Uber lanzó en México Uber Mujeres, una nueva función que permite a las usuarias elegir viajes con conductoras. La herramienta ya comenzó su despliegue gradual en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y Cancún.

Con esta actualización, la compañía busca ofrecer mayor control, seguridad y personalización en la experiencia de movilidad, en línea con una tendencia creciente de las plataformas digitales de adaptar sus servicios a necesidades específicas de los usuarios.

¿Qué es Uber Mujeres y para qué sirve?

Uber Mujeres es una opción dentro de la app que permite a las usuarias priorizar viajes con conductoras.

La función responde a una demanda que la empresa ha identificado desde 2020, cuando lanzó “Ellas”, una alternativa pensada para que las conductoras eligieran transportar sólo a pasajeras.

Ahora, el enfoque se invierte: las usuarias tienen más poder de decisión sobre quién conduce su viaje.

¿Cómo funciona Uber Mujeres?

La herramienta está diseñada para ser flexible y adaptarse a distintos momentos de uso. Funciona a través de tres modalidades:

1. Preferencia en todos los viajes

Las usuarias pueden configurar su cuenta para que la app intente asignar una conductora en cada solicitud. Si la disponibilidad es baja o el tiempo de espera es alto, el sistema puede ampliar la búsqueda a conductores.

2. Viajes programados (Uber Reserve)

Permite agendar viajes con anticipación (desde 30 minutos antes) y elegir viajar con una conductora. Es útil para traslados planeados, como salidas al aeropuerto o citas importantes.

3. Viaje inmediato

Al pedir un viaje en tiempo real, la aplicación buscará una conductora cercana. Si no hay disponibilidad, la usuaria puede decidir entre esperar más tiempo o aceptar un conductor.

¿Qué tecnología utiliza?

Uber Mujeres integra modelos de Inteligencia Artificial para identificar inicialmente a las usuarias mediante inferencia. Posteriormente, la plataforma solicita una confirmación de género, lo que permite habilitar la función de manera controlada y alineada con sus políticas de seguridad.

El lanzamiento de Uber Mujeres se da en un contexto donde la seguridad en el transporte es un factor fundamental para millones de personas, especialmente para las mujeres, por lo que incorporar la perspectiva de género es necesaria al diseñar productos digitales.

Se espera que la nueva función brinde mayor sensación de confianza al elegir quién conduce, más control sobre la experiencia de viaje y opciones personalizadas según las necesidades individuales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó esta semana nuevos decretos para impulsar inversiones en el país mediante la autorización inmediata de los proyectos en el marco del Plan México, en los que la tecnología tiene un papel central.

Los decretos firmados por la mandataria también implican la creación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior y la Simplificación de Trámites de Cofepris, los cuales se alinean a la estrategia de Digitalización y Simplificación que impulsa la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Durante la presentación realizada este lunes 4 de mayo, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que, en virtud del primer decreto, se aprobarán de manera inmediata los proyectos de inversión que cumplan con algunas de las siguientes características:

• Estar ubicado en un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.
• Tener un monto de inversión de al menos 2,000 millones de pesos.
• Aplicarse en el sector electrónico, tecnológico, textil, automotriz, energético o químico, entre otros.

El funcionario detalló que, mediante estas nuevas disposiciones, se simplifica el flujo de autorización en menos de 30 días a través de una solicitud 100% digital con los documentos requeridos.

Simultáneamente, desde esta semana se creó la Oficina Presidencial de Inversiones y el Comité de Inversiones, la cual emitirá una Constancia de Autorización de Proyectos de Inversión en un plazo no mayor a 30 días; mientras que, para las inversiones privadas, la resolución máxima de todos los trámites federales será en 90 días.

Los funcionarios señalaron que los proyectos se ejecutarán bajo la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos y el Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización, que implica la homologación de trámites y requisitos entre todos los estados y todos los municipios del país.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, también participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

El sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca, ocurrido este lunes 4 de mayo, no fue sólo un recordatorio de nuestra vulnerabilidad geográfica, sino una señal de alarma sobre la fragilidad de nuestras instituciones.

Mientras los altavoces capitalinos se activaron con la alerta sísmica, el silencio de los teléfonos celulares, el eslabón tecnológico que se nos vendió como infalible, resuena hoy más fuerte que cualquier sirena.

Ante la falta de explicaciones, la ciudadanía se debate entre una duda razonable: ¿estamos ante un “mantenimiento rápido” como señaló la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de Pepe Merino, o ante una negligencia institucional que podría costar vidas?

Imaginemos por un momento que este sismo no hubiera sido un evento moderado. Proyectemos el escenario de un terremoto con la fuerza destructiva del ocurrido en 2017. En esa situación, la diferencia entre la vida y la muerte se mide en segundos.

Si el sistema de alerta en celulares fallara bajo el pretexto de un “mantenimiento rápido” durante un evento de tal magnitud, las consecuencias serían catastróficas.

Se supone que la alerta sísmica en los celulares, que se trata de una alerta presidencial, debe tener una disponibilidad cercana al 100% con márgenes mínimos de error. Y a decir de la comunicación de la ATDT, es así, pero ¿qué creen? Que el sismo de este lunes 4 de mayo agarró a los ingenieros de la ATDT justamente dándole “mantenimiento rápido” para ponerla a punto para el simulacro nacional del miércoles 6 de mayo.

En otras palabras, la alerta sísmica en los celulares no podrá funcionar en sismos reales, pero va a estar al punto ¡durante los simulacros!

Etiquetar una falla de sistema como “mantenimiento rápido” en una zona de alta sismicidad es, por definición, una negligencia. No se puede “reparar” el paracaídas mientras se está saltando del avión.

La administración pública suele refugiarse en tecnicismos cuando la infraestructura falla. Sin embargo, llamar “mantenimiento rápido” a la inoperatividad de una alerta durante un sismo real es una contradicción que lo único que parece es que quieren tomarle el pelo a los ciudadanos.

Si la alerta no suena cuando el suelo se mueve, no importa cuántas veces funcione en los simulacros. La efectividad de la protección civil se mide en la crisis, no en el ensayo.

