Fuente: Prensa EY

Por quinto año consecutivo, EY organiza la competencia global Open Science Data Challenge. En esta ocasión, la próxima edición, que inicia el 20 de enero, estará centrada en el fenómeno conocido como el “efecto de isla de calor urbana”. Este se refiere al incremento de la temperatura en áreas urbanas debido a la alta densidad de edificaciones, la escasez de espacios verdes y la falta de cuerpos de agua en las ciudades.

De hecho, las diferencias de temperatura entre zonas rurales y urbanas pueden superar los 10 °C en algunos casos, lo que genera problemas significativos en términos de salud, impacto social y consumo energético. Además, entre los grupos más vulnerables a este fenómeno se encuentran los niños pequeños, las personas mayores, los trabajadores al aire libre y las comunidades de menores ingresos.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y los datos pueden ser clave para abordar esta problemática. Por ello, los participantes del concurso organizado por EY trabajarán con conjuntos de datos para desarrollar modelos de aprendizaje automático que pronostiquen temperaturas a microescala en áreas urbanas.

Cabe destacar que estos modelos serán evaluados utilizando temperaturas conocidas en ubicaciones específicas, con el objetivo de determinar su precisión general (error de mínimos cuadrados).

Asimismo, los participantes deberán presentar un documento que explique su enfoque de análisis y proponga cómo escalar sus soluciones a otras ciudades, así como aplicaciones prácticas para tomadores de decisiones locales.

“El EY Open Science AI & Data Challenge es una oportunidad para que estudiantes y jóvenes profesionales de América Latina utilicen la inteligencia artificial y los datos para enfrentar el efecto de islas de calor urbanas. Este fenómeno, que afecta gravemente a las ciudades densamente pobladas de la región, requiere soluciones innovadoras y escalables que no solo mejoren la calidad de vida urbana, sino que también impulsen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, promoviendo un futuro más resiliente y equitativo”, comentóPatricia Patiño,Líder de IA & Data en EY Colombia.

¿Quiénes pueden participar?

En cuanto a los participantes, el desafío está dirigido a estudiantes de educación superior y profesionales en etapas iniciales de su carrera, con menos de cinco años de experiencia. De igual forma, la participación puede ser individual o en equipos de hasta tres integrantes.

Es importante mencionar que el concurso finalizará el 20 de marzo de 2025, fecha en la que se iniciará la evaluación de las propuestas. Posteriormente, los finalistas se anunciarán el 11 de abril y los ganadores el 15 de mayo de 2025.

Por último, cabe resaltar que las propuestas más destacadas no solo tendrán el potencial de generar un impacto positivo para las comunidades globales, sino que también podrán ganar premios en efectivo de hasta $10.000 dólares y la oportunidad de asistir a una ceremonia de reconocimiento en el extranjero.

Fuente: vtv.gb.co

Especialistas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dictaron a 13 trabajadores especializados en el área de Tecnología de la Información y la Comunicación del Instituto Portal Telegráfico (Ipostel), el taller denominado: Lenguaje Estructura de Consulta para Base de Datos (SQL).

Asimismo, el fortalecimiento de conocimiento con conceptos básicos y principios de los estándares de programación más utilizados en el mundo, fue el principal objetivo de la actividad formativa realizada en el salón (5) de Julio del Centro Postal Caracas (CPC), según publicación en la cuenta de la red social Instagram, @ipostel_ve.

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El Caribe Hogla Enecia Pérez

Los bancos comerciales, empresas de telecomunicaciones, entidades públicas y privadas que tengan almacenados datos biométricos de las personas en República Dominicana, tienen un plazo de 60 días para eliminarlos.

Esta disposición está contenida en el artículo transitorio de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

En ese ordenamiento jurídico se establece que la Junta Central Electoral está encargada de manera exclusiva de la recaudación, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de los datos biométricos de las personas, los cuales se harán de la manera determinada por los reglamentos de aplicación subsiguientes a esta lgislación.

Por tales razones “las instituciones que recauden datos biométricos, o que tengan base de datos biométricos, tendrán un plazo de sesenta (60) días, luego de la entrada en vigencia de esta ley, para eliminar chicos registros”.

