El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó el 25 de diciembre de 2025 una norma que obliga a los operadores a dar de baja líneas y bloquear celulares vinculados a delitos en un plazo máximo de un día calendario, para frenar su uso delictivo. 

La resolución (Resol. 000134-2025-CD/OSIPTEL) ordena a las empresas ejecutar la baja del servicio y/o el bloqueo del IMEI cuando lo soliciten autoridades competentes (Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial o INPE) y obliga a responder en un plazo máximo de un día calendario. 

El procedimiento se articula a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renseteg). El Osiptel traslada la orden al operador por ese mecanismo. El dispositivo o la línea deberá reactivarse en un día calendario si la entidad competente solicita la reversión dentro de los 90 días siguientes. 

Los operadores deben notificar al usuario el motivo, la fecha y los canales para formular objeciones. 

La norma refuerza y hace operable el Decreto Supremo N° 018-2025-IN, publicado el 21 de noviembre de 2025, que estableció los lineamientos para la baja temporal de servicios y el bloqueo de equipos utilizados en delitos. 

Ese decreto definió las entidades que pueden solicitar bloqueos y los mecanismos de verificación policial previos.

Desde abril de 2025, el Osiptel y el Ejecutivo han ordenado bloqueos masivos. En 2025 se han reportado más de 2.5 millones de equipos bloqueados por no figurar en la “lista blanca” del Renseteg.

Durante el estado de emergencia se registraron más de 650,000 equipos bloqueados y decenas de miles de solicitudes de suspensión por uso en extorsión y sicariato. 

La Defensoría del Pueblo ha pedido al Poder Ejecutivo medidas que garanticen los derechos de usuarios cuyos equipos fueron adquiridos en el exterior o no fueron registrados por importadores, para que no se vean afectados por el despliegue del Renseteg. 

Los operadores deberán procesar órdenes judiciales y administrativas con rapidez y sin errores. El regulador prevé sanciones por incumplimiento de plazos, falta de notificación o ausencia de reporte al Renseteg.

La norma acorta plazos y busca cerrar canales que alimentan el delito con servicios móviles. 

En el marco del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en Lima, Perú, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) solicitó a los operadores de telecomunicaciones suspender inmediatamente más de 3,500 líneas móviles vinculadas a delitos.

A través de un comunicado, el regulador informó que implementó esta medida a petición de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP), y los delitos están asociados a casos de extorsión, secuestro y sicariato, entre otros.

“Al 17 de noviembre, durante lo que va del estado de emergencia, ya se solicitó a las empresas operadoras la suspensión de 3,766 servicios móviles. Esta acción demuestra nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad”, declaró la directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini.

Las líneas requeridas por el regulador están distribuidas de la siguiente manera, según informó el Osiptel a partir de datos de la PNP y el MP.

La funcionaria señaló que los operadores deben informar diariamente al Osiptel sobre la ejecución de la suspensión de las líneas que estarían siendo utilizadas para cometer delitos.

Refuerzo de fiscalización

Esta medida, establecida a través del Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, que a su vez fue modificado por el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, también dispone que la Policía Nacional del Perú podrá solicitar al Osiptel que ordene a las empresas la suspensión inmediata de las líneas móviles con chips que se comercialicen previamente activados.

Asimismo, contempla que durante los operativos, la PNP deberá informar al Osiptel sobre las características de los equipos y chips incautados. El presidente José Jerí declaró estado de emergencia en Lima y el Callao a partir de las 00:00 horas del 22 de octubre de 2025, tras su toma de posesión 12 días antes.

El regulador enfatizó que los operadores son los responsables de todo el proceso de comercialización y contratación del servicio público móvil, desde la identificación hasta el registro de los abonados y los vendedores y personal de atención de la empresa.

“Gracias a la labor articulada entre el Osiptel, la Policía Nacional y el Ministerio Público se reafirma que el trabajo coordinado permite mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas y el regulador de las telecomunicaciones”, concluyó el presidente ejecutivo del Osiptel, Jesús Guillén.

Perfil

La creación de imágenes de abuso infantil con Inteligencia Artificial (IA) ya es delito en Argentina. Así lo decidió la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana, en un fallo por el que se amplió el artículo 128 del Código Penal para incluir y castigar este tipo de representaciones, incluso cuando no haya víctimas reales identificadas.

Leer más: https://www.perfil.com/noticias/judiciales/en-un-fallo-sin-precedentes-argentina-tipifica-como-delito-la-creacion-de-imagenes-de-abuso-infantil-con-ia.phtml

En Perú continúan los cambios normativos para reforzar los controles de seguridad sobre los dispositivos y redes móviles y castigar a quienes cometan delitos a través de ellos, esta vez desde el Poder Legislativo.

Este 5 de mayo, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República aprobó, con siete votos a favor y tres abstenciones el Proyecto de Ley 9877/2024-CR, que plantea modificar el uso de los datos derivados derivados de las telecomunicaciones para la “identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.

