Perú promulga ley que penaliza venta y uso ilegal de tarjetas SIM
Tras la modificación de leyes informáticas y el código penal peruanos, la activación y posesión ilegítimas de tarjetas SIM serán consideradas delitos y los operadores deberán entregarle al Osiptel información sobre los procesos de contratación de servicios móviles mediante herramientas informáticas.
El gobierno peruano promulgó la Ley N.° 32451, que modifica la Ley de Delitos Informáticos (Ley N.° 30096) y el Código Penal (Decreto Legislativo N.° 635), en relación con la activación ilegal de líneas móviles y la posesión ilegal de tarjetas SIM, conocidas coloquialmente como chips.
Nuevos delitos: activación y posesión ilegal de SIM
A través de esta modificación, se incorporó como delito informático el hecho de activar una SIM Card o una línea de servicio móvil sin consentimiento del titular; además de agregar la “Posesión ilegítima de una SIM card u otro medio activado que esté asociado a una línea de servicio móvil” al apartado «Penalización de la clonación o adulteración de terminales de telefonía celular» en el Código Penal.
Así, en función de estas leyes, se establecen distintas penas para quienes activen una línea móvil de manera ilegal, sin consentimiento del titular o con información falsa, y para quienes provean, vendan, faciliten o posean chips activados de forma irregular.
En específico, para la venta de tarjetas SIM en las calles sin autorización se fijó un plazo de uno a cuatro años de prisión y multas.
Nuevas obligaciones de los operadores
La ley también contiene una disposición complementaria modificatoria de la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que establece que los operadores deberán entregarle por medios informáticos al regulador los datos de todo el proceso de contratación, a fin de que pueda compartirla con instituciones como el Ministerio Público o la Policía Nacional de Perú (PNP) cuando lo requieran.
El gobierno peruano informó que, con esta medida, refuerza su lucha contra el uso indebido de líneas móviles, una problemática que, a su juicio, afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía. Detalló que las nuevas disposiciones están orientadas a cerrar las brechas que permitían la circulación de chips móviles sin trazabilidad, lo que responsabilizará penalmente tanto a quienes ofrecen los servicios ilegales como a quienes los adquieren.
Según la ley, firmada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Transportes y Comunicaciones (MTC), contarán con un plazo de 60 días calendario a partir de la entrada en vigor para emitir las disposiciones adicionales necesarias para la aplicación de la ley.