La reciente Resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en el conflicto entre el ISP MEGA SAT y la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, reafirma el principio de prevalencia del derecho federal en materia de telecomunicaciones y pone freno a las prácticas locales que restringen el desarrollo de redes bajo pretextos normativos incompatibles con el orden jurídico nacional.

El caso y su trasfondo

En abril de 2024, MEGA SAT denunció que la Cooperativa de Pehuajó le negó el acceso a sus postes para desplegar una red de fibra óptica, con base en las Ordenanzas Municipales 87 y 88/2019, que limitan el uso de infraestructura a quienes resulten adjudicados en el plan local “Poder Conectarte”.

Sin embargo, esta restricción contradice abiertamente la Ley 27.078 (“Argentina Digital”) y su reglamentación.

Esta norma de orden público declara de interés nacional el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), impone la neutralidad de las redes y garantiza el acceso en condiciones equitativas, objetivas y no discriminatorias.

El artículo 4 del Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva, aprobado por la Resolución 105/2020, obliga a los licenciatarios de TIC permitir el acceso a su infraestructura pasiva, salvo excepciones expresamente previstas en el artículo 6 del mismo reglamento, las cuales no se verificaron en este caso.

Precedente de la Corte Suprema: la no interferencia local

La postura del Enacom se alinea con el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Municipalidad de Gral. Güemes” (2019).

Allí, el tribunal sostuvo que la competencia municipal en materia de obra civil no puede extenderse a la regulación técnica del servicio de telecomunicaciones, y que las normas locales no deben entorpecer ni impedir el cumplimiento de los fines perseguidos por la legislación federal.

La Corte remarcó que “el correcto ejercicio de las competencias de las distintas jurisdicciones debe basarse en la coordinación, con un fin de ayuda y no de destrucción” y que las autoridades locales deben abstenerse de imponer cargas regulatorias que interfieran con servicios de interés público y alcance federal, como las telecomunicaciones.

Pehuajó: brecha digital y exclusividad

En términos concretos, Pehuajó presenta indicadores preocupantes. Según datos del propio Enacom:

Sólo 57 por ciento de los hogares de la ciudad acceden a servicios de Internet fija.

La velocidad promedio de conexión es de 23,19 Mbps, frente a un promedio nacional de 139,25 Mbps y 157,41 Mbps en la provincia de Buenos Aires.

Entre 2019 y 2024, el número de accesos creció de 5.022 a 6.549, pero con escasa variedad de prestadores y una mayoría de usuarios concentrados en un solo proveedor con tecnología de fibra óptica.

Estos datos reflejan una situación de estancamiento en la calidad del servicio y falta de competencia efectiva, lo cual impacta directamente en los derechos de sus habitantes.

El rol estratégico del Enacom

Frente a esta realidad, el Enacom cumple una función esencial: desarticular las barreras locales que restringen el ingreso de nuevos operadores y garantizar condiciones equitativas para el uso de infraestructura, promoviendo así un mercado plural, competitivo y eficiente.

La resolución que ordena a la Cooperativa de Pehuajó permitir el acceso a MEGA SAT

S.R.L. pone en valor los principios de obligatoriedad, no discriminación, libertad de contratación y buena fe en la compartición de infraestructura. Además, recuerda que las normas locales no pueden desconocer el principio de supremacía del derecho federal, especialmente cuando se trata de servicios TIC, estratégicos para el desarrollo del país.

Conclusión

La conectividad ya no es un lujo ni una opción: es una condición indispensable para ejercer derechos básicos. Permitir que normas locales bloqueen el acceso de nuevos operadores, bajo pretextos administrativos o contratos exclusivos, es ilegal.

El precedente de Pehuajó reafirma que la infraestructura de telecomunicaciones es un bien estratégico nacional, y que el desarrollo equitativo del país requiere una visión federal, moderna y colaborativa. En esa tarea, el Enacom actúa no sólo como regulador técnico, sino como garante del interés público y de los derechos digitales de millones de argentinos.

