El Telégrafo

Una mujer recibió mensajes amenazantes en su teléfono de parte de Édgar M. El sujeto le exigía USD 2.000 en efectivo a cambio de no divulgar sus fotografías íntimas a través de las redes sociales.

La mujer acordó entregarle el dinero en un contenedor de basura ubicado cerca del estadio Bellavista de Ambato el 1 de agosto de 2024. Para ello, Édgar M. utilizó un disfraz de indigente y procedió a retirar el dinero que le habían dejado en el contenedor.

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La presidente de Ursec destaca los hitos de una gestión que se mantendrá hasta 2026: “Desde que asumí me critican por mi pasado en Telefónica”.

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El Español

La asistencia técnica es uno de los principales elementos que definen la calidad de los operadores de telecomunicaciones y uno de los más importantes para sus usuarios. Sin embargo, es un campo en el que el sector todavía tiene margen de mejora, ya que las compañías tardan hasta cinco días en resolver una incidencia técnica y el tiempo que mantienen a un cliente en espera antes de atender su llamada supera los 12 minutos.

Leer más: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/digital/20230414/operadoras-tardan-resolver-incidencias-tecnicas-denunciadas-clientes/755924684_0.html

En vista de la insurrección social acaecida desde diciembre de 2022 en Perú, en las últimas semanas el Poder Judicial dictó las primeras sentencias condenatorias por el delito de apología del terrorismo en redes sociales.

El 18 de enero, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada condenó a Rodrigo Benjamín Benites Silva por haber publicado en Facebook un contenido que enaltece, exalta y justifica al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, condenado por el delito de terrorismo en Perú.

Esta semana, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que, según una modificación normativa reciente, dicho delito ahora se contempla en el artículo 316-A del Código Penal, y se sanciona con una pena de entre ocho y 15 años de cárcel. Benites fue condenado con la pena mínima y un pago de 10 mil soles por el concepto de reparación civil a favor del Estado.

Por ello, el Mininiter anunció que habilitó un canal de atención para recibir las denuncias ciudadanas relacionadas con “la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito o terrorismo o cualquiera de sus tipos”.

De esta forma, los ciudadanos que detecten este delito en redes sociales podrán denunciarlo a través de la dirección de correo electrónico: pte@mininter.gob.pe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, a cargo de Milko A. Ruiz.

Para ello, en el mensaje los denunciantes deberán adjuntar alguna prueba que sustente su acusación, ya sea fotografía, video, captura de pantalla o enlace que conduzca a la publicación hecha en la respectiva red social.

El llamado oficial se produce en un contexto de protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo por parte del gobierno, las cuales hasta ahora han dejado un saldo de 58 personas fallecidas. Por ello, la iniciativa del Mininter ha sido interpretada por los críticos del gobierno como una vía para acallar las protestas.

El Mininter informó que de esta forma apela a la colaboración de la ciudadanía para contribuir a identificar a los posibles autores de casos puntuales en los que se exalte, justifique o enaltezca el delito de terrorismo y proceder de acuerdo a la ley.

Finalmente, el Ministerio reafirmó su compromiso de promover una cultura de tolerancia cero al terrorismo en todas sus formas en el país y continuar la lucha frontal contra este delito que tanto daño le ha hecho a Perú a lo largo de su historia

Reforma Luis Pablo Segundo

Por primera vez en México y América Latina, Google y Apple fueron denunciados por prácticas monopólicas y desplazamiento anticompetitivo.

La denuncia fue interpuesta por el ex presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan Addati, ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tras ser rechazada primero por la Cofece, al considerar que sus tiendas de aplicaciones atentan contra creadores de contenidos y consumidores.

“Tanto Google como Apple tienen posiciones monopólicas en lo que se llama sistemas operativos y eso lo trasladan en las tiendas de aplicaciones”, aseveró en entrevista.

De Swaan Addati explicó que Google y Apple, a través de sus tiendas virtuales Play Store y Apple Store, respectivamente, obligan a cualquier empresa o persona que utiliza sus plataformas a pagar comisiones por ello, además condicionan la relación usuario-empresa y realizan ventas atadas.

“Estas prácticas tienen a los desarrolladores de contenidos digitales de cabeza”, expresó, tras precisar que se afecta a todas aquellas empresas que crean contenidos en todos los formatos existentes (texto, audio o video).

En la denuncia se específica que cuando se adquiere una aplicación, contenido o suscripción el usuario sólo puede utilizar sus sistemas de pago y al hacerlo cobran una comisión que va del 15 al 30 por ciento.