Según consta en el documento, el objetivo de la iniciativa es “fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate de la delincuencia común y el crimen organizado, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP)”.

De acuerdo con el texto, el uso de las TIC incluye el acceso y empleo de datos técnicos de ubicación mediante el sistema de posicionamiento global (GPS), así como la trazabilidad de dispositivos de comunicación, direcciones IP y aquellos datos generados por equipos en el territorio nacional bajo la modalidad de roaming internacional, conforme a las garantías constitucionales y el marco legal vigente.

El texto aprobado establece que “las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet o las entidades públicas y privadas relacionadas con estos servicios que reciban el requerimiento de la unidad especializada de la PNP, están obligadas a brindar los datos de localización, la identificación de celda u otros medios que permitan determinar con mayor precisión la ubicación de los dispositivos móviles”.

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La atención del requerimiento se hará de manera inmediata y oportuna, durante las 24 horas del día y, en caso de incumplimiento, los infractores se harán acreedores de responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal.

Además, deberán proporcionar información cuando el dispositivo móvil se encuentre apagado o fuera de cobertura, las últimas ubicaciones registradas e indicar la fecha, hora y lugar donde estuvo con cobertura y conectividad.

Las empresas operadoras son responsables de actualizar sus plataformas para la entrega de datos en línea, en tiempo real.

Adicionalmente, el proyecto señala que los operadores deberán proporcionar los datos asociados a las direcciones IP asignadas dinámicamente, e incluir su vinculación con dispositivos móviles, fechas y horas.

Durante la dictaminación, la presidenta de la Comisión, Jessica Córdova Lobaton, argumentó que la protección de menores en el entorno digital es fundamental, por ser oportuna, necesaria y congruente con el deber del Estado de adecuar su normativa penal, técnica y procedimental al entorno digital actual, al reforzar su capacidad para enfrentar fenómenos delictivos que afectan gravemente a la niñez y adolescencia.

El gobierno peruano aprobó una nueva serie de sanciones para castigar los delitos cometidos con equipos móviles desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país.

Así consta en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1688, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), publicado este jueves 1 de mayo en el Diario Oficial El Peruano. 

Sanciones y punitivismo

La norma establece las obligaciones y sanciones administrativas aplicables a las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales desde dichos recintos.

El nuevo reglamento busca establecer las obligaciones y sanciones administrativas aplicables a los operadores respecto a las comunicaciones ilegales desde dichos recintos. Y, según el Decreto Supremo Nº 008-2025-MTC, su finalidad específica es prevenir, mitigar y/o controlar las comunicaciones no autorizadas que puedan ser utilizadas, desde el interior de los penales o centros juveniles, para fines delictivos.

El documento impone responsabilidades específicas a las empresas operadoras, que deberán restringir la emisión de su señal radioeléctrica hacia estos establecimientos, salvo que una entidad competente disponga lo contrario por motivos de seguridad.

Esta restricción deberá implementarse de forma técnica y cuidadosa, asegurándose de que no se afecte el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones de las poblaciones aledañas. Y se considerará que un operador cumple con la obligación cuando su señal, dentro de las zonas restringidas o de alta seguridad, se encuentre dentro de los parámetros acordados con la empresa responsable del sistema de restricción.

Mientras que, para evitar las interferencias no deseadas o problemas en la calidad del servicio, tanto las empresas operadoras como las encargadas de la gestión del sistema de restricción deberán coordinar entre sí los aspectos técnicos necesarios. Estas coordinaciones podrán ser iniciadas por cualquiera de las partes involucradas, para promover una actuación conjunta y efectiva frente a las comunicaciones ilegales.

Perú implementó el Módulo de Consulta Especializado para Entidades del Estado, con el que ahora entidades judiciales y de seguridad, como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional (PNP) podrán acceder, de manera inmediata, a información de equipos y líneas móviles vinculada a delitos o investigaciones judiciales.

El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Anívar Rodríguez, explicó que, a través del módulo, las entidades podrán acceder a información como la titularidad o el registro de las líneas y los equipos sin remitir cartas y oficios al regulador.

Rodríguez detalló que, previo a la implementación de la herramienta, en junio de 2024, las entidades debían solicitar la información por escrito al Osiptel, lo que, a su consideración, afectaba el curso de las investigaciones, porque el cruce de información podía prolongarse hasta tres días.

La habilitación del módulo forma parte de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que busca combatir el robo y comercio ilegal de celulares. Se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo para combatir diferentes tipos de crímenes, como la extorsión, secuestro, robo, sicariato y fraude.

El gobierno peruano informó que en los seis meses de su implementación hasta el 31 de diciembre de 2024, se realizaron 88 mil 078 consultas en línea. De ellas, la Policía Nacional realizó más de la mitad (47 mil 792: 54.26%) y el Ministerio Público el 45.74 por ciento restante, con un total de 40 mil 286 solicitudes.

El Observador

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que busca reforzar la prevención y represión de la ciberdelincuencia en el país.

