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La Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) emitió un comunicado de prensa la noche de este miércoles 31 de enero, informando que ha iniciado tres procesos administrativos en relación con el monitoreo de los clientes de Claro, Vivo y TIM a través del software espía First Mile, contratado por la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia). La investigación es de Folha de S. Paulo.

En casos como estos, las operadoras deben, de manera obligatoria, notificar a la Anatel, un hecho que hasta ahora no ha ocurrido y que resultó en la propia Agencia afirmando anteriormente que las empresas no sabían del espionaje, ya que informaron no tener comunicación con la Abin.

Ahora, la Anatel quiere investigar si hubo colaboración de las operadoras con la Abin y, de confirmarse, podrían enfrentar sanciones administrativas y, según todo indica, Claro, Vivo y TIM deberán brindar explicaciones a la Policía Federal en la operación “Abin Paralela”.

En el comunicado de prensa, la Anatel explicó que “la adopción de soluciones de seguridad no necesariamente se realiza como reacción a incidentes ocurridos, sino que también puede deberse a medidas preventivas y gestión de riesgos, que es una obligación derivada de la regulación sectorial” e informó que ha solicitado información a la PF que pueda contribuir a la continuidad de las investigaciones.

Una investigación de la Policía Federal (PF) expuso el uso de un software de geolocalización por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para rastrear la ubicación de alrededor de 2 mil objetivos, incluyendo políticos, periodistas y opositores al gobierno de Bolsonaro.

El programa, conocido como “FirstMile”, almacenaba datos en un servidor en Israel, generando preocupaciones sobre la seguridad nacional. El uso clandestino del software planteó numerosas preguntas sobre la privacidad y la protección de datos, lo que resultó en una operación de búsqueda y aprehensión, y la suspensión de cinco servidores de la Abin, con el arresto de dos de ellos.

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El software espía

El programa espía permitió que la Abin rastreara la ubicación de los objetivos sólo con el número de teléfono celular, generando más de 30 mil registros. Alrededor de mil 800 de ellos estaban relacionados con figuras políticas, periodistas y abogados, lo que planteó cuestionamientos sobre el alcance del espionaje gubernamental.

La decisión de almacenar los datos en un servidor en Israel generó preocupaciones sobre la exposición de operaciones estratégicas del gobierno brasileño, ya que el sistema estaba fuera del control directo del gobierno.

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Investigaciones

Este caso dio lugar a la apertura de investigaciones en múltiples frentes, con la PF y el STF (Supremo Tribunal Federal) buscando aclarar la extensión del uso del software y garantizar la legalidad de sus acciones. La Abin colabora con las autoridades competentes en el proceso de investigación.

Paralelamente a estos acontecimientos, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) también tomó medidas después de la divulgación de las vulnerabilidades de las redes de telecomunicaciones y llevó a cabo un proceso de investigación, según informó el portal Teletime. Las principales operadoras de Brasil fortalecieron su seguridad contra una vulnerabilidad que permitió el uso indebido de la Señalización 7 para rastrear la ubicación de teléfonos celulares.

La investigación planteó sospechas de que un operador extranjero con un acuerdo de itinerancia regular en Brasil podría haber abusado de esta vulnerabilidad para obtener datos que luego se compartieron con la empresa que proporcionó el software a la Abin. Las operadoras implementaron medidas de protección, incluyendo la instalación de firewalls específicos para evitar el uso inadecuado de la Señalización 7.