ADN Radio

Representantes del sector tecnológico y de telecomunicaciones se reunieron hace unas semanas con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) para advertir que los dispositivos de streaming pirata presentes en miles de hogares chilenos pueden comprometer la privacidad de sus usuarios.

La alerta se da en un contexto global que no ayuda: un reciente informe de Google, dado a conocer hoy, confirmó que un grupo de ciberespionaje chino operó en Chile y otros 41 países.

Leer más

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardogarantizó que en su gobiernos, las comunicaciones privadas de los ciudadanos están garantizas, ante modificaciones recientes al IFT, a leyes de búsqueda y telecomunicaciones.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que la derecha y algunos medios de comunicación han dicho que estas modificaciones tienen que ver con vigilancia y espionaje.

Leer más: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-garantiza-privacidad-en-las-comunicaciones-de-los-ciudadanos-no-hay-ningun-espionaje-reitera/

Excélsior

Tu esposa, tu hermana, tu pareja o tu madre, un familiar directo, ha recibido una llamada con tu voz, o inclusive una videollamada con tu imagen. En ella, le solicitas dinero, pues has sido secuestrado, o tal vez tuviste un accidente, te quedaste sin dinero para pagar la renta o la despensa en el centro comercial. Los casos pueden ser muchos, pero el objetivo es el mismo: recibir una cantidad específica.

Todo esto es falso. Grupos del crimen organizado en México, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa, han utilizado inteligencia artificial generativa (IA Gen) para usar los llamados deepfakes y delinquir. Lamentablemente, un gran porcentaje de los contactados son defraudados.
Leer más: https://www.dineroenimagen.com/hacker/fraudes-espionaje-trafico-y-lavado-ia-potencia-carteles-mexicanos

El Financiero

El gobierno consolidó un andamiaje legal que le permitiría expandir sus capacidades de vigilancia con un alcance sin precedentes, advirtió Vladimir Chorny, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Si nosotros nos quedamos sólo con la Ley de Telecomunicaciones y no miramos a las otras leyes que se aprobaron, nos perdemos de piezas que son centrales para integrar este nuevo sistema de vigilancia sin controles que no tiene precedentes”, señaló Chorny durante su participación en La Silla Roja.

Leer más: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/07/14/investigador-de-r3d-critica-sistema-de-espionaje-sin-precedentes/

Proceso Jorge Bravo

En un periodo extraordinario que concluyó el 1 de julio de 2025 el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, aprobó un paquete de reformas legales que constituye el más ambicioso sistema de vigilancia y espionaje en la historia de México. Ese andamiaje jurídico, presentado bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia, representa en realidad una amenaza sin precedentes a la privacidad, los datos personales y los derechos fundamentales de los mexicanos.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobada en el Senado con 67 votos en favor, 29 en contra y tres abstenciones, otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) facultades de acceso irrestricto a toda la información contenida en la Plataforma Única de Identidad. Esta ley establece en su artículo 12, fracción III, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas el envío de información contenida en cualquier registro administrativo.

Los datos que quedan a disposición de las autoridades incluyen información vehicular, biométrica, telefónica, registros de propiedad, comercio, catastros, fiscales, bancarios, de salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales. Más alarmante aún, la ley establece que pueden incorporarse “todos aquellos datos de los que puedan extraerse indicios, datos e información” útiles para investigaciones.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada con 88 votos en favor en el Senado, complementa este esquema al ordenar la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. 

Esta interconexión permite que las autoridades accedan a información sin los controles tradicionales que protegían la privacidad ciudadana.

La reforma a la Ley General de Población, aprobada por 345 votos en favor en la Cámara de Diputados, impone la CURP biométrica como única fuente de identidad para todos los mexicanos y extranjeros con estancia legal. Esta nueva CURP incorpora fotografía, huellas dactilares y datos de identidad completos extraídos de todas las bases de datos convirtiéndose en el documento oficial obligatorio para todos los trámites en el país, y desplazando la credencial para votar del INE.