La justificación de las autoridades tras la falla en los dispositivos móviles solo alimenta la desconfianza. ¿Se subestimó la importancia de la integración digital? ¿Se delegó la seguridad a protocolos de mantenimiento mal planeados?

Si un sismo de gran magnitud nos golpeara hoy con la alerta “en mantenimiento rápido”, no estaríamos hablando de un error técnico, sino de una omisión que costaría vidas.

La tecnología para salvarnos existe y se han invertido recursos públicos en ella; que no se active cuando más se necesita no es un bache en el camino, es una negligencia que, en una ciudad con memoria de escombros, no se puede permitir.

En línea con su compromiso con la innovación responsable y la sostenibilidad ambiental, a partir de ahora las tarjetas de débito que emita Banco Santander México estarán fabricadas con materiales 100% libres de PVC, una medida que representa un avance significativo en la reducción del uso de plásticos convencionales en la industria financiera.

Estas nuevas tarjetas, desarrolladas con el apoyo tecnológico de Thales, líder global en tecnología ,están elaboradas con PETG 100% reciclado, un material libre de cloro, altamente resistente y con una menor huella ambiental frente al PVC tradicional, con lo que Santander México será pionero en la adopción de prácticas más sostenibles y la reducción de residuos, contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente con una solución que combina innovación, eficiencia y responsabilidad ambiental y establece un nuevo estándar para la banca mexicana.

Una decisión con impacto ambiental positivo

Actualmente, más del 90% de las tarjetas bancarias en el mundo se fabrican con PVC, un plástico complejo de reciclar y que libera sustancias tóxicas durante su producción y disposición final. Su sustitución por materiales reciclados y libres de cloro, como el PETG, permite reducir significativamente la generación de residuos y las emisiones contaminantes asociadas a su ciclo de vida.

En una primera fase, Santander México producirá aproximadamente 500 mil tarjetas de débito mensuales bajo este nuevo modelo, con una inversión estimada de 96 millones de pesos anuales. En etapas posteriores, se prevé ampliar la fabricación libre de PVC a otros productos del portafolio, avanzando hacia una operación más limpia y circular.

Actualmente, Santander México ya emplea PVC reciclado en el 85% de sus tarjetas y ha alcanzado el 100% en algunos productos. Con esta transición hacia materiales 100% libres de PVC, el banco refuerza su estrategia de sostenibilidad y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular los relacionados con la producción y el consumo responsables.

Esta iniciativa consolida a Santander México como una de las instituciones financieras más comprometidas con la gestión ambiental, integrando la sostenibilidad como eje estratégico de su modelo de negocio, y reafirma su convicción de impulsar soluciones que generen valor económico, social y ambiental y contribuyan al desarrollo de una banca más responsable.

La inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC, conocido en inglés como USMCA) deberá de ser una oportunidad, antes que un factor de conflicto comercial entre México y Estados Unidos.

Una revisión que profundice la integración de los mercados de telecomunicaciones y de sus cadenas de suministro asociadas, en una época donde la geoestrategia y las ventajas comerciales tendrán necesariamente que coexistir.

El TMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN y, a diferencia de su antecesor, incorporó una “cláusula de caducidad” o sunset clause que condiciona su permanencia a revisiones periódicas.

Conforme al artículo 34.7 del tratado, la primera revisión sexenal está programada para julio de 2026, debiendo concluir si los tres socios extienden su vigencia por otros dieciséis años —hasta 2042— o si abren un proceso de modificaciones de mayor alcance.

Aunque la fecha formal es julio de 2026, el proceso de hecho ha iniciado. En septiembre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía (SE) abrieron consultas públicas y Canadá inició las suyas poco después.

Conviene distinguir entre dos figuras que suelen confundirse: una revisión es un ejercicio acotado para evaluar la efectividad del tratado y ajustar puntos específicos, mientras que una renegociación implica reabrir capítulos completos y reescribir compromisos sustantivos.

El 5 de marzo de 2026, mediante un boletín conjunto, el embajador Jamieson Greer y el secretario Marcelo Ebrard anunciaron la primera ronda de pláticas bilaterales preparatorias del Joint Review e instruyeron a sus equipos técnicos a iniciar una discusión exploratoria sobre medidas para reducir la dependencia de insumos provenientes de fuera de la región, fortalecer las reglas de origen y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.

Si los tres gobiernos no logran consenso, el TMEC entrará en un esquema de revisiones anuales que puede prolongarse hasta 2036, e incluso queda abierta la posibilidad de que una de las partes se retire con un aviso previo de seis meses.

Dentro de la arquitectura del tratado, la materia de telecomunicaciones se ubica en el Capítulo 18, en el bloque dedicado al comercio de servicios, la inversión y la economía digital, en estrecha relación con los capítulos contiguos sobre Comercio Digital (19), Derechos de Propiedad Intelectual (20) y Política de Competencia (21).

Se trata de un capítulo notablemente más extenso que su antecedente: el capítulo XIII del TLCAN tenía sólo diez artículos, mientras que el Capítulo 18 del TMEC se compone de veintisiete y regula el acceso y uso de redes y servicios públicos de telecomunicaciones, las obligaciones de los operadores considerados “preponderantes”, los sistemas de cableado submarino, la asignación transparente del espectro, la independencia del organismo regulador y los mecanismos para resolver controversias entre operadores.

Cabe señalar que erróneamente se incorporó el contenido de la “preponderancia” y la “regulación asimétrica” dado que entra en conflicto con lo establecido en el capítulo de Política de Competencia, dado que su objetivo es económicamente semejante y debiera ser uniforme su aplicación sin sectores con tratamientos particulares o excepcionales.

Pero la incorporación fue más de justificación política para asegurar su permanencia y continuidad más que el objetivo per se de procurar la competencia.

Tras la reforma constitucional de 2024 que ordenó la desaparición de los organismos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue formalmente disuelto en octubre de 2025 y sustituido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), creada como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Poder Ejecutivo.

Ese rediseño tensiona dos compromisos puntuales del Capítulo 18: el artículo 18.17, cuya nota al pie 14 establece específicamente para México que su organismo regulador de telecomunicaciones debe ser autónomo respecto del Poder Ejecutivo; y el artículo 18.18, sobre neutralidad competitiva, que prohíbe otorgar trato más favorable a un proveedor por el solo hecho de ser propiedad o estar bajo control del gobierno nacional.

