Capital Financiero

La investigación sobre los créditos fiscales ilegítimos en el sistema e-Tax ya no admite lecturas suaves. Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó que $36.01 millones de los $42.4 millones utilizados por un solo banco para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.

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Virginia se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en implementar un impuesto específico sobre el consumo energético de Centros de Datos, una medida incluida en el presupuesto bienal 2026-2028 que fue aprobado definitivamente esta semana por la Asamblea General.

La gobernadora Abigail Spanberger celebró la aprobación del presupuesto, que incluye el innovador impuesto diseñado para garantizar que la industria de Centros de Datos “pague su parte justa” por la energía que consume. Virginia alberga un mayor número de estas instalaciones que cualquier otro lugar del mundo.

El impuesto establece una tarifa adicional de 0.011 dólares por cada kilovatio-hora de electricidad consumida por los Centros de Datos. Se espera que esta medida genere hasta un total de 600 millones de dólares en ingresos al año o un tope máximo de 1,200 millones de dólares durante el bienio presupuestario.

Cualquier cantidad recaudada que supere el límite establecido será reembolsada a los Centros de Datos al final de cada año fiscal. Según un reporte de la Comisión Conjunta de Auditoría y Revisión Legislativa (JLARC), la industria utilizó aproximadamente 5,050 megavatios (MW) de energía en 2024, con base en datos de compañías eléctricas locales. Sin embargo, Dominion Energy señala que tiene una demanda de 70,000 MW en lista de espera a finales de 2025.

A pesar de este nuevo impuesto, los Centros de Datos mantendrán su exención del impuesto sobre ventas y uso, que actualmente equivale a ahorros por 1,900 millones de dólares anuales.

Conforme la industria tecnológica acelera la instalación de Centros de Datos, algunos con un potencial por arriba del gigavatio, se ha comenzado a debatir la implementación de medidas que permitan proteger a los hogares de posibles picos en los precios energéticos. Algunas tecnológicas como Meta y Google han firmado acuerdos exclusivos con compañías energéticas para garantizar un suministro energético, lo que incluye actuar como co-inversores de esta infraestructura.

A principios de año, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también lanzó una iniciativa para garantizar que las tecnológicas paguen por el consumo de energía sin afectar a las comunidades locales. Microsoft fue la primera en comprometerse con la iniciativa, aunque no se ofrecieron detalles sobre su funcionamiento.

Regulaciones sobre uso de agua

El uso del agua también ha surgido como una preocupación relevante entre las comunidades que alojan instalaciones de Centros de Datos, al incrementarse su demanda para la refrigeración de los componentes. Para aliviar los impactos por la demanda de agua, el presupuesto de Virginia también introduce requisitos para los operadores de Centros de Datos que los obligan a reducir su consumo.

El Departamento de Calidad Ambiental (DEQ, por sus siglas en inglés) deberá identificar áreas de escasez de agua para enfriamiento antes de julio de 2027. Para 2032, los Centros de Datos ubicados en estas áreas o en la Zona de Gestión de Aguas Subterráneas del Este de Virginia deberán demostrar que han minimizado el uso de agua para enfriamiento, implementando tecnologías eficientes como sistemas de circuito cerrado, agua reciclada o enfriamiento por aire.

Adicionalmente, el DEQ regulará por primera vez los niveles de ruido de los Centros. Para 2029, el departamento deberá establecer estándares de ruido basados en las mejores prácticas disponibles, que entrarán en vigor en 2030. Las instalaciones que violen estas ordenanzas enfrentarán multas de 32,500 dólares diarios.

Fuente: Prensa Alegra

Mayo se ha consolidado como uno de los meses más exigentes para la operación financiera de las pequeñas y medianas empresas en Colombia. En medio de un calendario tributario marcado por los vencimientos de renta para personas jurídicas, miles de negocios deberán equilibrar el cumplimiento fiscal con la estabilidad de su flujo de caja, en un entorno donde la falta de organización y de visibilidad financiera en tiempo real puede traducirse en sanciones, intereses y pérdida de liquidez.

En este contexto, herramientas impulsadas por inteligencia artificial están ayudando a las empresas a anticipar obligaciones tributarias, automatizar procesos contables y tomar decisiones financieras con mayor precisión.

Entre el 12 y el 26 de mayo se desarrollará la ventana de vencimientos para la declaración y pago de la primera cuota del Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas ante la DIAN, un periodo que tradicionalmente incrementa la presión sobre las áreas contables y financieras de las empresas.

