sociedad civil por vía de Amicus Curiae sean considerados oportunamente y la SCJN se encuentre en una mejor posición para resolver un asunto de enorme trascendencia para la vigencia de los derechos humanos en México”, dice la misiva.

Las organizaciones recordaron que a raíz de las decisiones del Poder Judicial Federal en este asunto, se emprendió una campaña pública de hostigamiento desde el gobierno federal en contra de jueces encargados de procesar las demandas de amparo, incluyendo campañas de desprestigio en conferencias de prensa y la utilización del aparato del Estado para investigar al personal judicial.

Algunas de las organizaciones firmantes son la Red en Defensa de los Derechos Digitales; Observatel; Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad; Artículo 19, entre otras.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó este miércoles la suspensión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) en México, tras una controversia constitucional emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones el 26 de mayo pasado.

Dicho padrón busca recopilar datos sensibles de los usuarios, incluidos los biométricos, de manera obligatoria, o de lo contrario se suspendería la línea móvil.

La Primera Sala celebró una sesión este 20 de octubre en la que se reiteró la suspensión (por tiempo indefinido), por cuatro votos a favor y uno en contra, bajo la Ponencia del Ministro Juan Luis González Carrancá, ante la medida cautelar solicitada por el IFT y otorgada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, en junio de 2021.

El IFT expuso en dicha controversia que no contaba con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto.

“La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021 están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador; y que este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias.

“Es importante mencionar que, tomando en consideración el proceso en curso en la SCJN, y a la espera de resolución por parte de esta, el presupuesto 2022 solicitado al Congreso por el IFT es consistente con la reclamación contra la aplicación del Panaut, por lo que esta partida no fue incluida. De esta forma, y en tanto la SCJN resuelve el fondo de la controversia constitucional, la estrategia jurídica seguida por el IFT permite salvaguardar su esfera competencial, así como el interés público asociado a un tema de gran impacto social como lo es el Panaut”, aseveró el órgano regulador mexicano.

El IFT aseguró que la resolución emitida hoy por la Suprema Corte apoyará a que estos aspectos sean conocidos y resueltos sin que el Panaut entre en vigor, y por tanto se generen afectaciones adicionales a las personas usuarias de telefonía móvil, pues impide aplicar la medida de requerirles sus datos biométricos para contar con el servicio.

“Esta suspensión permite salvaguardar el mandato constitucional del IFT como regulador y garante (…); además, impide que se obligue al IFT a implementar un modelo regulatorio que inhibe y condiciona un acceso libre y sin injerencias arbitrarias a los servicios de telecomunicaciones para las personas usuarias, que es contrario a lo mandatado al Estado Mexicano por la propia Constitución”, dijo el Instituto.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que crea un registro con los datos personales de usuarios de telefonía prepago, con la justificación de que “el anonimato de los números prepago es la principal herramienta para delinquir” desde las penitenciarias.

Chile está reviviendo una problemática iniciativa que se ha implementado en otros países con resultados contraproducentes. La evidencia internacional muestra que este tipo de registros no funcionan, terminan siendo vendidos en el mercado negro y ponen riesgo a los ciudadanos.

El proyecto de ley chileno contempla que los operadores deberán recopilar los datos de todas las personas (mayores de edad) que usen teléfonos prepago, como el nombre, domicilio, número de cédula o pasaporte, los datos técnicos de su celular e IMEI (identidad internacional del equipo móvil) y otros requisitos.

Quienes no se registren en el padrón podrían quedar desconectados del servicio, pues el documento señala que las empresas bloquearían todos los equipos o tarjetas SIM prepago que no tengan a un usuario asociado registrado. 

Dicho proyecto busca modificar la Ley General de Telecomunicaciones para crear el padrón de usuarios de telefonía prepago. Originalmente, ingresó a la Cámara de Diputados en agosto de 2018, pero no avanzó en la tramitación. Los diputados revivieron la iniciativa en mayo de este año y avanzó rápidamente hasta obtener la luz verde.

Otros países del mundo han implementado leyes como la que se promueve en Chile y con el mismo objetivo de detener los delitos; entre ellos, Colombia, Argentina, México y Uruguay. El caso más reciente y polémico es el de México, donde en 2008 se aprobó un registro nacional de usuarios prepago; entró en vigor al año siguiente y sólo vivió dos años, pues se derogó en 2011 tras comprobar los fallidos resultados.

El Senado mexicano desapareció dicho padrón debido a que las estadísticas señalaron que, contrario a lo que se buscaba, las llamadas de extorsión aumentaron un 40 por ciento durante el tiempo en que estuvo vigente. La propia evaluación del órgano legislativo advirtió que la medida se había basado en la idea errónea de que los delincuentes usaban tarjetas SIM a su nombre para cometer actos delictivos.