Este último se ve presionado por la entrada directa de la Comisión Federal de Electricidad y la existencia de la ahora paraestatal Altán Redes en el mercado de telecomunicaciones.

En ese contexto, el embajador Greer ha planteado públicamente que México estaría en incumplimiento del TMEC en áreas que incluyen energía, telecomunicaciones y otras, lo cual coloca al Capítulo 18 entre los temas más previsibles dentro de la agenda específica de la revisión de este año.

Siendo propositivo, existen al menos tres aspectos que representan una oportunidad de una mayor integración de Norteamérica en telecomunicaciones, en particular entre México y Estados Unidos:

I. Barreras técnicas: homologación de equipos y reconocimiento mutuo de certificaciones

Una de las quejas más concretas que el USTR ha incorporado en sus reportes anuales se refiere al régimen de homologación de equipos de telecomunicaciones.

En el apartado de barreras técnicas al comercio del 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, (NTE) la USTR señala expresamente que México, a través del entonces extinto IFT y ahora de la CRT, exige pruebas locales para determinar la Tasa de Absorción Específica (SAR).

La SAR mide la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo humano absorbe de un dispositivo móvil, parámetro central de seguridad ya verificado por la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos antes de la exportación.

Tal duplicidad de pruebas genera retrasos dado que México exige repetir esa prueba —además de las contempladas en la NOM-208-SCFI-2016 (Wi-Fi, Bluetooth y otros equipos de corto alcance), la NOM-221-SCFI-2018 (terminales celulares 2G/3G/4G/5G), IFT-011-2017 (verificación del IMEI), entre otras que equivalen, en la práctica, a una barrera técnica al comercio en términos del artículo 11 del propio TMEC y del Acuerdo OTC de la Organización Mundial del Comercio.

El costo económico de esta duplicidad no es trivial. El procedimiento obliga al fabricante a contratar un representante legal residente en México, someter muestras a un laboratorio acreditado por el IFT (ahora CRT), obtener un Certificado de Conformidad emitido por un organismo local —NYCE u otros— y, finalmente, un Certificado de Homologación expedido por la autoridad.

Al proceso de aprobación provisional ante el extinto IFT le seguía esperar al menos un año para la aprobación permanente. A esos plazos se agrega el cuello de botella estructural: el reducido número de laboratorios acreditados en territorio mexicano para realizar pruebas que, en muchos casos, ya fueron ejecutadas conforme a los protocolos de la FCC con los cuales la propia normatividad mexicana se encuentra armonizada.

Para un fabricante que coloca múltiples modelos al año en la región, el costo agregado de muestras, ensayos repetidos, honorarios, traducciones obligatorias y derechos administrativos puede alcanzar varios cientos de miles de dólares por línea de producto, sin que ese gasto agregue valor de seguridad alguno respecto del que ya garantiza la certificación estadounidense.

La justificación económica para migrar hacia un esquema de reconocimiento automático —que es justamente lo que el USTR pide al instar a México a actualizar dichos estándares e incorporarlos al Mutual Recognition Agreement (MRA) en materia de evaluación de la conformidad— se apoya en cuatro órdenes de argumentos.

Primero, la eliminación de costos de transacción duplicados: si dos jurisdicciones aplican estándares técnicamente equivalentes, repetir el ensayo no produce información nueva, opera como un impuesto regulatorio que se traslada al precio final del consumidor mexicano.

Segundo, aceleración del time-to-market: en mercados con efectos de red como las telecomunicaciones, cada mes de retraso en la disponibilidad de una terminal o de un equipo de red 5G implica una pérdida de bienestar agregado superior al ahorro privado del régimen actual de pruebas.

Tercero, reducción de la captura regulatoria y de la búsqueda de rentas por parte de un número limitado de laboratorios y peritos acreditados, cuyos ingresos dependen precisamente de que la duplicidad subsista.

Cuarto, escala de inversión en Centros de Datos y nearshoring: la operación de un Centro de Datos de hiperescala requiere homologar cientos de modelos de switches, routers, puntos de acceso inalámbricos y equipos de IoT industrial.

Los costos de cumplimiento se multiplican rápidamente y se traducen, en el margen, en menos despliegue de infraestructura digital en territorio mexicano y en la pérdida de inversión hacia jurisdicciones con regímenes de reconocimiento automático.

En síntesis, lo que en el NTE aparece como un párrafo técnico sobre pruebas SAR y laboratorios acreditados constituye, en realidad, un caso típico de barrera no arancelaria con costos económicos cuantificables y con un remedio relativamente pronto: el reconocimiento automático, vía un MRA actualizado, de los certificados emitidos conforme a los estándares de la FCC y de los organismos de normalización de Canadá para todos los equipos terminales, de red y de Centros de Datos cuyas especificaciones técnicas ya estén armonizadas.

Dado que el Capítulo 18 del TMEC obliga a México, en su artículo 18.6, a procurar que sus procedimientos de evaluación de la conformidad sean transparentes y no imponer costos innecesarios, que el artículo 11 del propio tratado consagra el reconocimiento de equivalencia en materia de OTC, la revisión de 2026 ofrece una ventana institucional evidente para resolver una fricción que, en el estado actual, opera como un costo hundido para los exportadores estadounidenses, para los operadores que pretenden invertir en México y, en última instancia, para los propios consumidores mexicanos.

II. Diferencias en el uso y atribución del espectro entre México y Estados Unidos: observación para una agenda de armonización bilateral

La banda de 3.5 GHz ha sido la “banda pionera” de 5G a nivel global, con más de 60 países asignando porciones de ella para despliegues comerciales.^[1] Sin embargo, México y Estados Unidos han adoptado trayectorias regulatorias notablemente distintas dentro del mismo rango.^[2]

Estados Unidos: el segmento 3.45-3.98 GHz tiene tres regímenes diferenciados que limitan su rendimiento: (i) la sub banda de 3.45-3.55 GHz, subastada en 2021 sin restricciones de potencia pero con zonas de coordinación y protección alrededor de usos militares; (ii) la sub banda 3.55-3.70 GHz, regulada bajo el esquema CBRS (Citizens Broadband Radio Service), que opera con restricciones de potencia y derechos secundarios para usuarios comerciales^[3] y (iii) la sub banda 3.7-3.98 GHz, liberada del uso satelital mediante un proceso de “repacking” que culminó en 2025,^[4] actualmente en uso para 5G.

