La Comisión Europea (CE) ha instado a Google y otras empresas de tecnología a apoyar la promoción de las historias de los medios bielorrusos disidentes más que las publicadas por los medios pro-régimen, las cuales, según los periodistas de la oposición, se ven favorecidos por los algoritmos de búsqueda.

Los periodistas bielorrusos en el exilio se han quejado ante la Comisión de que el contenido crítico con el régimen de Alexander Lukashenko no llega al público objetivo, en parte debido a los algoritmos de búsqueda utilizados por Google, Meta y otras gigantes tecnológicas que, según afirman, tienen en cuenta erróneamente las normas de censura de medios de Lukashenko.

“La lucha contra la desinformación y la promoción de la libertad de prensa son dos caras de la misma moneda, y queremos que las grandes empresas tecnológicas hagan ambas cosas”, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, al Financial Times.

“Esto significa garantizar la visibilidad de información fiable en línea, no de la propaganda de Minsk o el Kremlin”, ahondó, y criticó a las plataformas de difusión de propaganda de Bielorrusia y Rusia, su aliado estrecho.

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Los periodistas bielorrusos también han advertido que la situación empeora porque Google News no está disponible en idioma bielorruso, lo que limita lo que los lectores del país pueden encontrar en línea.

La CE eximió a los medios estatales de las sanciones impuestas contra Bielorrusia tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, en contraste con las prohibiciones impuestas a los sitios de noticias rusos.

Lukashenko confía en Vladimir Putin como patrón de defensa y respaldo para su control del poder. Pidió al presidente ruso que ayudara con una brutal represión contra los manifestantes tras su reelección en 2020, que los gobiernos occidentales condenaron como fraudulenta.

Jourová, cuya cartera en la Unión Europea (UE) incluye el Estado de derecho, planteó sus preocupaciones sobre Bielorrusia en diciembre al Presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, según personas familiarizadas con el asunto citadas por Financial Times.

En mayo también discutió temas similares en una reunión con el Director Ejecutivo de Google, Sundar Pichai, en la que se centró más en Rusia y problemas como la incapacidad de los medios independientes de ese país para monetizar el contenido publicado en YouTube en Rusia.

“Existen leyes e iniciativas en la UE para garantizar que las plataformas en línea estén haciendo lo correcto”, dijo Jourová. Pero los funcionarios de Bruselas también reconocen que no hay motivos para multar o iniciar procedimientos legales contra las empresas de tecnología por no ayudar a periodistas y escritores disidentes de Bielorrusia u otras naciones no pertenecientes a la UE en su lucha contra los regímenes autoritarios.

Google respondió que hace todo lo posible para desarrollar sus productos y hacer cumplir sus políticas de manera que no tengan en cuenta las inclinaciones políticas. Y añadió que las búsquedas “siempre pueden ser mejores”, pero advirtió que hay “cientos de factores que determinan qué resultados se muestran”.

Sin embargo, los periodistas que se oponen a Lukashenko insisten en que hay medidas concretas que Google podría tomar para eliminar obstáculos, incluida la adición del bielorruso a los aproximadamente 40 idiomas que ya utiliza su servicio de noticias.

“El caso bielorruso probablemente no sea único, pero es uno de los primeros en los que empresas tecnológicas occidentales, como Google y Meta, se han convertido en herramientas de un régimen totalitario y autoritario para presionar a la sociedad civil en lugar de ayudar a promover los medios independientes”, afirmó Natalia Belikova, la directora del Club de Prensa de Bielorrusia, una asociación de periodistas basada en Varsovia que ha estado trabajando fuera de su país desde que comenzó la presión contra los medios en 2020.

Hasta ahora, “las grandes tecnológicas no han mostrado ninguna voluntad o interés en abordar este problema”, dijo, por su parte, Jouzaz Olekas, eurodiputado lituano que preside la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Bielorrusia.

Denunció que los algoritmos de Google tratan a los medios prohibidos como un ‘enlace roto’ y los ponen hasta el final en los resultados de búsqueda en Bielorrusia, mientras “las principales noticias están dominadas por los medios de Lukashenko y los canales de medios rusos”.