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Pese a la evidencia, México sacó del archivo el registro de usuarios prepago y llevó más allá la recolección de datos personales, incluyendo los biométricos. En este 2021, el Senado dio luz verde al nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Sin embargo, diversas organizaciones, instituciones y la sociedad civil están luchando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenda los efectos del decreto que crea el Panaut. El argumento aglutinador es que vulnera los derechos humanos, el acceso a la información, a la protección de datos personales y el derecho de acceso a las TIC de las personas.

Mirando el contexto internacional, especialistas y organizaciones en Chile han recurrido a la Cámara de Diputados para explicar los riesgos de la iniciativa de ley. Daniel Álvarez Valenzuela, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, expuso a los diputados que el proyecto serviría para todo lo contrario a combatir los delitos mediante celulares, sería inconstitucional y desproporcional.

Tras la aprobación en el Senado, el especialista dijo en su cuenta de Twitter que la iniciativa “constituye un mecanismo de control social en un país donde se violan derechos humanos” y que carece de una autoridad encargada de la protección de los datos personales.

La Cámara de Diputados sólo rechazó parcialmente la disposición que permitiría al Ministerio Público acceder a los datos personales del registro de telefonía prepago sin una orden judicial, pero de todas formas podrá pedir esa información a los concesionarios cuando realice investigaciones penales. Ahora será el Senado el que estudie el documento.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México descartó solicitar presupuesto para el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Panaut), de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF 2022).

El proyecto enviado por el IFT a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y publicado en el PPEF 2022, contempla un total de mil 560 millones de pesos. En el ejercicio fiscal de 2021 le otorgaron al IFT un presupuesto por mil 510 millones de pesos, por lo que, en caso de aprobarse lo solicitado para 2022, el incremento sería de apenas 3.3 por ciento.

El Panaut, en caso de implementarse, deberá ser creado y administrado por el órgano regulador de las telecomunicaciones, aunque el propio Instituto ha señalado que no cuenta con el presupuesto para hacerlo.

El IFT señala en el proyecto que consideró siete programas presupuestarios que se incluyen en su Estrategia 2021-2025, pero en ninguno de ellos, ni en la descripción del documento, aparece algún rubro relacionado con la posible creación del Panaut.

“El Instituto tendrá en el ejercicio 2022 una nueva estructura programática acorde a su Estrategia 2021-2025, que considera siete programas presupuestarios, cinco de ellos relacionados directamente con el desempeño de las funciones y actividades sustantivas: ‘Regulación y supervisión de redes e infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión’, ‘Promoción de la competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión’, ‘Regulación para el desarrollo del nuevo ecosistema digital’, ‘Regulación de los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión y fortalecimiento de los derechos de sus usuarios y audiencias’, y ‘Fortalecimiento e innovación institucional para el desarrollo de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

Además, el IFT considera dos programas de apoyo, uno es el de “Actividades de apoyo administrativo”, y el otro es sobre “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno”.

En el caso de apoyo administrativo, el IFT destaca servicios administrados de seguridad de la información, software de usuario final para el IFT, las pruebas de calidad a los sistemas del IFT y los servicios especializados en Tecnologías de la Información.

“Dichos proyectos permitirán darle continuidad a la adopción de una infraestructura de cómputo, comunicaciones y seguridad de la información flexible y escalable; así como un esquema que provea protección tanto a la infraestructura, servicios y usuarios finales, como a aspectos normativos, de procesos, calidad e ingeniería en torno a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y los espacios necesarios para el desarrollo de las funciones del personal”, señala.

En julio pasado, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) de México, insistió en que el Panaut debe crearse y pidió ayuda para que así ocurra.

El proyecto de egresos del gobierno mexicano presentó nuevas cifras presupuestarias para los programas prioritarios de conectividad a cargo de CFE Telecom, así como para el cumplimiento de las nuevas facultades asignadas a la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN) a cargo de la Oficina de la Presidencia.

De acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2022, la CEDN recibirá el triple de presupuesto el siguiente año contra lo ejercido en 2021, de 14.76 millones de pesos asignados en 2021, hasta 42.48 millones de pesos que se proponen para 2022.

Recientemente, esta oficina publicó la Estrategia Digital Nacional, que recibió las críticas del sector al no lograr presentar un diagnóstico, metas claras y medibles, y tampoco objetivos específicos sobre conectividad en industrias y para la población en general.

Por otro lado, el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información, la cual dota de nuevas facultades a la CEDN.

A partir del acuerdo, la CEDN ahora estaría a cargo de evaluar y aprobar los proyectos de adopción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las oficinas y dependencias de la administración federal, además de presidir un Grupo Técnico que evaluará aquellos proyectos que representen una mayor complejidad y presupuesto.