Críticamente, el segmento inferior de 3.3-3.45 GHz (150 MHz de capacidad potencial) no se encuentra disponible para uso móvil debido a la operación de sistemas de radar militar.

México: el extinto IFT optó por una estrategia distinta. Las licencias de Telcel para acceso fijo-inalámbrico en 3,450-3,550 MHz fueron reubicadas hacia 3,350-3,450 MHz y reconvertidas a uso móvil, permitiendo el despliegue comercial de 5G en 3.3 GHz.^[5]

Como la GSMA documenta sobre América Latina, establece que 100 MHz han sido despejados en el rango de 3.35-3.45 GHz, con un plan declarado de 300 MHz para el rango 3.3-3.8 GHz.^[6]

Crucialmente, no se han reportado interferencias con sistemas de radar transfronterizos. Este caso es citado explícitamente por la GSMA como ejemplo internacional de coexistencia exitosa que Estados Unidos podría considerar.^[7]

La asimetría es notable: México utiliza precisamente el segmento que Estados Unidos mantiene cerrado. Lo hace en la frontera norte sin que se hayan documentado externalidades negativas sobre los radares estadounidenses. Esta evidencia revelada constituye, desde la óptica del análisis económico, un experimento natural sobre la viabilidad de la coexistencia.

Para 5G, EE. UU. tiene hasta 430 MHz contiguos o casi contiguos entre 3.45 y 3.98 GHz, aunque con usos distintos.

México tiene una ventana más limitada alrededor de 3.4-3.6 GHz. Cualquier expansión hacia 3.7-3.98 GHz implicaría resolver coexistencia, migración o reordenamiento de servicios satelitales.

La banda de 6 GHz representa el mayor bloque continuo de espectro de mediabanda aún en disputa entre uso licenciado (móvil) y uso no licenciado (Wi-Fi).

Tras la WRC-23, países que representan aproximadamente 60% de la población mundial buscaron la identificación del segmento superior 6,425-7,125 GHz para servicios móviles (IMT).^[8] Aquí la divergencia entre los dos países es de mayor envergadura.

Estados Unidos ha asignado la totalidad de los 1,200 MHz (5,925-7,125 GHz) a uso no licenciado, descartando, por ahora, cualquier porción para 5G.^[9]

Esta decisión cierra una de las dos vías principales de expansión mid-band para los operadores estadounidenses, lo cual amplifica la presión sobre la banda de 3.5 GHz.

México, junto con Brasil, se sumó al grupo de países que solicitaron la identificación del segmento superior (6,425-7,125 GHz) para IMT.^[10]

La argumentación de la GSMA descansa sobre tres pilares empíricos relevantes para América Latina: (i) en las once ciudades latinoamericanas analizadas, prácticamente ninguna de las conexiones Wi-Fi 6E utilizan actualmente la banda de 6 GHz, lo cual indica que el segmento inferior de 5,925-6,425 GHz es suficiente para la evolución de Wi-Fi.^[11]

(ii) Entre 49% y 66% del uso de datos móviles ocurre en interiores y, de éste, hasta 95% se entrega vía espectro mid-band, no Wi-Fi.^[12]

(iii) En el escenario de uso licenciado de banda superior, el beneficio económico es en promedio siete veces superior al del uso no licenciado.^[13]

Esta divergencia tiene implicaciones particularmente delicadas para la frontera bilateral. La operación simultánea de redes 5G con potencia macro-celular del lado mexicano y de redes Wi-Fi de baja potencia del lado estadounidense en el mismo rango requeriría coordinación específica para evitar interferencias adyacentes, aun cuando los regímenes de licenciamiento sean diferentes.

Además, existen al menos tres asimetrías adicionales:

Primero, el modelo institucional de asignación. Estados Unidos opera con un sistema de coordinación entre la FCC (uso comercial) y la NTIA (uso federal), con portales como ASCS y DACAMP del Defense Information Systems Agency para coordinar coexistencia con radar.

México operó con el extinto IFT como autoridad técnica única y, ahora con la CRT, lo cual simplifica la negociación con incumbentes vía mecanismos de “rearrange” (reubicación) y “refarming” (reasignación), incluidos procesos ex-officio o entre licenciatarios bajo autorización del regulador actual.^[14]

Segundo, las restricciones aviónicas. Estados Unidos adoptó en la banda de 3.7-3.8 GHz restricciones voluntarias y temporales alrededor de aeropuertos por preocupaciones sobre altímetros de aviación, restricciones que la mayoría de los países que usan ese rango no han considerado necesarias.^[15]

Esta divergencia crea costos asimétricos para operadores con presencia binacional.

Tercero, la sincronización TDD transfronteriza. La operación TDD (Time Division Duplex) en 3.5 GHz requiere sincronización de estaciones base. En zonas fronterizas donde un país despliega IMT y el otro mantiene servicios fijos, móviles o radar, se requieren acuerdos formales de coordinación, por lo que existen oportunidades de armonización.

A partir de las asimetrías anteriores, surgen al menos cinco oportunidades de mayor integración bilateral, ordenadas por su grado de viabilidad inmediata.

(a) Liberación del segmento de 3.3-3.45 GHz en Estados Unidos sobre la base de la evidencia mexicana. El despliegue comercial sin interferencia reportada de Telcel constituye un caso evidente —no una analogía— sobre la coexistencia con sistemas radar estadounidenses. Esto reduce el costo de información real para que el Departamento de Defensa y la NTIA evalúen la reubicación o la coordinación geográfica del uso militar.

(b) Adopción de estructuras compatibles entre operadores estadounidenses y mexicanos en zonas fronterizas tendría como efecto reducir la necesidad de bandas de guarda, optimizando la capacidad espectral efectiva.

(c) Acuerdo bilateral sobre 6 GHz. Aun cuando es improbable que Estados Unidos revierta su asignación a uso no licenciado en el corto plazo, una coordinación técnica sobre los parámetros de potencia y máscaras de emisión en la franja fronteriza permitiría minimizar interferencias entre el uso licenciado mexicano (eventual) en 6,425-7,125 GHz y el uso de Wi-Fi estadounidense.

