La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegaron a un acuerdo por 13.4 millones de dólares con TracFone Wireless por las violaciones de las reglas del programa Lifeline, mediante el cual favorece el servicio de banda ancha para personas de bajos recursos.

Según el acuerdo, el Fondo de Servicio Universal retendrá 10.9 millones de dólares en sobrepagos previamente reembolsados ​​y TracFone pagará 2.5 millones de dólares adicionales en daños al gobierno. Además, TracFone acordó celebrar un acuerdo de cumplimiento integral de tres años para ayudar a garantizar el cumplimiento estricto de las reglas de la FCC para el programa Lifeline en el futuro.

El operador, que hasta hace unos meses pertenecía a América Móvil, violó la Ley de Reclamos Falsos al inscribir a más de 175 mil clientes no elegibles para el programa Lifeline durante 2012-2015, y que los reclamos falsos fueron el resultado de la supervisión y el monitoreo poco estrictos de TracFone de su programa Lifeline.

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Una investigación detallada realizada por la Oficina del Inspector General de la FCC reveló que TracFone no tenía controles internos adecuados y otras medidas de cumplimiento del programa. Como resultado, el operador no pudo detectar que durante varios años sus agentes de ventas por contrato en Florida estaban comercializando indebidamente los servicios de Lifeline.

“El acuerdo de hoy refleja el compromiso continuo de la FCC para erradicar el desperdicio, el fraude y el abuso en sus programas de servicio universal”, dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel.

“Especialmente durante estos tiempos sin precedentes, el Fondo de Servicio Universal proporciona un salvavidas clave para muchas familias, y nuestra cuidadosa administración del programa garantiza que los hogares de bajos ingresos puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones que tanto necesitan. Que la acción de hoy sirva como advertencia a los demás de que haremos todo lo posible para garantizar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito”, agregó.

En 2020, el regulador ya había impuesto una multa por 6 mil 013 millones de dólares a Tracfone también por violar el programa. En ese momento, TracFone era acusado de reclamar fondos federales Lifeline para cientos de suscriptores que no calificaron para el programa en Florida, esto en 2018.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó un programa por 3 mil 200 millones de dólares para subsidiar el acceso a banda ancha durante la pandemia de Covid-19.

Quienes podrán beneficiarse de la iniciativa serán los hogares de bajos ingresos, los suscriptores del programa Lifeline, familias con niños que reciben un desayuno gratis o a menor costo en las escuelas y personas que hayan perdido su empleo.

El apoyo se entregará mediante los proveedores de servicios de acceso a Internet que se registren e implementen los sistemas del programa durante los siguientes 60 días. No sólo se subvencionará la conexión de banda ancha, también existe la opción de obtener un descuento para adquirir un dispositivo.

Los hogares elegibles recibirán una reducción de hasta 50 dólares al mes en la tarifa de banda ancha fija y de hasta 75 dólares en el caso de las comunidades tribales. Para la compra de una computadora o tableta, los estadounidenses podrán tener un descuento de hasta 100 dólares.

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Jessica Rosenworcel, presidenta interina de la FCC, destacó que el programa de emergencia permitirá garantizar la conectividad durante la contingencia sanitaria, que ha impuesto un desafío a muchas familias que se encuentran en riesgo de desconexión digital.

Asimismo, señaló que la iniciativa “puede marcar una diferencia significativa en la vida de las personas en todo el país”, quienes para acceder a Internet se han visto forzadas a elegir entre pagar el servicio de banda ancha o comer.

La Oficina de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos le aplicó una multa a T-Mobile por 200 millones de dólares en la investigación sobre fraude y abuso de Sprint (subsidiaria de T-Mobile) en el programa Lifeline para personas de bajos ingresos.

Se trata de la multa con el monto más elevado que ha aplicado la FCC en una resolución de conflicto. Además del pago, Sprint acordó entrar en un plan de cumplimiento para ayudar a garantizar el cumplimiento futuro de las reglas del regulador para el programa Lifeline.

La investigación determinó que Sprint, antes de su fusión con T-Mobile, reclamaba subsidios mensuales para atender a aproximadamente 885 mil suscriptores de Lifeline a pesar de que esos suscriptores no estaban usando el servicio.

El programa Lifeline ayuda a que el servicio telefónico y de banda ancha sea más asequible para los consumidores de bajos ingresos. Los proveedores que participan en el programa reciben un subsidio mensual de 9.25 dólares para la mayoría de los suscriptores de Lifeline, que deben pasar a los consumidores como un descuento.

Sprint no fue el único operador sancionado por esta práctica. A principios de año, la FCC multó a Tracfone también por violar las reglas del programa. 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos propuso una multa por 6.013 millones de dólares contra el proveedor móvil prepago TracFone Wireless, que ofrece el servicio Lifeline del regulador, por supuestamente violar las reglas del programa.