Cabe señalar que pese a registrar un importante incremento de su presupuesto, los recursos destinados a la CEDN aún se encuentran por debajo del presupuesto a otras áreas de la presidencia, tales como la Coordinación General de Política y Gobierno (69 millones), la Coordinación General de Comunicación Social (49.78 millones) o la Secretaría Particular (50.61 millones).

Entre los objetivos para 2022 de la Oficina de la Presidencia se encuentra: “Orientar la emisión y ejecución de políticas públicas y lineamientos, así como los mecanismos de implementación, derivados de la Estrategia Digital Nacional en materia de Tecnologías de la  Información y Comunicaciones, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, promoviendo la innovación, apertura, transparencia, colaboración y participación ciudadana para mejorar la inclusión digital.

Nuevas metas y presupuesto para CFE Telecom

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ahora tiene la nueva entidad CFE Telecom, con la cual pretende ofertar servicios de conectividad a poblaciones rurales o de escasos recursos, destinará 2.98 mil millones de pesos para “Servicios de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones”, lo que representa un monto 19 por ciento superior a lo asignado para 2021 en 2.49 mil millones de pesos.

En específico, el gasto programable propuesto para CFE Telecom en 2022 se presupuesta en 3.3 mil millones de pesos, incluyendo 884.4 millones de pesos para Proyectos de infraestructura económica de electricidad. En 2021, el gasto programable de esta empresa productiva del Estado fue de 1.98 mil millones de pesos.

En la Estrategia Programática respecto al presupuesto de CFE Telecom destacan nuevas metas que deberá cumplir esta empresa productiva, incluyendo: la habilitación de 100 mil puntos de acceso a Internet gratuito; atención con servicios de Internet y banda ancha en 65 mil localidades; servicio de conectividad (voz, datos y SMS) a 25 mil servicios; y el despliegue de mil 500 estaciones base de comunicaciones, entre otros.

Ligero incremento para el IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo facultado para la vigilancia de la competencia en telecomunicaciones y administración del espectro radioeléctrico, recibiría un presupuesto en 2022 de mil 560 millones de pesos, apenas 3.3 por ciento ó 50 millones por arriba de lo recibido para 2021.

Los aumentos se destinarían principalmente a la Coordinación de la Política de Gobierno, la Coordinación General de Planeación Estratégica, el Centro de Estudios, entre otros. Contrariamente, recibirán menos presupuesto el Pleno, su presidencia, la coordinación de comunicación social y las actividades de apoyo administrativo.

Según el presupuesto publicado, la Unidad de Competencia Económica recibiría un presupuesto menor de 55.7 millones de pesos en 2022, contra 58 millones de pesos registrados para 2021. Sin embargo, se incluyen 123 millones de pesos para la promoción de la competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión.

Destaca que entre las actividades del IFT no se menciona el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), para lo cual el Instituto ha pedido más presupuesto.

El Instituto adelanta que el presupuesto para 2022 se destinará para realizar un nuevo estudio de hábitos de consumo de medios en poblaciones rurales, el mantenimiento de su propia herramienta para medición de velocidad de Internet, el estudio sobre representación de diversidad sexual en medios, y la creación de una plataforma para la visualización y procesamiento de contadores de desempeño del servicio móvil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México estaría en riesgo si lo obligan a instalar y administrar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por lo que concedió una suspensión de dichas obligaciones tras una Controversia Constitucional promovida por el propio órgano regulador.

La Controversia Constitucional fue turnada a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

El regulador explicó en un comunicado que con base en lo previsto en el artículo 28 constitucional, la ministra señaló que, sin prejuzgar sobre el fondo, se puede apreciar un riesgo constitucional sobre la autonomía del IFT si se permitiera la ejecución del Panaut.

Detalló que la ministra Piña Hernández aseguró que tiene como efecto inminente que el Instituto realice las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener el padrón se realicen con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

El IFT expuso que no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto.

“La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador; y que este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias”, señaló el regulador mexicano.

El IFT explicó que les fue concedida la medida cautelar que solicitaron, por lo que el efecto es que se paralizan las acciones que se desprenden de las normas impugnadas, relacionadas con las atribuciones conferidas al IFT y que se ven afectadas presupuestalmente; por ejemplo, aquellas que se deban realizar para el desarrollo de la plataforma que concentrará la información material del padrón, la emisión de las disposiciones administrativas de carácter general para su operación, las campañas y medios de información para la difusión del programa.

También señaló que entonces no procede la aplicación de sanción de responsabilidad administrativa a que alude el párrafo segundo del artículo Tercero Transitorio impugnado.