¿Quiénes lo hacen?

Muchos se preguntarían ¿Hay empresas e instituciones públicas y privadas que tengan bases de datos biométricos? La respuesta es que sí y todo eso se ha estado haciendo sin reglamento y regulación de la JCE que es la guardiana de la identidad en el país.

En la actualidad, muchas telefónicas e instituciones de intermediación financiera, antes de brindar un servicio toman fotografías de los usuarios o les piden autenticar sus datos mediante el sistema de huellas dactilares. Eso es parte del proceso de verificación o recaudación de datos biométricos.

Pero no solo esas. Hace unos meses el Poder Ejecutivo, a través del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las fuerzas Armadas, lanzaron Sistema Integral de Dirección, Mando y Control (Sidmco) que entre otras, permitirá el acceso y recopilación de datos personales de los residentes y visitantes en el país.

Además de esto, la policía puso en ejecución el sistema integral de dirección de mando y control Constantino, el cual es utilizado por agentes de la Policía Nacional para depurar a los ciudadanos en 30 segundos al momento de ser retenidos.

¿Qué pasará ahora con la Ley?

En el reportaje “El biométrico, base de datos poderosa que debe ser mejor aprovechada”, hecho por ElCaribe en agosto del año pasado, la Junta Central reconoció que hace unos años se conformó un comité integrado por la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Migración, entre otras, con la finalidad de intercambiar información para la creación de un sistema de datos criminal pero no se logró porque una de las entidades envueltas quería ser la propietaria de la central de información.

Ahora, con la ley 4-23 esto queda claramente delimitado y establece que “solo la Junta Central Electoral podrá ofrecer el servicio de consultas de datos biométricos para fines de verificación de identidad de las personas”. Refiere además que, la JCE proporcionará los medios para la verificación de la identidad de las personas mediante consulta de los datos biométricos a las instituciones de índole pública o privada que así lo soliciten, siempre que estas ostenten un interés legítimo para el uso de dichos datos.

En el párrafo segundo de la ley se dispone que “la consulta de datos biométricos para fines de verificación de identidad deberá realizarse respetando el derecho a la intimidad de las personas, consagrado en esta ley y demás leyes sobre la materia”.

El órgano responsable de la identidad en el país, ya tiene los datos biométricos almacenados y gracias a ello, cuando instituciones del sistema de justicia han pedido colaboración para certificar la identidad de personas en conflicto con la ley, cadáveres o ciudadanos de interés ha respondido.

Ahora con la ley lo que se da es carácter de formalidad y la faculta como la única legalmente reconocida para tener en su control esas informaciones. Al tiempo que le provee la potestad, tal como ocurre con los documentos de identidad y electoral, para que las entidades públicas y privadas verifiquen la identidad de las personas mediante ese sistema.

¿Qué se hace con el biométrico?

Es frecuente que ante la Policía Nacional o el Ministerio Público las personas en conflicto con la ley mientan respecto a su nombre, edad e incluso lugar de residencia.

El año pasado, durante un proceso llevado a cabo por la Junta Central y la Procuraduría General de la República en las cárceles, se pudieron determinar las reales identidades de privados de libertad gracias al Sistema De Identificación Biométrica Automatizado (ABIS) que tiene la Junta.

“Nosotros hemos encontrado personas que en el Ministerio Público dieron un nombre y están con otros”, señaló Américo Rodríguez, director de cedulación.

El funcionario reconoció que la JCE tiene las herramientas institucionales que mediante convenios interinstitucionales pueden ser puestos al servicio de los diversos organismos estatales y esto podría en gran manera contribuir a diseñar y desarrollar mejores políticas públicas.

Sobran los ejemplos de casos en los que la entidad ha colaborado con la Policía para la identificación de personas encontradas decapitadas. Pero no solo eso, en el año 2014 fue mediante esa tecnología que se pudo identificar al joven que incendio uno de los vagones del metro.

Crónica

La formación integral de estudiantes y profesionales locales, es un objetivo primordial de la Universidad Nacional de Loja (UNL), por está razón, el 13 de noviembre del 2021 se desarrollará la capacitación: ACADEMIA CCNA CISCO, CCNAv7: Introduction to Networks, con la participación del ingeniero Mario Enrique Cueva Hurtado, experto en el tema.