El senador argentino oficialista y Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, advirtió el miércoles que su bloque apoyaría el DNU 690 con un proyecto de ley, para ganar peso y pelear contra las decisiones judiciales que dieron libertad tarifaria a varios operadores. El proyecto, que plantea prácticamente lo mismo que el decreto, ya se presentó y las respuestas no se hicieron esperar.

“Contra el DNU se generaron varias medidas que hacen que hoy casi no tenga aplicación. Si esto pasa a una ley va a pasar lo mismo, deberán pedirse cautelares que apliquen contra ella, pero los argumentos en contra no tenían que ver con que sea un decreto: el fundamento fue la afectación al derecho de la propiedad, cargar obligaciones públicas a privados y no analizar los costos de las empresas”, dijo a DPL News el exdirector del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Agustín Garzón.

El exfuncionario, que es abogado y consultor en telecomunicaciones, consideró que el decreto tiene al menos tres fallas que son las que generan la disconformidad del sector: la aplicación de una normativa de este tipo en un mercado en competencia, con cientos de actores; que la Prestación Básica Universal (PBU) sea financiada por las empresas; y la inseguridad jurídica que genera esta situación.

“Hoy, sólo el 13 por ciento de los accesos son por fibra, por lo que falta mucha inversión. El fin de esta regulación es reducir la brecha digital y todo lo que genera va en sentido contrario”, indicó Garzón, y propuso utilizar el Fondo de Servicio Universal (FSU) no sólo para ganar cobertura en sitios aislados, sino para subsidiar el acceso como sucede en Estados Unidos.

Además, el exfuncionario señaló que “la oposición está dispuesta a colaborar en estos temas si eventualmente el gobierno nos convoca, algo que no creo que ocurra”.

Los pequeños operadores también respondieron, tal como sucedió cuando Alberto Fernández dijo a principios de semana que Internet será servicio público para que “no nos estafen y nos roben por las tarifas”.

“El gobierno quiere controlar Internet fundiendo a los operadores, fijándoles precios inviables porque (…) se quiere quedar con Internet, porque (…) quiere que dependas de él para conectarte”, disparó la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) en su cuenta de Twitter.

También hubo voces que acompañaron la propuesta. Entre ellos, el diputado nacional y Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la cámara baja, Pablo Carro, que en una columna para Télam consideró que “claramente Internet es un servicio público esencial”, y dejó claro su postura: “Desde el Parlamento venimos sosteniendo la garantía de nuevos derechos a través de diversos proyectos de ley.

“Internet es un servicio público y hay que validarlo con una regulación y reglamentación inteligente. En la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad sólo con el criterio de cómo quieran cobrarlo las grandes empresas. Por ello, la mesa de diálogo se amplió hacia otros prestadores pymes o cooperativas”, indicó el legislador del Frente de Todos, dando continuidad a una puja que parece no tener fin.

La regulación sancionada por el gobierno en los últimos meses generó una justificada preocupación en todo el sector de las TIC de Argentina.

En el mes de agosto mediante el DNU 690/20 (Decreto de Necesidad y Urgencia) se estableció que los “Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, fijando además que los precios serán regulados por la autoridad de aplicación (Enacom).

Por otra parte, este DNU estableció una Prestación Básica Universal (PBU) que luego fue reglamentada por el Ente Nacional de Comunicaciones en la Resolución 1467/20 que la fija en los siguientes precios:

1)    Servicio Básico Telefónico: $380 (2.3 dólares).

2)    Servicio de Comunicaciones Móviles  $150 (0.9 dólares), incluye 500 minutos, 500 SMS y WhatsApp libre (solo texto). En datos regula dos opciones: a) 1 GB a $200 (1.25 dólares) o b) 50 Mb por día a $18 (0.1 dólares).