“En esta temporada vemos un patrón recurrente: muchas pymes tienen identificadas sus obligaciones, pero no cuentan con una visibilidad clara de su caja ni de sus compromisos tributarios en tiempo real. Hoy la inteligencia artificial permite automatizar conciliaciones bancarias, detectar obligaciones pendientes y generar análisis predictivos que ayudan a evitar errores y decisiones financieras reactivas”, explicó David Sánchez, Head of Product de Alegra.

La presión tributaria también impacta la liquidez de las empresas

Más allá del cumplimiento ante la DIAN, mayo representa un reto estratégico para las pymes, especialmente en sectores donde los ingresos son variables o los ciclos de pago son más lentos. En este escenario, una mala planeación tributaria puede afectar directamente la operación y limitar la capacidad de crecimiento del negocio.

De acuerdo con el análisis de Alegra, líder en soluciones de IA para la gestión financiera de pymes en Latinoamérica, uno de los principales riesgos para las empresas es detectar obligaciones pendientes demasiado tarde, especialmente cuando la información financiera sigue dependiendo de procesos manuales o sistemas poco integrados. Actualmente, soluciones basadas en IA permiten centralizar datos contables, importar automáticamente información desde la DIAN y generar alertas inteligentes sobre vencimientos y riesgos financieros.

“La diferencia entre una pyme organizada y una que vive apagando incendios financieros suele estar en la capacidad de anticiparse. Hoy la IA permite visualizar obligaciones, automatizar tareas repetitivas y analizar el comportamiento financiero de las empresas en tiempo real. Esto no solo reduce errores operativos, sino que ayuda a las pymes a tomar decisiones más estratégicas antes de entrar en mora”, agregó Sánchez.

Tecnología y automatización: claves durante la temporada tributaria

En un contexto de alta presión fiscal, la digitalización contable se ha convertido en una herramienta clave para reducir errores operativos y mantener control financiero durante los vencimientos tributarios. Entre las principales ventajas que identifican desde Alegra.com se encuentran:

• Control de obligaciones en tiempo real: Permite conocer con anticipación impuestos pendientes, fechas límite y montos proyectados.

• Automatización de procesos contables: Reduce errores manuales y acelera la preparación de información tributaria.

• Mayor visibilidad del flujo de caja: Facilita planificar pagos sin comprometer la operación diaria del negocio.

• Prevención de sanciones e intereses: Las alertas automáticas ayudan a evitar retrasos en declaraciones y pagos.

Con el calendario de renta avanzando durante todo mayo, las empresas que logren mantener visibilidad financiera y orden contable no solo reducirán riesgos tributarios, sino que también podrán enfrentar el segundo semestre con mayor capacidad de planificación y crecimiento.

Telefónica aportó una contribución fiscal de 7,472 millones de euros en los sitios en los que opera en 2025, lo que significa que destina 21.3 euros para cada 100 euros que le ingresan a este ítem. El 68% corresponde a impuestos recaudados en el ejercicio y el resto a impuestos soportados, detalló.

El impacto fiscal sobre el operador corresponde en su mayor medida a su operación en España, país en el que destinó 3,043 millones de euros al pago de impuestos el año pasado. En Brasil aportó 2,207 millones de euros y en Alemania 1,224 millones de euros, entre otras operaciones.

“Esto refleja el impacto directo de Telefónica en las haciendas públicas y reafirma el papel del operador como uno de los principales contribuyentes fiscales en donde desarrolla su actividad”, subrayó la compañía en un comunicado. La presión impositiva es una queja recurrente de proveedores de servicios de telecomunicaciones en todo el mundo.

Cadena 3

En un movimiento estratégico, India anunció que ofrecerá a los proveedores de servicios en la nube extranjeros cero impuestos hasta el año 2047 sobre los ingresos generados por servicios vendidos fuera del país, siempre que estos operen desde centros de datos en territorio indio. Esta iniciativa se dio a conocer durante la presentación del presupuesto anual por parte de la ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman.

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El gobierno de Colombia oficializó un aumento en la carga tributaria sobre las compras en línea, como parte del paquete de medidas fiscales adoptadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

La decisión quedó consignada en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es reforzar el recaudo para financiar el Presupuesto General de la Nación durante el año 2026.

