Ahora que la reforma tributaria está nuevamente en discusión, luego de que el Congreso rechazara el proyecto inicial propuesto por el presidente Iván Duque, la industria de telecomunicaciones advirtió que la economía digital no debe gravarse en la nueva ley, ya que una alta carga fiscal inhibiría su desarrollo.

Así lo expresaron los representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), además del titular del órgano regulador colombiano, en el panel Las TICs: un instrumento de reactivación económica, organizado por Semana este miércoles.

La Presidenta Ejecutiva de la CCCE, María Fernanda Quiñones, señaló que el comercio electrónico es una vía para reactivar la economía y, por tal motivo, habría que tentarlo debido a su auge, pero es mejor verlo a largo plazo, y en el marco de un entendimiento global del comercio electrónico.

Quiñones explicó que el paradigma que postula que la economía digital no está pagando tributos es falso y ponerle una carga fiscal va a inhibir su desarrollo. Por esa razón, pidió que en la nueva reforma tributaria no haya nuevos impuestos al comercio electrónico. Y, por último, destacó que es fundamental el despliegue de red, así como las acciones público-privadas.

Por su parte, el Vicepresidente Técnico de Andesco, Mauricio López González, destacó que existen tres condiciones fundamentales para el desarrollo adecuado del sector telecom: la seguridad jurídica, la facilitación del despliegue de infraestructura y las innovaciones regulatorias.

López también señaló que no hay que gravar al sector; en cambio, aseguró, se debe implementar un sistema virtuoso de subsidios bien focalizados, además de eliminar el IVA al servicio y a los dispositivos.

Mientras que el representante de la ANDI, Santiago Pinzón, señaló que la transformación digital es necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar la productividad de las industrias.

Y puntualizó que lograr la cobertura 4G va a ser muy importante y será igualmente necesario trabajar con tres lenguajes en la educación del futuro en Colombia: español, inglés y el de programación.

La postura del regulador

En tanto, el Director Ejecutivo de la Comunicación Reguladora de Comunicaciones (CRC), Sergio Martínez, explicó que, pese a que la industria afectó a numerosas industrias, el sector de las telecomunicaciones no tuvo una disminución muy fuerte, ya que el promedio de inversión de 6 a 7 millones de dólares anuales se está manteniendo.

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Sin embargo, Martínez aclaró que aún existen colombianos que todavía no obtienen beneficios de los servicios, por lo que es necesario acortar la brecha digital. Para ello, aseguró, es indispensable brindar certidumbre jurídica, regulatoria y contemplar todas estas medidas en la nueva reforma tributaria.

“Aquí no vamos a reducir la brecha digital si no hacemos una política agresiva para fomentar el acceso, y el acceso va a implicar disminución de tributos y subsidios focalizados a las capas poblacionales que no pueden pagar los servicios de telecomunicaciones”, declaró Martínez.

“No puede ser que un sector comience a ser más gravado, sería muy importante que los impuestos no vayan a afectar a nuestro sector”, puntualizó. Y detalló que debería haber una política fiscal para desgravar los equipos terminales, como celulares y computadoras.

Asimismo, añadió que la CRC no ve con buenos ojos gravar las actividades digitales, como sucedió en la ciudad de Bogotá con el ICA. Y explicó que, desde la Comisión desarrollaron un sandbox regulatorio.

Además, Martínez detalló que el desarrollo de la conectividad para los próximos 10 años en Colombia se sustentará en las regiones, donde está el verdadero reto regulatorio.

Y explicó que la estrategia colombiana se apoya en tres pilares: las políticas públicas, el desarrollo del despliegue y la política regulatoria basada en la innovación. Finalmente, aseguró que desde la CRC continuarán trabajando en las alianzas público-privadas del sector.

La posibilidad de la reforma tributaria “cortada”, propuesta por el área económica del gobierno brasileño para expandir la carga sobre los operadores de telecomunicaciones, ha preocupado a ejecutivos de algunas de las principales empresas del sector.

Durante un evento promovido por el Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicios Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil) y el portal Jota, el tema movilizó a ejecutivos de Claro y Algar Telecom. “La primera información que tenemos sobre la reforma fiscal es que simplifica algunos procesos auxiliares, pero en blanco y negro, es un aumento de la carga fiscal”, señaló el Director General de Algar, Jean Borges.

Según el directivo, las perspectivas son preocupantes dado el volumen de inversiones previstas para 5G. “La línea de corte es muy mala y puede tener impactos perversos adicionales”, argumentó.

El CEO de Claro Brasil, Paulo César Teixeira, también destacó el requisito de gasto de capital generado por 5G. Por ello, pidió al gobierno que ofrezca condiciones para que se den las contribuciones y “no ponga obstáculos mayores a los que ya tenemos”.

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“Somos un punto fuera de la curva a nivel mundial, es un servicio imprescindible que es muy caro”, argumentó Teixeira, utilizando como ejemplo un plan prepago con valor mensual de 20 reales. Según el ejecutivo, la mitad de esta factura se destina al pago de impuestos.

La carga tributaria brasileña sobre los servicios de telecomunicaciones es una de las más altas del mundo y representa casi la mitad del precio de los servicios, llegando al 46.7 por ciento.

El Presidente Ejecutivo de SindiTelebrasil, Marcos Ferrari, indicó que como sector apoyaban la reforma tributaria PEC 45, que reduce la presión fiscal sobre telecomunicaciones al 25 por ciento.