También limitan la oferta al bloquear el redireccionamiento de terceros servidores y se reservan la información de los consumidores.

El IFT tiene 15 días para evaluar si inicia la investigación y contará con 120 días hábiles para decidir qué procede.

La Tercera

ChileTelcos, agrupación que reúne a VTR, Movistar, Claro, Entel, GTD y Mundo sostiene que los atentados a la infraestructura y el robo de cables de fibra óptica están causando cada vez más trastornos. Ahora no sólo se afecta al cliente residencial por cortes de internet, sino que también a la industria bancaria. Según cifras de ChileTelco, entre enero de 2021 y marzo de 2022 las querellas y denuncias por actos de vandalismo suman 1.981, siendo la Región Metropolitana la más afectada en este periodo.

Leer más: https://www.latercera.com/pulso/noticia/empresas-de-telecomunicaciones-denuncian-la-existencia-de-mafias-en-fuerte-alza-de-ataques-a-redes-de-internet/EFZ5XC655NA6BPECGZRPIODKFU/

La Prensa Lara

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este jueves el “recrudecimiento” de las “violaciones a la libertad de expresión” en Venezuela y condenó el “bloqueo a medios digitales” y “uso ilegal de datos personales para acosar a periodistas”.

La SIP, con sede en Miami, cargó contra el bloqueo que desde la madrugada del lunes sufre el acceso a tres medios digitales: Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV Miami, este último con sede en esa ciudad de Florida.

La acción, ejecutada por las empresas de telecomunicaciones CANTV (estatal) y las privadas Movistar, Digitel, Supercable e Inter, operadoras de servicios móviles y de internet, “habría respondido a órdenes de la oficialista (venezolana) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)”, señaló la SIP en un comunicado.

“La dictadura de Nicolás Maduro demuestra una vez más su fijación por amordazar al periodismo independiente”, dijo Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

Canahuati subrayó que la “comunidad internacional no puede quedarse callada ante un régimen de terror que vive atropellando el derecho a la libertad de expresión de sus ciudadanos”.

Según la organización de monitoreo VE Sin Filtro, el gobierno venezolano no solo bloquea los sitios web de medios no afiliados a este, sino que en los últimos años también bloqueó plataformas de multimedia, “streaming” y redes sociales.

Estas denuncias también confirman las conclusiones de un reciente informe de la organización Espacio Público, Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes, dado a conocer el 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP agregó que esta nueva información “nos impone a reiterar nuestro compromiso, apoyo y solidaridad para con los periodistas y medios independientes que desde hace más de veinte años vienen padeciendo persecución y represalias gubernamentales por su labor”.

Canahuati y Jornet remarcaron que la Declaración de Salta de 2018 sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital establece en su punto 7 que “Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos”.

Y el punto 5 de la Declaración recuerda que “el bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Entre otras prácticas arbitrarias ejercidas desde el poder, Espacio Público señala la vigilancia y el robo de información a través de la clonación de sitios web y páginas de redes sociales, además del “phishing” (suplantación de identidad).

RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES

Denuncia también la retención de datos personales vía telefonía celular o fija usando equipos tecnológicos y software israelí para la extracción de información.

El informe destaca que el acceso ilegal a equipos, en su mayoría teléfonos móviles, “configura una práctica creciente” en contra de periodistas por parte de policías y militares.

La última resolución de la SIP sobre Venezuela enfatiza que “la implacable persecución contra medios de comunicación y periodistas, así como el bloqueo a los pocos medios que aún publican en internet, ha casi completado el plan de hegemonía comunicacional del régimen, similar al modelo cubano”.

Sobre el embargo de las instalaciones del diario El Nacional el 14 de mayo de 2021, medida que todavía prevalece, la organización expresó que “quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas”.

Venezuela, además de Cuba y Nicaragua, son los países peor evaluados en materia de libertades individuales y sociales según el Índice Chapultepec 2021, un barómetro con el que la SIP que mide niveles de libertad de prensa y expresión en 22 naciones del hemisferio.

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Las quejas de los usuarios brasileños sobre los servicios de telecomunicaciones cayeron un 24.4 por ciento en 2021 en comparación con el año anterior, así lo revelan datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

La información de la Anatel muestra que los reclamos pasaron de 2 millones 949 mil 334 en 2020 a 2 millones 228 mil 391 en el último año, una disminución de más de 720 mil quejas. Diciembre fue el mes con menor número de denuncias, que descendieron 28.7 por ciento respecto al año anterior.