(d) Convergencia en estándares de protección a sistemas radar y aviónicas. Una revisión bilateral de las restricciones en 3.7-3.8 GHz cerca de aeropuertos, basada en evidencia internacional comparada, podría reducir costos asimétricos sin comprometer la seguridad aérea.

(e) Mecanismos institucionales permanentes. La creación o reactivación de un grupo técnico binacional FCC/NTIA/CRT con mandato específico sobre espectro 5G/6G —análogo en su lógica al modelo de cooperación que ha existido para coordinar interferencia en otras bandas— constituiría la infraestructura institucional para sostener la armonización.

Desde una perspectiva de economía de la regulación, la armonización bilateral genera ganancias por al menos tres canales: (i) economías de escala en equipamiento y dispositivos, que reducen costos para usuarios finales en ambos lados de la frontera; (ii) eficiencia en el uso de espectro fronterizo, evitando que zonas de guarda o coordinación operen como capacidad muerta; y (iii) reducción de costos de cumplimiento para operadores con presencia binacional o para usuarios en roaming.^[16]

Sin embargo, estas ganancias deben ponderarse contra los costos políticos de modificar asignaciones ya consolidadas —particularmente en Estados Unidos, donde las decisiones sobre 6 GHz y CBRS reflejan intereses que incluyen al ecosistema Wi-Fi, los operadores móviles y el sector de defensa.

III. La dimensión geoestratégica: infraestructura crítica, proveedores no alineados y el multiplicador de contenido

La revisión del TMEC en 2026 se ha desplazado conceptualmente de un ejercicio comercial convencional —orientado a tarifas, reglas de origen y solución de controversias— hacia lo que diversos analistas y la propia administración estadounidense han comenzado a describir como una negociación sobre la arquitectura de seguridad económica de América del Norte.

El proceso de revisión se asemeja cada vez más a una negociación de arquitectura geoestratégica y de seguridad y no a una actualización comercial, en la cual el TMEC operaría como columna vertebral de aplicación de una estrategia hemisférica más amplia que integra acceso a mercado, gobernanza tecnológica, minerales críticos, energía y cumplimiento en un mismo marco operativo.

En esa lectura, el bloque trilateral deja de ser únicamente un espacio de libre comercio para convertirse en una plataforma de coordinación tecnológica y estratégica frente a la rivalidad sistémica con la República Popular China. Los Capítulos 4 (Reglas de Origen) y 18 (Telecomunicaciones) son piezas centrales de este nuevo entramado.

La preocupación geoestratégica más concreta se origina en una asimetría regulatoria cuantificable.

Estados Unidos cuenta con el Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) para filtrar inversión extranjera por motivos de seguridad nacional y ha vetado en sus redes federales y en infraestructura crítica los equipos de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua.

México carece de un mecanismo equivalente; sin embargo, se ha alineado en materia de aranceles, dado que para 2026 amplió la cobertura a 1,463 fracciones arancelarias con sobretasas a productos procedentes de China, por lo cual la brecha trilateral en filtrado de inversión y en seguridad de infraestructura crítica es lo que muy probablemente buscaría incorporar el USTR en la revisión del TMEC.

El TMEC ya contiene un instrumento incipiente en esta materia: el Artículo 32.10, conocido como cláusula de “economía no de mercado”.

Esta disposición define una economía no de mercado como aquella que, a la fecha de firma del acuerdo, al menos una de las partes había determinado como tal para efectos de sus leyes de remedios comerciales y con la cual ninguna parte tiene un tratado de libre comercio.

Aunque cubre teóricamente más países, fue diseñada en 2018 con China como referente implícito.

Sin embargo, el Artículo 32.10 no atiende los temas de seguridad nacional asociados al aumento de la inversión china, brecha que un mecanismo de filtrado de inversión coordinado regionalmente podría cubrir.

Para llenar ese vacío han emergido dos vertientes complementarias: por un lado, los senadores Dave McCormick y Catherine Cortez Masto presentaron una legislación para instruir a la USTR a priorizar la protección del TMEC frente a la inversión de China durante la revisión conjunta de 2026.^[17]

Por otro lado, las señales explícitas del USTR sobre el endurecimiento de las reglas de origen en sectores estratégicos (automotriz, semiconductores, baterías, minerales críticos y, por extensión, equipos de telecomunicaciones e infraestructura digital).

El instrumento técnico más prometedor para articular esa coordinación es la introducción, en el Capítulo 4, de un coeficiente diferenciado para el contenido proveniente de proveedores no alineados estratégicamente al calcular el contenido no regional.

Bajo las reglas vigentes, por ejemplo, para que un vehículo de pasajeros reciba trato preferencial debe contener al menos 75% de valor regional, lo que deja sólo 25% del valor del automóvil disponible para insumos potencialmente originados en China. En ese 25%, sin embargo, todo contenido extranjero —chino, coreano, japonés o europeo— recibe el mismo tratamiento aritmético.

La propuesta consiste en aplicar al contenido chino un multiplicador mayor que uno —por ejemplo, 1.5 ó 2.0— al integrarlo a la cuenta no regional, de modo que cada dólar de insumo procedente de China, este consuma 1.50 ó 2.00 dólares del margen disponible.

Económicamente, el efecto es equivalente a un arancel implícito focalizado por origen: con un multiplicador de 2.0, sólo 12.50 dólares de contenido chino agotan el margen de 25%, lo cual desplaza la demanda de insumos hacia proveedores de jurisdicciones “aliadas” —Corea, Japón, Unión Europea, Reino Unido— sin transgredir el principio de no discriminación de la OMC, al ampararse en la excepción de seguridad esencial contemplada en el Artículo 32.2 del propio TMEC.

En términos formales, representa un “arancel equivalente” selectivo por país de origen, internalizado en la regla de origen y no en el arancel nominal.

Trasladada al Capítulo 18, esta lógica se materializaría en dos componentes complementarios.