3)    Servicio de Acceso a Internet en Hogares (distingue los precios según la cantidad de usuarios del ISP). Los que tengan más de 50 mil abonados: Área Metropolitana de Buenos Aires: 10 Mbps a $700 (4.3 dólares), resto del país: 5 Mbps $700 (4.3 dólares). Los ISP con entre 2 mil y 50 mil abonados: 5 Mbps por $700 o el beneficiario puede optar por acceder al plan de menor velocidad ofrecido por la compañía con un descuento de 30 por ciento del valor. Los ISP con menos de 2 mil abonados: 2 Mbps por $600.

4) Servicio de Televisión por Suscripción. En este caso, se distingue el descuento según la cantidad de abonados y si el prestador tiene posición dominante o no (según tenga un número mayor a la mitad de los abonados correspondientes al área en cuestión). Más de 500 mil: 30 por ciento de descuento sobre el plan de menor valor. Entre 100 mil y 500 mil, 25 por ciento. Entre 30 mil y 100 mil, 20 por ciento de descuento.

Para el caso de existir posición dominante se aplican los siguientes descuentos. Más de 500 mil, 40 por ciento de descuento. Entre 100 mil y 500 mil, 35 por ciento. Entre 30 mil y 100 mil, 20 por ciento.

En lo que hace a las personas que pueden acceder a la PBU se mencionan estas categorías: Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Beneficiarios de Pensiones no Contributivas. Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social. Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia de bajos ingresos. Trabajadores y monotributistas de bajos ingresos. Usuarios que perciban seguro de desempleo.

Entre algunos beneficiarios más, se suman entidades tales como clubs de barrio o fundaciones y asociaciones.

Se estima que podrán acceder al beneficio unas 10 millones de personas que están bajo el umbral de dos salarios mínimos ($41,000), fijado en la reglamentación.

Por otro lado, la resolución del Enacom (ver art. 15) dispone que “en caso de que el prestador obligado entendiera que el usuario o usuaria solicitante no se encuentra alcanzado por la Prestación Básica Universal Obligatoria, deberá igualmente proceder a instalar y/o habilitar el servicio”.

Es decir, aunque el beneficio no alcance al 100 por ciento de los usuarios, el prestador está obligado a otorgarlo a todos y luego reclamarle al Enacom. El broche de oro es que ante el silencio del Enacom (luego de 30 días) se entiende que el usuario está incluido.

Como era de esperar, ni siquiera se dan pautas claras para el ajuste de la Prestación Básica Universal (PBU). Se habla de un ajuste cuatrimestral siguiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero luego se deja a criterio del Enacom el ajuste, el cual podrá tener en cuenta otros parámetros y el interés público, es decir, otra vez a merced del criterio del gobierno.

Los errores de esta regulación son muchos y graves, tal es así que todo el mercado expresó fuertes críticas. Tanto las pymes y las cooperativas, como las grandes empresas del mercado.

En un sector con servicios en competencia, lo que muchos países hacen para generar una mayor inclusión digital, si el problema es la asequibilidad, es generar un subsidio a la demanda (por ejemplo, el programa Lifeline de la FCC en Estados Unidos).

Como ya lo explicamos en otro artículo, el gobierno cuenta con el Fondo de Servicio Universal.

Este fondo justamente fue creado para que el Estado cuente con fondos para conectar a todos. Ello, teniendo en cuenta que hay muchos lugares donde el mercado no tiene incentivos para invertir por no representar un negocio rentable.

El camino elegido, sumado a la posibilidad de que el gobierno debe autorizar los aumentos, genera una grave incertidumbre en un mercado de capital intensivo (se invierten unos 2,000 millones de dólares por año), que obviamente necesita reglas claras y de largo plazo.

Con esta regulación, tanto en el servicio móvil como en los servicios de Internet y cable, se rompió con el esquema vigente de competencia.

Con el supuesto objetivo de “conectar a todos” se corre el riesgo de lograr el efecto contrario. Todos los prestadores, sin importar su envergadura o cantidad de abonados, pondrán en duda sus inversiones si los retornos de las mismas dependen de la voluntad del gobierno.

