Fuente: Prensa New Law de Due Legal

Legal tech es un concepto que durante los años más recientes ha cobrado mayor relevancia, ya que, según Microjuris.com, su objetivo principal es lograr mayor eficiencia, agilidad operativa y la reducción de costos para llegar a más personas con menores barreras de acceso. Además, tiene como propósito brindar un marco estratégico y un conjunto de herramientas habilitantes para que los temas legales puedan irrumpir en la era digital y experimentar transformaciones disruptivas e innovadoras comparables a las que vienen registrando con éxito otros sectores de la economía y de la actividad comercial.

Al respecto, Nicolás Becerra, socio de New Law de Due Legal -Legal Tech recientemente incluida en el top 10 del Ranking 100 Open Startups Colombia 2025-, precisa que, “Después de décadas en las que el sector legal avanzó de manera incremental —primero digitalizando archivos, luego adoptando herramientas de gestión documental y más recientemente experimentando con automatizaciones puntuales— finalmente estamos en un punto en el que la tecnología deja de ser un accesorio complementario y se convierte en la estructura central sobre la cual opera el trabajo jurídico”.

La combinación entre modelos avanzados de inteligencia artificial, automatización, analítica legal y sistemas integrados de gestión hará que el derecho pase de ser una profesión eminentemente artesanal a una disciplina donde la toma de decisiones se apoya en flujos sistematizados, información procesada en tiempo real y mecanismos de verificación constantes.

“Este cambio no ocurre por moda ni por presión tecnológica, sino por necesidad. Ninguna empresa, por grande o pequeña que sea, puede procesar manualmente la carga regulatoria, contractual, corporativa y de cumplimiento que enfrenta hoy. El ritmo de creación normativa, las exigencias regulatorias de industrias como la financiera y la presión de los clientes por obtener respuestas más rápidas y basadas en datos han convertido la inteligencia aumentada en una herramienta indispensable”, complementó Becerra.

Para ahondar en este tema, es importante destacar las tres principales tendencias en legal tech que marcarán la pauta durante 2026:

1. El uso de herramientas de inteligencia artificial parametrizada: Juan Diego Guzmán, socio de Galo Estudio Legal, explica que, si bien existen modelos de inteligencia artificial generales como ChatGPT, Gemini o Perplexity, en un corto periodo se han desarrollado herramientas basadas en estos modelos generales, tales como Ariel o Harvey, que se enfocan exclusivamente en optimizar la eficiencia y brindar apoyo a los profesionales del derecho. La implementación de la inteligencia artificial está generando una mayor eficiencia en el tiempo de atención y respuesta de los abogados y sus despachos, permitiendo a los clientes recibir un servicio profundo y oportuno por parte de sus asesores legales.

En la actualidad, la generación de contratos masivos con inteligencia artificial es factible con menor cantidad de abogados, al igual que el análisis y manejo documental de grandes cantidades de expedientes en los despachos o en procesos judiciales. Esto garantiza la optimización y precisión en los conceptos y actuaciones jurídicas.

• Automatización de flujos de trabajo para equipos legales. Ahí es donde realmente está la gran oportunidad para el sector. “El verdadero punto de partida es identificar esos procesos manuales y operativos que pueden automatizarse. Al liberar a los equipos de esas tareas, las áreas legales pueden enfocarse en actividades de alto valor agregado, tomar decisiones más estratégicas y generar mayor impacto en el negocio”, precisó Daniel Valencia, Country Manager de Niubox Colombia. La clave: contar con aliados tecnológicos que asesoren de manera estratégica y rentable el desarrollo e incorporación de nuevos recursos.
• Integración de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo y en la operación diaria de los procesos. Estas herramientas se consolidan como aliadas estratégicas para optimizar la eficiencia interna, mejorando tiempos de respuesta, precisión en los análisis y amplitud en la información disponible para la toma de decisiones. “Esta tendencia ha transformado la manera en que se trabaja al interior de las firmas, impactando tanto los procesos como los recursos que generan estas tecnologías. Sin embargo, dado el carácter tradicional de muchas firmas, la adopción de herramientas digitales y tecnológicas plantea desafíos importantes. El reto principal consiste en saber cómo aplicarlas y utilizarlas de forma que sus beneficios se aprovechen al máximo”, señalaron voceros de Holland & Knight.