La magnitud de esta medida es que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP biométrica para la realización de trámites y servicios. Desde comprar un teléfono hasta solicitar servicios médicos u hospedarse en un hotel. Cada transacción será registrada y vinculada a la identidad biométrica del ciudadano.

La Plataforma Única de Identidad creada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada permitirá consultas en tiempo real y estará interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta plataforma realizará búsquedas continuas y seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas con la CURP.

La Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada con 63 votos en favor en el Senado, crea la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP. Esta herramienta permitirá eliminar 75% de los trámites presenciales, pero a costa de centralizar toda la información personal en una sola plataforma gubernamental, con los riesgos que ello implica en términos de ciberseguridad.

El artículo 72 de esta ley establece que la Llave MX podrá asociarse a fotografía y huellas dactilares contenidas en registros administrativos. Además, contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas para integrar, consultar y compartir información.

La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada con 369 votos en favor en Diputados, preserva y amplía el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales de la ley de 2014. 

El artículo 183 establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.

Esta disposición permite que cualquier ciudadano con celular (prácticamente todos) pueda ser geolocalizado en tiempo real sin orden judicial. Los operadores deberán conservar los datos por dos años y las autoridades podrán consultarlos sin control judicial. Esto afecta a más de 100 millones de mexicanos que utilizan teléfonos móviles.

Resulta particularmente preocupante que estas reformas ignoren por completo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de las Nación. En marzo de 2025, la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplaba la entrega de datos conservados sin control judicial previo.

La SCJN determinó que los datos conservados ameritan una protección constitucional fuerte y que su acceso requiere autorización previa de la autoridad judicial.

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. Los promotores de estas reformas argumentan que son necesarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos. 

La falta de controles independientes, supervisión judicial y mecanismos de rendición de cuentas convierte este sistema en una herramienta perfecta para el abuso de poder. 

La extinción de organismos garantes de derechos fundamentales como el INAI, el IFT y la renovación del Poder Judicial por voto popular agudizan los riesgos y la politización. En un país donde las instituciones de seguridad han sido infiltradas por el crimen organizado, entregarles acceso irrestricto a información personal de todos los ciudadanos representa un peligro mayúsculo.

El andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T constituye una grave amenaza a la democracia mexicana. Al eliminar los controles judiciales, centralizar la información en manos del Ejecutivo y crear mecanismos de vigilancia masiva sin contrapesos, este sistema transforma al Estado mexicano en un aparato de control social, vigilancia y espionaje incompatible con los principios democráticos.

Twitter: @beltmondi

Diálogo Américas

La colaboración con Estados Unidos ha vuelto a resultar estratégica para hacer frente a la creciente amenaza de ciberataques patrocinados por China en Latinoamérica. Así ocurrió recientemente en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala.

Leer más: https://dialogo-americas.com/es/articles/guatemala-y-ee-uu-frustran-amenaza-de-espionaje-chino/

El gobierno encabezado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, espió con el software Pegasus a 456 personas, aseguró la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). 

La organización aseguró que documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del software, confirman que el gobierno mexicano espió a ciudadanos durante el citado sexenio. 

“Durante la audiencia ante el juez, los representantes de NSO Group también afirmaron que México es uno de sus clientes involucrados en este caso, lo que confirma la abrumadora evidencia del despliegue de este spyware durante el sexenio anterior. 

“Esta información inédita muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano”, dice R3D en un comunicado. 

Como parte de las pruebas para el juicio, detalla el reporte de R3D, WhatsApp aportó un listado que expone el país de 

origen de mil 233 víctimas de Pegasus. 

De acuerdo con los datos, México fue la nación con más víctimas en esa ocasión con 456, seguido de la India con 100 y Bahréin con 82. 

Además, agrega R3D, estos ataques estarían vinculados con la explotación de una vulnerabilidad en WhatsApp que fue usada en contra de personas usuarias del sistema operativo Android. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales recordó que en 2022, la investigación denominada Ejército Espía reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suscribió un contrato por un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua, empresa con derechos exclusivos para vender Pegasus, con fecha 12 de abril de 2019. 