El objetivo de la certificación es transmitir los conocimientos necesarios para el diseño de: redes LAN, configuraciones básicas de routers y switches, implementando esquemas de asignación de direcciones IPv4 e IPv6, campos del conocimiento con alta demanda en la actualidad.

La empresa Cisco Systems con sede en San José, California, Estados Unidos, constituye un referente global en las áreas de: redes de datos, telecomunicaciones, seguridad informática, Internet y tecnologías de la información y comunicación (TICS).

Asimismo, la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones, el aporte brindado a la sociedad con la transmisión de conocimientos especializados en este campo, son las principales actividades que aportan de forma directa a los estudiantes, docentes e instituciones de educación superior en la región sur del país, afirma Cueva.

Expreso Ronald Soria

Nada ha cambiado o cambió muy poco tras casi cinco meses de haber sido promulgada la ley de Protección de Datos Personales. A los correos siguen llegando los mensajes basura y las llamadas telefónicas prometiendo pasajes gratuitos o facilidades para volverse usuario de una operadora telefónica de la que ya se es cliente.

Y aunque el régimen sancionador de esta nueva ley comenzará a aplicarse recién en mayo de 2023, “nada impide que algún titular (ciudadano) decida iniciar acciones tanto civiles como penales contra cualquier empresa si cree que le han vulnerado los derechos sobre su información personal”. Eso es lo que asegura Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Datos Personales. “Las empresas están confiadas que como aún no existe la Autoridad de Protección, no pasa nada”.

Sin embargo, “la nueva ley ya es perfectamente aplicable”, asegura Santiago Acurio, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad.

“Dependiendo del mal uso que se esté dando a los Datos Personales se puede constituir en delito penal, con penas que van de uno a cinco años. Una acción que la puede iniciar cualquier ciudadano”.

Sobre este punto, Lorena Naranjo Godoy, directora de la maestría en Derecho Digital e Innovación de la Universidad de las Américas, quien hasta mayo pasado estuvo al frente de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), aclara que no es lo mismo el derecho a la intimidad, que la Ley de Datos Personales. “Generalmente existe una confusión, y se cree que todas las normas relativas a la intimidad son como el reflejo o la manifestación de esta nueva normativa y no es así”.

Ella menciona solo a un artículo del COIP que está directamente vinculado con la Protección de Datos, se trata del 229, que habla sobre la revelación ilegal de bases de datos y que sanciona con penas privativas de libertad de uno a tres años.

En cuanto a los tipos de acciones legales ante los tribunales civiles, Naranjo opina que es factible, pero siempre y cuando se pueda demostrar la existencia del daño. Un ejemplo de ello es cuando “las llamadas, mensajes o correos electrónicos me han provocado un daño específico”.

Otra de las acciones a las que puede recurrir el ciudadanos común es mediante las denuncias ante la Fiscalía. “Especialmente cuando se puede probar que existe una vulneración a la protección de datos personales de alguna persona”, alega Acurio.

Aunque las posibilidades de iniciar un trámite legal son factibles, sin embargo, nadie desconoce que la figura del superintendente de Datos Personales será determinante para lograr un control efectivo sobre las ilegalidades que aún afectan a este patrimonio ciudadano, como es el caso de la venta indiscriminada por las redes sociales o sitios de comercio electrónico de bases de datos, tal como lo evidenció este Diario, con solo rastrear la web.

Tanto para Acurio como para Naranjo, la figura de la autoridad de Protección será determinante para el control de estas irregularidades. Además, como asevera Naranjo, para que finalmente asuma el seguimiento y los costos que implica buscar una responsabilidad de parte de las empresas. Y no que sea el ciudadano el que deba pagar abogados.

“Ya debería estar formada la Superintendencia y designado el superintendente para que además se haga el trabajo de montar toda la estructura que implica esa nueva autoridad”.

Para Santiago Acurio, lo que sigue es un tema político. Es al Ejecutivo al que le corresponde enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la terna de nombres de donde saldrá el superintendente.

