Proyecto de ley busca proteger a consumidores de comercio electrónico en Colombia

Frente al crecimiento acelerado que se ha registrado en las compras en línea durante la pandemia de Covid-19, la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, ingresó al Senado colombiano un proyecto de ley que busca dar garantías a los consumidores de comercio electrónico.

La propuesta, radicada en septiembre del año pasado, busca establecer normas aplicables al comercio, operaciones y negocios en línea, y brindar protecciones para las personas en la relación de compra-venta.

Cuando exista un retraso en la entrega de un producto o incumplimiento en las condiciones pactadas, el artículo 3 señala que el consumidor podrá retractarse sin que le descuenten o retengan algún pago.

De acuerdo con el documento, los proveedores deberán brindar información fidedigna, clara, suficiente y accesible a las personas acerca de las características de los productos que ofrecen mediante medios electrónicos, así como el precio y las condiciones de venta.

Asimismo, tendrán que disponer de medios adecuados para canalizar quejas o comentarios de los consumidores; garantizar el derecho de cambio; devolver el pago cuando los productos no se hayan entregado, sean defectuosos o se produzca un fraude, entre otras circunstancias.

Las empresas también deberán elaborar planes de atención al cliente de comercio electrónico, en el cual desarrollarán canales de fácil acceso para el contacto entre las partes. Y, por último, determina que también se reglamentará el comercio a través de redes sociales.

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Si bien la propuesta de ley se presentó en 2020, aún está pendiente de ser analizada por el Senado en primer debate. Si logra avanzar y ser aprobada, Blel Scaff planteó que será una oportunidad para resolver la desprotección en la cual se encuentran los consumidores.

Algunos de los inconvenientes que se han observado en las transacciones de compra-venta, señala el proyecto, son bienes o servicios no entregados pese a que los pagos son realizados; las garantías no reconocidas; exenciones de responsabilidad de los proveedores o administradores de plataformas web; alteración de precios; entrega de productos que no corresponden a los ofrecidos; un tiempo de entrega que excede el prometido, entre otros.

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