Los opositores a la fusión propuesta de Sprint y T-Mobile en Estados Unidos aprovecharon las recientes acusaciones de fraude contra Sprint para instar a los reguladores a detener una revisión del acuerdo hasta que se complete una investigación.
En una petición, una coalición de nueve organizaciones presionó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para retrasar una votación sobre la fusión, hasta que se investigue a fondo las afirmaciones de que Sprint aceptó ilegalmente pagos para 885 mil suscriptores inactivos en el programa de subsidio “Lifeline” del gobierno.
La coalición agregó que en el precedente de la FCC “está claro que una compañía no puede vender o transferir una licencia cuando la aptitud de la compañía para tener una licencia está en cuestión”, e instó al regulador a reabrir los comentarios públicos sobre el asunto, argumentando que el proceso de revisión había sido “muy inusual”.
La petición ha sido presentada por la Asociación Inalámbrica Rural, el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones de América, Consumer Reports, el Instituto Greenlining, el Instituto para la Autosuficiencia Local, el Instituto de Tecnología Abierta de Nueva América, la Asociación de Banda Ancha Rural, el Instituto de Mercados Abiertos y Conocimiento Público.
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Además, el grupo señaló que el Presidente de la FCC, Ajit Pai, y otros dos comisionados declararon su apoyo a la fusión antes de la conclusión de una revisión por parte de la agencia o una evaluación por separado del Departamento de Justicia (DoJ).
La coalición reiteró las afirmaciones anteriores de que las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia “plantean nuevos e importantes problemas de interés público y competencia relacionados con el riesgo de ejecución” que justifican la opinión pública.Mencionaron que los funcionarios de la FCC previamente ignoraron las llamadas para más comentarios y revisiones. En agosto, Pai anunció planes para celebrar una votación sobre el asunto, pero aún no se ha fijado una fecha.
Sprint y T-Mobile aún enfrentan una demanda de funcionarios estatales que buscan bloquear el acuerdo. Pensilvania se convirtió en el decimoséptimo estado en unirse al caso en septiembre, mientras que siete estados han salido a favor de la fusión.