Acerca de que tras casi cinco meses se haya avanzado muy poco en preparar la infraestructura y estructura que implica la creación de la Superintendencia de Datos, Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia, le respondió a EXPRESO que el expresidente Lenín Moreno “mandó al Registro Oficial la ley que dice que debe crearse la Superintendencia, pero sin informe de finanzas que disponga los fondos”. Y en un año de proforma prorrogada, agregó este funcionario, “no podemos crear ese gasto. Estamos trabajando en el reglamento que permita cumplir con la creación de esa institución”.

La Superintendencia aún no tiene candidatos

Angie Jijón Mancheno, actual directora nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), alega que se trabaja en el borrador del proyecto del reglamento al nuevo cuerpo legal. “Una vez culminado el borrador convocaremos a una segunda mesa de trabajo, a fin de pulir los detalles”, respondió a EXPRESO el pasado 29 de septiembre. Acerca de la estructuración de la Superintendencia aseguró que este paso responderá a un análisis que “debe realizar la autoridad designada, en un trabajo conjunto con el órgano rector de la Función de Transparencia y Control Social, así como con el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Acerca del presupuesto que se destinará al nuevo ente, solo respondió que este sería “asignado conforme a las necesidades y atribuciones de este nuevo órgano de control”. Sobre la designación del superintendente, la funcionaria aseguró que al momento “se evalúan los mejores perfiles para que los profesionales más idóneos estén entre los que tienen más opción para acceder a este nombramiento.

De acuerdo a la Ley la terna debe ser enviada por el Presidente de la República”.

Acerca de cómo las entidades públicas y las empresas privadas han iniciado los procesos de depuración de sus bases de datos y mejorando sus sistemas de protección, alega que hay un período de dos años de suspensión para el régimen sancionatorio administrativo, “tiempo en el cual las empresas están adaptando sus modelos de gestión para cumplir con lo establecido en esta Ley”.

Además, afirmó que la Dinardap, con el fin de apoyar esta gestión, emitió en junio pasado una norma que regula el tratamiento de datos personales en las entidades que integran el sistema nacional de intercambio de información, las cuales “ya deben realizar el proceso”.

Reforma Ailyn Ríos

Blockchain, inteligencia artificial y bases de datos con interoperabilidad son algunas de las soluciones tecnológicas que deben adoptarse en la propiedad industrial.

Según Luis de Torres, director general corporativo de la firma española de propiedad industrial ClarkeModet, la innovación se ve limitada por las barreras de acceso a los registros de propiedad industrial e intelectual entre los distintos mercados.

La tecnología podría ayudar a crear una interfase con buscadores que reúna información internacional sobre patentes para enfocar mejor los esfuerzos de innovación.

“Cada año hay más de 300 mil solicitudes de patentes que se niegan en el mundo porque no suponen una novedad. Crees que tienes una idea muy brillante y como no conoces lo que se está haciendo en otro lugar, estás reinventando la rueda, con lo cual estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y tus recursos.

“El 90 por ciento de las invenciones mundiales se pueden identificar en la base de datos de patentes. Hay que crear una interfase que te permita hacer búsqueda de datos con buscadores”, mencionó De Torres en entrevista con Grupo REFORMA.

En tanto, con inteligencia artificial se pueden agilizar las traducciones de documentos necesarios para registrar marcas, patentes y otros derechos de autor, agregó el director.

Otra tecnología que debe penetrar en la propiedad industrial es el blockchain que permite hacer un registro con información precisa de todo el proceso de una innovación y permite tener claridad en los tiempos y lugares donde fue desarrollada una invención lo que agiliza los procesos de obtención de patentes.

Muy de cerca Amazon Web Services (AWS) y Oracle compiten por el liderazgo en las bases de datos empresariales en la nube, al brindar soluciones para administrar, gestionar, monitorear y controlar servicios de datos en diferentes casos de uso e industrias.

De acuerdo con un nuevo informe de KuppingerCole, los principales actores del mercado son AWS, IBM, Microsoft y Oracle: cada uno con un diferente enfoque en su cartera de servicios.