En este punto vale la pena precisar que, “la ética profesional seguirá siendo un pilar fundamental: la supervisión humana es obligatoria, porque ninguna tecnología, por sofisticada que sea, puede reemplazar la responsabilidad del abogado frente a su cliente o frente a la sociedad. La privacidad y la protección de datos se vuelven aún más sensibles, ya que los modelos procesan información altamente confidencial. La regulación también deberá avanzar: Colombia necesitará lineamientos claros sobre la transparencia, el uso adecuado de sistemas autónomos, los alcances de la automatización en decisiones jurídicas y la responsabilidad en casos de errores generados por IA. Finalmente, la adopción será el mayor reto cultural”.

Para concluir, la implementación de la inteligencia artificial está generando una mayor eficiencia en el tiempo de atención y respuesta de los abogados y sus despachos, permitiendo a los clientes recibir un servicio profundo y oportuno por parte de sus asesores legales. Y aunque la tecnología no reemplaza al abogado, sí se puede decir que redefine su rol, priorizando el análisis estratégico, la toma de decisiones y la generación de valor.

La Prensa

Comprometida con la formación de sus alumnos y la innovación tecnológica, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) inauguró el Legal Tech Lab, un laboratorio de inteligencia artificial orientado al área legal, ubicado en el campus de San Pedro Sula.

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Al igual que sucedió con otros sectores, la pandemia aceleró la transformación digital en la rama legal. Como prueba de ello se encuentra la creciente adopción de herramientas de gestión jurídica en América Latina.

En DPL News dialogamos con Sergio Acuña, director General para ALyC y España de Amberlo, y Manuel Quiñones, especialista en Éxito del cliente, quienes cuentan que, en los últimos años, el gremio jurídico ha sido impulsado a adoptar herramientas tecnológicas debido a la competencia feroz con otras empresas en el mundo moderno.

“Se han visto obligados a utilizar distintas herramientas para trabajar en equipo y coordinarse. Yo converso con varios socios de firmas de todo tamaño y veo esta necesidad de utilizar la tecnología que cada vez más tienen los abogados”, comentó Acuña, en una reunión virtual desde Lima, Perú.

Enseguida cuenta que, si bien hay distintas competencias y retos en cada país, independientemente de la ubicación geográfica, cada caso tiene un proceso similar de inicio y desarrollo, por lo que estos procesos, que implican actividades repetitivas, pueden optimizarse con herramientas de gestión y colaboración.

Y agrega que, cada vez más, los abogados se están incorporando a la revolución tecnológica, y atribuye este fenómeno a la transición generacional de los despachos, ya que los socios fundadores están pasando la batuta a sus hijos, y ellos cada vez están en más contacto con la tecnología y son más afines para impulsar la transformación digital.

El líder de satisfacción al cliente, Manuel Quiñones, define LegalTech como “aplicar procesos de gestión y tecnología en la función legal”. No obstante, reconoce que este no es un proceso únicamente tecnológico, sino que “es necesaria la transformación de la cultura para que realmente haya una transformación digital”. Por ello, explica que este proceso no solamente implica digitalizar el proceso en vez de hacerlo en papel, sino introducir un cambio de procesos a nivel de gestión.

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Ventajas de la digitalización de la rama legal 

Como principales ventajas de la digitalización del derecho, Sergio Acuña destaca la eficiencia, transparencia, el fácil acceso y la trazabilidad de la información.