“El IFT manifiesta su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre en el marco del Estado de Derecho, así como su reconocimiento y respeto al Poder Judicial, cuyas decisiones han sido fundamentales para el sector de las telecomunicaciones”, agregó el IFT.

Durante las campañas electorales de 2021 en México, el Partido del Trabajo (PT) ha sido uno de los partidos que ha caído en más contradicciones respecto a su postura sobre conectividad, así como sus acciones o votos en iniciativas que atentan contra el derecho constitucional de acceso a banda ancha.

De acuerdo con su “Plataforma Electoral 2021-2024”, una de las prioridades del Partido del Trabajo es “garantizar el acceso a Internet gratuito a todas y todos los mexicanos en todo el territorio nacional”.

Además, afirma que en el sector de las telecomunicaciones, México tiene un rezago.

“La inversión en infraestructura constituye un componente básico de la competitividad de una nación. Sin embargo, nuestro país ha tenido un importante rezago en esta materia. En telecomunicaciones aún tenemos grandes carencias. Todavía muchas familias mexicanas no logran acceder a la telefonía, televisión e Internet”, señala el PT.

Y aunque reconoce dichas carencias, en sus acciones legislativas y de gobierno el PT ha mostrado totalmente lo contrario al desarrollo de la conectividad y una estrategia digital, además de que en sus propuestas y plataforma política no especifica cómo contribuirá con la reducción de la brecha digital.

Por ejemplo, durante las sesiones sobre la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), el Partido del Trabajo se negó a discutir a fondo el tema y votó a favor de que se llevara a cabo.

Esta es una de sus contradicciones, ya que por un lado reconoce la brecha digital y falta de oportunidades para que las personas tengan garantizado su derecho constitucional de acceso a la banda ancha, y en cambio, su voto a favor del Panaut significa que está de acuerdo en que aquella persona que no entregue sus datos personales y biométricos tendrá como consecuencia la suspensión de su línea móvil.

En México, muchas personas viven en zonas alejadas en donde no existe conectividad ni acceso a telefonía, por lo que deben viajar largas distancias para llegar a una zona con cobertura celular para poder entablar comunicación con sus familiares en Estados Unidos. Estas personas que tienen una línea móvil para usarla en un lugar con cobertura serán de las más afectadas, debido a que están en riesgo de quedar sin conectividad; también aquellas personas que se tienen que desplazar a otras localidades para hacer una simple llamada.

Además, ¿qué pasa con la población menor de edad cuyo único medio de acceso a Internet es un teléfono inteligente?

Los legisladores del PT se negaron en las sesiones a responder a la pregunta sobre cómo deberán los menores de edad hacer un registro para poder conservar su derecho de acceso a Internet.

Y aunque la plataforma del Partido del Trabajo reconoce a las inversiones en el sector de las telecomunicaciones como primordiales para el cierre de la brecha digital, en su ejercicio legislativo no lo toman en cuenta.

Por ejemplo, en el caso a la reforma de la Ley Federal de Derechos, hecha el 20 de octubre de 2020, en donde se contempla el incremento al costo anual del espectro radioeléctrico, los legisladores del PT no se pronunciaron en contra a pesar de que las propias empresas y la industria en general –incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)– les advirtieron que incrementar los costos de dicho recurso retrasaría las inversiones.

La industria ha señalado que para el desarrollo de la nueva generación de redes móviles 5G será necesaria la liberación y otorgamiento de espectro radioeléctrico; sin embargo, pidieron que consideraran no aumentarlo y, por el contrario, incluso compensar con obligaciones de cobertura, pues el elevado precio inhibe las inversiones.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México confirmó que este 26 de mayo interpuso una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El órgano regulador mexicano señaló que el comisionado presidente interino, Adolfo Cuevas, fue quien en representación del IFT interpuso dicha acción legal.

El IFT insistió en que no cuenta con recursos económicos suficientes para encargarse de una encomienda como la de poner en marcha el Panaut y administrarlo.

“En representación del IFT, el Comisionado Presidente, Adolfo Cuevas Teja, presentó hoy una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021, por las cuales se crea el Panaut.

“El IFT no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del Panaut con cargo a su presupuesto. La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021 están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador. “Para el IFT, este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, 

consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias”, señaló el órgano regulador.

En su comunicado, el IFT hace referencia que el Congreso de la Unión afecta sus competencias con la creación del Panaut.

“Afecta e invade la esfera competencial del IFT, concretamente a sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos, ya que le impide cumplir con su objeto constitucional contenido en los artículos 6º y 7º; toda vez que le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles; y lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Panaut, en términos contrarios al objeto para el cual fue creado el propio Instituto”, advierte.

Con este recurso interpuesto por el IFT, además del presentado por senadores de oposición y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), suman tres las acciones de inconstitucionalidad.