Uno de los cambios más relevantes para los consumidores digitales es la reducción del umbral de exención del IVA para importaciones de bajo valor, conocidas como minimis. A partir de 2026, sólo estarán excluidos del impuesto sobre las ventas los envíos de compras en línea cuyo valor no supere los 50 dólares, frente al límite anterior de 200 dólares, aplicable a compras realizadas mediante tráfico postal, envíos urgentes o servicios de entrega rápida, ampliamente utilizados por plataformas de comercio electrónico internacionales.

Según el gobierno, esta modificación responde al crecimiento acelerado del comercio minorista digital en los últimos años, que ha incrementado de forma sustancial el costo fiscal de mantener exenciones amplias.

Además, sostiene que la medida busca “corregir distorsiones tributarias, fortalecer el recaudo en el corto plazo y evitar que las compras en línea desde el exterior mantengan un trato preferencial frente al comercio formal establecido en el país”.

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Ante este cambio, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) se pronunció y reconoció tanto los beneficios del comercio digital transfronterizo como la necesidad de ajustar el marco regulatorio.

María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE, dijo que la Cámara reconoce “que el comercio digital transfronterizo ha traído importantes beneficios para los consumidores, pero también plantea desafíos regulatorios que deben ser abordados con urgencia”.

“El advenimiento de jugadores de comercio digital asiáticos, de plataformas que han venido haciendo un abuso de la figura de minimis, mecanismo diseñado originalmente para facilitar el comercio transfronterizo de bajo valor, está siendo utilizado por algunos actores para eludir obligaciones tributarias como el IVA, lo que crea un entorno de competencia desigual frente al comercio nacional o bien del comercio que ha decidido hacer inversiones en el país”, detalló Quiñones.

No obstante, aunque coincide con el gobierno en la necesidad de corregir los vacíos tributarios del comercio digital transfronterizo y frenar el uso abusivo del mecanismo minimis para evadir el pago de IVA, también advierte sobre la importancia de que estas medidas se implementen con criterios de equilibrio y claridad regulatoria, de manera que no terminen afectando la competencia leal ni el desarrollo del tejido empresarial colombiano.

De acuerdo con el Decreto, los recursos adicionales obtenidos con esta y otras medidas tributarias serán destinados exclusivamente a atender los gastos urgentes derivados de la emergencia económica en Colombia como salud, seguridad, atención a desastres naturales y obligaciones fiscales pendientes, y su aplicación tendrá carácter temporal, limitada al año gravable 2026.

Dos de las principales organizaciones de la economía digital advirtieron sobre los riesgos de la propuesta del gobierno de Guanajuato de incrementar de 1 a 2.5% el impuesto cedular aplicado a actividades empresariales realizadas mediante plataformas digitales.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) manifestaron que la medida tendría un impacto negativo sobre la economía digital del estado, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que dependen del comercio electrónico para sostener y ampliar sus ingresos.

Como parte de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2025, el gobierno propone elevar el impuesto del 1% al 2.5% sobre los ingresos para quienes operan a través de plataformas tecnológicas.

En este momento, el Congreso local está discutiendo una iniciativa que reformaría el artículo 27-A de la Ley de Hacienda, fracción III, con el fin de aumentar la recaudación para financiar el proyecto de presupuesto que estima un gasto de 140,331 millones de pesos.

Aunque las asociaciones reconocen la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, consideran que el aumento puede generar efectos contraproducentes para la competitividad del ecosistema digital local.

En un contexto donde muchas mipymes han encontrado en el comercio electrónico una vía para profesionalizarse y mantenerse a flote, la nueva carga fiscal podría convertirse en un obstáculo adicional para su crecimiento, alertaron.

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Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa ―dijeron― es el riesgo de que la medida desincentive la formalización.

Para muchos pequeños negocios, los costos de operar formalmente ya representan un desafío, por lo que añadir un impuesto más elevado podría empujar a algunos emprendedores hacia la informalidad, justo lo contrario a lo que buscan las políticas públicas orientadas a fortalecer la recaudación.

Además, las organizaciones señalaron que podría generar un impacto adverso en el empleo, ya que, según cifras del sector, cada persona que comercializa productos o servicios mediante plataformas suele generar varios empleos directos e indirectos. Si los costos operativos aumentan, algunos negocios podrían recortar personal o reducir horas laborales.

El impuesto cedular ha sido históricamente una fuente relevante de ingresos para el estado, con una tasa general del 5% para diversas actividades profesionales y empresariales.

Sin embargo, un aumento del impuesto para las plataformas podría desacelerar el crecimiento de la economía digital, generar incertidumbre entre inversionistas y afectar a los pequeños negocios que dependen de estas plataformas para competir y mantenerse relevantes.