Primero, la incorporación de un anexo —o de una decisión del Comité de Telecomunicaciones previsto en el propio capítulo— que defina una lista de proveedores de confianza (trusted vendors) para equipos de red y de Centros de Datos clasificados como infraestructura crítica, alineada con las decisiones que la FCC ya ha tomado y consistente con la arquitectura abierta promovida por la O-RAN Alliance, que permite a los operadores integrar componentes de fabricantes como Ericsson, Nokia, Samsung, Mavenir, NEC, Fujitsu, Qualcomm, Hewlett Packard Enterprise e Intel sin atarse a un único proveedor.

Segundo, la aplicación del multiplicador antes descrito al equipamiento físico —radios 5G, baseband units, ruteadores, switches, equipos de cifrado y servidores para hiperescaladores—, de modo que un operador mexicano que adquiera infraestructura de un proveedor no alineado no pueda imputar ese costo como insumo calificable bajo el régimen del TMEC ni trasladar a sus servicios derivados los beneficios arancelarios y regulatorios asociados al tratado.

La combinación de ambos componentes alinea, en la práctica, la política regulatoria mexicana con la de Estados Unidos y Canadá sin requerir prohibiciones explícitas, sustituyéndolas por un sistema de incentivos económicos compatible con la soberanía regulatoria de cada parte.

Visto desde la economía política internacional, lo que está en juego no es un ajuste técnico al texto del tratado, sino la definición de si América del Norte opera como un bloque tecnológico-estratégico coherente o si México conserva una posición intermedia que erosiona su compromiso con la credibilidad regional ante EE. UU.

La introducción de un multiplicador para el contenido no alineado, combinado con un régimen de proveedores de confianza en telecomunicaciones, produciría tres efectos económicos identificables:

desviación de comercio hacia proveedores aliados, con costos de transición acotados pero ganancias de seguridad y cohesión estratégica; reorientación de la inversión extranjera directa china en México hacia sectores menos sensibles —o, en su defecto, hacia jurisdicciones fuera de la región—; y consolidación del nearshoring como friend-shoring, fenómeno cualitativamente distinto a la simple relocalización geográfica.

Para México, alinearse con esta arquitectura supone asumir costos políticos y diplomáticos frente a Beijing, pero también obtener una posición negociadora más firme dentro del bloque, certidumbre regulatoria de largo plazo para sus exportaciones manufactureras y un régimen de seguridad de infraestructura crítica del que hoy carece.

La revisión de 2026 es, en ese sentido, menos una negociación arancelaria y más una decisión sobre el lugar geoestratégico que México ocupará en la economía mundial de la próxima década.

Fuentes consultadas

• Office of the United States Trade Representative (USTR), 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (31 de marzo de 2025) y 2026 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers (31 de marzo de 2026).
• USTR, boletín de prensa “The United States and Mexico Launch Review Process of the USMCA” (5 de marzo de 2026) y “The United States and Mexico Announce Next Steps in Bilateral Discussions in Advance of the USMCA Joint Review” (marzo de 2026).
• Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA), texto oficial: Capítulo 4 (Reglas de Origen), Capítulo 18 (Telecomunicaciones), Artículo 32.2 (excepciones de seguridad esencial), Artículo 32.10 (economías no de mercado) y Artículo 34.7 (revisión).
• Center for Strategic and International Studies (CSIS), USMCA Review 2026 (agosto de 2025), USMCA 2026 and Economic Security: The Convergence of Technology, Trade, and National Security (marzo de 2026), USMCA Review 2026: Six Scenarios for North America’s Future (2026).
• Baker Institute (Rice University), China’s Role in the USMCA Review (enero de 2026).
• Steptoe LLP, Preparing for a USMCA Review in the Autos & Auto Parts Sector.
• Alliance for American Manufacturing, USTR Says Rules of Origin are a Priority in the USMCA Update (2026) y The U.S. Must Insist on Stronger Rules of Origin in the USMCA (febrero de 2026).
• Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México, normatividad aplicable: NOM-208-SCFI-2016, NOM-221-SCFI-2018, IFT-008-2015, IFT-011-2017, IFT-012, IFT-016-2024 e IFT-017-2023.

^[1]GSMA, Lower 3.5 GHz in the US: Expanding spectrum for industry, jobs and growth, julio 2023, p. 4. (En adelante, GSMA US 2023.)

^[2]GSMA US 2023, op. cit., p. 5; GSMA, 5G and the 3.3-3.8 GHz Range in Latin America, BlueNote analysis, noviembre 2020 (en adelante, GSMA LATAM 2020), pp. 14-16.

^[3]GSMA US 2023, op. cit., p. 7 (sección “Restrictions on 3.5 GHz in the US”); FCC, Auction 110: 3.45 GHz Service (2021-2022); FCC, Citizens Broadband Radio Service Rules, 47 CFR Part 96.

^[4]GSMA US 2023, op. cit., p. 7. Los procesos de despeje de la banda 3.7-3.98 GHz se han realizado bajo la coordinación de la FCC desde finales de 2023.

^[5]Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Acuerdo del Pleno relativo al cambio de bandas de Telcel, P/IFT/090219/22. Disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/vp09022233.pdf. Citado en GSMA US 2023, op. cit., p. 18.

^[6]GSMA LATAM 2020, op. cit., Tabla 1, p. 5, y ficha país de México, p. 38; IFT, Overview of Radio Spectrum in Mexico for Fifth Generation Mobile Services, 2019.

^[7]GSMA US 2023, op. cit., p. 18, caso de estudio “Mexico”: “Telcel now has a 5G network deployed in 3.3 GHz spectrum and no interference has been reported.”

^[8]GSMA, 6 GHz in LATAM: Mobile evolution in 6.425-7.125 GHz, agosto 2025 (en adelante, GSMA LATAM 6 GHz 2025), p. 1; ITU, Actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (WRC-23), Dubái, EAU.

^[9]GSMA US 2023, op. cit., p. 5: “in the US, the entirety of the 6 GHz band will not be made available for licensed 5G”. Véase también la Orden de la FCC de abril de 2020 que abrió la totalidad de los 1200 MHz a uso no licenciado.

^[10]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., pp. 1, 7 y 10.

^[11]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figuras 6 y 7, pp. 7-8 (datos de Speedtest Intelligence proporcionados por Ookla).

^[12]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figuras 4 y 5, p. 6 (datos de Speedtest Intelligence/Ookla).

