La reducción de precios del espectro en la banda de 800 MHz que contempla el nuevo dictamen en la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Derechos, es adecuada y demuestra la apertura de las autoridades con la industria, sin embargo, es insuficiente, coincidieron representantes de empresas y expertos del sector.
“Con el dictamen de ayer, se acota la propuesta de aumento de los derechos para la banda de 850 MHz. Esta medida ha demostrado sensibilidad y disposición a escuchar, hecho que agradecemos y reconocemos como el camino para construir una sociedad más conectada.
“Sin embargo, no podemos dejar de señalar que, en su conjunto, los derechos por el uso del espectro son superiores a los ya extremadamente elevados derechos establecidos en la vigente Ley Federal de Derechos, y continúan posicionando a México entre los países con el espectro más caro del mundo, representando cerca del 12 por ciento de los ingresos de la industria, casi el doble de lo que representa para países como Estados Unidos o Alemania, aún con más espectro asignado”, comentó a DPL News Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América Latina de la GSMA.
El representante de los operadores móviles comentó que lo primordial es el impacto que tiene el precio del espectro para los consumidores.
Recordó que un estudio realizado por GSMA, hecho en 2019, revela que si el precio del espectro en México hubiese estado en el promedio para América Latina, hoy podría haber 15 millones más de mexicanos conectados a banda ancha móvil.
María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), comentó que el nuevo dictamen es mejor que la propuesta original, pues se ve la apertura de la autoridad, pero no se resuelve el problema de fondo.
“Los derechos deben bajar, porque desalientan la inversión y obstaculizan al regulador. Necesitamos una estrategia nacional digital que oriente las acciones al mismo fin”, dijo.
José Luis Peralta, especialista y columnista de DPL News, coincidió que es insuficiente.
“El costo del espectro debe de bajar y dejar de ser un tema de simple recaudación. Si hay subastas, no tiene sentido poner derechos”, comentó.
Ramiro Tovar, analista de DPL News, dijo que la contraprestación al Estado a lo largo de la vigencia de la concesión debe estar definida desde la asignación al concesionario.
“Lo ocurrido con los cambios en los derechos sólo demuestra que éstos son discrecionalmente modificados año tras año”, comentó.
José Otero, especialista y vicepresidente para América Latina y El Caribe de 5G Americas, dijo que los montos que cobra el gobierno en la actualidad, es decir, antes de la propuesta de aumento, llevaron a un operador (Telefónica Movistar) a regresar su espectro al Estado.
Michel Hernández, miembro de Observatel, coincidió en que falta una política integral que no inhiba las inversiones.
“Tendría que existir una política integral en el gobierno federal que identifique claramente acciones que incentiven la conectividad y que identifiquen medidas que la pueden obstaculizar, en lugar de estar apagando fuegos que sólo generan incertidumbre y desincentiva inversión”, apuntó.