Antes de que se apruebe cualquier cambio, la ALAI y la AMVO hicieron un llamado a sostener un diálogo abierto entre autoridades, sector privado y organizaciones, que permita avanzar hacia una política fiscal sólida garantizando que la economía digital continúe siendo un motor de oportunidades.

La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado de Brasil aprobó este 2 de diciembre un proyecto de ley (PL 5.473/2025) que incrementa la carga tributaria sobre las Fintech y endurece las exigencias de cumplimiento para empresas del sector financiero digital y de apuestas en línea.

La iniciativa, que ahora pasa al análisis de la Cámara de Diputados, también establece mecanismos adicionales para la lucha contra el lavado de dinero, en medio de las preocupaciones del gobierno y del Congreso por el uso de bancos digitales por parte del crimen organizado, y crea un nuevo índice para evaluar el cumplimiento de las normas regulatorias en el mercado de bets (sitios Web de apuestas virtuales).

El objetivo principal del proyecto, sin embargo, es aumentar la recaudación e igualar la carga tributaria de las Fintech con la aplicada a los bancos tradicionales. En ese sentido, el texto aprobado prevé cambios en la Contribución Social sobre la Utilidad Neta (CSLL) aplicable a las Fintech y a las instituciones de pago.

La tasa, hoy fijada en 9%, pasará al 12% en 2026 y alcanzará el 15% en 2028. La misma regla se aplicará a las administradoras de mercados extrabursátiles y bolsas de valores. En el caso de las sociedades de capitalización y las instituciones de crédito, el aumento será mayor: del 15% al 17.5% en 2026 y al 20% en 2028.

Además del ajuste fiscal, el proyecto genera impactos directos en el entorno regulatorio digital. Entre las medidas se incluyen la exigencia de informes semestrales de cumplimiento por parte de las instituciones financieras, la responsabilización de la publicidad vinculada a empresas irregulares y la integración de los agentes regulados en sistemas antifraude.

La propuesta también contempla la creación del Índice de Conformidad Regulatoria en Apuestas (ICRA), que clasificará el grado de adhesión de las operadoras a las normas de prevención de prácticas ilegales, y que podrá servir como base para la concesión de beneficios o la imposición de restricciones regulatorias.

En el segmento de apuestas en línea, la tributación también aumentará de forma progresiva. La Contribución sobre la Ingresos Brutos del Juego subirá del actual 12% al 15% entre 2026 y 2027, y alcanzará el 18% en 2028. El impuesto se calcula sobre los ingresos netos de las operadoras, descontados los premios pagados a los apostadores.

La propuesta modifica además las reglas sobre la remisión de utilidades al exterior, permitiendo la devolución del impuesto pagado en exceso en Brasil cuando la carga tributaria total supere el límite legal de aproximadamente 34%. El plazo para solicitar la restitución será de hasta cinco años, en línea con el Código Tributario Nacional, lo que amplía la seguridad jurídica para los inversionistas internacionales.

Las nuevas tasas de la CSLL y de la tributación sobre las apuestas entrarán en vigor a partir del cuarto mes posterior a la publicación de la ley. Las normas relacionadas con el crédito tributario para residentes en el exterior comenzarán a regir en el ejercicio siguiente, mientras que las demás disposiciones tendrán aplicación inmediata.

Según estimaciones oficiales, el paquete deberá generar un impacto fiscal positivo de R$ 5,000 millones en 2026, R$ 6,300 millones en 2027 y R$ 6,700 millones en 2028. La medida es defendida por el relator del proyecto, el senador Eduardo Braga, como un paso para ampliar la contribución de sectores altamente lucrativos y fortalecer el equilibrio fiscal, con efectos directos sobre la regulación del ecosistema de innovación financiera en el país.

El proyecto también crea el Programa de Regularización Tributaria para Personas Físicas de Bajos Ingresos, que permite la renegociación de deudas tributarias y no tributarias vencidas para contribuyentes con ingresos mensuales de hasta R$ 7,350 en 2024.

Quienes perciban hasta R$ 5,000 al mes tendrán acceso total a los descuentos y beneficios, mientras que los ingresos superiores contarán con reducciones proporcionales de los incentivos. Las cuotas tendrán un valor mínimo de R$ 200, y la adhesión al programa implica el reconocimiento de la deuda y la exclusión de otros planes de pago, salvo las excepciones previstas en la ley.