“El sector cerró el año con esta expresiva marca: una caída de más del 20 por ciento en el número de quejas. Reducción que viene siguiendo la tendencia registrada a lo largo de 2021. Desde abril, registramos reducciones superiores al 20 por ciento”, dice Marcos Ferrari, director Ejecutivo de Conexis Brasil Digital.

Para Ferrari, este es el resultado de las inversiones realizadas por los proveedores. De enero a septiembre de 2021, el sector invirtió 25.5 mil millones de reales (4.5 mil millones de dólares), un crecimiento de 4.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020.

También atribuye las caídas a medidas como No Me Perturbe, una plataforma donde los usuarios registran sus números para evitar recibir llamadas de telemarketing no deseadas.

Todos los principales servicios de telecomunicaciones mostraron una disminución en el número de quejas en 2021. La mayor, con un 43.7 por ciento, fue en la televisión de paga, que también está experimentando una disminución en la base de usuarios. En banda ancha fija, las quejas cayeron un 26.7 por ciento y, en telefonía móvil, la caída fue de 20.2 por ciento.

Estas tarifas son una mejora respecto a 2020, cuando el número total se mantuvo prácticamente estable en comparación con 2019. En ese momento, el servicio de banda ancha fija todavía tenía un crecimiento de quejas del 31.2 por ciento.

El Peruano

En lo que va del 2021, las empresas del sector financiero y de telecomunicaciones acumulan más denuncias por incumplir la Ley de Protección de Datos Personales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

El titular de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Eduardo Luna Cervantes, precisó que se han registrado 136 denuncias por infringir la Ley de Protección de Datos.

En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización e Instrucción ha efectuado 172 visitas de fiscalización, entre presenciales y remotas.

Incremento en pandemia

El funcionario aclaró que si bien el riesgo en cuanto a la protección de datos personales siempre ha existido, durante la pandemia “se evidencia más” debido al desconocimiento de las recomendaciones de ciberseguridad.

Las denuncias sobre el uso inadecuado de datos personales se asientan mediante la mesa de partes virtual del Ministerio de Justicia desde su sitio web. También se puede enviar un correo electrónico con dudas a protegetusdatos@minjus.gob.pe.

Andina Sofía Pichihua

En lo que va del 2021, las empresas del sector financiero y de telecomunicaciones se han convertido en las que tienen más denuncias por incumplir la Ley de Protección de Datos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Las denuncias más frecuentes en el sector financiero están relacionadas al acceso y uso de los datos de los clientes sin su consentimiento para realizar diversas operaciones financieras.

Por otro lado, en el sector de telecomunicaciones, los usuarios han reportado que sus datos personales han sido utilizados para contratar servicios o bienes sin su consentimiento.

Eduardo Luna Cervantes, Director de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, explicó a la agencia Andina que estos casos pueden iniciar por denuncia de los ciudadanos o por oficio.

En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización e Instrucción ha realizado 172 visitas de fiscalización, entre visitas presenciales como remotas.

Asimismo, se ha fiscalizado a 301 entidades y, como resultado de las mismas, se han emitido 334 informes de fiscalización, que incluyen -en algunos casos- el cierre de fiscalizaciones iniciadas en el año 2020.

Finalmente, se han iniciado 121 procedimientos administrativos sancionadores y se han culminado la etapa instructiva de 113 casos, los cuales han sido remitidos a la Dirección de Protección de Datos Personales para que emita la resolución final en primera instancia.

En el año 2020 se recaudó S/ 525,471 en multas, mientras que -hasta el 12 de diciembre del 2021- esta cifra se ha elevado a S/ 1,740,269.

Protección de datos personales en pandemia

En tiempos de pandemia, los consumidores se han visto en la necesidad de cambiar la forma de adquirir los bienes o servicios que necesitan, por lo que han optado por realizar transacciones mediante medios digitales.

“Antes de la pandemia, las compras realizadas por medios digitales tenían un porcentaje mínimo en comparación de las realizadas presencialmente, sin embargo, en la actualidad podríamos decir que esa brecha ha desaparecido”, sostuvo Luna Cervantes.

El funcionario aclara que si bien el riesgo en cuanto a la protección de datos personales siempre ha existido, durante pandemia “se evidencia más” debido al desconocimiento de las recomendaciones de ciberseguridad.

¿Cómo denunciar filtraciones de datos personales?

Las denuncias sobre uso inadecuado de instrucción sobre datos personales sin autorización se pueden realizar a través de la mesa de partes virtual  del Ministerio de Justicia. El ciudadano debe adjuntar evidencias como capturas de pantalla.

Para consultas, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con el correo electrónico protegetusdatos@minjus.gob.pe, y con el teléfono (01) 2048020 anexo 1030.