TracFone es acusado de reclamar fondos federales Lifeline para cientos de suscriptores que no calificaron para el programa en Florida, esto en 2018. La FCC aprobó el año pasado nuevas medidas a este programa, mediante el cual favorece el servicio de banda ancha para personas de bajos recursos, con el propósito de evitar que los “fraudes, abusos y despilfarros” se siguieran cometiendo con este recurso.

En una de las disposiciones se prohíbe a los operadores pagarles a sus agentes de ventas por los consumidores que integran al programa Lifeline, la cual fue violada por los agentes de TracFone, quienes manipularon información de elegibilidad de suscriptores existentes, creando cuentas ficticias para recibir comisiones por nuevas inscripciones.

Aunado a esto, la investigación de la Oficina de Aplicación encontró que, ese mismo año, TracFone buscó el reembolso de miles de suscriptores no elegibles en Texas, reclamando más soporte Lifeline que el autorizado por la Comisión de Servicios Públicos en ese Estado. 

El Presidente de la FCC, Ajit Pai, dijo que se debe garantizar que el programa funcione sobre todo para quienes más lo necesitan durante la actual pandemia de coronavirus.

Lifeline ofrece un descuento mensual de 9.25 dólares en banda ancha y servicio telefónico para consumidores de bajos ingresos que califiquen. Los operadores que están en el programa reciben fondos para cada suscriptor calificado y deben transferir los ahorros a esos suscriptores. El programa es pagado por el Fondo de Servicio Universal con dinero proveniente de las tarifas pagadas por consumidores y empresas.

TracFone podrá responder a la sanción y la Comisión considerará la presentación de pruebas y argumentos legales antes de actuar más para resolver el asunto.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó nuevas medidas al funcionamiento del programa Lifeline, mediante el cual se subvenciona el servicio de banda ancha para personas de bajos recursos. El propósito es evitar que se sigan cometiendo “fraudes, abusos y despilfarro” con  estos recursos.

Entre las disposiciones, se incluye que las autoridades de cada estado tengan acceso a información relevante del programa y se vuelvan a involucrar en el rastreo de “actividades sospechosas”. También se prohibirá que los operadores paguen a sus agentes de ventas en función de los consumidores que integran a Lifeline, además de que cada empleado de este tipo tendrá que registrar sus datos en el administrador.

La FCC trabajará en reforzar la prohibición de que los proveedores del programa reclamen recursos por abonados fallecidos, al igual que aumentará los mecanismos para detectar usuarios inscritos dos veces o que sean ficticios, de manera que se puedan obtener reembolsos por ello.

Desde 2011 se han registrado varios casos de usuarios duplicados en el registro, agentes de campo de las compañías que incurren en prácticas fraudulentas, así como operadores que cobran el apoyo con suscriptores no elegibles o inexistentes.

La investigación más reciente fue contra Sprint, por el uso indebido de los subsidios de 885 mil líneas que estaban inactivas y debían ser dadas de baja. Ese número de suscriptores representa casi una tercera parte de su base en Lifeline, por lo que algunos comisionados de la FCC y otros organismos señalaron que se debía detener la revisión de su fusión con T-Mobile hasta concluía la indagación.

Además, la Comisión abrió a consulta la determinación de medidas adicionales para mejorar la operación del programa de subsidios. Una de las propuestas es valorar cómo se ha adoptado Lifeline, y si los fondos se utilizan de manera efectiva para aumentar la adopción de banda ancha en Estados Unidos.

Un enfoque “cruel”

La Comisionada Jessica Rosenworcel discrepó sobre varios puntos de las nuevas disposiciones. En lugar de ayudar a que los más pobres tengan acceso a banda ancha, el enfoque del programa es la “crueldad”, pues “demoniza a los beneficiarios”, agrega mayores restricciones que podrían solucionarse a través de un verificador nacional que aún no está listo e incluso busca disminuir el número de personas que reciben el subsidio, dijo.

Lifeline ha sido una pieza clave para conectar a los sectores de la población más vulnerable en el país, sobre todo en momentos de crisis como tras los huracanes. Pero, aunque el problema de los fraudes es real, la manera en que se aborda ha perdido el foco de las implicaciones sociales de acceder a la banda ancha, explicó.

En tanto, Ajit Pai, presidente de la FCC, expresó que “a la luz del pasado problemático de Lifeline, instituir reformas es de sentido común” para combatir los vicios generados, y oponerse a ello “sólo sirve a las compañías sin escrúpulos que han estado estafando al pueblo estadounidense”.

El estado de Florida se unió al acuerdo que estableció el Departamento de Justicia de Estados Unidos con Sprint y T-Mobile para aprobar su fusión, el cual ya cuenta con el apoyo de 10 estados más, informó la Procuradora General de esa demarcación, Ashley Moody.