“La tecnología los ha ayudado a ser más eficientes: por un lado, los abogados, los socios de firmas de todo tamaño o que recién están saliendo al mercado ya saben que tienen que contar con la tecnología como aliado, porque si no se quedan atrasados a un modelo de trabajo tradicional, que es al que ellos están acostumbrados”, detalla.

En cuanto al primer rubro, Sergio Acuña explica que, con la tecnología –y específicamente las herramientas de gestión basadas en la Nube–, los abogados puedan ser más eficientes con su tiempo y acelerar la toma de decisiones por la tecnología, y enfocar el tiempo que ahorran en captar nuevos clientes.

Además, explica, hay una trazabilidad de distintas acciones a través de la tecnología, porque con una herramienta de gestión de proyectos es posible tener una sincronización integrada con sus propios procesos en un calendario y acceder al mismo sistema para ver los eventos y las tareas que tiene una persona.

Mientras que Manuel detalla que distintas actividades desarrolladas para municipalidades buscan que la ciudadanía tenga herramientas que generen una mayor seguridad jurídica. Además, agrega que permitirá a los equipos ser más ágiles y colaborar de una manera coordinada.

Y finalmente indica que la tecnología permitirá acercar las obligaciones entre el ciudadano y la administración pública, lo que agilizará la velocidad de respuesta del Estado y los ciudadanos van a ejercer más rápido sus derechos, lo que hará posible que estén al tanto de cómo evolucionan sus procesos y solicitudes administrativas, para que recobren la confianza en el Estado.

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Desafíos de la adopción del derecho digital en América Latina

“En Latinoamérica se siente una gran diferencia entre el sector público y el sector privado en el avance de la tecnología”, detalla Sergio, quien afirma que el sector público es el más impactado porque está mucho más desactualizado que el sector privado. Según el ejecutivo, esto ayudará a que destinen menos recursos para generar actividades que no son las correctas. Y finalmente dice que en América Latina no existen muchas herramientas que permitan tener todo en un solo lugar.

Amberlo brinda un software como servicio a través de un modelo de suscripción mensual. Tiene un equipo de desarrollo que saca nuevas actualizaciones cada tres semanas. Y es adaptable, por lo que es accesible para cada tipo de tamaño de firma, en función de la cantidad de usuarios.

La compañía se ha propuesto democratizar la tecnología y hacerla más cercana para la comunidad de Latinoamérica y España. Su incursión en Iberoamérica comenzó a finales de 2021 por la demanda. Tiene oficinas en Perú y México y presencia en Colombia, Chile y República Dominicana. Desde Lima, Sergio Acuña lidera la expansión por toda la región. Tiene clientes de 40 países. Está disponible en español para PC y en móvil tanto para Android como para iOS.

Para este 2023 se ha propuesto crecer tres veces lo que creció en 2022, con lo que espera llegar a más de 350 firmas de la región que usen su software jurídico integral. También busca triplicar su equipo en la región y posicionarse en Centroamérica. 

Amberlo ha recibido 2.6 millones de euros de inversión para desarrollar su plataforma. Esta inversión constó de 500 mil euros iniciales propios de los fundadores y otros inversionistas. Después tuvo una ronda de 1.1 millones y otros 500 mil euros de capital semilla.

Acuña explica que, pese a que los abogados están cada vez más alertas y al tanto, aún hay cierta resistencia al cambio porque las firmas vienen trabajando durante años de manera tradicional. Además, señala que se ha negado actualmente la tecnología por diversas excusas o miedos, como la ciberseguridad. Por ello, asegura que la gestión del cambio tiene que incorporarse y también debe involucrarse la cultura para que estas herramientas se puedan adoptar y la transformación sea rápida y exitosa. 

La República – Cristián Acosta

El año pasado, el comercio electrónico en el país mostró buenos índices de crecimiento, pues tal solo en los tres Días sin IVA decretados por el Gobierno Nacional se logró la movilización de $2,4 billones a través de medios digitales.