En términos de liderazgo de productos, el reporte destaca a Oracle como el número uno por la solidez funcional de sus soluciones, seguido de AWS. La consultora señala que ambos “son proveedores veteranos y expertos indiscutibles en sus potencias principales”: el desarrollo de base de datos y la infraestructura en la nube, respectivamente.

Otro ángulo que evalúa el estudio es el de la innovación. Oracle también sobresale en el primer puesto, mientras que AWS, Mongodb, Microsoft y Nutanix son los competidores que más se acercan. En esta categoría, importa cómo se responde a la evolución de las necesidades de los clientes, actualización y compatibilidad con versiones anteriores y continuo soporte.

Por último, AWS aventaja a Oracle en las cualidades de liderazgo de mercado en función de la cantidad de clientes, el ecosistema de socios, el alcance global y la respuesta a las perspectivas del entorno. Amazon y Microsoft dominan esta clasificación debido a su número de clientes y sus ingresos.

Y aunque Oracle tiene la mayor cantidad de clientes de bases de datos locales, no todos ellos han migrado a Oracle Cloud, lo que le vale a la compañía ubicarse en la tercera posición, según KuppingerCole.

En colaboración con Huawei, Intel lanzó el procesador Cascade Lake Refresh, el cual ofrece un rendimiento 36 por ciento más alto.

El gigante tecnológico chino adaptó sus servidores de la serie FusionServer Pro a Cascade Lake, además, ha completado las pruebas de adaptación y lanzó una gama de productos como servidores 1288H V5, 2288H V5, 2298 V5 y 5288 V5, el servidor de alta densidad X6000 V5 y el servidor blade E9000.

Los productos FusionServer Pro 1288H V5 y 2288H V5 son servidores de rack universales con rendimiento robusto, configuración flexible, ahorro de energía inteligente y gestión inteligente; FusionServer Pro 2288H V5 es un servidor de rack de dos sockets de 2U aplicable a diferentes usos, incluyendo virtualización de computación en la nube, base de datos y Big Data.

Asimismo, integra tecnologías patentadas como la administración dinámica de energía (DEMT) y el diagnóstico y administración de fallas (FMD), reduciendo los gastos operativos y aumentando el retorno de inversión.

FusionServer Pro 2298 V5 adopta la arquitectura de almacenamiento híbrido para almacenar datos por niveles. Además, admite 24 unidades de 3.5 pulgadas y cuatro SSD NVMe; cumple con requisitos como implementación escalonada de datos y archivo de datos históricos.

La compañía tecnológica Oracle anunció que agregó una funcionalidad a su plataforma Oracle Enterprise Manager para que los clientes empresariales puedan migrar sus bases de datos a la nube de manera sencilla y rápida.

Junto a Microsoft y Google, Oracle es una de las compañías de software más grandes del mundo. Con los cambios en su plataforma, la empresa da otro paso en el proceso que emprendió desde hace unos años para migrar su negocio de base de datos a la nube y aumentar el margen de ganancias.

Con la nueva característica, se evitan tareas de transición a la nube que pueden ser complejas, largas, manuales y propensas a errores, eliminando presiones de tiempo y costos adicionales, señaló la empresa.

A su vez, permite tener un único panel para administrar entornos de nube híbrida, ya que 90 por ciento de las principales compañías dependen de una combinación de Tecnologías de la Información local, entornos de nube dedicados y servicios de nube pública, por lo que necesitan mantener un control sobre ellos, según datos de IDC.

“Los líderes de gestión de la nube empresarial nos dicen que el análisis es su prioridad número uno, ya que la escala y la complejidad de las operaciones híbridas y de múltiples nubes requieren una automatización robusta que se basa en un rendimiento profundo y una inteligencia de optimización”, expuso la vicepresidenta de Investigación para Gestión de la Nube de IDC, Mary Johnston.

Según Oracle, la nueva versión presenta mejoras en análisis inteligente para maximizar el rendimiento y aumentar la visibilidad del estado híbrido; en control y automatización integral del ciclo de vida, para adoptar una base de datos autónoma y segura; así como en movilidad y seguridad para mantener las flotas de transporte.