^[13]GSMA LATAM 6 GHz 2025, op. cit., Figura 3 y discusión, p. 5 (estudio de nueve países, 2024).

^[14]Sobre coordinación FCC/NTIA, véase: NTIA/Department of Defense, 3.45 GHz Workshop Information, https://www.ntia.doc.gov/page/07122021-dod-workshop-information; y DISA, Advanced Wireless Services (AWS-3) Relocation Support / DACAMP Portal, https://disa.mil/~/media/Files/DISA/Services/DSO/StrategicPlanningDivision-AWS-3.pdf. Sobre el modelo mexicano, véase GSMA LATAM 2020, op. cit., p. 56.

^[15]GSMA US 2023, op. cit., p. 7: “US operators have made voluntary commitments to limit full power signals around airports in the band 3.7-3.8 GHz while aviation upgrades their altimeters with filters.” Véase también GSMA, 5G and Aviation Altimeters, https://www.gsma.com/spectrum/resources/5g-and-aviation-altimeters/

^[16]GSMA, 5G Mid-Band Spectrum Needs: Vision 2030, julio 2022. Disponible en: https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2022/07/5G-Mid-Band-Spectrum-Needs.pdf.

^[17] Ver: https://www.mccormick.senate.gov/news/press-releases/senators-mccormick-and-cortez-masto-introduce-legislation-to-protect-the-usmca-from-harmful-chinese-investment/

En el marco de su 25 aniversario en el país, Movistar Empresas, el área de negocio B2B de Telefónica Movistar México, refuerza su apuesta por la democratización tecnológica mediante la evolución de su Programa de Aliados IoT. Este modelo colaborativo permite a fabricantes, integradores y distribuidores utilizar la infraestructura global de la compañía para llevar soluciones de Internet de las Cosas (IoT) a empresas de todos los tamaños.

Entre 2021 y 2026, a través del programa de Aliados IoT, Movistar Empresas logró conectar a más de 1.3 millones de dispositivos, además de soluciones de seguridad, Smart Retail, Smart Energy, entre muchas otras.

«El programa de Aliados es un catalizador de eficiencia operativa. Buscamos que nuestros socios no solo vendan conectividad, sino que escalen sus negocios. El relanzamiento del programa considera impulsar el desarrollo y la adopción de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) en el mercado empresarial, a través de un ecosistema de aliados que integren sus capacidades con la conectividad y tecnología de Movistar Empresas, generando nuevas oportunidades de negocio y acelerando la transformación digital «, afirmó Gustavo Rodríguez, director de Movistar Empresas en México.

El relanzamiento del programa que existe desde 2015 considera como objetivo impulsar el desarrollo y la adopción de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) en el mercado empresarial, a través de un ecosistema de aliados que integren sus capacidades con la conectividad y tecnología de Movistar Empresas, generando nuevas oportunidades de negocio y acelerando la transformación digital de las empresas.

La digitalización industrial exige soluciones cada vez más integradas y escalables. De acuerdo con el Informe de Tendencias Pyme 2025, elaborado por Movistar Empresas, el 58% de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en México han dado un paso adelante para su transformación digital. De ellas, 64% han apostado por soluciones de IoT para 2025.

El Internet de las Cosas (IoT) continúa expandiéndose en sectores estratégicos como logística, transporte, retail, agricultura y ganadería. En este contexto, Movistar Empresas, bajo el soporte tecnológico de su aliado Telefónica Tech, busca posicionarse no solo como proveedor de conectividad, sino como habilitador integral de transformación digital.

Las soluciones de IoT de Movistar Empresas han sido reconocidas en el informe que realiza Gartner, Cuadrante Mágico, en la categoría de conectividad IoT gestionada.

Propuesta de valor: del control operativo a la innovación conjunta

El programa de Aliados IoT se estructura sobre cinco pilares clave:

• Autonomía y control total: acceso a plataformas y APIs (interfaces técnicas que permiten que distintas plataformas intercambien información y servicios de forma automática, segura y eficiente), para gestión de SIMs, aprovisionamiento remoto y monitoreo en tiempo real.
• Escalabilidad comercial: modelos flexibles adaptados a distintas verticales, con esquemas de pago por uso.
• Soporte especializado: acompañamiento técnico y comercial durante todo el ciclo de integración.
• Cobertura global: presencia internacional y acuerdos de roaming que simplifican despliegues multinacionales.

Uno de los principales diferenciadores tecnológicos es la plataforma propia de la compañía, conocida como Kite Platform, que permite la administración integral de conectividad IoT en tiempo real, incluyendo analítica predictiva y automatización de procesos.

Alianzas como motor de crecimiento

En Movistar Empresas, las alianzas estratégicas son un motor clave de crecimiento, al permitir combinar capacidades, escalar soluciones y generar valor conjunto en un entorno cada vez más digital. En el marco de sus 25 años en México, la compañía ha consolidado un modelo de colaboración que refleja su transformación en el país, impulsando un ecosistema cada vez más robusto de socios tecnológicos para acelerar el desarrollo de soluciones que respondan a las necesidades del mercado.

En este contexto, el mensaje central del programa es claro: la innovación colaborativa amplía el alcance comercial y reduce las barreras de entrada a nuevos mercados. A través de este enfoque, Movistar Empresas ha llevado este modelo a la práctica mediante su ecosistema de aliados, facilitando la integración de soluciones y potenciando su adopción en el mercado.

En un entorno donde la conectividad 5G, la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos están redefiniendo industrias completas, este modelo de alianzas tecnológicas se posiciona como una estrategia clave para capturar nuevas oportunidades y acelerar el crecimiento del mercado IoT en México, reafirmando su compromiso con el desarrollo tecnológico y económico del país a lo largo de dos décadas.

En un movimiento que acelera la evolución del retail omnicanal en México, Rappi Turbo, el servicio de entregas ultrarrápidas de Rappi y Chedraui, líder en tiendas de autoservicio con más de 100 años de experiencia, anunciaron una alianza estratégica sin precedentes en el país. Como parte de esta alianza los consumidores podrán acceder al portafolio completo de Selecto Chedraui, que contempla más de 4,000 productos, a precios de tienda física, con entregas en menos de 10 minutos, disponibles las 24 horas del día.