Sin embargo, es precisamente el crecimiento del comercio por internet lo que ha disparado el ciberdelito en el país, según un informe publicado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit). El reporte asegura que, con corte a noviembre de 2021, se registraron 46.527 incidentes delictivos digitales, un incremento de 21% comparado con 2020.

Incremento de delitos

Para Germán Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech, la pandemia ha sido el momento definitivo para el auge de la digitalización y, con ella, el auge de los delitos informáticos. “Ahora es mucho más evidente que los ciudadanos tienen sus datos en las diferentes redes sociales y están más expuestos”, dijo.

Y es que, según el reporte, la violación de datos personales tuvo un crecimiento de 45% respecto a 2020, con 13.458 casos denunciados el año pasado, y se trata del delito informático con más incremento porcentual. Al respecto, Flórez explicó que este delito empezó a gestarse desde el año 2009, pues hasta ese entonces no se trataba de una práctica tan común.

“Pasaron dos cosas que lo posicionaron como un delito común. Por un lado, el fenómeno de la digitalización expone más a los ciudadanos a través de redes sociales, y por el otro, está el fortalecimiento de la protección de datos en Colombia. Los delincuentes han encontrado una forma de monetizar la información a través de venta o divulgación de datos contenidos en bases”, explicó.

En ese sentido Juan José Castro, socio de Castro Muñoz & Abogados, dijo que 2009 fue un punto de quiebre para la judicialización de esas conductas, pues antes de ese momento no existía una ley específica que tipificara los cibercrímenes.

El segundo delito con mayor crecimiento porcentual fue el acceso abusivo a sistemas informáticos, que registró en 2021 9.926 denuncias y un incremento en los casos de 18%. Esta conducta es definida como la fase inicial de un eventual ataque, pues los delincuentes logran colarse en un sistema burlando defensas como antimalware y firewall.

Por su parte, el hurto por medios informáticos y la suplantación de sitios web tuvieron un crecimiento de 3% en el último año, con 17.608 y 7.654 denuncias, respectivamente.

Sobre estos, Flórez aseguró que tienen varios caminos para su ejecución, como el phising, a través del cual los delincuentes envían correos o mensajes de texto mediante redes digitales ofreciendo falsas promociones, “o haciéndose pasar por entidades públicas o privadas y bancos para obtener datos de los ciudadanos y vaciar sus cuentas”.

En cuanto a este tipo de actividades delictivas, es importante mencionar que, de acuerdo con el reporte de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), las entidades estatales que son más suplantadas a través de internet son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Salud, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Migración Colombia y la Policía Nacional.

Penas y sanciones

La ley busca proteger a los ciudadanos frente a este tipo de delitos, pues incluye sanciones económicas y de cárcel para quienes los cometan. El Código Penal establece que la violación de datos personales, que incluye venta, intercambio, interceptación o envío de información, tiene entre 48 y 96 meses de prisión, además de una multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La misma penalidad aplica para la suplantación de sitios web con el fin capturar datos personales. Esta modalidad puede incluir modificación del sistema de resolución de nombres de dominio.

A su vez, las mismas sanciones, de prisión y pecuniarias, se encuentran estipuladas para el delito de acceso abusivo a un sistema informático, y se expone a ellas quien sin autorización acceda a este tipo de sistema, protegido o no con una medida de seguridad.

En cambio, el ciudadano que cometa el delito de hurto por medios informáticos y semejantes podrá enfrentar una pena de prisión que oscila entre cinco y 12 años.

Cabe anotar que los datos del reporte incluyen únicamente las denuncias presentadas ante las autoridades, que insisten reiteradamente en la importancia de reportar este tipo de conductas.

En esa línea, es importante recordar que los ciudadanos que sean víctimas de ciberdelitos pueden denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, no solo en las sedes físicas de las entidades, sino también a través de los canales virtuales dispuestos en sus páginas de internet.