Los usuarios de servicios de conectividad móvil en América Latina pagan en promedio un 6.5% de impuestos específicos, que se suman a otros impuestos generales que pueden provocar que la carga impositiva supere hasta el 40% del costo total como en Argentina (51.4%), República Dominicana (42.9%) y Brasil (41.5%), según un estudio reciente de la GSMA.

El informe de la asociación móvil internacional sobre los impuestos específicos que pagan los usuarios por servicios de conectividad advierte que en algunos países este segmento aún se considera un servicio de lujo que puede ayudar a impulsar los montos de recaudación fiscal. Sin embargo, el estudio también señala que dado el impacto que tiene el sector en la economía, así como su papel como herramienta de recaudación por medios digitales, la reducción de impuestos podría incluso incrementar los ingresos fiscales.

“En las primeras etapas, cuando el impacto de la conectividad era más limitado, muchos gobiernos de la región aplicaron impuestos específicos a la conectividad móvil como una manera eficiente de generar ingresos fiscales. Con el tiempo, el resultado fue un gran desequilibrio entre la contribución económica directa de los servicios móviles y los niveles de tributación a los que están sujetos”, indica el estudio.

Lo anterior provocó que por primera vez en 2023, la contribución fiscal del sector móvil de América Latina superara el monto total que contribuye a la economía, medido por su participación en el PIB. En 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil en América Latina representaron aproximadamente unos 4,650 millones de dólares, lo que equivale a un 6.5% del costo total de la conectividad, según estima la asociación.

Además de los impuestos generales como el IVA, en algunos países los usuarios también deben pagar impuestos específicos que aplican por comprar dispositivos y al activar y utilizar los servicios móviles. La GSMA afirma que “estos son los que poseen mayores efectos regresivos al encarecer el acceso y tornarlo inasequible para la población de más bajos ingresos”.

Catorce países de los 18 analizados imponen a los consumidores algún tipo de impuesto específico. En particular, en Uruguay, El Salvador y Guatemala, los impuestos específicos representan menos del 2% del costo de la conectividad; en cambio, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia tienen impuestos específicos mucho más altos, cuya incidencia supera el 10% del costo de la conectividad, dificultando la asequibilidad para los sectores de más bajos ingresos.

Pocos ejemplos en la región existen de países que hayan eliminado parte de esta carga fiscal, como Colombia en 2016, Ecuador en 2021 y Argentina en 2025.

El análisis realizado por la asociación de operadores encontró que, de haberse eliminado estos impuestos específicos en la región, “el efecto fiscal neto en 2023 habría sido o bien neutro o supuesto un aumento en el nivel total de recaudación fiscal”.

Si bien los impuestos específicos del sector generan inicialmente ingresos directos para el Estado, su aplicación también desincentiva la inversión, su adopción y uso, “lo que limita la capacidad de las autoridades tributarias para maximizar las ventajas que trae aparejada la digitalización en el proceso de recaudación fiscal”.

Como ya lo ha advertido la GSMA en numerosas ocasiones, los proveedores de conectividad móvil también están sujetos a impuestos específicos. Al respecto, indica que “estos absorben recursos que podrían destinarse a afrontar los principales desafíos de la región, como el cierre de la brecha de conectividad, la expansión de la cobertura, la mejora de la calidad del servicio y la aceleración del despliegue de nuevas tecnologías”.

La Mesa Industria TIC y las principales cámaras empresariales del sector presentaron una solicitada en la que expresan su rechazo al proyecto de ley que busca aplicar un impuesto del 1% sobre la facturación neta de IVA de los servicios de Internet, telefonía fija y móvil, y TV paga, con el fin de financiar el deporte de alto rendimiento. En el texto, las entidades advierten que la medida “pone en riesgo la inversión, la competencia y el bolsillo de todos los usuarios”, y que fue impulsada sin consulta previa al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) ni al propio sector.

Desde las empresas de telecomunicaciones y conectividad remarcan que el fomento al deporte olímpico tiene un valor social innegable, pero sostienen que debe financiarse mediante una partida específica del Presupuesto Nacional y con una política pública que garantice adecuada trazabilidad de gastos y recursos. Recordaron, además, que el sector y sus clientes ya realizan aportes en concepto de impuestos internos vinculados a esta actividad.

La industria advierte que los servicios TIC son esenciales para estudiar, trabajar, innovar y producir, y que más del 40% de sus costos ya corresponde a impuestos. Agregar un nuevo gravamen, señalan, encarecería la factura de los usuarios y reduciría los recursos para invertir en infraestructura y mantener a la Argentina conectada.