A la fecha, agregó R3D, la Sedena se niega a entregar la información sobre dichos contratos, pese a la decisión 

inatacable del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ahora extinto. 

“A la luz de esta nueva evidencia, resulta alarmante la dimensión del espionaje militar durante el sexenio de López Obrador. Cabe destacar que las 456 víctimas identificadas por WhatsApp corresponden únicamente a un periodo de dos meses (abril-mayo de 2019), lo que sugiere la verdadera escala de la vigilancia ilegal en México y la gravedad del encubrimiento de estos abusos por parte del gobierno mexicano”, añadió R3D. 

Portafolio

El presidente Gustavo Petro reveló este miércoles que la agencia de inteligencia policial compró el software Pegasus, usado por varios Gobiernos para espionaje político, a una empresa israelí en junio de 2021, cuando el país vivía semanas de protestas sociales.

“La agencia inteligencia policial de Colombia compró en efectivo por 11 millones de dólares (unos 9,93 millones de euros) a una empresa israelí software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas (electorales de 2022)”, anunció Petro en una alocución presidencial, en la que pidió investigar la compra.

Lee más.

Ler em português

Cierras una aplicación que estabas utilizando, finalizas una llamada telefónica o incluso una conversación privada, abres Google y te encuentras con anuncios o contenidos relacionados con cosas mencionadas en la conversación o vistas en aplicaciones. ¿Coincidencia?

Para el diputado de Brasil, Fábio Teruel, autor del Proyecto de Ley 2867/23, que prohíbe a las aplicaciones de teléfonos móviles recolectar datos de usuarios a través de cámaras y micrófonos después de finalizadas las llamadas o cuando dichas aplicaciones no estén en uso, estas son “coincidencias” que generan temor y sospechas entre los usuarios.

La propuesta establece que el incumplimiento de la prohibición conllevará sanciones como multas y la suspensión del suministro de productos y servicios al responsable de la aplicación, según los términos del Código de Defensa del Consumidor.

Destacado: CEO de TikTok responde sobre privacidad, espionaje y adicción entre adolescentes ante congreso estadounidense

Además, podría enfrentar una pena de prisión de seis meses a dos años, acompañada de una multa, por el delito de acoso al recolectar, utilizar o almacenar datos personales sin el consentimiento del usuario. Estas disposiciones, sin embargo, modificarían el Código Penal Brasileño.

Desde 2016, Google tiene registrada, por la empresa estadounidense, una patente que prevé la evaluación de sensores biométricos, expresiones faciales, coloración del rostro, movimiento de los ojos e incluso la dilatación de las pupilas para determinar cómo le gusta o no a un usuario ciertos contenidos en línea. Esto permitiría que cualquier sitio clasificado en el buscador se beneficiara de tales artificios.

Lo que establece la ley vigente

El Marco Civil de Internet ya exige que la recolección, uso, almacenamiento y tratamiento de datos personales sean expresamente consentidos por los usuarios. Esta cláusula debe estar presente en todos los contratos en redes y sitios web, es decir, cuando se pregunta “¿aceptas los términos, etc.”, el usuario ya está otorgando ese consentimiento.

Según el proyecto en trámite en la Cámara de Diputados, este consentimiento deberá limitarse únicamente durante el periodo de uso de la aplicación y las llamadas, prohibiendo el “espionaje” una vez finalizados.

El proyecto de ley será analizado por las comisiones de Comunicación y de Constitución, Justicia y Ciudadanía de manera conclusiva, es decir, no será sometido al Plenario y no requerirá un número mínimo de votos de todos los diputados para su aprobación. Sin embargo, también debe ser aprobado por el Senado Federal.

El Economista

Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, informaron que, a pesar de que la denuncia fue presentada, hasta el momento no se han tomado medidas significativas para investigar y sancionar los actos de espionaje que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior luego de un año desde que se hizo público un ataque digital contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), mediante el uso del software espía Pegasus.

En un comunicado indicaron que esta impunidad en el abuso de esta tecnología ocurre en un contexto en el que se han documentado al menos 5 casos similares desde 2018, sumándose a decenas de casos ocurridos en el pasado.

Leer más…