Este proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, se presenta como una respuesta a la creciente amenaza de los delitos informáticos que afectan tanto a individuos como a instituciones públicas y privadas.
El proyecto de ley propone la inclusión de nuevos ciberdelitos en el Código Penal, como el acoso y fraude informático, estableciendo agravantes según la vulnerabilidad de la víctima.

Leer más: https://www.elobservador.com.uy/nacional/la-camara-senadores-aprobo-un-proyecto-que-apunta-reforzar-la-prevencion-y-represion-la-ciberdelincuencia-n5956080

vtv.gob

En el VII Congreso de Seguridad organizado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), se debaten las diferentes políticas públicas que desarrolla la Policía de Miranda para disminuir los delitos y la criminalidad, entre ellas el uso de ciencia y tecnología, informó director de la policía estadal, Luis José García Pinto.

Durante su intervención como ponente, acotó que el uso de la tecnología, aunado a las relaciones con las comunidades, ha sido fundamental en el fortalecimiento de la seguridad en Miranda, donde la policía se mantiene desplegada con las brigadas y servicios especiales, de la mano con los gobiernos nacional y municipal.

“Hablamos sobre los ejes de atención como los Cuadrantes de Paz, fortalecimiento del sistema policial, prevención del delito y de las drogas, el sistema de justicia y sistemas de gestión de riesgo”, dijo.

García Pinto explicó las estrategias de seguridad ciudadana que se ejecutan en la entidad, que busca no solamente disminuir la criminalidad, sino también tener una policía con más capacidad de respuesta y atención a las comunidades.

En la actividad también participaron como ponentes el alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija; el secretario de Seguridad Ciudadana de esa localidad, Carlos Andrade; así como representantes de los poderes públicos, alumnos y profesores de la UNES.

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RTVE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado este miércoles que “en la actualidad uno de cada seis delitos en España se comete en el ciberespacio“, por lo que la protección del espacio digital “es ya un objetivo prioritario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

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El Parlamento y el Consejo europeos llegaron a un acuerdo provisional para obligar a los proveedores de criptomonedas a proporcionar información de identificación sobre todas las transacciones de activos digitales, pese a la oposición de toda la industria.

La llamada regulación de transferencia de fondos (TFR, por sus siglas en inglés) busca garantizar que las transferencias de criptoactivos puedan rastrearse para fortalecer los requisitos contra el lavado de dinero y bloquear las transacciones sospechosas.

El acuerdo implica que las plataformas de intercambio pueden obtener información y datos personales de todas las transacciones de criptomonedas, sin importar el tamaño, y proporcionar esa información a las autoridades si así lo solicitan, lo que atenta contra la filosofía anónima y descentralizada de la tecnología Blockchain y las criptomonedas más populares, como el Bitcoin.

Consulta: ¿Por qué se celebra el #BitcoinPizzaDay? 12 años del primer pago con Bitcoin 

También extiende esa responsabilidad a las llamadas billeteras no alojadas, que no son administradas por un proveedor de servicios o intercambio autorizado, cuando interactúan con exchanges en transacciones superiores a los mil euros.

Más de 40 compañías cripto enviaron una carta a los ministros de finanzas de la UE en abril en protesta por la regla, alegando que infringía la privacidad y seguridad del usuario. Los signatarios incluyeron plataformas como Coinbase Global Inc. y los proveedores de cripto ETP Coinshares International Ltd. y Valor Inc.

El 30 de junio, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llevaron a cabo la ronda final de conversaciones sobre la regulación de los Mercados de Criptoactivos, o MiCA, del bloque para resolver los últimos puntos conflictivos. 

El eurodiputado y relator de TFR Ernest Urtasun, que estuvo presente en el debate, dijo que los dos procesos están entrelazados, ya que la UE busca implementar sus decisiones sobre criptografía de una sola vez, lo que significa que ciertas definiciones utilizadas en la TFR no son aplicables hasta MiCA. 

“Pondremos fin al anonimato de las transacciones criptográficas, que era un gran vacío legal cuando se trata de la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad”, advirtió Urtasun en una entrevista. 

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Las discusiones sobre MiCA y TFR han estado en curso desde hace varios años, con empresas de criptografía en otras jurisdicciones como el Reino Unido presionado por un enfoque más incremental para la elaboración de reglas.

Antecedentes

En marzo, la Unión Europea publicó nuevas reglas para frenar los flujos ilícitos en la región. Mediante una legislación, el Parlamento europeo ordenó que las transferencias de criptoactivos deberían rastrearse e identificarse para evitar que se usen para lavar dinero y financiar el terrorismo, entre otros delitos.

Próximos pasos

La reciente decisión significa que el texto de la TFR ahora está cerrado a nivel político. El proyecto de ley ahora pasará a discusiones sobre los aspectos técnicos del texto, antes de dirigirse a la aprobación de varios comités de la UE y el Parlamento en su conjunto.