Las compañías han llevado a cabo una serie de negociaciones con los fiscales generales estatales que se oponen a la transacción para evitar escalar hasta los tribunales, luego de que varios estados demandaron que se detuviera la fusión porque afectaría los precios a los consumidores. Ohio, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Dakota del Sur también se han adherido al pacto.

Además del paquete de desinversión para permitir que Dish se convierta en el cuarto operador móvil del país, las empresas acordaron con Florida que la entidad fusionada desplegará 5G para al menos 76 por ciento de la población total del estado y 68 por ciento de la rural, dentro de los tres años posteriores al cierre de la operación.

Seis años después de comenzar los trabajos, 5G tendrá que llegar a un 94 por ciento de los habitantes y a 73 por ciento de la población rural, mientras que el servicio de banda ancha hasta el hogar deberá completar una cobertura mayor a dos millones de casas, de las cuales 232 mil serán rurales.

T-Mobile y Sprint también se comprometieron a duplicar los generadores de respaldo en por lo menos 70 por ciento de los sitios estatales durante los tres años siguientes, al igual que establecer 20 tiendas minoristas en diferentes zonas y mantener su base de empleados.

Aunque los operadores avanzan en convencer a los fiscales opositores en diferentes estados, aún enfrentan otros problemas. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) está realizando una investigación contra Sprint, para determinar si incurrió en un fraude al reclamar subsidios del programa Lifeline para líneas telefónicas y de banda ancha que no estaban activas.

Por medio de Lifeline, el gobierno solventa una parte de dichos servicios para las personas de bajos recursos. Una indagación previa sugiere que el operador móvil cobró todo el financiamiento pese a que 885 mil suscriptores no estaban utilizando su línea.En agosto, Ajit Pai, presidente de la FCC, recomendó al Pleno de la Comisión que aprobaran la fusión entre las empresas, con base en el argumento de que la entidad fusionada acelerará la implementación de 5G. Tras conocerse el posible fraude de Sprint, los comisionados podrían impedir que la transacción siga su curso.

La fusión de Sprint y T-Mobile en Estados Unidos podría verse afectada, e incluso detenida, por una investigación que lleva a cabo la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para determinar si Sprint incurrió en un fraude en el programa Lifeline, ya que reclamó subsidios para brindar servicio a 885 mil suscriptores que no estaban utilizando su línea.

El programa financia una parte del servicio telefónico y de banda ancha para los consumidores de bajos ingresos con un promedio de 9.25 dólares al mes por cada inscrito. Al no estar activa la línea de un beneficiario, el operador debe eliminarla para evitar el gasto inadecuado de recursos.

Sin embargo, una indagación de la Comisión de Servicios Públicos de Oregon reveló que Sprint no estaba respetando la medida. Al saberlo, el Presidente de la FCC, Ajit Pai, dijo que “es indignante que una empresa reclame millones de dólares de los contribuyentes por no hacer nada” y que se investigará a fondo el problema.

Además, el Comisionado Geoffrey Starks expresó que la noticia “impacta directamente nuestra revisión de la fusión propuesta entre Sprint y T-Mobile (…). Dada la enorme aparente irregularidad cometida, debemos pausar nuestra revisión” sobre el proyecto de orden para completar la transacción.

La propuesta de fusión de las compañías incluía una ruta respecto a cómo manejarían Lifeline en conjunto, pero el análisis de la FCC no puede seguir adelante porque no se proporcionó información correcta de la base de usuarios, señaló Starks.

Desde su creación, el programa Lifeline ha atravesado varios casos de fraude, despilfarro y abuso de recursos. Al menos 18 por ciento de los subsidios no se utilizaron de manera correcta. En el caso de Sprint, los 885 mil abonados representan casi 30 por ciento de su base en Lifeline y 10 por ciento del financiamiento total del gobierno.

Por ello, el comisionado Starks llamó al organismo regulador a que durante la pausa de la fusión se analice de manera exhaustiva la integridad del registro, así como la aptitud de los solicitantes.

A marzo pasado había en Puerto Rico 400 mil 182 suscriptores del programa Lifeline, del Servicio Universal, 33 por ciento menos que los reportados en marzo de 2018, que fueron 596 mil, según las Estadísticas de la Industria de las Telecomunicaciones y Televisión por Cable del primer trimestre de 2019, realizado por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones del país.

Evolución trimestral de los suscriptores de Lifeline

El programa creado por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) hace asequibles los servicios de telecomunicaciones para los consumidores de bajo recursos.

Actualmente, Lifeline proporciona a los suscriptores un descuento mensual en el servicio de telefonía fija o móvil o banda ancha fija o móvil, que también se puede solicitar por paquetes.

Los descuentos que brindan todas las empresas provienen del Fondo del Servicio Universal, que administra el regulador, y al cual los usuarios pueden acceder luego de completar un formulario.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, informó en febrero pasado que el Fondo de Servicio Universal destina 12 millones de dólares en cubrir los 400 mil subsidios.