Argentina, dado su extenso territorio y su baja densidad poblacional en muchas zonas del país (7° país en tamaño y 32° en población), plantea grandes desafíos para la inclusión digital de todos sus habitantes. Aún falta conectar unos 5 millones de hogares a Internet y la penetración de FTTH alcanza 11 por ciento de los hogares conectados.

En el actual contexto argentino, con una inflación cercana a 40 por ciento anual, no es viable que los precios se mantengan estables, ya que rápidamente no cubrirán los costos del servicio.

Los antecedentes de esta regulación no son buenos: la tarifa telefónica, por ejemplo, no tuvo aumentos por 16 años pese a la fuerte inflación que registraba el país.

El consultor Enrique Carrier hizo un muy buen análisis del impacto de la inflación de 2020 en el sector. Arrojó un porcentaje de 36.1 anual mientras que los aumentos en servicios de telecomunicaciones fueron sólo de 7.6 por ciento, es decir, tuvieron una pérdida de 28.5 puntos.

Este atraso de precios ya sucedió, como antes lo mencionamos con el servicio de telefonía fija. Pero ahora es mucho más grave porque incluye todos los servicios y nadie invierte para operar a pérdida.

Para concluir que sólo podemos decir que este grado de intervencionismo absurdo, como lo expresó la Cámara Argentina de Internet (Cabase), es digno de funcionarios que no tienen claro el negocio.

Ya explicamos alternativas que muchos países llevan adelante para lograr una mayor asequibilidad, pero no es este el camino. ¿Cuál es el riesgo? Que se frene la fuerte inversión de los últimos años, condenando a muchos argentinos a la exclusión y postergando la inversión en nuevas tecnologías, como puede ser el desarrollo de 5G.

En estos días está circulando en el Congreso de la Nación Argentina un proyecto para regular algunos aspectos de Internet. Si bien se puede estar de acuerdo en algunos puntos, otros generan una fundada preocupación por sus posibles consecuencias.

En efecto, todos creemos que es fundamental garantizar el acceso a Internet de todos los argentinos con un servicio universal y asequible.  

Lo preocupante es crear un Plan de Conectividad que planifique y coordine no sólo las inversiones públicas (que sería lo lógico), sino también las privadas. En el caso del servicio móvil, el despliegue ya se encuentra regulado por la licitación de espectro 4G y sus obligaciones de cobertura.

En lo que hace al Internet fijo hay libre competencia pero con una marcada inversión pública subsidiaria con base en el Fondo de Servicio Universal que recauda el Ente Nacional de Comunicaciones (Aportes no reembolsables a pymes, cooperativas y SAPEM provinciales, créditos a tasa subsidiaria, despliegue de ARSAT) para lograr cobertura en los pueblos más chicos del país o, por ejemplo, conectar escuelas públicas.

La sola posibilidad de que el Estado pueda intervenir en la planificación e inversión privada, paradójicamente, afecta negativamente los fines que la misma ley dice defender. No se va a lograr una mayor inclusión digital sin seguridad jurídica en una industria de capital intensivo y que requiere reglas claras y de largo plazo.

El proyecto también hace una evaluación errada de las prioridades, excluyendo, por ejemplo, los barrios del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) y las localidades menores a 20 mil habitantes, que son las más afectadas por la falta de cobertura del servicio móvil y de banda ancha fija.

Resulta preocupante, además, volver a declarar los servicios TIC como servicio público en competencia, dándole al Estado la posibilidad de regular tarifas. Este tipo de intervención afecta el desarrollo de la infraestructura digital de la Argentina, en un momento en el cual necesitamos una fuerte inversión privada para promover el desarrollo federal del país.