La intervención estatal y la creciente vigilancia de los usuarios de Internet, en conjunto con la presencia de grandes compañías que controlan las páginas más visitadas de la red, han provocado una disminución de la libertad de Internet por undécimo año consecutivo, según el más reciente reporte de Freedom House.

El informe señala que los mayores deterioros para la libertad de Internet se documentaron en Myanmar, Bielorrusia y Uganda, donde las fuerzas estatales reprimieron a la población en medio de crisis electorales y constitucionales. La disminución de 14 puntos en la puntuación de Myanmar es la mayor registrada desde que comenzó el proyecto Freedom on the Net.

Advierte que durante el año, más gobiernos arrestaron a usuarios por discursos políticos, sociales o religiosos no violentos. Los funcionarios suspendieron el acceso a Internet en al menos 20 países y 21 Estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.

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Se sospecha que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados. La limitada regulación de la venta y compra de estas herramientas, junto con su casi ubicuidad y bajo costo en la práctica, ha creado una crisis para los derechos humanos, indica el reporte.

Entre estos países, destaca el gobierno mexicano como uno de los peores abusadores del uso del spyware Pegasus, mientras que otros países como India, Nigeria, Marruecos, Myanmar y Hungría también han utilizado este tipo de software para actividades de espionaje contra la población, periodistas y activistas.

“La intervención estatal debe proteger los derechos humanos en línea y preservar una Internet abierta. El poder emancipador de Internet depende de su naturaleza igualitaria. Para contrarrestar el autoritarismo digital, las democracias deben garantizar que las regulaciones permitan a los usuarios expresarse libremente, compartir información a través de las fronteras y hacer que los poderosos rindan cuentas”, destaca el informe.

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El estudio estima que tan sólo 21 por ciento de la población de Internet vive en países con libertad en Internet, un 28 por ciento en países con libertad parcial y 39 por ciento en países sin libertad en Internet. El estudio de Freedom House cubre aproximadamente el 88 por ciento del total de la población mundial de Internet.

Adicionalmente, el estudio estima que al menos 75 por ciento de los usuarios mundiales de Internet vive en un país donde los individuos han sido arrestados o encarcelados por postear contenido en temas religiosos, sociales o políticos. Un 64 por ciento vive en países donde los gobiernos han desplegado comentaristas progobierno para manipular la discusión en línea, mientras que el 41 por ciento habita países donde los gobiernos han desconectado las redes de Internet por razones políticas.

En particular, el estudio señala a China como el país con el peor ambiente para la libertad en Internet por séptimo año consecutivo. Detalla que las autoridades chinas impusieron penas de prisión draconianas para los disidentes en línea, prensa independiente y las comunicaciones cotidianas. La pandemia de Covid-19 sigue siendo uno de los temas más censurados.

Asimismo, destaca que Estados Unidos declinó por quinto año consecutivo en el ranking mundial, derivado de la proliferación de la información falsa, engañosa y manipulada que incluso afectó la aceptación pública de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

En la versión de este año, Freedom House también destaca la creciente influencia de las grandes compañías de Internet, que comienzan a atraer la atención de los gobiernos. Las autoridades de al menos 48 países aplicaron nuevas reglas para las empresas de tecnología sobre contenido, datos o competencia durante el año pasado.

Freedom House advierte que esta nueva supervisión gubernamental, con algunas excepciones positivas como prevenir el acoso en línea y las prácticas de manipulación del mercado, se está explotando para someter la libertad de expresión y obtener un mayor acceso a datos privados.

“Las actividades en línea de los usuarios ahora son moderadas y monitoreadas de manera más generalizada por las empresas a través de procesos que carecen de las salvaguardias que ofrece la gobernanza democrática, como la transparencia, la supervisión judicial y la rendición de cuentas pública”, agrega.

El informe explica que más gobiernos han introducido reglas controversiales para controlar la libertad de expresión de los usuarios, diseñadas para suprimir el contenido que critica al gobierno, violar el debido proceso al eliminar la necesidad de una orden judicial o al exigir el uso de Inteligencia Artificial (IA) para la eliminación de contenido, las cuales pueden resultar en un daño colateral significativo para la expresión política, social y religiosa.

“Los usuarios se encuentran cada vez más solos para lidiar con los turbios sistemas de moderación de las empresas y proteger sus derechos en línea”, advierte.