La alianza arranca en ocho de las principales ciudades del país, CDMX, Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Mérida y Cancún, apalancándose de una red de más de 80 dark stores (tienda o almacén diseñado exclusivamente para preparar pedidos en línea) de Rappi Turbo para integrar inventario físico, data en tiempo real y última milla en una sola operación, que fortalece el ecosistema del quick commerce a nivel nacional. 

“Estamos viendo una transformación profunda en la forma en que los mexicanos compran y acceden a productos esenciales. Esta alianza refuerza nuestra visión de construir en México una infraestructura digital que haga al comercio más eficiente, más competitivo y accesible,” afirmó Iván Cadavid, CEO de Rappi México. 

Con esta integración, los usuarios podrán acceder a productos de temporada, marcas de tendencia, importados y promociones vigentes en tienda física, sin pagar un sobrecosto por la inmediatez. Con la tecnología y capacidad logística de Rappi Turbo, consolidando un modelo que elimina el trade-off histórico entre precio y rapidez en el comercio electrónico. 

 a alianza combina la experiencia de Chedraui en retail, tiempo durante el cual la compañía ha mostrado un fuerte compromiso por brindar el precio más bajo, mantener el mejor surtido de productos por tienda y en línea, así como ofrecer una experiencia de compra eficiente y conectada, acorde a las necesidades de las familias mexicanas.  

 “Para Chedraui la adopción de herramientas tecnológicas y la omnicanalidad ha sido fundamental en nuestra estrategia de crecimiento y apoyo a las familias mexicanas. Estamos muy entusiasmados por esta alianza con Rappi Turbo, porque ahora más personas podrán acceder al catálogo de Selecto Chedraui al mismo precio que en tienda sin salir de casa y en el menor tiempo posible”, comentó Arturo Vasconcelos, director general adjunto en Chedraui. 

 Por su parte, Dennys Espinoza, subdirector de Omnicanal en Chedraui explicó que, “esta oportunidad viene a redefinir la experiencia de compra de nuestros clientes, eliminando barreras entre las tiendas físicas y el mundo digital. Nuestro objetivo es liderar el e-commerce en México asegurando que la mejor propuesta de precio de Chedraui esté presente en cada uno de nuestros canales, permitiendo que el usuario reciba la máxima calidad y el mejor surtido del mercado con la mayor eficiencia en costo”. 

 “Esta alianza representa una evolución en la experiencia del e-retail en México. Hoy el consumidor ya no tiene que elegir entre precio o inmediatez, puede tener ambos en menos de 10 minutos”, señaló Andrés Palacio, director de Rappi Turbo para México. “Al integrar el surtido completo de Chedraui a nuestra operación 24/7, estamos fortaleciendo una propuesta más eficiente, más competitiva y centrada en el usuario”. 

 La alianza contempla una inversión superior a los 5 millones de dólares para fortalecer infraestructura tecnológica y logística, y suma para consolidar la creciente tendencia de propuestas de  quick commerce en el país. 

En un año marcado por alta actividad económica y consumo, incluyendo el contexto del Mundial, ambas compañías buscan capitalizar un momento clave para el retail mexicano, donde la demanda por conveniencia, disponibilidad inmediata y precios competitivos continúa en aumento. 

Una tienda que opera como nodo logístico 

Al integrar inventario físico, analítica de datos y última milla (etapa final del proceso de entrega), la tienda deja de ser únicamente un punto de venta para convertirse en un nodo logístico estratégico dentro de un ecosistema omnicanal donde lo digital y lo presencial operan como uno solo. 

Con esta alianza, Rappi Turbo y Chedraui no solo amplían el surtido disponible en 10 minutos, sino que redefinen cómo se conectan las tiendas físicas con la demanda digital en tiempo real, facilitando el acceso a productos esenciales con mayor conveniencia, variedad y valor para millones de hogares mexicanos.

Kaspersky

Kaspersky anuncia el nombramiento de Diego Alonso Cortés Fernández como General Manager para México, uno de los mercados prioritarios para la empresa en América Latina. En este cargo, Diego es el responsable del desarrollo e implementación de las estrategias comerciales de la compañía, así como de la coordinación de los planes dirigidos a los socios y clientes.
 
Diego es un ejecutivo de transformación tecnológica con más de dos décadas de experiencia en los sectores público, bancario y financiero, retail, viajes, transporte y consumo masivo, entre otros. Tiene una trayectoria comprobada liderando equipos de alto desempeño, generando negocios e implementando programas de transformación digital a gran escala.
 
Antes de su incorporación a Kaspersky, Diego Cortés trabajó en empresas como Tata Consultancy Services, Deutsche Telekom, DXC Technology e IBM, en donde encabezó equipos de ventas para México y otros mercados de América Latina.

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Ciudad de México. Usuarios de redes sociales reportaron la mañana de este 4 de mayo que el nuevo sistema de alerta sísmica para teléfonos celulares, implementado por el Gobierno de México, no se activó durante el reciente evento telúrico.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 5.6 y se localizó al noroeste de Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca.

Durante pruebas de la alerta sísmica en los celulares, así como en eventos reales en meses pasados, esta sí había funcionado. Las alertas sísmicas de las calles sí se escucharon durante el evento telúrico. 

Miles de capitalinos expresaron su molestia en plataformas como X y Facebook, señalando que sus dispositivos permanecieron en silencio.

“Alguien me puede explicar por qué no se activo la #AlertaSismica de mi teléfono, si se supone que para eso se hicieron pruebas”, cuestionó el usuario David Star en X.

La usuaria EstefaníaM42532 también comentó que no sonó su alerta en los teléfonos de casa. “En mi teléfono tampoco se activó, en el de nadie de mi familia”, publicó en la red social X.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento por preparación al próximo simulacro.

“La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo. El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, dijo la ATDT.

Expansión

El registro obligatorio de líneas telefónicas ya comenzó a reflejarse en las cifras del sector: los operadores móviles en México perdieron más de un millón de usuarios de prepago en el primer trimestre del año, en medio de la implementación de esta medida. La nueva política de vinculación de números, que exige a los usuarios asociar su línea con datos oficiales, comenzó a impactar la base de clientes de las compañías en un segmento que representa el 80% del total de líneas móviles en el país. 

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