Por ejemplo, al día de hoy contamos sólo con un millón de hogares con fibra óptica (FTTH) sobre un total de más de 14 millones. Por su parte, las empresas móviles deben completar las últimas etapas de despliegue 4G y en los próximos años comenzar el propio de la red 5G. 

Por último, pone en cabeza de los prestadores la obligación de contar con un plan inclusivo con tarifa diferenciada, según los parámetros y las condiciones dispuestos por el gobierno.

Entendemos que si el regulador cuenta con el Fondo de Servicio Universal, un fondo que es financiado justamente por esos prestadores y que recauda más de 3 mil millones (42 millones de dolares) por año, debería pensarse en un subsidio a la demanda que promueva un servicio más asequible para los sectores más postergados, tal como lo hacen muchos países (EEUU, Colombia, Uruguay, entre otros). 

En este momento de incertidumbre, en el que millones de argentinos se encuentran en situación de aislamiento, fomentar una mayor inclusión digital resulta fundamental.

Para ello, el Enacom (regulador argentino) cuenta con el Fondo de Servicio Universal, una herramienta reformulada en nuestro país a través de la Ley Argentina Digital (ley 27.078) de 2014.

¿Cómo puede utilizarse ese fondo de manera urgente? ¿Puede aumentar la penetración del servicio en forma inmediata? ¿Sirve para situación de emergencia como la actual?

La respuesta es sí. El Fondo de Servicio Universal, al ser un fondo fiduciario, tiene una afectación específica, es decir, debe utilizarse para los fines para los cuales fue creado, esto es “el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica” (art. 18 de la ley).

Dicho esto, ¿qué capacidad de generar impacto tiene hoy el fondo? Estimamos que al día de hoy cuenta con más de 11 mil millones de pesos (160 millones de dólares) y un reglamento que permite una gran posibilidad de soluciones para lograr su objetivo. Recientemente, en forma acertada, el Enacom dispuso ampliar esas posibilidades al incluir a los barrios del RENABAP que requieran una solución urgente en este contexto de pandemia y aislamiento. 

RENABAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, compuesto por 4 mil 416 barrios donde viven aproximadamente 4 millones de personas, los más afectados por la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a Internet. 

Como soluciones urgentes, podemos mencionar la reciente entrega de tarjetas de recarga para servicio móvil a los habitantes de la Villa Azul (provincia de Buenos Aires), barrio popular particularmente afectado por Covid-19. Este tipo de alternativas, si bien no implican una solución definitiva para el acceso a Internet, brindan una solución inmediata en este difícil momento. 

Pensando a más largo plazo sería acertado pensar un “Programa de Aportes No Reembolsables” para que ISPs puedan realizar inversiones en infraestructura que permitan generar cobertura de Internet fijo y móvil en aquellos barrios marginales. Este sistema de inversión público/privado (los ISPs también deben destinar fondos propios) viene logrando buenos resultados desde 2017, llegando a más de 200 localidades menores a 10 mil habitantes, las más afectadas por la falta de cobertura de ambos servicios.

Otra solución acertada sería disponer un programa de subsidio a la demanda que tenga permanencia en el tiempo, esto lograría que más familias que ya tengan cobertura puedan acceder al servicio de Internet fijo. Sobran ejemplos de este tipo de programas en distintos países (EEUU, Uruguay, Colombia, entre otros).

La generación de un servicio de Internet asequible es un deber para el Estado (así lo dispone la ley). Para ello, generar una mayor competencia en el servicio minorista y mayorista (Arsat ya cumple un rol en este sentido) es una medida importante. 

También lo es generar programas subsidiarios, tanto en la demanda como en la inversión en CAPEX para dar soluciones inmediatas en esta difícil coyuntura de aislamiento y pandemia, pero también sustentables y de más largo plazo. 

Con este tipo de acciones tendientes a lograr una mayor inclusión digital, se cumplen los objetivos del servicio universal que en definitiva buscan generar una mayor igualdad de oportunidades a partir de un acceso de todos los habitantes a los beneficios de la conectividad.